edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
10/04/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Ya está aquí la regularización fiscal

DATADIAR

La Disposición adicional primera  del Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico, bajo la denominación de declaración tributaria especial, un procedimiento para la regularización de bienes o derechos no declarados al fisco. Es decir, lo que comúnmente se ha denominado regularización fiscal o amnistía fiscal.

Esta declaración la podrán realizar, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Y para poder llevarla a cabo, deben ser titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos.

La finalidad de esta declaración tributaria especial, va a ser regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 12/2012. Por ejemplo en el cado del IRPF, supone que la titularidad de esos bienes ya debía existir en el año 2010.

Las personas y entidades que pretendan llevar a cabo esta regularización deberán presentar una declaración, e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos, el porcentaje del 10 %, sin sanciones, sin intereses y sin recargos.
 
Además, deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.

El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada y por lo tanto, no tendrá la consideración de ganancia patrimonial no justificada en el ámbito de IRPF, ni de renta no declarada a efectos del Impuesto sobre Sociedades. De esta manera, se evitarán los mecanismos de tributación que para las rentas no declaradas y no justificadas regula la normativa tributaria.

Esta declaración tributaria especial no podrá aplicarse después de haber recibido algún tipo de notificación por los órganos de comprobación de la Administración tributaria.

El acogerse a ella supondrá la exoneración de responsabilidad penal.

El plazo para la presentación de estas declaraciones y su ingreso, es amplio, finalizará el 30 de noviembre de 2012.

Queda pendiente su desarrollo así como la creación del modelo oficial para su presentación.

Todo lo anterior, supone en definitiva una especie de amnistía fiscal muy discutida y sobre la que se despiertan opiniones muy contradictorias, en la medida que los efectos sobre la sociedad, entendida en este caso como los contribuyentes a la Hacienda Pública, pueden resultar muy nocivos y deslegitimar a las autoridades de la Administración de Hacienda en el futuro, para justificar correctas medidas de prevención del fraude fiscal, y motivar el cumplimiento espontáneo de las deudas tributarias, que es uno de los pilares en un Estado moderno y avanzado.

Además, produce otro efecto en sectores muy concretos, ya que choca frontalmente con el trabajo del asesoramiento tributario de calidad, actualmente enmarcado dentro del ámbito de la economía de opción y la normativa del blanqueo de capitales.

Ahora bien, dicho lo anterior, nos encontramos en momentos muy excepcionales, en los que la baja actividad económica hace que la recaudación tributaria esté en caída. Y para lograr la consolidación fiscal, no sólo es necesario abordar la partida de gastos, sino también la de ingresos. Y esta es la finalidad de una medida excepcional como ésta, y que puede representar una oportunidad para aflorar parte de la economía sumergida y para repatriar fondos en paraísos fiscales a una tributación muy atractiva, y ello, aunque nuestras convicciones no sean favorables a ella.

Puede ser una oportunidad en mucho tiempo, antes, que el nuevo Plan de lucha contra el fraude y contra los movimientos de dinero en efectivo, empiecen a asfixiar, esperemos de verdad,  este tipo de comportamientos.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

La deducción por gastos de estudios, de la parte autonómica de la cuota del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, no es de aplicación porque no se cumplen todos y cada uno los requisitos exigidos. D.G.T. C, (25/10/2011).
Se consulta si es aplicable la deducción por gastos de estudios en la parte autonómica de la cuota del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, creada por la Comunidad Autónoma de Canarias, si los estudios de arquitectura que cursa su hijo en una universidad de México bajo la modalidad de “Beca Erasmus”, ya que forma parte la unidad familiar y no percibe ingresos por rendimientos del trabajo. Es criterio vinculante de la Dirección General de Tributos que la deducción por gastos de estudio creada por la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, no es aplicable al supuesto planteado al no cumplirse todos y cada uno de los requisitos exigidos. Si bien no se aportan datos para verificar el cumplimiento de los requisitos de naturaleza subjetiva y cuantitativa, es claro que se incumple el de naturaleza objetiva; ya que en la isla de residencia del contribuyente -Gran Canaria- sí existe oferta educativa pública, para cursar los estudios de arquitectura. Por lo que la decisión de realizar estos estudios en el extranjero mediante una beca ERASMUS es totalmente voluntaria, y no derivada de la inexistencia de oferta educativa en su isla de residencia.

Una vez acaecida la contingencia de jubilación, siempre y cuando no se haya iniciado el cobro de la prestación por jubilación del plan de pensiones se podrá seguir realizando aportaciones para tal contingencia. D.G.T. C, (25/10/2011).
La consultante, en situación de jubilación desde el año 2005, es titular de un plan de pensiones, no habiendo percibido cantidad alguna del mismo. Tratamiento fiscal de las aportaciones que haga a planes de pensiones a partir de ahora. En cuanto al tratamiento fiscal de dichas aportaciones, en la medida en que las mismas se adapten a lo expuesto anteriormente, tales aportaciones podrán ser objeto de reducción en la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del partícipe, teniendo en cuenta los límites máximos de reducción establecidos en los artículos 50 y 52 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre). Dichos límites son los siguientes: - Como límite máximo se aplicará la menor de las siguientes cantidades: a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50 por 100 para contribuyentes mayores de 50 años. b) 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros..- Además, la base imponible general no podrá resultar negativa como consecuencia de tal reducción, en cuyo caso el exceso no reducido se podrá trasladar a los ejercicios siguientes.


Tribunales

El obligacionista que transmite el cupón para el exclusivo cobro de unos determinados intereses devengados no convierte al cesionario en prestamista de la sociedad deudora ni puede exigir el reembolso del capital. Tribunal Supremo. Sentencia de 24 de octubre de 2011.
Los intereses pueden tener la consideración de frutos civiles, pero no puede compartirse con la entidad recurrente que el negocio jurídico examinado tenga como verdadera causa la constitución de un pretendido usufructo cuando el plazo de duración y el vencimiento de los intereses son de las características contempladas y resumidas en el anterior fundamento jurídico. Los intereses a los que se refiere el artículo 11.4.b) del CDI con Brasil, atendido a su finalidad, son los que retribuyen la cesión de capital instrumentada, fundamentalmente, a través del contrato de préstamo que comporta la obligación de devolver el capital prestado, además de satisfacer los correspondientes intereses pactados. Dicho préstamo se instrumenta en obligaciones, como es el caso de la deuda pública, que confieren al obligacionista la condición de prestamista y la posibilidad de subrogar a otro en su posición mediante la transmisión del valor que incorpora la obligación. Pero la transmisión del derecho a percibir el cupón de forma independiente a la obligación, reteniendo la condición de prestatario, no transfiere para el cobro de los intereses por el nuevo adquirente del cupón el tratamiento fiscal que resulta de la norma del Convenio que se analiza, sino que los rendimientos que genera son susceptibles de integrarse en la base imponible del impuesto que grava la renta de dicho adquirente. Es decir, el obligacionista que transmite el cupón para el exclusivo cobro de unos determinados intereses devengados no convierte al cesionario en prestamista de la sociedad deudora ni puede exigir el reembolso del capital, produciéndose una diferenciación que explica en el presente caso la inaplicación del artículo 11.4.b) CDI con Brasil porque, además de la anomalía referida del negocio jurídico examinado, el adquirente sólo adquiere un derecho segregado del título originario que no comprende el tratamiento fiscal que corresponde al que con la cesión de capital se convirtió en obligación del Estado brasileño».

Aumento de la base imponible por los ingresos obtenidos como consecuencia de los servicios prestados a terceros, por cesión gratuita del uso de un inmueble y por gastos financieros. Tribunal Supremo. Sentencia de 25 de octubre de 2011.
Aumento de la base imponible por los ingresos obtenidos como consecuencia de los servicios prestados a terceros por trabajos de desplazamiento de la red. Los ingresos obtenidos como consecuencia de los servicios prestados a terceros por trabajos de desplazamiento de la red implica que no queden sometidos a tributación los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos materiales del activo fijo, siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza o destino. Aumento de la base imponible por la presunta cesión gratuita del uso de un inmueble. En el caso de autos no se ha probado que esa cuantía de la regularización deba ser distinta de la establecida por la Administración, quien ha fijado el importe en virtud de un dato objetivo suministrado por el propio actor. Además, y como hemos declarado, en la fecha en que los hechos acaecieron cuando el precio de una operación, aquí cesión de inmueble, no se sujetaba al del mercado era carga del recurrente acreditar que el precio fijado por la Administración no se ajustaba a derecho. La prueba, carga del recurrente, no se ha llevado a cabo. Incremento de la base imponible por los gastos financieros. Se consideran deducibles los gastos financieros satisfechos, al ser necesarios para la obtención de ingresos futuros, bien por la vía indirecta de los dividendos que pudiera repartir la sociedad cuyas acciones se adquirieron, bien por la obtención de un contrato de operador técnico, con el consiguiente cobro de los servicios prestados, que comportaba el hecho de adquirir el paquete accionarial, para lo que fue necesario depositar la fianza. Regularización de la amortización de las calderas de calefacción, cedidas en su uso a clientes de suministro de gas, y de los edificios. Toda amortización ha de efectuarse conforme a los parámetros legales establecidos, o a los criterios fijados por el recurrente, y que cuando concurre alguna circunstancia que sea susceptible de modificar el parámetro legal o el previamente fijado por el recurrente, deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable.


Tribunales Económico-Administrativos

El análisis de la posible extemporaneidad es prioritario respecto del enjuiciamiento de los demás motivos de controversia, incluso aunque uno de ellos sea la prescripción. TEAC R, (19-01-2012).
A tenor de esta doctrina, la pretendida o apreciada nulidad de derecho no es motivo para que deje de tenerse en cuenta la extemporaneidad del recurso, pues, siempre, según la corriente doctrinal que se está exponiendo, si existe una nulidad de pleno derecho la vía a seguir para invocarla en cualquier momento es la que se encontraba establecida en el art. 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo (hoy 102 de la Ley 30/1992). Es de recordar que en nuestra sentencia de 5 de abril de 2005 (Rec. num. 8000/2000) precisábamos que en el recurso jurisdiccional contra una resolución administrativa que aprecia la extemporaneidad del recurso administrativo la primera cuestión que debe examinarse es si tal declaración se ajusta o no a Derecho, y todo ello aunque se haya alegado una cuestión de orden público, como puede ser el tema de la caducidad y prescripción. Apreciada la inadmisibilidad del recurso aparece un óbice absoluto al examen de los motivos de fondo planteados."

En el procedimiento de verificación de datos no pueden llevarse a cabo actuaciones de comprobación de valores. TEAC R, (19-01-2012).
En el procedimiento de verificación de datos no pueden llevarse a cabo actuaciones de comprobación de valores, pues ello vulnera los artículos 131 Ley General Tributaria y 159.1 del Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión e Inspección y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. El procedimiento de verificación de datos no supone el ejercicio de una actividad de comprobación en sentido estricto, para lo que la propia Ley General Tributaria prevé otros procedimientos (comprobación limitada o inspección) que podrían haberse iniciado para incluir dentro del mismo el examen del objeto del procedimiento de verificación de datos, tal y como establece el artículo 133.1.e) de la Ley 58/2003. Ello no significa que dentro del procedimiento de verificación de datos no puedan sustanciarse discrepancias jurídicas, pero éstas, a la vista de los preceptos de la Ley General Tributaria que regulan el procedimiento, deben ser muy simples. Por el contrario, en este caso concreto, constituye una discrepancia jurídica de cierta complejidad la determinación de los componentes de la ganancia patrimonial objeto de comprobación, concretamente la posible existencia de mejoras a efectos de su cálculo, cuya tributación se suscita, que no puede quedar supeditada al mero examen de la documentación de la operación, sin llevar a cabo otras comprobaciones u ofrecer a la parte que justifique de alguna forma su criterio.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...