edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
16/11/2010
Deja a España en evidencia con nuevas ensoñaciones verdes mientras subvenciona el carbón

Zapatero desconecta de la realidad y promete 800.000 empleos más en renovables que Industria

El último balance es demoledor: España pierde tres puestos como destino de inversiones en renovables
En 2009 se destruyeron más de 25.000 empleos, tras un semestre de incertidumbre
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
Javier Aldecoa

Se ha calzado la ‘chistera’ verde, la de las conjunciones ’planetarias’ con la que enseñarle a Obama y el resto de los asistentes al G-20 cómo superar el estigma de la mayor tasa de desempleo de la OCDE con un millón de nuevos empleos ‘sostenibles’ en diez años. Será por promesas: ni la aspiración del 22,7% de la demanda final con renovables en 2020, ni siquiera el medio millón de empleos sostenibles que Caldera prometía en enero con la gestación de la LES (para diez sectores empresariales juntos) sacian su escaparate. Zapatero añade ceros cada vez que salta los Pirineos: lo hacía por última vez en Seúl el 11 de noviembre al multiplicar por ocho las previsiones del IDAE (128.000 empleos renovables directos al calor de la estrategia 20/20) aún a riesgo de amargarle a Beltrán la presentación del informe, apenas unas horas después. Zapatero ha vuelto de Corea destilando optimismo, pero su ‘embriaguez’ lo deja otra vez solo. Hasta las patronales desnudan sus contradicciones: sus alardes chirriaban, apenas con unas horas de diferencia, con el Informe de la AEE, que evidencia la pérdida de 5.700 empleos eólicos en 2009; son sólo la sexta parte de los que se ha dejado la industria solar desde 2008. Moncloa consigue el más difícil todavía: tiene en pie de guerra a todas las patronales -que piden un recorte rápido antes que más incertidumbre- y ve cómo España pierde tres posiciones en el ranking internacional de atractivo para la inversión en energías renovables, pero no deja de insuflar aire a las primas del Régimen Especial, cerrarán 2010 con 6.787 millones, un 15% más de lo calculado por Industria y un 9% más que en 2009. Aún así, sus ensueños renovables se le quedan cortos para compensar el resto de sus ‘olvidos’ verdes: incumple en 20 puntos Kioto y, aunque tiene que dedicar 683 millones de euros en dos años a compensar sus lagunas en CO2, hace lobby al carbón en Bruselas. Mientras, Sebastián 'missing', allá por tierras colombianas buscando esmeraldas de intenso color verde.

Echa de nuevo cohetes renovables, pero Zapatero se quema las manos y su ‘bipolaridad’ verde calienta aún más las chispas de las patronales. Ni palabra del ministro del ramo que se entregaba a la cumbia y al silencio en su periplo por Colombia y Centroamérica. Miguel Sebastián sigue esperando las señales: a pesar del dictamen de la CNE, el Ministerio no ha podido impulsar aún el RD de 1 de agosto que regula las retribuciones del Régimen Especial, baraja aún el recorte del 35% para suelo y el 5% en techo de las fotovoltaicas y no se retrata con la retribución de las solares en funcionamiento. No es la primera vez que el presidente del Gobierno, el Ministerio de Industria y el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (dependiente de la Secretaría de Estado de Energía) hablan al unísono, pero en distintos idiomas. Dos desencuentros públicos en una semana con apenas un mes de ejercicio de Alfonso Beltrán como Director General del IDAE. Beltrán apadrinaba ya la puesta de largo del Informe de la AEE el 10 de noviembre con una retahíla de confesiones -“aunque me echen”-: que hace falta que la nueva regulación se despeje cuanto antes, porque hay “incertidumbre” entre los fabricantes y los promotores eólicos; que la nueva regulación no verá la luz ni hoy ni mañana y que apenas ahora el IDAE está empezando a retomar los contactos con todos los sectores renovables para perfilar el nuevo Plan de Energías Renovables hasta 2020. Y sólo unas horas después de que Zapatero aireara sus promesas ‘verdes’ en Seúl, Beltrán tenía que presentar en sociedad un Informe a cuatro manos del IDAE con Istas en el que sus previsiones dividen por ocho las que entonaba el Presidente del Gobierno al otro lado del mundo.

La radiografía del Ministerio de Industria calcula que en el sector de las energías renovables hay 70.152 empleos directos y 45.570 indirectos, un total 115.722, el mayor número de ellos en la eólica (30.651) seguido por la fotovoltaica (19.552) y la solar térmica (6.552) ya a mucha distancia, un detalle en el que sus métodos no coinciden con los de las patronales una a una (por ejemplo la termosolar apunta a 15.000 personas trabajando y no 511, pero la eólica calcula 35.719 personas y no los 55.172 empleos de ISTAS y el IDAE). Lanzaba su ‘aviso para navegantes’ el secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano. “Hay que superar el autobombo pero acabar también con el discurso especulativo y tramposo sobre las renovables. Y para ello es preciso resolver el tema de las primas del sector”.

Y es que el estudio del IDAE prevé que según el escenario planteado por el propio Gobierno (siempre que se alcance un 22,7% de cobertura de la demanda final mediante fuentes renovables en diez años) en 2015 el sector generaría 82.589 empleos directos (12.437 empleos más que los existentes al comienzo de 2010) y 128.373 directos en 2020, con un crecimiento del 83% respecto al actual, dominados por la fotovoltaica (47.527) y la eólica (30.309) aunque seguida a corta distancia por la solar térmica (28.180). Ni siquiera sumando los 73.642 indirectos que calcula el Idae para 2020 (un total de 202.015) estaría cerca de las promesas de Presidencia, apenas la quinta parte de sus aspiraciones. Los datos consultados por el estudio de Istas a las empresas del sector avalan su precaución: frente a la incertidumbre asociada a la crisis económica, los cambios en las normas y el desconocimiento respecto a las medidas de política energética que se adoptarán a partir de 2011, el 64,4%, de las empresas no tienen prevista ninguna inversión, muy lejos de las cifras de 2007 en las que cerca de un 60% de las empresas expresaban su intención de realizar inversiones. Y hasta los planes más optimistas de la OIT aterrizaban esta misma semana los números de Moncloa: una economía verde reportaría a España cientos de miles de empleos, si acaso. No es nada que vaya a aterrizar las promesas ‘planetarias” de Zapatero.

ESPERANZAS ‘PLANETARIAS’, TRAS LAS FALSAS PISTAS DE CALDERA

Al presidente le sabe a poco el 22,7% del consumo de energía final procedente de renovables al que España se ha comprometido ante Bruselas a llegar en 2020, a pesar de que hubiera sido suficiente con el 20% que le exige la Unión Europea y su Paquete Verde y de que es (junto con Suecia y Holanda) el único de los Veintisiete que redobla sus apuestas con esa intensidad. Le saben a casi nada hasta el compromiso de reducir hasta 2020 a un 10% las emisiones de CO2 y reducir en un 20% el consumo energético. Ni un milímetro en sus planteamientos para los cálculos del ex ministro Jordi Sevilla, que allá por mayo, le ponía las cifras de sus apetitos ‘verdes’ al presidente el Gobierno, en su condición de asesor de alto nivel en PricewaterhouseCoopers: si aspira a un 30% de renovables en el mix para 2030, necesitaría una ampliación de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años y una inversión de 98.335 millones de euros para cubrir la demanda, en el más económico de los cuatro escenarios desgranados por PwC.

En plena tormenta renovable doméstica, Zapatero y Bernardino León han preferido volver a sus ‘fuentes de cabecera’: los planes de la Fundación Ideas que en Castellana 160 habían devuelto al armario del silencio desde que en abril se empezó a pensar en reorganizar la regulación y las retribuciones de las fuentes de generación renovables. Son en realidad los únicos estudios que se atrevían a apostar por entre 500.000 y un millón de empleos en 2020, aunque descontando que las renovables podían llegar al 100% en 2050, sumando los empleos de diez sectores de la economía y de cuatro reformas transversales para incrementar -decía Caldera- la productividad en tasas superiores al 2% durante 15 años consecutivos. Diez sectores que -por cierto- siguen nebulosos en los mapas del ministro Miguel Sebastián; mucho más nebulosos que allá por enero de 2010, cuando la Fundación Ideas lanzaba esas aspiraciones en su “Informe Ideas para una Nueva Economía”, como ‘solución verde’ a la economía española. Si los mapas de Caldera pasaban por instalar al menos 700.000 techos solares entre 2010 y 2025 y por alcanzar dos millones de coches eléctricos en las calles españolas en 2025, un sistema de créditos personales de carbono, hoy ni siquiera la Ley de Economía Sostenible ha visto aún la luz; no hay ni rastro de la Ley de Renovables y Ahorro Energético prometida para este año; a pesar de que hay un borrador desde septiembre, aún no han visto la luz ni el gestor de recarga, ni las reformas de la Ley Eléctrica que requiere el despegue del vehículo eléctrico.
 
Moncloa olvida que los planes de la Fundación Ideas sumaban las renovables, las tecnologías de la información, la biotecnología, la industria aeroespacial, los servicios sociales y hasta el turismo para apuntar a ese optimista 500.000 hasta 3,2 millones de empleos ‘verdes. Y aunque Zapatero ha paseado por Seúl los logros conseguidos (desde 2004 el peso de las renovables en el consumo energético español se ha incrementado un 50%, el 30% de la electricidad proviene ya de fuentes limpias y se ha reducido el consumo energético por unidad e PIB en un 13%), España no puede dejar de enseñar sus ‘contradicciones’ verdes ante Bruselas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y hasta Naciones Unidas: las tres le recuerdan que España paga la factura más cara de todos los Veintisiete por incumplir Kioto. Le sacan los colores por las paradojas de un modelo energético que ha conseguido el más difícil todavía: pagar caras las renovables con tal de convertirse en el país de la UE que más incrementa sus objetivos 20/20; a pesar de la rebaja del consumo energético, incumple en 20 puntos los objetivos de Kioto y, aunque tiene que dedicar 683 millones de euros en dos años a compensar sus lagunas en CO2, hace lobby al carbón. Un modelo que se dispone a pagar 600 millones de euros en incentivos al consumo de carbón, aunque emita 25 tn anuales más de carbono, a cambio de cerrarle la puerta a 400 tn anuales de ahorro nuclear en CO2.

Zapatero ha tenido que dar marcha atrás y contradecirse con la ministra Aguilar y la Secretaria de Estado Ribera ante Bruselas: ya no respalda para Cancún el recorte del 30% del CO2 que busca la Unión. España destinará 3.500 millones más para llegar al 22,7% renovable en 2020, pero aspira a pagar 600 millones por dos años de incentivos al carbón autóctono. España suspende en movilidad sostenible y el estudio de la Comisión Mundial de la Energía deja sus niveles de eficiencia energética y captura de CO2 lejos de la media de los países industrializados;  se ha decretado el cierre desde 2013 de la central nuclear de Garoña desoyendo los informes técnicos favorables a su funcionamiento y el ahorro de 400 millones de toneladas de CO2 anuales y se ha impuesto por decreto la utilización del carbón nacional -un 30% más caro y contaminante que el importado y con un tercio menos de poder calorífico- a costa de los ciclos combinados, más limpios y eficientes. Lo sabe el ministro de Industria: estira la ‘manta de las renovables’ ante la UE para intentar cubrir el resto de sus zozobras del CO2. Es el propio Sebastián el que, a la búsqueda aún de una ecuación para las fuentes de generación, reconocía que su mix de generación no puede seguir así, después de un año en el que las primas se le dispararon el déficit con 6.215 millones para el Régimen Especial. Pero España a cambio, no aclara el impacto de su modelo ‘renovable’ en las emisiones de Co2. Tras los cambios en el borrador del Paner que publicó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la versión definitiva del documento enviada a Bruselas recorta el volumen esperado de reducción de emisiones de GEI por el uso de las energías renovables, desde 678 millones de toneladas de CO2 a 186,8 millones, en la versión definitiva. Una reducción del 72% que resulta especialmente significativa si se compara con las estimaciones previas realizadas por APPA, que cifraba en 661 millones la reducción producida por la generación eléctrica.

Se ha traído de Seúl, bajo el brazo, además de la foto de sus carreras con David Cameron, las reseñas de un puñado de medios asiáticos -poco más que el  Renmin Ribao chino, o la agencia iraní Press TV, e Isria- que siguen mirando al “modelo renovable español” y el precedente de economía sostenible de Zapatero. Silencio en la Casa Blanca y en el resto de los socios europeos del G-20 ante los planes para salir del liderazgo como país con más desempleo de la OCDE, más del doble de la media. Si en Moncloa buscaban otra palmada en la espalda de Barack Obama y su asesor para Europa, el canario Juan Verdes, la Administración norteamericana prefiere callar ahora. No sólo porque, tras la victoria republicana en el Congreso americano, los planes de estímulo renovable y los 4.500 millones de dólares dedicados a la energía eólica  están bajo el disparadero de los republicanos y en discusión algunos de los mecanismos de la Ley de Recuperación y Reinversión, como la conversión de los créditos fiscales en subsidios en efectivo para proyectos puestos en marcha o empezados a construir hasta finales de 2010. Sino porque han saltado a los medios de comunicación estadounidenses un documento interno de la Casa Blanca en el que se reconocen que los miles de millones de dólares gastados en crear empleos verdes en EEUU no han dado los frutos esperados, a cambio de un enorme lastre para el contribuyente.

En la mesa del secretario de Estado Steven Chu, aún pesan los informes del Instituto Juan de Mairena y de Gabriel Calzada, que enfrentaban a Obama al espejo español del coste de las renovables y que las filas republicanas utilizan desde entonces como arma arrojadiza contra los ‘planes verdes’ del presidente demócrata. Cada empleo verde necesitaba subvenciones por valor de 571.138 euro entre 2000 y 2008, según el Estudio de los Efectos del Apoyo Público a las Energías Renovables sobre el Empleo, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos en abril de 2009. Entre 2000 y 2008, el Gobierno español comprometía ya un total de 28.671 millones de euros -descontada la inflación- en subsidios públicos al fomento de energías renovables y sin recortes, según Calzada,  el sistema de primas a las renovables costaría unos 10.000 millones de euros al año en 2020.
 
MONCLOA IRRITA AÚN MÁS AL SECTOR RENOVABLE

Si el ‘don’ del cálculo ha dejado otra vez a Rodríguez Zapatero fuera de juego, el don de la oportunidad llueve sobre mojado en los desencuentros con el sector fotovoltaico, termoeléctrico y eólico -y más aún del resto de renovables, como la biomasa, la geotermia, la maremotriz, la generación con residuos, o la térmica a las que mantiene lejos de los objetivos 20/20- en plena crisis de su regulación y sin horizonte aún definido para su retribución. Tiemblan en el sector. Zapatero presume de lo que más le aprieta, respira por las heridas de sus dudas. No es la primera vez que los alardes internacionales son sólo el preludio de sorpresas energéticas al sur de los Pirineos. Como recuerdan ahora las asociaciones, ya en mayo de 2009 el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, acudía a la inauguración de la feria del sector eólico norteamericano en Chicago con un discurso pro-renovable, justo antes de que el BOE publicara la creación del Registro de Pre-asignación que ha consumado desde entonces un cuello de botella, con un registro-ventanilla, con cupos máximos para los MW verdes y la rebaja de incentivos para los productores.

En el último año, España ya ha perdido tres posiciones en el ranking internacional de atractivo para la inversión en energías renovables (en todas sus tecnologías) de Ernst & Young, dos de ellos en los últimos tres meses pasando del sexto al octavo puesto y, en buena medida -la agencia dixit- no sólo por el apoyo del Gobierno británico a determinadas energías renovables y el anuncio del Ministerio de Medioambiente francés, de que duplicará el ritmo de desarrollo de renovables hasta 2020, sino sobre todo por los vaivenes y los retrasos en el modelo de retribución a las renovables españolas, aún pendiente de definición en su vertiente fotovoltaica. Una grieta en la que ha comenzado a ‘meter el dedo’ la recién nacida Fundación Energías Renovables (FER), que denuncia la “clara tendencia” de Industria a frenar y limitar la expansión de unas renovables, cuyo coste -asegura- hay que analizar a lo largo de toda la vida útil de estas instalaciones” y el empeño de los partidos políticos por atarse a “una política cortoplacista para llegar vivos” a las próximas elecciones generales.

Es el propio sector el primero en desmontarle los ensueños ‘verdes’ al Presidente del Gobierno, con cada pálpito de sus contradicciones. Sus alardes coreanos resonaban, el mismo miércoles, como un estertor ajeno, en los ecos de la presentación del Informe de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), apenas 24 horas antes, en el que José Donoso, su presidente, recordaba que se habían perdido más de 5.700 empleos directos e indirectos sólo durante los últimos doce meses en el sector, hasta un total de 35.719 personas a finales de 2009. El sector eólico español es hijo de las paradojas de los vientos de Miguel Sebastián. Transitan entre los estertores de una década dorada que ha llevado a la eólica desde los 2.365 Mw de potencia eólica instalada en 2000 a los 19.149 con los que cerraba el 2009 y la incertidumbre de una nueva etapa, tras la inflexión que marcó el RD 6/2209.

Y es que, a pesar de haber sido el tercero que más potencia instalada incrementó hasta 2009 (sólo tras China y EEUU), es el segundo de la UE con mayores restricciones y trabas administrativas y está desde el segundo semestre del año pasado al borde de la parálisis, ante las evidencias de un año de caída en aportes al PIB, empleo y expectativas quemándoles los talones. La AEE enseña a las Administraciones lo que considera sus ‘deberes’ hechos: después de diez años en ascenso para el sector español, cerrarán el año con unos 1.500 Mw nuevos y una potencia cercana a los 20.150 megavatios Mw que Industria se proponía como objetivo en el RD 661/2007; la generación con electricidad a partir del recurso eólico se ha multiplicado por 7,85 y en España, la eólica ha sido junto a los ciclos combinados la principal tecnología de generación instalada en España. Pero ya durante el año pasado, el sector aportó 3.207 millones de euros al PIB -un 15,7% menos que en el ejercicio anterior- y redujo su aportación al PIB al 0,34%.

Nada diferente, en realidad, al tono del balance del resto de las tecnologías renovables. Aún a costa de amargarle sus ‘paseíllos’ verdes a Zapatero, la APPA dejaba a las pocas horas, por si acaso, sobre la mesa de Presidencia de nuevo la evidencia de que en 2009 las empresas del sector destruyeron en conjunto más de 20.000 puestos de trabajo. “Un mal comienzo para llegar a crear un millón de empleos en la próxima década”, ironizaba el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA, José María González.  Paradojas de la política energética de Moncloa, es el propio sector renovable el primero en tener que aterrizar sus promesas ‘verdes’. Según el Estudio de Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica, su sector crearía de aquí a 2015 3.269 nuevos empleos, que serán 5.639 hasta 2020. Eso, siempre que se cumpla la propia hoja de ruta de Industria, que aún no ha definido el PER, pero que en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) prevé 38.000 Mw eólicos instalados en 2020. 

En las asociaciones fotovoltaicas, el optimismo ‘verde’ de Zapatero choca con los muros de las alarmas que han encendido desde hace meses. El atractivo ibérico ha pasado del boom al bluff en menos de tres años y según los cálculos de ASIF, la Asociación de la Industria Fotovoltaica se ha llevado por delante desde 2008 30.000 empleos (un 90% temporales y un 30% fijos). España se bebió sus glorias en apenas un año, en el que instaló el 45% del total mundial. Después vino el repliegue. Ahora, la incertidumbre ante el recorte de un 45% de las primas para los huertos que se instalen desde 2012 y el silencio sobre la ‘retroactividad impropia’. Y, con ellas, una pérdida de valor del mercado español de un 98,5% en menos de un año y medio y una  fuga que ha llevado a los inversores y productores internacionales a instalar menos de 100 Mw desde 2009 en España y a las empresas españolas a destinar un 75% de su producción en 2009 a mercados exteriores.

Lo justo para que el país con más irradiación solar de toda Europa haya cedido ya el liderazgo que tuvo entre 2005 y 2008. Y -en palabras de ASIF- “esté perdiendo el tren” en el que Alemania, Francia o Italia viajan ya a doble velocidad. Según estimaciones presentadas por ANPER, en el futuro pueden peligrar otros 60.000 puestos de trabajo en toda España, que unir a los 30.000 que, según la ASIF ya se perdieron desde septiembre de 2008, el 30% de ellos fijos. En su estudio 'Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España', ASIF revela que si no se instalan los 500 MW fotovoltaicos anuales previstos por la regulación, habrá pérdidas de 4.979 millones de euros hasta 2020 y unos 40.000 empleos estables y de calidad. No es sólo un debate energético. También financiero. Bajo cada proyecto hay créditos, cada planta termosolar cuesta unos 300 millones de euros. La instalación de cada MW eólico, 1,2 millones. La banca y los inversores miran con lupa los ingresos a futuro de cada instalación. Además, las entidades financieras (entre ellas las americanas) con una inversión en el sector que ronda los 15.000 millones de euros podrían sufrir el daño colateral de una cláusula de retroactividad.

Más nebuloso aún es el horizonte de las ‘cenicentas’ renovables de Miguel Sebastián. Se lo recordaba el sector de la biomasa, justamente la que estaba llamada a ser la tecnología que más contribuye por megavatios a la generación de empleo directo en la explotación de las plantas. En Industria, en menos de cuatro años, han pasado del embeleso con las posibilidades de la biomasa al desconcierto y, ahora, a juzgar por las cifras del Paner, simplemente a la resignación, con aspiraciones de generar un 2,6% con biomasa. Cuando en Castellana 160 engendraron el anterior Plan de Energías Renovables 2005-2010 -aún vigente- la biomasa iba a ser la ‘estrella’ de su mix verde, preveían confiar en ella hasta un 47% de la generación renovable de energía consumida. Ahora, Industria simplemente pliega sus objetivos, rebaja -Appa denuncia- en 45 puntos básicos su presencia en el "mix" de energías renovables aunque -Margerit decía en octubre- no descartan volver a flexibilizar el Paner si la biomasa repunta. Han pasado del horizonte de 1.317 Mw para 2010 y la generación -según las asociaciones del sector- de un total de 60.880 puestos de trabajo entre directos e indirectos con el desarrollo del sector en España hasta 2020, a conformarse con poco más de 1.100 Mw en 2020 en las previsiones del Plan Nacional de Acción sobre Energías Renovables, lejos del aumento de la potencia a instalar de  2.146 MW en 2.020 con inversiones por más de 4.000 millones de euros que pide la patronal.

LAS ‘ECUACIONES’ DEL RÉGIMEN ESPECIAL, AÚN EN EL LIMBO

Miguel Sebastián cierra filas ya sólo consigo mismo, si acaso, en el coro disonante de la regulación energética. El ministro ha visto cómo Zapatero imponía en agosto la marcha atrás en el recorte retroactivo a las primas renovables que cocinó durante tres meses; las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad y Moncloa mantiene desde septiembre ‘congelado’ el ajuste renovable que había acordado con los eólicos y los termosolares en julio y que plasmó en dos Decretos el 1 de agosto. Cuestión de tiempo, aseguran fuentes de Industria, pero los ‘peros’ que se le atribuyen a la CDGAE son en realidad los mismos puntos de disconformidad que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya dejó, negro sobre blanco, en la mesa de Sebastián con el informe del regulador en septiembre ante la propuesta de Real Decreto de Industria de julio: el recorte de primas previsto para  la eólica y la termosolar es “muy limitado” y podía enmarañar aún más un sistema de generación y retribuciones ya de por sí complejo. Habrá ‘tijeretazo’ a los incentivos renovables, en juego hay cerca de 30.000 millones de euros hasta 2013. Era el Ministro de Industria el primero en reconocerlo en el documento de Propuesta Energética al Congreso de Industria, en el que atribuía a las renovables “más de un 120% la variación de la factura eléctrica”. Al fin y al cabo, desde 2004 a 2010 el importe de las primas renovables se multiplicaba por cinco, e Industria prevé que de mantenerse el actual sistema de subvenciones, el sector renovable hubiera percibido en los próximos 25 años más de 126.000 millones de euros.

Pero el titular de Industria ya no sabe cómo bajarse de la nube verde, cómo repartir el tijeretazo entre todas las instalaciones existentes y futuras y entre todas las tecnologías. Sólo asume que tiene sobre la mesa la obligación (autoimpuesta en el Paner), de llegar al 22,7% de producción renovable en 2020 y que no puede sostener un nivel de primas a las energías verdes que en 2009 le dispararon de nuevo el déficit con 6.215 millones destinados al Régimen Especial, de ellos 4.719 para las renovables. En España se ha ido -llegaba a decir en los Premios Enerclub- “no demasiado lejos, pero sí demasiado rápido”. Pero Sebastián lo hace todavía sin calendario ni regulación formal en el BOE. Desde agosto su bitácora pasaba primero un ‘tijeretazo’ pactado con eólicas y termosolares (recorte de las primas eólicas del 35% y un aplazamiento de los 2.500 MW autorizados a la termosolar) antes de zambullirse en recortes forzosos a la fotovoltaica para rebajar -eso decía- hasta en 1.000 millones de euros sus primas.

Hoy, a pesar del dictamen de la CNE, el Ministerio no ha podido impulsar aún el RD de 1 de agosto que regula las retribuciones del Régimen Especial. Del Real Decreto  acordado en el verano con el sector eólico, aún sólo tienen noticias de su desembarco en el Consejo de Estado. La AEE sigue esperando desde hace meses que aterricen los contactos y el diálogo con Castellana 160, aunque ya saben que la primera de las dos normas a debate -la que regula los prototipos- incluye al menos una sorpresa, la reformulación de la retribución de la ‘energía reactiva’, que supondría un recorte de 60 millones de euros al sector y no estaba en el documento inicial en verano. Su otra arista, el meollo de la regulación, las tarifas (en principio un 35% menores para las plantas acogidas al RD 661/2007) y el recorte de horas retribuidas primadas, siguen en el ángulo muerto de Industria, tras los ‘peros’ del Consejo y los recelos de Moncloa, sin cifras ‘negro sobre blanco’ para las patronales, más allá de los cálculos del dictamen de la CNE, que descontaba una rebaja de 100 millones de euros. Industria baraja aún el recorte del 35% para suelo y el 5% en techo de las primas fotovoltaicas y no se retrata con la retribución de las solares en funcionamiento.

Zapatero, con Sebastián como ‘brazo ejecutor’ de sus vaivenes renovables, sólo ha conseguido el más difícil todavía: poner en pie de guerra a todas las patronales -que piden un recorte rápido antes que más incertidumbre- pero no deja de insuflar aire a las primas del Régimen Especial: cerrarán el 2010 con un 15% más de lo calculado por Industria (hasta unos 6.787 millones) y con un 9% de incremento respecto a 2009. Y es que el limbo ‘verde’ de Miguel Sebastián es sólo regulatorio y político. No hay tiempos muertos para el sistema eléctrico. Cada mes que Industria emplea en seguir barajando el modelo de retribución a la eólica, fotovoltaica y termosolar y buscando el ‘tijeretazo’ verde, se incrementa el ‘aporte’ al déficit de tarifa por parte de las primas del Régimen Especial a un ritmo progresivo, cada vez más intenso, a una media de 500 millones de primas al mes, a medida que se incorporan más instalaciones al registro de preasignación.

Se lo acaba de recordar el informe, ayer mismo, de liquidación de la CNE: a cierre de octubre, el régimen especial recibió 585 millones, de los que casi la mitad, 260 millones, se dedicaron a la fotovoltaica (que aportó un 2,7% del total y se pagó a una media de 460 euros por Mwh en los seis primeros meses), mientras que 118 millones correspondieron a la eólica (un 10% en aportación y se pagó a una media de 75 euros por Mwh en el primer semestre), 111 millones a la cogeneración (8,6%) y 19 millones a la biomasa. La Comisión Nacional de Energía, la paradoja es que las subvenciones a las renovables siguen creciendo a gran ritmo justo en un momento en el que el Gobierno intenta ponerles freno. No sólo es el estudio elaborado por el subdirector de Regímenes Especiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, el que le recordaba, en su voto particular ante el Real Decreto de retribución de julio que “el consumidor eléctrico en España pagó un 11% más cara su electricidad por la financiación que hace la tarifa eléctrica de las primas equivalentes a la cogeneración y las energías renovables”, “fundamentalmente por el funcionamiento de la potencia fotovoltaica instalada durante todo el año anterior”, Y que las primas se habrían incrementado ya más de un 63% en 2009 respecto al año anterior. Las propias asociaciones renovables calculan que el modelo actual de primas a las renovables tendría, en caso de prolongarse, un coste de 13.200 millones de euros al año en 2020, frente a los 6.300 millones previstos en 2009 para 2010 (por cierto, más que toda la inversión pública en I+D+i). Será, si las previsiones de la CNE no fallan, apenas el preludio del desbordamiento con el que se cerrará este ejercicio: según el  organismo presidido por María Teresa Costa calcula que las primas al régimen especial ascenderán a 6.787 millones en 2010 (899 millones más).

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