edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
28/03/2016
Promesas para frenar

Volkswagen mantiene bloqueadas las acciones judiciales en España

Mientras en Europa los Gobiernos `se tragan´ la estrategia de reparar e invertir, en EE UU los legisladores no dan tregua y exigen soluciones
Juan José González
La multinacional alemana Volkswagen continúa inmersa en su particular vía crucis legal y técnico al que le han llevado sus propias decisiones empresariales: falsear mediante un software los niveles reales de emisión de elementos químicos contaminantes en el medio ambiente. La estrategia de la empresa se centró en neutralizar los efectos que sobre las ventas de automóviles implicó el descubrimiento del escándalo. Pero por otro, hacer frente al aluvión de demandas legales, tanto de particulares como de los Gobiernos afectados. En Estados Unidos el trabajo se mantiene en rebajar al máximo la multa de unos 46.000 millones dólares. En Europa la estrategia parece estar resultando a golpe de promesas e inversiones allí donde el grupo automovilístico tiene factorías. España es uno de ellos donde las promesas de mantener inversiones e, incluso, de ampliarlas, ha sido suficiente para frenar la actuación del Gobierno y, de paso, la Justicia.
Los planes de la multinacional germana en España parecen mantenerse en el mismo punto de partida: el anuncio del mantenimiento de los puestos de trabajo en las dos factorías españolas y la vaporosa promesa de un incremento futuro de las inversiones en Martorell y Landaben. Vaporosas porque la multinacional del automóvil nada ha vuelto a comunicar al respecto y el mantenimiento del nivel de plantilla ocupada parece justificado en la medida en que la multinacional ya había confirmado dos nuevos productos para sus fábricas en España para 2016 y 2017.

Por tanto, Volkswagen sigue aplicando su estrategia con éxito, es decir, ha conseguido frenar en seco las demandas del Gobierno por evidente violación de, al menos, una decena de normas medioambientales, y, por otro lado, ha logrado paralizar, por el momento, la actividad de un buen número de asociaciones de consumidores y usuarios que ya habían mostrado su intención de llevar ante los tribunales a la compañía alemana.

Sin embargo, no son las estrategias -hasta ahora de éxito- del fabricante alemán las que están llamando la atención del público en general, propietario de más de dos millones de unidades en España, si no la actitud benevolente, deferente y hasta podría decirse que condescendiente de las autoridades españoles con los propietarios del grupo multinacional automovilístico. Es el aspecto de la estrategia  formada por un cúmulo de promesas y anuncios que no llegan, se demoran o, incluso, que nunca llegan a ejecutarse, los que alimentan la desconfianza de los clientes y de la Sociedad hacia una empresa con gran prestigio y de larga tradición como Volkswagen. Quizás haya que entender que el grupo -y con él todas sus marcas- ya ha consumido y malgastado sus márgenes de confianza y de buena reputación que se había ganado a lo largo de varias décadas.

O quizá sea el Gobierno y su actitud complaciente y permisiva con un grupo empresarial cuya actividad necesita de una gran fuerza laboral como la que de las dos factorías españolas, la que habría que cuestionar ante la placidez y el sosiego de las autoridades españolas. El asunto de las promesas y de las acciones para corregir los defectos en los automóviles de las marcas del fabricante alemán, no deberían de prolongarse mucho más en el tiempo, a riesgo de comprobar -más que sospechar- que se trata de una estrategia de engaño y burla que hasta ahora sólo ha conseguido eso; aplacar la acción de la Justicia con el consentimiento del Gobierno. 

Sirva de comparación cómo se ven las cosas en EE UU y Europa: mientras en California un juez, el magistrado Charles Breyer concede un mes más al todopoderoso gigante germano del motor para que explique, de una vez, cómo va a ser el plan para sustituir el software fraudulento causante de los efectos ilegales en el medioambiente, en Europa se mantiene la tregua legal a cambio de inversiones y mantenimiento de los puestos de trabajo.

Por cierto, en los últimos meses, se ha extendido en España la opinión entre grupos empresariales y algunas fuerzas políticas, a propósito del trato `de Estado´ procurado por las autoridades del Gobierno español al fabricante alemán, siguiendo las pautas y procedimientos diplomáticos entre Estados, cuando lo cierto es que se trata de un grupo empresarial privado inmerso en un monumental fiasco y escándalo fraudulento.

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