edición: 2593 , Lunes, 12 noviembre 2018
01/12/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Zapatero hace sitio a la SEPI en el viaje a ninguna parte del litio boliviano

Sin Ley Minera, Comibol no avanzó ni en el laboratorio del litio; necesita 902 millones de dólares y las reservas sólo aportan 118
Abren un acuerdo entre la SEPI y Comibol allí donde París, Seúl, Pekín y Tokio pincharon durante cuatro años y sin la nueva ley de inversiones
Moncloa dará por inaugurada una nueva etapa bilateral sin alusiones a la estatalización de la AFP del BBVA, o las amenazas a REE e Iberdrola
Ana Zarzuela

Miran los destellos del mayor yacimiento del mundo y sus 9 millones de toneladas métricas -aunque el Ejecutivo boliviano dice que el Salar de Uyuni podría tener 100 millones- y Morales y Zapatero comparten embeleso. Moncloa respira por su Plan Integral del Coche Eléctrico y busca sitio para la SEPI allá donde Bolivia acaba de darle portazo -tras años de negociaciones- a una decena de compañías para explotar, industrializar y comercializar las mayores reservas del mundo; justo ahí donde ensaya de nuevo pactos sólo genéricos con Tokio, Seúl, Pekín y Madrid, para que peleen la alianza con la estatal Comibol en la última fase de su proceso: la industrialización de baterías, sin aspiración de reservas y con la cesión de patentes. El presidente boliviano se mira al ombligo de los primeros depósitos mundiales de litio -50% del total, según EEUU y un 70% según su administración- pero ni las promesas de una planta de industrialización, ni el vencimiento de la fecha en la que el Gobierno esperaba tener concluida su fase de laboratorio -hoy aún al 60%- han sido suficientes.

Bolivia, que proclamó su ‘revolución del litio’ de mayo de 2008, no tiene ni un plan de explotación viable, ni menos aún de industrialización. La SEPI se sube a la locomotora de un tren aún sin raíles. Ahora que la estatal YPFB ve reducidas a la mitad sus reservas gasistas, necesita nuevos ‘grifos’ en dólares y Morales vuelve las intenciones a la minería con un nuevo esquema nacional -el único en realidad-, que prevé hacer de Bolivia en tres años el primer productor y exportador mundial. Nada que no hubiera anunciado ya desde que llegó al Palacio Quemado. Nada que, a la vista de los 902 millones de dólares que debían nutrir las minas de litio y las nuevas explotaciones en el Potosí- esté al alcance de la Administración boliviana.

Repisa los pasos de Trinidad Jiménez: Zapatero quiere hacer ver un acuerdo marco con España para explotar el litio andino y de la SEPI la mejor prueba de que el riesgo de las inversiones españolas en Bolivia está controlado. Pero con Japón, el único acuerdo marco que Evo Morales ha podido salvar, tras la quiebra de las negociaciones con las multinacionales asiáticas, es un compromiso genérico con Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (Jogmec) para “apoyar al Estado boliviano en la puesta en marcha de la industrialización del litio”. Un horizonte -sólo científico- similar al que ha podido rescatar con la gala Bolloré. La Jogmec, Mitsubishi, Sumitomo (ya opera en Bolivia a través de San Cristóbal, en la mayor mina de plata y zinc del país) y la Universidad de Kita-Kiusyu, entre otras, apoyarán al comité científico boliviano y enviarán expertos en el desarrollo y aprovechamiento de los recursos evaporíticos, además de instrumentos y equipos necesarios para la producción de sales de litio y potasio en la planta piloto del salar de Uyuni aún en construcción. Eso es todo.

Ni siquiera la administración de Teherán y han conseguido mucho más que una carta de intenciones para  cooperar con el Estado boliviano aún por concretar y sólo para la etapa de industrialización, la obtención del carbonato de litio y otros productos industriales como baterías. Eso es, también, lo máximo a lo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) puede aspirar. Y no será a corto plazo. Morales quiere pasar la página al repudio de las compañías privadas mineras españolas a sus “carreras del litio”: después de un intento público por atraerlas al proyecto de Uyuní, desde el viaje de Morales a Madrid en 2009, La Paz no ha podido conseguir ni siquiera propuestas concretas. No por falta de interés en el litio. Como desvelaba el empresario azteca Martín Sutti, ahora que México está entre los cuatro mejores destinos de explotación del litio según los informes de Metals Economics Group, un grupo de inversores españoles expertos en commodities -entre ellos los impulsores del Santander en su primer desembarco en el mercado azteca- acaban de acordar la operación con Litiomex en Zacatecas. Nada que puedan reproducir en latitudes andinas.

ACUERDOS CON LA SEPI COMO MUESTRA DE TRANQUILIDAD
El Presidente Zapatero vuelve ahora, a las puertas de la Cumbre Iberoamericana a la que finalmente no acudirá, tras los pasos que Evo Morales intentó despejar desde su primer viaje oficial a Madrid, hace más de dos años. Bajo la indicación del vicepresidente Álvaro García Linera Bolivia busca desde entonces los apellidos de alguna empresa española para compensar el portazo de las coreanas, las francesas y los recelos de las chinas y las japonesas. Ahora podrá verlo, negro sobre blanco, por primera vez en el acuerdo marco que el Presidente del Gobierno tenía previsto sellar el 2 de diciembre, durante su primera visita oficial a La Paz y que ahora ambas Administraciones adelantarán sin foto oficial, a la espera del viaje del Presidente español, en una fecha aún por concretar.  La sintonía con la SEPI es, para Zapatero mucho más que el ‘billete’ ibérico en una futura carrera del litio: promete aprovechar las 15 horas de su paso por la capital andina para desgranar otro guiño de calma con el Palacio Quemado. Lo que en Asuntos Exteriores llaman el nuevo modelo de “diplomacia empresarial” española, que ya se ponía de largo en la primera gira oficial de Trinidad Jiménez, hace apenas dos semanas, con un acuerdo de 445 millones de euros en inversión para el desarrollo, salud e infraestructuras bolivianas durante el próximo quinquenio, a cambio del espejismo de la seguridad jurídica para las empresas españolas.

“Nada de temores”, "Bolivia quiere a las empresas españolas", proclamaba Jiménez en la misma rueda de prensa en la que Choquehuanca recordaba -por si acaso, de nuevo- el lema de Morales: “necesitamos socios, no patronos”. Nada, en realidad, que no escuchara ya el propio Zapatero de boca de Evo Morales. Lo hizo en septiembre de 2010, durante su visita oficial a Madrid, con el mismo mantra que revive ahora a domicilio. Nada se mueve, promete el Ejecutivo boliviano al que no sólo es su primer aliado en cooperación, con 75 millones de euros al año (desde 43 millones en 2006), sino su segundo inversor, con más de 1.000 millones de euros durante los últimos cinco años. Nada que no hubiera jurado ya en 2009 a Moratinos, a cambio de la condonación de la deuda. Nada que no renueve esta vez ante el mismísimo presidente Zapatero, por más que la recámara del presidente boliviano ya se baraja una nueva Ley de Inversiones -de la que solo sabe que espera mayor aporte fiscal y transferencia de tecnología-, reparte órdenes para que la estatal ENDE profundice su proceso de estatalización eléctrica y haga sitio en ella a la venezolana Corpoelec y advierte de que es cuestión de semanas la reforma de la Ley de Pensiones y, con ella, el monopolio de una nueva Gestora Estatal, sin sitio para la AFP Previsión BBVA. Una ‘contrariedad’ -por más que en el BBVA calculen que el impacto en sus cuentas será “marginal”- con la que Zapatero no quiere ‘empeñar’ su periplo por el Cono Sur.

En la trastienda de la foto de la SEPI y la empresa estatal minera Comibol laten los desencuentros de Bolivia con las inversiones españolas y las amenazas de los planes estratégicos de la ‘revolución bolivariana’ de Morales. Nada que en Moncloa vayan a incluir en un discurso oficial que habla de una “nueva etapa” en las relaciones bilaterales. Pero sólo la dificultad de la corporación pública Ende para digerir las tres generadoras incautadas en mayo -Guaracachi, Valle Hermoso y Coraní- garantiza que REE e Iberdrola seguirán intocadas, a pesar de la promesa en mayo de estatalizar el 80% de todo el sistema eléctrico y pasar, en la segunda fase, a digerir distribuidoras y transportadoras. Y sólo las presiones de los asesores del Palacio Quemado y sobre todo del vicepresidente García Lineras por calmar a los recelos de un mercado de valores que tiene en las AFP a su mayor inversor, las que han convencido a Morales para no eliminar de golpe a las dos aseguradoras privadas del sistema de pensiones que hoy controlan el 100% del sector, 1,2 millones de clientes. Lo harán gota a gota, en un proceso de transición en el que -a contrapié de los silencios de Moncloa- el gobierno de García Linera trata ahora de quedarse no sólo con el total de los aportantes de la AFP gestionada por los de Ángel Cano en Bolivia, sino con su modelo de gestión informática y el software de gestión de fondos, registro de activos y de inversiones de la AFP BBVA Previsión y Zurich Futuro.

Busca el freno y marcha atrás y resucita su ‘cuento de la lechera del litio’, de momento con Pekín, Teherán y Madrid. Lo necesita. Evo Morales empieza a reconocer que cuenta sólo con la tercera parte de los 26, 7 tpc de reservas previstas y no podrá sostener la llave del suministro a Brasil y Argentina, ni impedir que el GNL de Chile, Argentina, Uruguay y el futuro de Brasil prescindan de las reservas bolivianas. Por eso, ahora que busca consuelo en los ingresos mineros para Bolivia, intenta recuperar sus expectativas para el litio: el portazo a una docena de multinacionales que no se plegaban a sus exigencias ha dejado sobre su mesa la evidencia de que tendrá que invertir a solas más de 900 millones de dólares, aunque en cinco años no consiguió ni la planta experimental y de que su repudio sólo se lo pone más fácil a sus competidores y vecinos: al calor del impulso chino, las grandes compañías del sector han comenzado todas a sellar contratos con Buenos Aires y Santiago -que tienen 3 millones de toneladas métricas y 1,8 millones de reservas de litio respectivamente, las terceras y las cuartas reservas mundiales, tras Australia y China, que se atribuye 10 millones de tm-. Chile permitirá una concesión de litio; Argentina, los acuerdos con Toyota que Bolivia no quiso: las dos controlarán el 40% de la producción, con las reservas que tienen y calculando que en 10 años la demanda mundial será de 330.000 toneladas métricas por año, pueden abastecer solas al mundo por casi dos decenios. Al fin y al cabo, aunque aún su nivel de explotación sobre reservas es ínfimo, ya suplen casi la totalidad de las importaciones de litio estadounidenses -el 61% Chile y el 39% Argentina durante el último año-.

Japón ya ha empezado a hacerse sitio en todas las fases del proceso del litio -sobre todo la fabricación de baterías- tras el reciente acuerdo de Toyota para sumarse, junto a la australiana Orocobre Ltd.  a la explotación de un yacimiento en la provincia argentina de Jujuy a través de Toyota Tsusho -tercera comercializadora mundial de litio- y la producción de baterías para coches desde 2012. El respaldo del Ejecutivo de Tokio, con créditos baratos, les permitirá -tras la inversión inicial de 120 millones de dólares- adelantarse a sus competidores chinos y -repetir- si puede, el modelo de participación en Chile. Hoy la materia prima sólo representa el 5% del coste de una batería, pero con sombras en sus planes para televisores y otros aparatos electrónicos, los fabricantes de baterías japoneses se han lanzado al impulso de batería de ión de litio y saben que el 90% de los recursos que necesitan están en el Cono Sur Americano y que sólo en ellos, bajo la superficie de salinas, su extracción es más asequible y todo el proceso mucho más barato.

En los despachos del viceministro boliviano de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdoba, sólo tienen ojos para las que consideran las mayores reservas mundiales del mineral (100 millones de toneladas métricas) y las estimaciones de la empresa minera australiana de litio OroCobre, que indican que la demanda del metal -hoy es de unas 110.000 tn anuales- puede triplicarse en el próximo decenio ante el auge de productos electrónicos portátiles y de los coches ‘enchufables’, llamados según sus previsiones a alcanzar ventas de baterías por 103.000 millones de dólares al año en la próxima década. Sus cuentas, a la vista de una demanda de litio que se incrementa entre 20 y 25% al año con precios que se han cuadruplicado ya en una década, apuntan ya a generar 252.000 dólares mensuales, exportando 40 toneladas por mes, de acuerdo con el plan presentado por el Gobierno en octubre.

Ahora que promete nada menos que abastecer al mundo de litio “durante los próximos 5.000 años”, se ‘bebe el cuento de la lechera’ en tres fases: desde principios de año, debería comenzar la producción de 40 toneladas de carbonato de litio y 1.000 de cloruro de potasio al mes; en 2013, una vez que Uyuní esté produciendo 30.000 tm de carbonato anuales, desarrollará la tecnología nacional para fabricar baterías de litio; y, finalmente, en 2014, Bolivia comenzará a producir y exportar sus propias baterías para coches híbridos y eléctricos, con ingresos de retorno de 700 millones de dólares anuales. En los mapas del ministro sólo saben que, después de un año en el que ya la inversión internacional cayó un 49%, Bolivia necesitará más de 902 millones de dólares de inversión para superar la primera fase -la mera explotación del mineral, la planta piloto-  y una cantidad aún sin cuantificar para la fábrica de baterías y que, aunque la ley 062, del Presupuesto General del Estado 2011 acaba de aprobar el préstamo a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el acceso a esas Reservas Internacionales Netas (RIN) sólo permitirá financiar 118,47 millones de dólares para la producción e industrialización del litio del Salar de Uyuní y que ni los más optimistas pronósticos del plan de operaciones de la Gerencia de Evaporíticos esperan una inversión oficial superior a 140 millones de dólares, al menos en los dos primeros años. Aunque el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia asegura tener ya la fórmula del carbonato de litio (la materia prima para la fabricación de baterías para coches eléctricos), en cinco años de ‘revolución bolivariana’, sólo ha conseguido enterrar el salar de Uyuni y sus 9 millones de toneladas de reservas.

Morales encadena las zozobras de sus nacionalizaciones. La del gas le urge a acelerar nuevos planes mineros, pero lo asoma al espejo de sus debilidades: ésas que hacen que, hasta ahora, sean sus vecinos chilenos y argentinos los que utilizan el gas de YPFB para impulsar su propia industria minera. Para Bolivia, la industrialización, sólo serán posibles con más gas y ya no dispone de él. No son sólo los estudios de Rebecca Hollender y Jim Shultz los que advierten que para fabricar baterías debe primero separare de otros minerales (la única etapa que el Gobierno boliviano da por superada) y después transformarse en carbonato de litio, una mezcla química de calidad de pureza superior a 99,5% y ese desarrollo tecnológico requiere alta inversión en la que ya han avanzado Chile y Argentina para explotar sus salmueras. Por ahora, sólo el cloruro de potasio, -un fertilizante-, ya llamó la atención de los gobiernos de Brasil y de Venezuela, que hicieron sus pedidos, de acuerdo con el gerente nacional de Recursos Evaporíticos de la Comibol, Alberto Echazú.

MORALES Y COMIBOL, SIN MAPAS VERACES PARA EL LITIO

La contraparte boliviana de la SEPI, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), aún no ve claros ni su propio marco regulador, ni el modelo de convenios para todo tipo de explotaciones mineras, ni los planes de industrialización, menos aún los del litio. Es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), la primera que denuncia ahora, a las puertas de la nueva regulación, que el Gobierno no supo aprovechar el alza de los precios de los minerales, no aprendió nada de la crisis económica de los metales en 2008 (que provocó el desplome del zinc y el estaño localres), ni supo aprovechar ahora la bonanza minera para controlar la producción de las grandes empresas, aumentar las recaudaciones por concepto de regalías y utilidades y proyectar la reinversión en la actividad minera.

Hasta el portavoz en el Senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) (el partido oficialista) y presidente de los cooperativistas del país, Andrés Villca, le recuerda a Morales que el Ministerio de Minería y Metalurgia se “descuidó” en la conclusión del proyecto de nueva Ley de Minería, con su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y su promulgación, prevista hasta el 6 de diciembre como fecha límite para la migración de concesiones mineras a contratos con el Estado. No se presentó a los operadores mineros ni el borrador de la ley. Bolivia aún tiene desde hace casi un lustro estancado el mayor yacimiento de hierro del mundo, amenaza con barajar de nuevo la mayoría de las concesiones mineras -que concluyen en diciembre-, enfrenta el desafío hasta de su propio Ministerio de Minas -que exige un Plan Nacional y una inyección inmediata de 1.000 millones de dólares en 2011 para aprovechar el auge global del sector- y reconoce, por primera vez, que sólo 17.000 millones de inversión y al menos otro lustro de espera salvarán algún plan de industrialización que hasta ahora no ha podido ver la luz. Tanto que las autoridades de Potosí -la región en la que están enclavadas las reservas de litio- piden al gobierno boliviano la creación de una nueva empresa que se haga cargo de la explotación de los recursos evaporíticos de Uyuni y la industrialización del mineral al margen de Comibol (que sigue funcionando discretamente, con poco personal y escasa explotación de los yacimientos mineros que poseía) a la que hasta ahora Potosí se había opuesto históricamente.

Morales mira a las reservas de 40 millones de toneladas de los nuevos yacimientos de cobre descubiertos este mes por Comibol al sur de Potosí y Morales desentierra sus expectativas mineras. A la fuerza. Las del litio serán sólo periféricas. Hasta ahora, los ingresos minerales han supuesto la mitad del total en dólares, 1.327 millones, el segundo rubro en exportación, lejos de sus galones como uno de los líderes mundiales en yacimientos de litio, plata, hierro, oro, estaño y zinc, pero suficiente como para compartir con la explotación del gas -1.450 millones de dólares- el grueso de la financiación de las arcas públicas bolivianas. Nada que pueda seguir manteniendo, ahora que ya sabe que sus reservas gasistas son la mitad de los 26 bcm que preveía (un suelo que no permitiría ni cumplir con los 30 millones de metros cúbicos comprometidos con Brasil hasta 2019, 14 mmcd a Argentina hasta 2030, 3 TPC a Paraguay y Uruguay, más un mínimo de 1,5 para el consumo interno), que el descubrimiento de shale gas en Argentina puede consumar su independencia de Bolivia desde 2016 y que el Presidente Morales acaba de decir adiós a las expectativas de grandeza gasista a las que se aferraba desde que en los 80 el precio de los minerales se les desplomó.

Con la partitura de Hugo Chávez como brújula, el mandatario boliviano prometía el germen de una ‘revolución’ para hacer de Bolivia, tras las huellas de su ‘Potosí’ histórico, un nuevo oasis minero; la ‘Argelia’ latina -decían literalmente en el Palacio Quemado- y ‘la Arabia Saudita’ del litio mundial. Pero para alivio de México, de Brasil, de Chile y Argentina -que le siguen en reservas de litio, con un tercio del total mundial- o Perú, con 5.000 millones de dólares sólo en nuevos yacimientos de oro-, el presidente boliviano ha encadenado cinco años de nacionalizaciones, un corsé de restricciones a los inversores y el olvido de los planes estratégicos de las empresas públicas hasta ‘gripar’ sus yacimientos y situarse a la cola de la inversión extranjera directa, de espaldas a un boom que ha llevado a Latinoamérica, en el último año, un tercio de la inversión minera mundial. Aunque el ‘boom’ del cobre en todo el Cono Sur americano y el auge de los precios del estaño (10,77 dólares por libra fina, el mayor registrado en 69 años) y el zinc (0,98 dólares) han permitido a Bolivia un incremento de los ingresos por exportaciones del 46,8%  entre enero y julio de este año, la producción para la exportación ha caído en volúmenes desde 2008. La explotación de la minera San Cristóbal,  las perspectivas de los mayores depósitos de litio del mundo en el salar de Uyuni y los planes para el impulso de la producción de hierro del Mutún, con la india, Jindal le habían hecho anunciar allende el Atlántico una nueva edad dorada de los minerales bolivianos, bajo las riendas de la nueva empresa estatal Comibol, que nunca llegó. Hoy, ante las propuestas de empresas españolas, estadounidenses, brasileñas, francesas, rusas, chinas, coreanas y canadienses que han vuelto a llamar a las puertas del viceministro Héctor Córdoba con proyectos para nuevas concesiones mineras, en el Ministerio de sólo saben que se transformarán en contratos, con obligaciones en cuanto a las inversiones y la recuperación de los minerales y derechos “que tienen de explotar por tiempos determinados y en calidades y sujetos a todas las leyes de país”.

LAS MULTINACIONALES -ESPAÑOLAS TAMBIÉN- CAMINO DE ARGENTINA Y CHILE

Con la ‘fiebre del litio’ en máximos -es la piedra de toque del coche eléctrico y de sus baterías- y con la ventaja geológica de ser uno de los tres países -junto con Argentina y Chile- que concentran en un triángulo de 2.000 km2 el 90% del litio mundial, no parecía difícil hacerse con sitio. Por eso, Evo Morales se ha hecho de rogar hasta ahora con la expectativa de comenzar la explotación en solitario. Pero tres años después, la ausencia de acceso a ningún derecho sobre las reservas, el matrimonio forzoso con la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) -al 60%-, la obligación de invertir en el proceso posterior de producción industrial a domicilio (aunque no se den las condiciones) y ceder su know how y su tecnología  a Bolivia -sin derechos de retorno- espantan a sus futuros socios. Ni la firma de tres memorandums de entendimiento con Irán, Brasil y la coreana Kores, ni las propuestas de Mitsubishi, Suminoto Corporation, la china estatal Citic Guouan y la estatal Japan Oil, ni el compromiso con Nicolas Sarkozy de despejarle el acceso a Bolloré (primero a cambio de participación en su desarrollo industrial incluso en Francia y luego de la ‘paz’ con GDF y la nacionalización de la generadora Rurelec) le han parecido a la altura de sus ‘exigencias soberanistas’ a Morales. Menos aún, el repudio entonado hasta ahora por las mineras españolas: después de un intento público por atraerlas al proyecto de Uyuní, desde el viaje de Morales a Madrid en 2009, La Paz no ha podido conseguir ni siquiera propuestas concretas. No por falta de interés en el litio. Como desvelaba el empresario azteca Martín Sutti, ahora que México está entre los cuatro mejores destinos de explotación del litio según los informes de Metals Economics Group, un grupo de inversores españoles expertos en commodities -entre ellos los impulsores del Santander en su primer desembarco en el mercado azteca- acaban de acordar la operación con Litiomex en Zacatecas.

En sus ‘olvidos’ han comenzado a ponerse cómodos sus vecinos: pescan en los ‘exiliados’ de sus quimeras del oro. A la vista de la cerrazón boliviano, están dispuestos a trasladar sus propuestas a Chile y Argentina, al fin y al cabo -paradojas de la geometría global- en sus salares están las terceras y las cuartas reservas mundiales, tras Australia y China, que se atribuye 10 millones de tm. Lo han entendido en Chile, que reformará la Ley sobre Concesiones Mineras (que en los años 80 limitó para evitar las restricciones legales a las multinacionales para desembarcar en el Salar de Atacama y nutrir una industria a la que hasta ahora sólo aporta 12.000 tm anuales (un 43%), pero de la que espera un potencial de ventas por 3.000 millones de dólares. Ahora que acaba de sellar su fusión con la canadiense Sales Lithium, la australiana Talison Lithium, la tercera productora mundial (justamente tras las chilenas SQM y SCL Chemental, que controlan ya un 42% de la oferta total) acaricia ya la que será la primera concesión para una multinacional en el litio chileno, después de una década. Chile, otrora casi monoproductor de cobre -aún Codelco es su mayor gigante nacional, con beneficios semestrales de 2.500 millones de dólares- busca diversificar aún más una matriz minera que ya ha convertido a Chile en tercer productor mundial de molibdeno y sexto de plata, pero que aún no ha conseguido consumar los proyectos para ubicarlo entre los 10 primeros productores de oro (a pesar de inversiones ya en cartera de 8.000 millones de dólares en los próximos tres años- y tiene su mayor recorrido en la minería no metálica -ya tiene en su mano el 35% del yodo- con el litio como ariete.

No es casualidad, tampoco, que la canadiense Latin America Minerals -que ya en 2008 contrató a TRU Group- acelere sus proyectos de desarrollo de litio y potasio en la Puna argentina.  Argentina, que vende ya litio a EE UU, Inglaterra, Alemania, China, Rusia, Japón y Holanda -un 6,6% del mundial- tiene firmado un contrato de inversión de 170 millones de dólares con Mitsubishi para Salta y Catamarca. Si se confirma -como da por hecho la administración del presidente de la Xunta Gallega Núñez Feijoo- la instalación en Vigo de la cuarta fábrica de baterías eléctricas de Mitsubishi a través de Litium Energy, será de la tierra del tango, del Salar de Jujuy, de donde llegue el litio para la multinacional nipona, en alianza con la canadiense Latin American Minerals. El del Salar del Rincón será, junto a la nueva explotación chilena, uno de los tres únicos proyectos nuevo en producción en 2011-2012 al sur del Río Grande. Ahora que la Asamblea Nacional -a contrapié del Gobierno de Cristina Fernández- acaba de aprobar una ley para vetar las exploraciones en Tierra de Fuego, el litio está emergiendo como alternativa para un sector que, sólo durante los últimos siete años, durante las dos administraciones de los Kirchner, ha visto cómo las inversiones en la minería argentina crecieron un 1.000% y un 900% el número de nuevos proyectos, casi su totalidad bajo el paraguas de multinacionales canadienses, australianas o sudafricanas, hasta incrementar el aporte del sector al PIB de un 0,3% a un 4% en una década.

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