edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
02/12/2010
Ni Plan Garoña completo, ni más reactores, ni ampliación de vida útil, ni paquete normativo

Zapatero consuma bajo la mesa ‘garoñazos’ para todas las ilusiones nucleares de Sebastián

Moncloa reduce el Reindus de Garoña en un 30% y no habrá desdoblamiento de la N-I, Parador, ni 370 millones para comarcas alavesas
Una enmienda de la LES entierra la ampliación de las centrales más allá de los cuarenta años; la Subcomisión eliminó el “deber” de perpetuidad hasta 2035 de los ocho reactores
España será el único de los treinta países con centrales que no se plantea ampliar su parque nuclear
Zapatero con el secretario general del PSOE de CyL, en la presentación del Plan Garoña
Javier Aldecoa

Sella sus cerrojazos. Un año y medio después del Real Decreto que imponía el cierre de Garoña en 2013 a contrapié del CSN,  Moncloa se niega a incluirla en cualquier paquete de la negociación con el PP que ya sólo Salgado mantiene en ‘coma’, el Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) 2020 prevé un aumento de la producción nuclear por repotenciación, pero descuenta la capacidad de generación burgalesa y ni siquiera la propuesta de la Subcomisión de Industria del Congreso se atreve a cuestionar su cierre. Está en el ángulo muerto de Zapatero y castigada por Chaves y Salgado -que rebajan en un 30% el Reindus- y el tijeretazo de Blanco, que fagocita el 80% de los fondos del ‘Plan Garoña’, destinados a infraestructuras. Convertida en paradigma de un método que Zapatero va aplicando, gota a gota, en todas las aristas de su cerrazón atómica. La nuclear iba a ser la última revancha energética de Miguel Sebastián. Quiso servirla fría y buscarle platos ajenos, a contrapié de Moncloa. En los del Pacto del PP, la reversión del cierre de Garoña; en los de la Subcomisión, la posibilidad de garantizar la continuidad de los ocho reactores actuales hasta 2035; en los de la Ley de Economía Sostenible, la tercera vía para hacer llegar la vida útil de las centrales hasta los sesenta años; y en la complicidad con Salgado, Rubalcaba y el ala más ‘nuclear de Ferraz -con Jordi Sevilla al frente- una ubicación al menos al ATC. Pero a Sebastián se le han ido afogonando, uno tras otro, los cartuchos del renacer atómico: Moncloa y Ferraz le imponen la política de los hechos consumados y los cambios de último minuto, como ha sucedido con la LES, ahora sin posibilidad explícita de ampliación más allá de 40 años.

Si la Subcomisión de Industria acaba de consumar el retraso a cualquier debate sobre el peso de la nuclear en el mix hasta 2015, el Paner 2020 descuenta ya la capacidad de generación de Garoña e Industria empieza a ver cómo Salgado y Blanco pliegan hasta las promesas del Reindus. Un año y medio después de que De la Vega y Zapatero sellaran el futuro de Garoña, en el Ministerio y en el sector ya sólo saben que España es el único de los treinta países del mundo con centrales que no prevé ampliar el parque nuclear en el corto ni el medio plazo. El retraso del Almacén Temporal de Residuos lo ha atropellado ya también. Sebastián busca valedores en el CSN, Enresa, la Amac y Ferraz para deshacer el portazo de De la Vega a su decisión (que ubicó el ATC en Zarra). Pero después de que Salgado y Rubalcaba barajaran postponer la ubicación hasta la próxima legislatura y reabrieran el debate sobre el reprocesado de los residuos, ya sabe que aunque consiga solucionar en diciembre para el ATC -Ascó gana opciones- , lo haría ya fuera de ‘cuentas’, tarde para el ultimátum de Areva, que no recogerá residuos españoles más allá de 2015 y de Bruselas, que quiere exigir a cada Estado planes para Almacenes Geológicos Profundos desde 2014.

Perdió primero la llave de la prórroga de la vida útil de la central burgalesa a manos de una decisión que Zapatero y De la Vega asumieron a título personal en julio de 2009; después, Miguel Sebastián vio cómo se difuminaba la capitanía de sus planes B para Garoña a manos del Ministro de Fomento y del titular de Administraciones Públicas, Manuel Chaves. Si el primero dejaba sobre la mesa de la Diputación burgalesa más del 90% de los 900 millones y las 29 actuaciones que Moncloa prometía para el día después del reactor, no era otro que Chaves, (al cuarto intento y después de los amagos del director general de Industria) el ‘camarero’ oficial de la versión definitiva del ‘Plan Garoña’. Ahora, Sebastián también le empieza a decir adiós en silencio al contenido de esas promesas compensatorias para su Plan Garoña al calor de los silencios de Montoro, las presiones de Moncloa, el laissez faire de Sebastián y el tijeretazo de José Blanco. Además de las supresiones de la A-11 variante de Aranda, la circunvalación de Burgos y dos tramos de la A-73, hay que añadir la decisión del Gobierno de no actuar en la carretera N-I y devolver al limbo los 650 millones de inversión en el desdoblamiento de esa carretera que prometían nutrir más del 80% del Plan Garoña. La respuesta oficiosa del Ministerio de Fomento es que ya han tomado la decisión de liberalizar la autopista AP-1 en 2018, cuando termina la concesión, y mantienen abierta la posibilidad de un peaje compartido. Pero ya se ha anulado hasta la licitación de su estudio informativo técnico. Lo sabe el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) reservaba ya en 2010 una línea adicional de presupuesto para proyectos de pequeñas y medianas empresas del entorno de Miranda y afectados por el Plan Garoña. Una línea, en realidad, mayoritariamente de préstamos participativos, que ahora sienten también la tijera de Elena Salgado.

LAS PROMESAS SIN GAROÑA, TAMBIÉN EN EL OLVIDO

El Plan Reindus recién convocado desde Industria para 2011 rebaja ya su aporte económico en cerca de 9 millones de euros, está dotado sólo con 20 millones -16 de ellos para créditos y sólo 4 a subvenciones- una cantidad aún menor que la de la pasada anualidad, cuando el Ministerio lo elevó hasta 28,8 millones para atender a 40 proyectos pendientes y por debajo del suelo estipulado en su momento por De la Vega y Moncloa en la génesis del Plan Garoña, en junio de 2009: 25 millones de euros durante cuatro ejercicios, sólo para el Reindus. No sólo es la Diputación alavesa la que da por descartado el Parador Nacional de Turismo que iba a ser la estrella, según Industria y Fomento, del Plan Garoña. El Monasterio de Oña será un balneario, sin que las demás posibles ubicaciones hayan podido despejar ni una sola señal, ni una sola ayuda de Castellana 160. El único mensaje de la subdelegación del Gobierno en Burgos es que “no está prevista esta actuación en la zona” por ahora. Y el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, desmiente ahora al teniente de diputado general y niega el compromiso presupuestario para los trece ayuntamientos alaveses afectados por el cierre de la central nuclear al que la Diputación Foral le puso cifras: 370 millones en un Plan Global que ahora Moncloa desconoce. Hasta el PSOE regional y local comienzan  a reconocer que la prórroga al Plan Garoña más allá de 2013, o una segunda ‘entrega’ -como exigen la patronal local FAE- será la única forma de cumplir con las promesas de generación de empleo y de compensación del tejido industrial que en su momento comprometieron los ministerios de Industria y de Administraciones Públicas. En su primer año de ejecución, el Plan Garoña no ha podido compensar ni siquiera los efectos de la crisis económica en el entorno de la central nuclear cuyo cierre está previsto para 2013. Lo advierte el informe recién publicado por el Colegio de Economistas de Burgos: si la instalación cerrase a día de hoy, el número de parados en la zona se duplicaría, el plan es “necesario” en la zona incluso como “complemento a la central, y no como alternativa a su cierre”.

Mientras tanto, no es el Ayuntamiento socialista de Trespaderne el único que votó a favor de la continuidad de la central. Varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y algún que otro de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre del reactor de Nuclenor. Ni el 'laissez faire' de Garoña podrá impedir a Industria enfrentarse a las causas pendientes. Las eléctricas españolas no han bajado sus armas ante el ‘cerrojazo’ de Moncloa. Armas judiciales, políticas y diplomáticas y volverán a enarbolarlas si, tras el supuesto Pacto no se mueven ni un ladrillo de los muros antinucleares de Presidencia. Una docena de pleitos aguardan a los mapas antinucleares de Rodríguez Zapatero. No sólo el recurso presentado por Nuclenor ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña sólo cuatro años, en lugar de los diez que recomendó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni la denuncia de los accionistas minoritarios de empresas cotizadas ante el Supremo y el recurso de la Junta de Castilla y León contra el cierre de la central los que despiertan los fantasmas de Garoña a Zapatero.

Zapatero y el PSOE sellan el tiempo muerto de Garoña y, de paso, le devuelven todas las revanchas nucleares  a Miguel Sebastián, que no consigue zafarse de las ataduras que heredaba de De la Vega. La ex ‘vice’ le aplicó sus galones de mando en junio de 2009, cuando en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. Y lo hizo en septiembre, dejando en el limbo al ATC ante las protestas de Manuel Chaves y los socialistas valencianos. No es nada que no hayan reproducido, desagravio a desagravio en el resto de los ‘negociados’ de Miguel Sebastián: le han llovido un nuevo tentetieso desde el Ejecutivo al modelo de retribución para las renovables, el bloqueo judicial al Decreto del carbón, el paso atrás por errores técnicos en la titulización del déficit de tarifa. Pero nada que no selle sin remedio sus muros atómicos de la excepción española. Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y  la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de construir nuevos reactores en el medio plazo. Sebastián los sirvió en la mesa de Castellana 160 como compensación al portazo a la central burgalesa y su ‘Plan B’ desde 2013. Luego el Ministro trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta años del parque ya operativo, a imagen y semejanza de EE UU. Finalmente, tanto Industria como el grupo socialista han asumido que ni lo uno, ni lo otro. 

Ni Endesa -que participa en siete de los ocho reactores en funcionamiento en España, y es el principal operador de la capacidad nuclear instalada, con un 47% del total- ni Iberdrola, que comparte al 50% con ella en Nuclenor, la sociedad propietaria de Santa María de Garoña, exigen nuevas centrales a corto plazo. No hacen falta más por ahora, pero tampoco menos. Ése es al menos el veredicto de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de REE. Aunque, según los cálculos de Luis Atienza no sería necesario pensar en más reactores antes de la década de 2020, tampoco el mix español se puede permitir prescindir de los ya operativos. El suelo del sector nuclear apunta a los sesenta años de vida útil para sortear el coste que tendrá, si no, la ‘excepción’ del modelo de jubilación atómica de Zapatero. Nada, en realidad, que no hayan asumido las economías de todo Occidente: frente a las cifras de Moncloa, que aseguraba que en el mundo sólo hay una central nuclear en funcionamiento con más de 40 años y que sólo seis centrales tienen un escenario de prórroga para sobrepasar la edad de 4 décadas, la realidad es que en el Instituto de Energía Nuclear Estadounidense analizan su propio parque atómico y aún no entienden la decisión de Garoña: en Norteamérica la mitad de los 104 reactores operativos ya han ampliado sus licencias hasta los 60 años. Nada que vaya a cambiar el ‘lassez faire’ del mix a 25 años recién definido en el Congreso de los Diputdos.

SIN ALIADOS EN MONCLOA NI PARA UBICAR LOS RESIDUOS

El ministro, después de seis años de vaivenes, buscaba finiquitar la negociación con Areva por los residuos que deben volver de Francia desde enero de 2011 si no quiere pagar 60.000 euros diarios y hacerlo, además, sin cruzar las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos. Pero ni la exigencia recién renovada por la patronal de las eléctricas, UNESA, para que se defina ya la ubicación final del ATC-“imprescindible”, en palabras de Rivero-, ni los reclamos de la AMAC, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares -que le recuerda a Sebastián que hay consenso social en Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona)-, la presidenta del CSN, o el presidente de Enresa, ni siquiera el día después de los comicios catalanes del 28-N le despejan al ministro la munición ni los aliados en Moncloa y Ferraz para solucionar el ‘entuerto’ del Almacén Centralizado. Hoy, como le recordaba Alfredo Pérez Rubalcaba a Sebastián hace menos de dos semanas, el Ejecutivo ya sólo tiene claro que impondrá a Castellana 160 el consenso político y autonómico (a contrapié del modelo acordado en su momento con Sebastián para elegirlo con el voto del Consejo de Ministros) y que la posibilidad de reservar su designación hasta la siguiente legislatura, a partir de 2012, cobra fuerza.

El ATC aún duerme en el epicentro de todos los desencuentros atómicos en el que Fernández De la Vega lo colocó antes de irse del Gobierno con la marcha atrás para la designación de Zarra. El Ministerio de Industria ya sabe que, cuando llegue la designación del Almacén, lo hará ‘fuera de cuentas’ para todas sus líneas rojas. Tendrá un 60% de su capacidad hipotecada por residuos ya desbordados en los ocho reactores en marcha; no impedirá que Ascó tenga que construir un ATI desde el próximo trimestre y cuatro años de más pagos de penalización a Areva. Como recordaba González Mediavilla, que también participó en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, en el caso de Zorita hay un Almacen Temporal Individual (ATI) de residuos radioactivos que "no debería estar allí". Si se demora más la licitación, los cuatro años de plazo para la construcción del almacén no serán suficientes, ni siquiera para asumir la prórroga a cambio de sanciones. Sea como sea, Areva no quiere acoger residuos españoles más allá de 2015. Ni las prisas para licitar ahora el ATC y poder fijar una fecha para el retorno de los 679 metros cúbicos de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza en menos de un mes, el 31 de diciembre llegarán ya a tiempo.

Las estimaciones más optimistas hablan de un plazo de dos años y medio para construir el depósito. Sin embargo, Enresa asegura que “los cálculos más realistas, dada la gran envergadura de esta obra civil”, consideran necesarios entre tres y cuatro años.
En Industria saben que será más duro negociar la prórroga necesaria sin haber ni siquiera iniciado el proceso para construir el ATC, en plena oferta francesa de un intercambio de residuos nucleares. Pero sobre todo, el Almacén Temporal, aunque defina sus apellidos en 2011, verá la luz con un modelo trasnochado, ahora que el Comisario Gunther Oettinger acaba de dejarle claro que la UE obligará a que los Estados Miembros con plantas atómicas presenten antes de 2014 planes a largo plazo para Almacenes Geológicos Profundos (AGP), en los que los residuos pueden permanecer ilimitadamente, pero sin posibilidad de recuperación o alguna fórmula de reciclaje. Un debate que Industria pensaba haber eludido, hasta al menos 2040, con la construcción del ATC capaz de albergar los residuos hasta 60 años y que ahora en Moncloa y Castellana 160 recobra más de un partidario, para esperanza de Areva -al fin y al cabo la gala- el principal reciclador de combustible nuclear el mundo- hace meses que revive ante Moncloa su campaña para vender las bondades del reciclaje del combustible nuclear gastado frente al almacenamiento. El debate paralelo sobre la reutilización está de nuevo abierto: el Centro de Investigación Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), anima a evaluar la posibilidad de que España reduzca su volumen de residuos nucleares aplicando la reutilización, como ya hacen Francia o Japón.
OTRO CERROJAZO DE SILENCIO DESDE LA SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO

Bajo la batuta de Antonio Cuevas, la Subcomisión para la Estrategia Energética a 25 años viste de histórico el acuerdo que ha permitido un documento marco de conclusiones entre todos los grupos del Congreso -salvo el PP e IU-. Han parido un ‘ratón’, uno que le canta al ministro las verdades del déficit de tarifa ya superior a los 16.000 millones de euros, o la necesidad de triplicar interconexiones y que le aterriza su euforia verde sugiriendo la rebaja de los objetivos renovables del 22,7% al 20,8 en 2020. La que estaba llamada a ser -según sus promotores desde mayo en CiU y el PP- la ‘Carta Magna’ del modelo energético español, a pesar de que elude perfilar al detalle ni siquiera el peso de cada fuente en el mix hasta 2025 (aunque era su objetivo) y deja sobre la mesa de Zapatero lo que ya sabía (un déficit que atajar antes de 2013 y un sistema de primas desbordante que desde ahora buscará compartir ingresos en el conjunto del sistema, aunque no sabe cómo), sí se traga, de paso, todas las llaves futuras de la energía nuclear en el mix energético español.

Para empezar, las del debate incluso sobre la prórroga de la vida útil de las ocho centrales en funcionamiento. No serán ellos los que desvelen las claves del círculo vicioso del rompecabezas de las fuentes de generación: sólo saben que el autoabastecimiento energético de España tendría que aumentar desde el 23% de 2009 hasta suponer un 31,5% en 2020. Se conformarán con pedir al Gobierno que haga un informe sobre su propuesta en el plazo de seis meses y que revise y actualice cada cinco años las prospectivas energéticas para los siguientes 25 años y al Ministerio que presente una radiografía anual sobre el estado del sistema energético nacional, a examen en la Comisión de Industria de la Cámara Alta. Lejos quedan sus primeros debates: en los documentos iniciales que este organismo manejaba se recogía la necesidad de que en el 2035 siguieran operativas las centrales nucleares existentes, lo que implicaría alargar su vida más allá de los cuarenta años.

El socialista Cuevas enseña las conclusiones de la Subcomisión y ve, entre sus líneas, “garantías de continuidad para el parque nuclear español”. Pero no es más que el blindaje del limbo. Y tiene letra pequeña. Si el Congreso se encargaba en su momento de rechazar la salida del 'pool' y la imposición de nuevas tasas nucleares, finalmente la Subcomisión de Industria, a pesar de exigir una solución inmediata a la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos, consuma la congelación del debate sobre la prórroga  a los ocho reactores ya operativos -que generan el 20% de la energía consumida- al menos hasta 2015. Sólo se ha atrevido a proclamarla para el horizonte del 2035, como “una opción válida para el suministro energético del país”. Que la energía atómica debe seguir en el mix español para el próximo cuarto de siglo, no hacía falta validarlo por los grupos parlamentarios: en realidad, el calendario es el mejor cómplice de la inercia para Zapatero, las seis centrales (ocho reactores) actuales -salvo la burgalesa- no tienen en cuestión su vida útil durante la próxima década. Siete cumplirán 40 años en funcionamiento entre 2021 y 2028. Que su peso en el mix será el mismo -menos Garoña- tampoco estaba a debate. Según la Subcomisión, la no disponibilidad de energía nuclear en 2035 incrementaría el coste del régimen ordinario entre 15 y 20 euros por megavatio hora.

 Eso es todo lo que ha certificado la Subcomisión de Estrategia Energética. El Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) 2020 con el que España certifica sus previsiones ante la Unión Europea descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013. La nuclear aumentará más de un 5% su papel en la producción, aunque reducirá su potencia instalada en un porcentaje similar, un 5,8%, hasta los 7.256 MW (frente a 7.716 MW en 2009) dando por descontada la aportación de la central burgalesa. De hecho, el Paner 2011-2020 prevé un aumento de la generación de fuentes nucleares de hasta un 5% en el horizonte de 2020, pero no será gracias a la potencia instalada, sino a los avances tecnológicos. Hasta más allá de 2019 no comienzan a caducar, uno a uno, los permisos de 40 años de vida útil. Y no llegará ese debate con ninguna opción. Ferraz se ha encargado de cercenarlas, por si acaso, en el último minuto y por la puerta de las sopresas del Congreso de los Diputados.

Aunque la Ley de Economía Sostenible (LES) había abierto la puerta, ahora la cierra de nuevo, con doble llave. Su literalidad sólo habla limitar la "vida útil" de las plantas atómicas a 40 años. Nada de prórrogas, ni de opciones en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN (cuyo Estatuto por cierto, han esperado para reformar), ni siquiera de Moncloa (como en el segundo borrador de la Ley de Economía Sostenible), para promover la ampliación de la vida útil de las centrales más allá de las cuatro décadas, aunque en su articulado, hasta noviembre, determinaba dos procedimientos de renovación de la explotación, uno ordinario, antes de cumplir los 40 años de vida útil, y otro extraordinario, cuando se hubiera cumplido ese plazo, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros en función de criterios de seguridad e interés nacional. Ni rastro, tampoco, de una regulación global y específica de energía nuclear que el Secretario de Estado, Pedro Marín, llegó a anunciar en febrero, entre los ‘deberes’ energético para 2010, junto al plan del carbón para el periodo 2012-2018 y el nuevo plan de energías renovables. Industria y Ferraz han saldado el esperado “paquete regulatorio” atómico con poco más que el anteproyecto de ley de responsabilidad civil que eleva de 150 millones a 1.200 millones las indemnizaciones a las que podrían verse obligadas las instalaciones nucleares.

LAS CONTRADICCIONES DEL PP NO AYUDAN A SEBASTIÁN

No es nada que -como Sebastián llegó a planificar en su momento, en julio- pueda revertirse gracias al Pacto de Energía frustrado con el PP, menos aún ahora que como reconoce el propio titular de Industria, es Elena Salgado la encargada de supervisar cualquier avance en ese acuerdo hoy congelado con el PP. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya estaba preparado en agosto incluso para emitir un nuevo informe y reevaluar incluso las condiciones de una prórroga a la central de Garoña. Pero el ministro, después de más de dos meses en los que sostenía que todo era negociable con Génova, ahora sólo repite un mantra: “mirar hacia adelante”, un propósito en el que ya no tiene ojos para Garoña. Si el ministro Sebastián buscó en julio como ariete el supuesto Pacto de Estado con el PP para intentar cuestionar la cerrazón nuclear de Zapatero -aún a costa de retrasar hasta otoño la adjudicación del Almacén de residuos, ATC- y resucitar las opciones para la central burgalesa, el viaje a ninguna parte con Génova ha vuelto a convertirse en el cómplice del entierro de Garoña. Unos por otros, el Ministro y el PP le aplican el ‘mejor no meneallo’ con el que con el que Moncloa ha pretendido garantizar la inercia para el conjunto atómico español hasta que en 2020 venciera la siguiente licencia a 40 años, la de Almaraz.

Las dos ‘líneas rojas’ para el Partido Popular, nucleares y déficit de tarifa- Cristóbal Montoro dixit-  que le pusieron en julio sobre la mesa a Miguel Sebastián, las siguen exigiendo como primer plato de cualquier ‘menú’ para un Pacto de Estado, pero las propias filas populares se las saltan fuera y dentro de Génova. Paradojas’ atómicas, a pesar de la abstención de último minuto en la Subcomisión de Estrategia Energética, nadie en las filas del PP -tampoco en las del PSOE, CiU o PNV- se ha opuesto al embargo por tres lustros más del debate nuclear en el Parlamento, aunque el propio Secretario General del Partido, Mariano Rajoy, hace saber que si llega a Moncloa, derogaría de inmediato ese decreto. Y es que si las tribulaciones del uranio de Miguel Sebastián en todas sus vertientes -ATC de residuos, derechos de extracción, tasas nucleares y vida útil de las centrales- han servido para dejar en evidencia las contradicciones entre Presidencia, Ferraz, la Fundación Ideas y el Ministerio, no han sido menos con las filas de la oposición del PP.

Todas las costuras de sus silencios se han roto en la batalla de los residuos atómicos. Génova, sin postura oficial nacional sobre el modelo del Almacén Temporal de Residuos (ATC), (más allá de intentar canjearlo en su momento por opciones para Garoña si se ubicaba en Castilla y León), hizo trinchera común con José María Barreda y Guillermo Fernández Vara (en contra de Ferraz), para evitar que el almacén de residuos acabara en Yebra o Albalá. Ha chocado sables con el Partido Popular Valenciano, hasta hacer que -después de un mes de negociación con Industria ahora negada- el Presidente Francisco Camps se pronunciara en contra del ATC para Zarra, a contrapié del interés del vicepresidente del Consell, Juan Cotino. Un ‘tentetieso’ que no le han podido imponer por igual al Partido Popular de Cataluña: los de Alicia Sánchez Camacho, en desafío abierto a Montoro -más aún tras la debacle electoral- siguen impulsando la candidatura de Ascó al ATC y lo harán con más intensidad tras los comicios del 28-N. No será ningún inconveniente, todo lo contrario, para alguna posible alianza de gobernabilidad con CiU.

Aunque los de Artur Mas no se pronuncian, tras el rechado del Parlament (con los votos de los diputados del tripartito y CiU, y la abstención de los del PPC y Grupo Mixto), sobre la mesa del Ministro pesa la evidencia de que el 44% de la energía eléctrica que consume Cataluña proviene de las nucleares, frente al 20% de España. Y la victoria de CiU en las elecciones autonómicas en Tarragona, con la mitad de los 18 escaños y el mal resultado de ERC reviven las posibilidades de la candidatura de Ascó, que el alcalde de la localidad tarraconense -a pesar de ser también convergente- impulsa en colaboración con la Amac (la Asociación de Municipios con centrales nucleares) desde hace años. Creen que Mas no se opondrá a una candidatura defendida por las patronales catalanas -con la vista puesta en más de 700 millones y la creación de 380 empleos durante su construcción- aunque Miguel Sebastián siga teniendo en la mira de sus preferencias a Zarra, “el municipio que cuenta con mejor puntuación” del informe de la comisión interministerial, como recordaba el ministro esta misma semana, tras las elecciones catalanas.

ESPAÑA CONSAGRA LA ‘EXCEPCIÓN’ NUCLEAR DE ZAPATERO

No es el director de Estudios y Apoyo Técnico del Foro Nuclear, Antonio González, el único que advierte ahora que España es el único país de los treinta que ahora tienen centrales nucleares en el mundo que no está considerando ni extender el parque actual ni construir nuevas centrales para el futuro. La industria nuclear le sacude los muros a Zapatero. No sólo porque necesitará más fuentes de generación si recorta los objetivos de potencia y producción de las renovables (y el Paner lo hace ya en 4.700 Mw, un 7% menos sobre el modelo de Zurbano que publicitó en marzo), sino porque, junto con los ciclos combinados, serán las energías de respaldo para su impulso renovable. Una energía limpia, barata, que reduce la dependencia (en España aún del 79%, muy por encima de la media de los vecinos del 50%). Según Nuclenor, la nuclear cuesta 35 euros/megavatio, frente a los 60 euros de las centrales de ciclo combinado, los 80 de la eólica y los 400 euros de las fotovoltaicas. El otro problema es la intermitencia.

Las energías alternativas necesitan todavía de mucha investigación para poder acumular la electricidad producida e incrementar su rendimiento. Su función podría ser perfectamente complementaria. El sector calcula que para cumplir el 30% de la generación atómica que defiende la UE España necesitaría 3 nuevos reactores desde 2020, pero los espanta la inseguridad regulatoria y le exige al menos garantías de vida útil hasta los sesenta años, repensar el coste de generación y la sostenibilidad del modelo e impulsar una energía diez veces más barata que la solar.Le han vuelto a poner cifras sobre la mesa el presidente de Endesa y el presidente de Iberdrola: cerrar nucleares antes de los 60 años costará hasta 5.000 millones anuales, le recordaba Borja Prado. Si España prescinde de la energía nuclear, la factura eléctrica deberá elevarse en unos 35.000 millones, apunta Sánchez Galán.

Nuclenor le saca los colores ante Obama y el Instituto Nuclear de EE UU por el cierre de la que la OIEA considera una de las cinco centrales más eficientes y seguras, tras más de 2.500 actuaciones sobre su diseño original y los 150 millones de euros invertidos durante los últimos años. Un motivo más para que Iberdrola, Endesa y la Junta de Castilla y León no renuncien aún a desandar los pasos que el Real Decreto del Consejo de Ministros les imponía al ministro y al CSN. Como el presidente de Iberdrola reconoce, entre las líneas de Sebastián y los silencios de Zapatero ve “pasos del Gobierno” para una posible rectificación de un cierre que -en palabras de Galán- es un “lujo” con el momento de dificultades económicas que atraviesa España y el coste de su factura energética. Hasta 2013 no comenzaría el proceso y, como recuerda Sánchez Galán, se tardarían cuatro o cinco años en “enfriar” su reactor. Aún habría tiempo.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...