edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
19/09/2009

Zapatero forzará a las autonomías a involucrarse en la subida de impuestos

Xavier Gil Pecharromán
Zapatero se ha planteado en los últimos días la necesidad de que las comunidades autónomas suban sus impuestos y rebajen sus gastos para colaborar en el recorte del déficit público, aunque los Gobiernos regionales se han mostrado reticentes a desgastarse en un esfuerzo de aumento de la presión fiscal.

De entrada, el Gobierno prevé que las autonomías van a recibir un 17 por ciento menos en 2010 año que este ejercicio como consecuencia de la caída de la recaudación, que no tuvo reflejo en las entregas a cuenta de los impuestos que gestiona el Estado.

En la cumbre anunciada por el propio Zapatero, el Gobierno se plantea la necesidad de exponerles a los presidentes autonómicos que quiera recursos para salvar los números rojos de sus cuentas tendrá que usar los instrumentos que subir sus impuestos propios y cedidos y recortar los gastos.

Para ello, junto con el incremento de  la cesión recaudatoria del IRPF, que tiene previsto en el nuevo sistema financiero el paso desde 35% actual hasta el 50%, se les va a recordar a los Ejecutivos  autonómicos que han aumentado también su capacidad normativa para modificar los tipos, los mínimos, las deducciones y cuantos instrumentos fiscales precisen para elevar sus ingresos.

El otro frente abierto estos días, el de la negociación del apoyo de los partidos de izquierda a los Presupuestos Generales, ha servido para avanzar poco. La ministra Salgado se ha limitado a tomar nota de las demandas que ya conocía, tanto de IU como de ERC.

Salgado tan sólo les ha dejado entrever que  el Gobierno se plantea una subida de dos puntos en el tipo que grava las rentas del ahorro, que pasaría del 18% al 20%; de dos puntos en el tipo general del IVA (del 16% al 18%) y que las modificaciones sobre los impuestos especiales están aún sin determinar.

Tampoco se ha aclarado a que niveles de renta afectará la desaparición de la deducción de los 400 euros o si desaparecerá definitivamente, ya que esta medida es una de las que más fácilmente pueden utilizarse para darle un aspecto de progresividad a la subida impositiva, aunque sus efectos económico lleguen a ser testimoniales.

La supresión de la deducción de los 400 euros afectaría a más de 12 millones de contribuyentes, un 66,7% del total, según sostiene un informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que discrepa de que la recaudación por esta eliminación sume los 6.000 millones de euros, cifra que según sus cálculos, sitúa en 4.514,1 millones.

Tanto IU e ICV como ERC han exigido a Salgado en las reuniones celebradas esta pasada semana, que Zapatero sea coherente con el anuncio que realizó de que se gravarían las rentas más altas y de capital.

En estos primeros contactos no se lo han puesto demasiado fácil a Salgado, puesto que la han advertido que la subida no de hacerse a través de los impuestos indirectos, que afectan fundamentalmente al consumo, y que consideran que no son progresistas, porque afectan por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos.

Estas formaciones han comentado a Salgado la conveniencia de centrarse en una subida impositiva para las rentas más altas y para las sociedades de inversión de capital variable (Sicav).

Mientras tanto, el Gobierno sigue cerrando filas para evitar que haya voces discordantes en el Gobierno o en el PSOE, para evitar el desgaste de imagen que han sufrido en los últimos meses. Por ello, no se espera que nadie vaya a elevar una voz crítica en la reunión del Comité Federal que los socialistas celebran este fin de semana, a pesar de que los representantes de la corriente Izquierda Socialista han anunciado que ya que se discute la subida de impuestos con los grupos parlamentarios, es necesario un debate interno en el seno del PSOE sobre una reforma fiscal progresiva.

Sin embargo, esta reforma deberá quedar aplazada, del mismo modo que ha quedado pendiente de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible la promesa realizada a los partidos de izquierdas por Salgado de que se va a revisar la tributación medioambiental. Asunto que no quiere incluir en la negociación de los Presupuestos Generales de 2010.

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