edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
12/09/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Vieja y nueva política: la absoluta incapacidad para solucionar los problemas de todos

Xavier Gil Pecharromán
Desde el 21 de diciembre de 2015, el Ejecutivo del PP se encuentra en funciones. El mayor periodo en esta situación en la historia constitucional de España. En total, 265 días sin acuerdo entre las formaciones políticas, las de viejo cuño y las de nuevo, las que venían a dar aire fresco a la forma de hacer política en el país. Hasta ahora el plazo entre los comicios y la formación de un nuevo Gobierno no había pasado de 40 días.
La Constitución solo dice sobre esta situación de interinidad en su artículo 101 que: “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”. De esta forma, los españoles hemos descubierto que no hay limitación temporal alguna.

En cuanto a las competencias, es la Ley 50 /1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la que impide al presidente en funciones “Proponer al Rey la disolución de las Cámaras; plantear la cuestión de confianza; proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo; aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos; presentar proyectos de ley al Congreso o, en su caso, al Senado y las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes quedarán en suspenso.

El Gobierno, por tanto, ha perdido la capacidad de iniciativa legislativa y no puede enviar a las Cortes proyectos de ley, incluida la de Presupuestos Generales del Estado. Tampoco puede nombrar nuevos ministros y su gabinete original de trece ya ha quedado en una decena, porque la ministra de Fomento abandonó el cargo para presidir el Congreso de los Diputados; el de Sanidad lo dejó para presentarse a las elecciones en el País Vasco como cabeza de lista del PP; y el de Industria dimitió como consecuencia de su relación con los conocidos como papeles de Panamá.

La inversión extranjera necesita certidumbre y las decisiones económicas se encuentran ralentizadas a la espera, entre otras cosas, de que se despejen algunas cuestiones legislativas de ámbito fiscal y económico que se encuentran congeladas en este escenario.

Desde que entrase en fase letárgica, el Parlamento no ha aprobado ni una sola norma, aunque tuviesen vitola de urgentes, como las medidas de cambio de la Ley General Tributaria o las medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Pero el mayor reto pasa por modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para tratar de obtener los 15.000 millones de euros que el país precisa para situar el crecimiento en el 3,1% del PIB en 2017 y situarlo en la línea del objetivo marcado  en el Plan de Estabilidad remitido en abril a Bruselas.

De entre todas estas situaciones extraordinarias, la más preocupante es imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que deberían iniciar su discusión parlamentaria en los primeros días del mes de octubre. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 fueron aprobados antes de disolverse las Cortes, por lo que existen partidas concretas para financiar las cuestiones más urgentes. Sin embargo, la licitación pública estatal ha caído en torno a un 30%, lo que supone un duro lastre para el sector de las infraestructuras, entre otros, un retraso en el cumplimiento de muchas de ellas, y un retraso en la generación de riqueza y de creación de empleo, que se puede repetir si se prorrogan los presupuestos para 2017.

Y con este panorama la atención política se centra en la apertura de los juicios por corrupción política que han venido centrando las portadas de los diarios y de los telediarios desde antes del inicio de esta crisis institucional.  En los meses que restan para que se concluya el año, están fijados los juicios de las llamadas ‘tarjetas black’ de Caja Madrid y Bankia y la vista oral que enjuiciará las actividades de la ‘trama Gürtel’ en sus primeros años de vida. Rato, Blesa, Correa y Bárcenas se sentarán en el banquillo de los acusados.

Se espera que el juez presente en unos días  las calificaciones sobre el caso de los ERE de Andalucía, que incluye a los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán.

En el Tribunal Supremo se abordará el caso de Francesc Homs, ex consejero de Presidencia de la Generalitat, por su papel en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que el Gobierno catalán sacó adelante a pesar de la prohibición del TC. En esta misma línea, también se sentarán en el banquillo el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación, tras impulsar  la consulta, tras su suspensión por el TC.

Ante este panorama, resuenan aún las palabras de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que señalaba que aunque las reformas normativas de 2013 y 2015 han avanzado positivamente en el terreno de la prevención, todavía queda pendiente la trasposición de las directivas europeas sobre contratación pública.

Además, a su entender es necesario, mejorar los cauces de detección de los hechos delictivos, incentivando su denuncia; mejorar el flujo de información y colaboración entre los organismos relacionados con la persecución del fraude; y un completo marco procesal penal, sobre cuya necesidad parece haber consenso y para el que sólo falta un imprescindible pacto de Estado.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha reivindicado con insistencia la "rabiosa independencia" de los jueces y magistrados españoles y ha indicado que a todos ellos les duele escuchar que esta administración no lo es y que está politizada.

En la misma línea, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendió la independencia de los jueces por el sistema de designación actual, y señalaba que la corrupción ha encontrado en la Justicia española la más eficaz y contundente respuesta de nuestros jueces, que no admiten injerencias ni presiones de ningún tipo y que no tienen más señor que la propia ley.

No obstante, el presidente del CGPJ ha insistido en que para hacer frente a este fenómeno no basta con la acción de la Justicia. Ésta tiene que ir acompañada de la definición de unas estrategias de buen gobierno, de prevención y, sobre todo, de regeneración de la gestión pública.

La falta de actividad en el legislativo, la inacción forzada del Gobierno, la situación en que se encuentra instalada la Justicia ante una buena parte de la opinión pública, y la necesidad de aprobar unos Presupuestos que permitan cumplir con Europa y reforzar el crecimiento económico y de creación de empleo, hace que la situación política pierda la gracia que algunos puedan encontrarle.

Los españoles han  elegido a unos políticos para que solucionen los problemas de todos y estos ya han demostrado que son unos absolutos incapaces.

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