edición: 2452 , Lunes, 23 abril 2018
12/07/2013

YPF firmará el acuerdo definitivo con Chevron para Vaca Muerta mientras la justicia española se declara competente

Los acuerdos internacionales permitirán a los tribunales exigir el cumplimiento de sentencias favorables a Repsol por la expropiación
Carlos Schwartz

Mientras el juzgado mercantil nº 1 de los de Madrid se declaraba competente para dictar sentencia por asuntos vinculados a la expropiación de Repsol en Argentina, y rechazaba el recurso presentado por YPF en contra de las pretensiones de la petrolera española, la argentina se preparaba... si, aunque no lo crea... para firmar una vez más un acuerdo con Chevron para la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. El 15 de mayo ambas petroleras firmaron ya el acuerdo comercial para el mismo objetivo. Esto de las firmas aplazadas es para desentrañar. Lo que está más claro es que a la firma de mayo siguió la decisión el 4 de junio de la Corte Suprema de Argentina revocando el embargo contra Chevron solicitado por pueblos originarios de Ecuador por 19.000 dólares sobre la base de una sentencia favorable contra la petrolera, heredera del desastre ecológico provocado por un derrame en una explotación de Texaco-Gulf.

Algunos antecedentes de esta decisión son los siguientes: el 17 de diciembre el presidente de YPF Miguel Galuccio, puesto en el cargo por el Gobierno nacional y popular de Cristina Fernández, viajo a Houston para reunirse con Chevron y avanzar en los acuerdos sobre Vaca Muerta.
Mientras el gerente de la petrolera estadounidense en Buenos Aires, Ricardo Aguirre, y el encargado de relaciones públicas de la empresa para la región, James Craig, bombardeaban a la prensa con las graves consecuencias del embargo para Argentina. La guinda fue la filtración el
28 de marzo a la prensa de la carta privada de Galuccio a los pueblos originarios de Ecuador en la cual se decía entre otras cosas: “Las medidas por ustedes promovidas son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión en el país
(…) La única forma de evitar un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República Argentina”. Sensible a las opiniones del funcionario designado por el gobierno nacional y popular la Corte Suprema privó de razón el fallo del 7 de noviembre pasado del juez civil Adrián Elcuj Miranda dando lugar al embargo.

También está claro que Chevron tiene acumulados en Argentina 600 millones de dólares de beneficios retenidos que no puede repatriar a causa de la política del Gobierno sobre remisión de utilidades al exterior. Estos son los 600 millones que va a invertir en el primer desembolso, a los que seguirán otros 900 para completar los 1.500 millones iniciales del proyecto de explotación mediante el método de fracking, o fractura. La inversión total para el desarrollo del bloque requiere 15.000 millones de dólares que no está claro de donde van a provenir. Entonces la firma por etapas parece que adquiere sentido. Se toma un compromiso público en mayo. Si se levanta el embargo en junio se hace la firma definitiva en julio. Pero ahora ocurre que la decisión del juzgado de lo mercantil nº 1 da pie a que la demanda de Repsol contra YPF por competencia desleal se va a acumular junto a los procedimientos abiertos contra la petrolera Bridas y Chevron cuando estas tomaron la iniciativa de entrar en negociaciones con YPF por Vaca Muerta, yacimiento del cual la petrolera española se considera desposeída y al cual tenía derechos adquiridos cuando YPF formaba parte del grupo.

Así las cosas, si Repsol logra sentencias favorables en España la justicia local solicitará a los países con los que tiene acuerdos judiciales internacionales como Estados Unidos y la propia Argentina, que se hagan cumplir sus sentencias. Esto que parece una nadería puede tener consecuencias. Por lo tanto las afirmaciones argentinas según las cuales el fallo del juzgado comercial no tiene relevancia no parece tener tanto predicamento como se pretende. Por lo  tanto el auto de 17 páginas debe haber dado una cierta satisfacción a la petrolera española, y en especial a su presidente asediado hace pocos días por una oferta argentina con asistencia de la la mexicana Pemex que implicaba asumir una pérdida de 5.500 millones de euros. Como se recordará la propuesta fue rechazada en un reciente consejo de administración.

El desarrollo de la estrategia judicial de Repsol pasa por despertar en posibles inversores en el yacimiento de Vaca Muerta la preocupación por las posibles acciones judiciales de la petrolera española. En cualquier caso no parece una estrategia lineal y la empresa no ha roto los puentes con el Gobierno argentino. Tirios y troyanos saben donde están los potenciales interlocutores aunque desde el punto de vista del balance, para la española es mejor tener acciones judiciales en curso que pérdidas a materializar. En este contexto la expectativa del Gobierno argentino de enviar una clara señal de determinación en materia de desarrollo de sus reservas no convencionales con la firma del acuerdo definitivo con Chevron al resto de la comunidad petrolera internacional está ciertamente minado por un cierto grado de incertidumbre al que el fallo contribuye sin dudas. Mientras, el Gobierno de Argentina sortea con dificultad las presiones para una devaluación ejercidas por el empresariado local. Sabe que una medida de esa naturaleza sería un duro golpe a la capacidad adquisitiva y los salarios de la población de menores ingresos que en buena medida es su principal apoyo electoral.

Pero el país navega al borde de una crisis fiscal y cambiaria, emitiendo moneda para sostener el gasto corriente de la administración nacional y las provinciales y al borde de un tarifazo para sostener la factura energética. El escenario no es el mejor para el desarrollo de proyectos de muy largo plazo, mientras la oposición se ceba en las denuncias de corrupción.

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