edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
15/12/2009
Industria, Ciencia y Cultura, en el alero

Zapatero fagocita a sus ministros 'menguantes’ y le pone el ‘tentetieso’ a sus recelos

A Garmendia le estrecha sus competencias ante Industria y Educación, le cobra la ‘inmolación’ de su número dos y pospone en manos de Pétriz la gestión de su último salvavidas, la Ley de Ciencia
A Sinde le impone el ‘voto de silencio’, devuelve las riendas de la regulación de las descargas de internet a Industria y no dará la cara por la Ley de Cine en Bruselas ni por la Ley de Música
A Sebastián lo obliga a asumir el Real Decreto del carbón y pelear el plan de ayudas en la UE, aunque aún no ha digerido los olvidos de la Ley de Renovables y la reforma de los reguladores
José Luís rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
Ana Zarzuela

Deponen sus armas. A golpe de ejercicios de redención. Han tenido que dejar pasar de largo las ‘carrozas’ de la Ley de Economía Sostenible y, con ellas, las promesas incumplidas de Moncloa para sus carteras: la ley de renovables y ahorro energético para Sebastián, la de Ciencia para Garmendia y los cortes administrativos sin resolución judicial de internet para Sinde. Iba a ser el bautismo de su sintonía, pero la LES ha terminado por convertirse en la vuelta de tuerca definitiva a los desencuentros y la ocasión de Moncloa para aplacar las rebeliones en el Consejo de Ministros. El ‘sol’ de Garmendia, Sebastián y Sinde ya no le brilla a Zapatero. Su ‘vacuna’ del silencio no dejará que Sinde ni Garmendia acudan al Congreso antes de febrero a explicar sus deslices. El ‘pacto de silencio’ con Industria y Ciencia se ha sostenido hasta ahora por Moncloa con una tregua a golpe de las promesas del Fondo sostenible y el Plan E. Pero ya no están tan claras. No son sólo los científicos, el sector exterior, la patronal tecnológica o parte del sector de las renovables los que llaman ya a sus puertas e intentarán, como poco, que estiren sus costuras durante la tramitación parlamentaria. Ha tragado dos veces cada bocado de sus divergencias. Pero ahora Moncloa les coloca sordina. Y llena sus platos de bocados amargos para digerir a los ojos de su obediencia.

Zapatero le ha ‘colocado’ a la ministra de Ciencia nuevas líneas rojas, las de las competencias, las de los calendarios y las de sus subordinados. Pétriz le para, para comenzar, los cronómetros de la Ley de Ciencia, que Garmendia cocina personalmente desde hace casi un año. Nada de enviarla al Congreso antes de fin de año, nada de plazos. Y la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación Básica, la que espera convertir en su ‘brazo armado’ y autónomo para captar fondos, vuelve de nuevo a la nevera de Salgado. A Sinde, le reserva de nuevo sólo un rincón oscuro y le carga a sus espaldas todos los ‘mea culpas’ de la regulación de las descargas de internet, aunque en el entorno de Zapatero no todos eran ajenos a los planes de la ministra. En Moncloa, nadie dará la cara por ella ahora en el contencioso de la Ley de Cine ante Bruselas ni la ayudarán a desempolvar el proyecto de Ley de Música.  No se atreve ni a asomar la bandera de la Comisión mixta de Propiedad Intelectual y la regulación del e-book.  La ‘fiscalidad verde', la reforma nuclear, el futuro de los residuos atómicos y hasta la financiación del Plan 2000E para los ayuntamientos y la wifi municipal escinden al Gobierno y al PSOE y enfrentan a Zapatero y Sebastián entre sí y con Bruselas. Pero el presidente no quiere dejar más espacio a las divergencias. No en la mesa pública de la presidencia europea. Le aprieta a Sebastián todas las tuercas del mix energético: le ha impuesto la ‘bandera de Rodiezmo’ y le echa las manchas al carbón que el ministro trató de zafarse: no sólo ha tenido que incluir de nuevo entre sus prioridades para la presidencia española un nuevo reglamento que garantice las ayudas comunitarias al carbón autóctono a partir del 1 de enero del 2011; Moncloa acelera ahora la gestión del Real Decreto de incentivo al consumo del mineral autóctono por el que Industria prefería esperar a tener más consenso. No habrá marcha atrás, por más que la CNE y la CNC le hayan encendido todas las luces rojas.

Apaga todos los fuegos de sus rebeliones con la receta que Solchaga le afeaba: “tratar  a sus ministros como secretarios”. Los deja sin sombra y con poca voz, la justa para entonar los nuevos ‘estribillos’ de Zapatero y tragarse ahora los ‘sapos’ que ni Sebastián, ni Garmendia ni Sinde habían querido. En la comunidad científica pocos dudan que, tras la ‘tocata y fuga’ de Carlos Martínez -el ex secretario de estado de Investigación jura que no hubo nunca ningún desencuentro  con la ministra ni motivo para su destitución- no hay otra cosa que el sacrificio de Garmendia en los altares de Moncloa y sus esfuerzos para poder sacar adelante la Ley de Ciencia, aunque sea con otros mimbres.

No es casual que Garmendia haya tenido que ‘olvidar’ las promesas que le había hecho a Martínez de reubicarlo de nuevo, ni que su sustituto, el hasta ahora director general de Política Universitaria en el Ministerio de Educación, Felipe Pétriz Calvo, venga de las latitudes más escabrosas para la ministra, las de la reforma de Bolonia. Será él el encargado de neutralizar la nueva ‘rebelión’ de los científicos, ya ha comenzado las reuniones con los directores de los OPI (organismos públicos de investigación) y prevé amasar la calma con el Ciemat, con una reducción presupuestaria propuesta por el Gobierno para el año que viene en un 26%. Tendrá en sus manos además los proyectos del Plan Nacional con el que Garmendia esperaba ‘limpiar’ las manchas de los recortes presupuestarios y recuperar, con la ‘trasfusión’ de los fondos de inversión local y economía sostenible una subida del 8% para la I+D+i en 2010. Toda una victoria del Ministerio de Educación sobre el de Ciencia.

 “Hay que hacer las cosas bien”, es toda la explicación del nuevo Secretario de Estado de Innovación, el único en los predios de Garmendia que le ha cantado las alabanzas a la  Ley de Economía Sostenible (LES) y que entona el estribillo de la calma con el ‘tijeretazo’ -un 15% en 2010 respecto a 2009-a su ministerio en los PGE.  El credo de su ‘calculadora’ tiene una nueva explicación oficial del ministerio: “no es que haya habido recortes presupuestarios en Ciencia, sino que no se ha triplicado el montante destinado a I+D+i como ha ocurrido en los últimos cinco años”. Y de la Agencia Estatal de Financiación de Investigación, Petriz sólo sabe que encajará en la futura Ley de Ciencia y que, en la mesa de Salgado, se barajan de nuevo los límites de su independencia financiera.

EL TENTETIESO A GARMENDIA

La Ley de Economía Sostenible prometía para la ministra de Ciencia y Tecnología ser mucho más que la ‘vacuna’ al tijeretazo del 15% de sus PGE, la promesa de una regulación para  la carrera científica, la reforma del inflexible sistema nacional de contratación de investigadores y la resurrección de los últimos lazos de sintonía con el sector. Ni lo uno ni lo otro. No será ahora -la letra pequeña de la nueva Ley no llegará al menos hasta el verano de 2010- y a lo peor no será nunca, ni con sus apellidos. Salgado le ha vuelto a entonar el ‘nada nuevo bajo el sol’. Para la titular de Ciencia sólo hay rebajas fiscales.

La Ley de Economía Sostenible ampliará las deducciones en Investigación, Desarrollo e Innovación del 8% al 12%, y de las actividades medioambientales del 4% al 8%. Se establecen plazos máximos en los trámites de concesión de patentes y se reducirá un 18% en tres años la cuantía de las tasas de propiedad industrial. Eso es todo. Aún no sabe si estará en sus manos la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación Básica, la que Garmendia espera convertir en su ‘brazo armado’ y autónomo para captar fondos. Se les ha ‘olvidado’ mejorar el tratamiento fiscal de la inversión privada en I+D+i y los 20.000 millones del ICO serán como mucho créditos. Sin apellidos ni costuras claras. Ni rastro de la Ley de Ciencia, la regulación de la actividad científica, la ‘generosidad presupuestaria’ que la ministra anunció, ni la Agencia en la que esperaba salvaguardar su autonomía financiera frente a los dictados de Salgado. No es casualidad que la ministra ni siquiera haya vuelto a renovar los ‘votos’ se sus promesas: 1.000 millones de euros adicionales para gasto en I+D+i  con los que compensar el recorte del 3% de  las políticas de de I+D+i  en los PGE (hasta 8.000 millones). Economía tendrá que seguir buscando sitio y fechas para el fondo de financiación de 20.000 millones - 10.000 los aportaría el Instituto de Crédito Oficial y otros 10.000 las entidades financieras privadas-.

Cristina Garmendia y Miguel Sebastián descuentan que en el mejor de los casos serán escasos en comparación con los más de 50.000 millones que el Estado ha inyectado en la economía este año. Más aún si lo hacen con el propósito de “generar un nuevo modelo económico”, un estandarte que ya ni el ministro de Industria ni la de Ciencia y Tecnología han querido abanderar. Saben que tendrán que buscar sitio en los 5.000 millones de euros del Fondo Local con el que Salgado espera financiar desde proyectos viables en materias como el turismo, hasta los fondos de capital riesgo, créditos para la rehabilitación de viviendas y edificios, eficiencia energética o salud y  biotecnología. Garmendia se mira en el espejo de los silencios de Sebastián. La ley de Economía Sostenible no será su bálsamo: las consultoras ya le han advertido a la titular de Ciencia sobre el escaso uso que pueden hacer las empresas de las líneas de crédito y el riesgo de que no se utilicen los préstamos de la ley.

La suya es la huella de una carrera menguante: con la llegada de Gabilondo la investigación universitaria -prácticamente la mitad de la ciencia generada en España- quedó ya fuera de su responsabilidad, como ya lo estaba toda la I+D relacionada con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la Innovación que es responsabilidad de las comunidades autónomas. Con el adiós a las competencias en manos de Educación, ya perdió la mitad de su edificio y la otra mitad se quedó con ventanas al Ministerio de Industria. Le ha dicho adiós a su proyecto de un ‘super CSIC’. Tuvo que encajar que De la Vega vistiera de poco más que “transversal” su ministerio. Y aunque ha intentado varias rondas de acuerdos y juraba tenerla a la mesa del sector antes de septiembre, Moncloa no le ha dejado aún ‘emplatar’ la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología, que sustituirá a la vigente de 1986.

Sebastián, que se jugó a ‘primera sangre’ con Garmendia los presupuestos, el diámetro del I+D+i y las costuras de sus ministerios, se ha asegurado de tener sólo bajo su mano la industria aeroespacial, de dejar sin flecos del CDTI a Ciencia y de que -Zapatero dixit- la I+D+i busque una cara má s industrial. Gabilondo desde ahora tendrá además las riendas sobre la I+D+i de la educación. Garmendia atesora su Secretaría de Estado de Investigación y hace ondear sus escudos presupuestarios. Sólo el Plan E -que el año pasado le puso a tiro 400 millones de euros- y el Fondo de Economía Sostenible le permitirán que ‘encaje’ una ecuación en la que, a pesar del tijeretazo inicial del 15%, pueda cumplir sus nuevas promesas: que las inversiones públicas crecerán en el 2010 en torno al 10%. Pero la letra pequeña no está en sus manos. Salgado, si puede, cortocircuitará Agencia. Cuando le ‘amputaron’ el tentáculo universitario, De la Vega ya le advirtió que el suyo era un ministerio, como mucho “horizontal”, que debía trabajar con la vista puesta en Medio Ambiente, Educación, Economía y Hacienda, pero sobre todo Industria. Hoy, si fuera por las dos vicepresidentas, podría ser sólo un vestíbulo de paso a otras carteras.

Garmendia se abraza a nuevas banderas, habla de su propio proyecto, el ‘pentágono de la innovación” y sólo tiene ojos para 2015, el año al que ha pospuesto ahora la posibilidad de que España esté en el G-9 de la innovación. España impulsará durante su Presidencia el lanzamiento del Plan Europeo de Innovación y reforzará el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT en sus siglas en inglés) con el lanzamiento de las primeras Comunidades de Innovación y Conocimiento (KIC) y el avance en la definición de su agenda estratégica de innovación.

El Ministerio negocia con varias entidades financieras fórmulas para "prestigiar" el crédito a la innovación dirigido a las empresas y la nueva Ley ya ha pasado a llamarse, en el actual borrador, Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero sobre todo, la ministra busca refugio en sus ‘criaturas’ y vuelve a la sintonía vasca. Ni siquiera cuando le preguntan por el “cambio de modelo productivo” conjuga los verbos de la Ley de Economía Sostenible. Se ha entregado a sus ‘bolos’: desde hace más de dos semanas sólo viaja, le da la cara a ‘sus científicos’ y trata de llenar su ‘histórico’ con el lazo rojo de las inauguraciones. Garmendia ha anunciado la creación de un mapa de 58 instalaciones científico-técnicas singulares, en colaboración con las comunidades autónomas, que movilizarán una inversión de 3.800 millones de euros hasta 2025.

Pero respira aún por las heridas de sus proyectos estrella: las  demoras del nuevo supertelescopio del Instituto Astrofísico de Canarias -que tras las importantes inversiones previas tenía que estar dando el ‘do de pecho’ para iniciar su explotación- y la falta de partidas en los PGE para el Centro de Espaliación de Neutrones, lejos de los 180 millones de euros que requería, dejan en el aire al menos su calendario ahora que Garmendia consiguió sellar las paces con el PNV y la Universidad del País Vasco y que despejaba el Parque Tecnológico de Bizkaia para su estreno.

OTRA ‘MORDAZA’ PARA SINDE

Zapatero no le perdona a Sinde que le haya manchado el bautismo de su ‘criatura’ sostenible. Le ha puesto, de nuevo, las ‘mordazas’ que le colocó en agosto para apartarla de cualquier contencioso sobre los contenidos digitales. La de las comparecencias, le marca a la ministra el ‘mejor no meneallo’ con la regulación de los contenidos de internet. No habrá presencia de la ministra en la última sesión de control del año en el Congreso, por más que el PP le pida aclaraciones. Tras la desautorización de Rodríguez Zapatero, no ha vuelto a hacer declaraciones ni aparecer en actos públicos y ya no volvería a rendir cuentas de su mandato hasta finales de febrero. Las explicaciones, desde ahora, quedan en boca del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el primero en ponerle ‘tentetiesos’ judiciales a los planes del P2P de González Sinde y de su Comisión de Propiedad Intelectual. “Cosas de agenda”, explica  la titular de Cultura.  Sólo De la Vega se ha atrevido a echarle un capote. Luego, el silencio para consumar un mes ‘horribilis’ que ha acabado con la paciencia y los planes de Sinde y con su sitio en el Consejo de Ministros. Nadie en Moncloa defenderá sus gestiones y las de Ignasi Guardans para rescatar de las sospechas de la Comisión Europea la Ley de Cine, que deja al sector sin ayudas en el primer trimestre del año. Y la Ley de Música -por la que clama el sector audiovisual- y los ajustes regulatorios específicos para los libros digitales en el mercado español han vuelto a la nevera de Cultura. Si salen de ella, no será con las llaves de González-Sinde.

No es la primera vez que la ministra se lanza a destiempo y sin guión. Se zafó de la ‘mordaza’ que Moncloa y la SETSI le impusieron, esa con la que Industria le impidió tocar los contenciosos de internet’ desde la polémica de septiembre. La neutralizaron con la nueva Comisión Interministerial con varios ‘pilotos’, pero la ministra no quiso que ‘internet’ siguiera siendo un tabú en sus discursos, regresó a la retórica contra las descargas de archivos a contrapié de las consignas de Francisco Ros, con su propio guión. Sacudió las aguas que Moncloa no quería agitar para no ahogar en ellas las expectativas de un acuerdo de última hora entre la Coalición de Creadores y Redtel. Y se ha atrevido a entreabrir de nuevo la ‘caja de Pandora’ del canon digital, a prometer la persecución de 200 webs de descargas y a hacer suya la sugerencia de la industria de creadores de buscar sitio para una tasa a la banda ancha. Aún recuerdan en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la CMT su último ‘delsliz’ (antes de éste), su promesa de rebajar los precios del adsl español, con propuestas de apellidos prestados y facturas ajenas. Los desencuentros de Ángeles González-Sinde con Bruselas la han colocado ya en la galería de la Comisión de las ‘bestias negras’ de la regulación de internet que Vivianne Reding le deja de herencia a Kroes. Y todavía resuena en los oídos de Zapatero y de Vivianne Reding el “asustante” con el que la ministra resumió la circulación de los libros en la red.

Zapatero aún no sabe cómo ‘sacar la pata’ de Sinde de la Ley de Economía Sostenible, sólo que ha tenido que plegar la vela mayor’ de la nave ‘antipirata’ de la ministra y dejar que sus propios compañeros de partido y del Consejo de Ministros le enmienden la plana en la galería pública. González-Sinde coló su ‘criatura’ (un gendarme administrativo con el que llegar, sin intervención judicial, allá donde los tribunales no han querido hasta ahora: al bloqueo de las webs de enlaces y los proveedores de servicios de internet) por la puerta de atrás de la LES, a última hora, sin que en Presidencia (lo confiesan) pudieran revisar dos veces su letra pequeña de la disposición final. Moncloa trata de que el ‘affaire Sinde no salpique en Bruselas, pero Zapatero no sabe aún cómo resolver la regulación de las descargas, reformar el texto de la LES, o congelar su decisión mientras llega el informe definitivo de la Comisión Interministerial para la Propiedad Intelectual.

Amasa la calma del anteproyecto y del informe final de la Propiedad Intelectual, estaba ya listo para pasar de la Comisión al Congreso, pero agotará el tiempo, puede esperar al 31de diciembre, quiere que sea, como pronto a la vuelta de Copenhague, con Presidencia, de la Vega y Sebastián en ristre.  Y han devuelto bajo la mesa otra vez la ‘lista negra’ de 200 webs ‘piratas’ de la Coalición de Creadores que Sinde prometió abanderar. Ahora, en Moncloa, lo único claro es que quién sabe. Presidencia y Ferraz barajan otra vez los cambios, esta vez lo vigilan muy de cerca. Zapatero promete exigir la intervención judicial para el bloqueo de páginas de internet y no tocar a los usuarios particulares, pero al esquivar la pauta de Sinde choca de nuevo con los muros del colectivo de internautas: augura cortes a las “webs con contenidos ilegales”, aún a riesgo de emprender un viaje a ninguna parte y de topar con los mismos muros jurisdiccionales donde hasta ahora todos los tribunales no han encontrado delito.

Sólo el entorno de González-Sinde se atreve a conjugar la letra pequeña de un viaje a ninguna parte en el que la ministra no ha estado sola, ni tan lejos de Moncloa. La ministra ha dejado en evidencia mucho más que su poco sentido de la oportunidad. Cuando González-Sinde comenzó a dejar ver los flecos de la disposición final de la LES, el texto ya había pasado por cuatro ministerios y superado el el cedazo de Presidencia. No fue otro que José Enrique Serrano, director de Gabinete del Presidente del Gobierno y 'mano derecha' de José Luis Rodríguez Zapatero el que lo avaló -y hasta lo apadrinó según algunos- y no fue otro que el ministerio de industria el que lo filtró a los medios. Además, como recuerda el presidente de la Asociación de Internautas, hasta tres veces el Gobierno ha intentado  cerrar páginas webs sin permiso judicial.  “La primera vez fue durante la tramitación de la LISI, articulo el artículo 17 bis, y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a intentarlo con el “Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet". Ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada de contenidos de la red sin control judicial alguno. La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas”.

Sinde prometía –antes de abrazarse al silencio- que su ministerio seguirá “abierto a escuchar”, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra.  Ya no habrá, después de Navidad, la ronda de reuniones que Sinde prometió con el colectivo de blogeros e internautas, nada de una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones. La ‘última palabra’ de Zapatero es el “no a todo”, la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Si fuera por el presidente, "no se va a cerrar ningún blog ni ninguna web". Y los detalles ya no están a mano de la ministra de Cultura.  Le pisa, además, los talones la Asociación de Internautas. La Oficina de Conflictos de Intereses archivó en julio una denuncia contra ella por ser conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado en el cine. Pero ahora la Asociación de Internautas llevará a Angeles González Sinde a los tribunales ordinarios para que explique los 10 millones de euros en subvenciones recibidos como cineasta y guionista -incluyendo casos como el de Recóndita Armonía, que no llegó a realizarse- y también las ayudas concedidas al sector desde que Zapatero la nombró ministra en abril. Lo harán ante el silencio de Moncloa, que no conjuga ya ninguno de los verbos de la ministra.

ZAPATERO LE DA ‘CARBÓN’ A SEBASTIÁN

Ni en Moncloa ni en Ferraz se disimula ya el malestar con la ‘solución de Zapatero’ al carbón. El ministerio de Industria, el de Medio Ambiente y hasta la embajadora ante la OCDE, Cristina Narbona, sólo tienen ojos para el precedente galo que hace tiempo dejó de subvencionar la producción eléctrica con carbón. Sebastián digiere aún a duras penas los desagravios de Zapatero en la Ley de Economía Sostenible y los números de su política energética: mientras el Gobierno dotará con 967 millones a la partida de 2010 del Plan de la Minería del Carbón entre 2006 y 2012, se mantendrá una reserva estratégica de carbón nacional que garantice la continuidad del sector y se sigue ahondando en el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, sólo se reservarán 50,98 millones para la seguridad nuclear y se destinarán, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), otros 67,09 millones al Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2010.

El ministro discutió el Plan del Carbón hasta 2012 y le ha dio la espalda, en sus primeros ‘hervores’ al Real Decreto que Moncloa pactó con las eléctricas. Se negaba ante Moncloa y sus ‘números dos’ a convertir a las grandes eléctricas (principales clientes de las empresas mineras), en el salvavidas del carbón nacional, más ahora que el horizonte de Industria a medio plazo pasa por reducir las primas a las renovables. A Marín y al director general Hernández (a pesar de su inexperiencia confesa), Sebastián los dejó a solas en el Congreso con el nuevo plan energético para 25 años a cuestas, a solas en la Comisión de Seguimiento al Plan y al Decreto. Había decidido no sentarse a ninguna mesa con el sector y sacarle los colores a la gestión local de las ayudas al sector minero para explicar los 800 millones de euros sin ejecutar.

Pero a Miguel Sebastián Zapatero le ha vuelto las lanzas de su rebelión minera. Está dispuesto a llevar hasta la última consecuencia el ‘credo de Rodiezmo’ que proclamó ante sus vecinos leoneses y darle cuerda al consumo de carbón nacional, en contra de las recomendaciones de sus consejeros de cabecera y a contrapié de un calendario que le marca en rojo la Cumbre de Copenhague y la presidencia española de la Unión para convertirse en abanderado europeo del combate al CO2. Para empezar, con la rendición ante los Veintisiete: lo obliga ahora a incluir de nuevo entre sus prioridades para la presidencia española de la Unión la elaboración de un nuevo reglamento (el actual expira en menos de un año) que garantice las ayudas comunitarias al carbón autóctono a partir del 1 de enero del 2011 y dé estabilidad al sector en el medio plazo, las dos promesas que Rodríguez Zapatero en persona repitió más de tres veces durante los últimos tres meses. Moncloa acelera ahora la gestión del Real Decreto de incentivo al consumo del mineral autóctono por el que Industria prefería esperar a tener más consenso, (pasar Copenhague, llegar a la presidencia de turno europea y haber solucionado el déficit de tarifa y la ‘guerra’ con los reguladores).  A Zapatero no le importa, no habrá marcha atrás, por más que los recelos de la CNC y la CNE retumban aún sobre los muros de Bruselas.

Aunque Industria asegura que el borrador normativo incluye los mecanismos necesarios para que las ayudas no provoquen interferencias en el mercado ni en la fijación de los precios, la CNC descuenta que el decreto del carbón podría generar “graves distorsiones” (a la formación de precios de mercado, en los costes del sistema, los  incentivos a la inversión y al comportamiento estratégico de los agentes),  costar hasta 1.200 millones,  elevar los costes de generación hasta un 20,73% y afectar al consumidor final. En cualquier caso, el impacto en el mercado es evidente. La CNE calcula que las tarifas de acceso -que representan en torno al 50% de la tarifa final- deberían subir en enero un 17,9% si se aplica el decreto, frente al 13,5% sin su aplicación.

En su informe, la CNC reflexiona además acerca de la utilización del término "carbón autóctono" como producto al que se dedican los incentivos del real decreto, y da por hecho que la expresión se refiere al carbón nacional, y no al carbón comunitario, como la Comisión Europea ha determinado en alguna ocasión. Sebastián, a cambio de entonar su nuevo mantra (“asegura que el mineral "no es el malo de la película del C02" y pide que su uso "no se criminalice") sólo ha conseguido que se olviden de él para negociar  ante los reguladores. Con Europa será otra cosa. Ya sabe -lo ha recordado Elena Valenciano- que tendrá que remar a contrapié de los socialistas europeos: la consigna recién salida de Praga no conjuga el carbón más que lo inevitable. Y que la reunión del Director General de Energía, Antonio Hernández con la CNC no ha servido para calmar los recelos del regulador. Industria ha cambiado además el reglamento y permite a Hunosa recibir fondos mineros para crear suelo industrial. Y Sebastián en persona, ha vuelto a desenterrar el proyecto de la línea Sama-Velilla- que cuenta con el rechazo de todos los partidos políticos leoneses- y está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental y que prevé la unión de Red Eléctrica Española desde Asturias a Palencia a través de la montaña central y oriental leonesa.

La LES iba a ser el bautismo de un nuevo modelo de ahorro y eficiencia energéticos. Tanto que el propio Miguel Sebastián lo hizo valer cuando, dos  años después de que prometiera hacer de su Plan Nacional de Ahorro Energético hasta 2011 el equivalente al doble de la potencia nuclear española, la AIE le ha sacaba todos los colores.  Moncloa  ha vuelto a demorar la Ley de Eficiencia Energética que esperaba potenciar al amparo de  la Sostenible. No cree en las promesas del ahorro energético de Sebastián. Reedita los mismos objetivos del 20/20 que no tiene más remedio que asumir al calor de los compromisos de la UE -reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 y un 20% de renovables el mismo año-.

Su única medida, la contención de la temperatura de los edificios  públicos y los establecimientos comerciales entre 21 y 26º, llega precedida del repudio de la patronal del comercio y las sospechas de los analistas y los ecologistas. Hasta ahora ninguno de los tres pilares más personales del ‘edificio’ de su Ahorro Energético -el Movele, las bombillas de bajo consumo y las empresas de servicios energéticos- han sido suficientes para sacar a España del penúltimo lugar, a la cola de la eficiencia energética mundial, sólo seguido por Polonia entre los 28 países avanzados que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía. España -paradojas de la avidez del ministro- España es el campeón de la puesta en marcha de nuevas medidas -un 70% de las políticas están al menos, planeadas- pero uno de los últimos de la clase en su cumplimiento, apenas un 10% del total. Ya le habían advertido los analistas, en las mismas aristas que ahora la ley Sostenible se limita a reeditar: sus planes no tienen señales de precio al consumidor y la mayoría de sus propuestas están basadas en la buena voluntad de consumidores, fabricantes, y administraciones, poca regulación, incentivos y multas.

Sebastián ha tenido que echar parches a las renovables y la Ley de Economía Sostenible no cambiará eso, tendrá que seguir estirando los ‘parches’: de las energías verdes, ya lo ha hecho con 8.000 Mw nuevos para la eólica y la termosolar hasta 2013. Miraba al Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010. La luz roja de su final era para el ministro el ‘ahora o nunca’ de una nueva regulación global y definitiva de las renovables. El Ministerio no ocultó que buscaba ponerle coto al sistema de primas, al menos a ese mapa de expectativas que contribuyó a generar el boom fotovoltaico. Pero la ‘guerra’ de las termosolares, las presiones de las grandes multinacionales y las órdenes de Zapatero -sólo con ojos para el objetivo del 20% de la UE en 2020- han podido más. Industria dilata el tiempo y aplaza, nuevamente, el nuevo marco retributivo para las tecnologías renovables no incorporadas en el Registro de Preasignación.

La LES sólo ha servido de ‘atajo’ para aparcar la regulación de las centrales nucleares que Zapatero prometió en julio, hacer ley de sus aspiraciones ‘de facto’ y tratar de consumar el techo de la “vida útil” de los reactores  atómicos en 40 años. Salvo que concurran “situaciones excepcionalesw” –como hasta ahora- que la Ley no define si deberá fijar el CSN o Industria. A Sebastián, además, la Ley lo ha dejado huérfano de cualquier amago de fiscalidad verde. Y ha tenido que rendir buena parte de sus aspiraciones para los reguladores que dependen de su ministerio.  Ha podido aprovechar el impasse de la interinidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el bautismo de la Ley Sostenible. La ley de Economía Sostenible no se lo pone fácil a las ‘joyas’ de Sebastián: las renovables, el ahorro y la eficiencia energéticos, las TIC, el sector exterior y el coche eléctrico.  El Movele no tendrá ni un euro más de presupuesto, sólo rebajas fiscales para los usuarios que coloquen en sus casas puntos de recarga eléctrica.

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