edición: 2472 , Miércoles, 23 mayo 2018
11/01/2011
Ahora busca compensar Garoña, contratos internacionales y enriquecimiento de uranio
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno

Zapatero, impasible, se entrega con firmeza a todas las contradicciones nucleares y al reparto de sus facturas

Se aferra al cierre de Garoña -un coste de 800 millones- pero repotencia Almaraz ya y las demás desde 2013
Se niega a nuevos reactores y a vida útil tras los 40, pero hace lobby con la SEPI en China e India
Contraría a EE UU: no renuncia a enriquecer uranio, pero Enusa se queda en una esquina en los planes de Berkeley Resources
Javier Aldecoa

Sostiene aún la enseña anti nuclear al son de la vieja consigna: no retratarse en decisiones atómicas. Un año y medio después de que De la Vega y Zapatero impusieran el cierre de Garoña en 2013 a contrapié del CSN,  Moncloa se niega a incluirla en cualquier paquete de una negociación con el PP que ya sólo Salgado mantiene en ‘coma’, y ni siquiera la estrategia a 25 años de la Subcomisión del Congreso cuestiona su cierre. En Industria ya sólo saben que España es el único de los treinta países con centrales que no prevé ampliar su parque. Pero bajo la mesa aprietan la evidencia de un déficit superior a 19.000 millones de euros y el recorte de objetivos renovables del 22,7 al 20%. El juego de manos de Industria y Moncloa desanda algunos errores, aún a costa de dejar ver una sinfonía de pasos opuestos. El Paner 2020 presentado a Bruselas descuenta la generación de Garoña, pero prevé un aumento de la producción nuclear, hoy un 20% de la energía eléctrica con apenas el 7,5% del parque de generación; la Subcomisión pospone hasta al menos 2015 el debate sobre la vida útil de los reactores y su peso en el mix, pero abre la puerta lateral a la repotenciación -a la que los dos reactores extremeños se han acogido ya, hasta hacer de Almaraz la central más productiva del país- y capitanea el lobby que busca consuelo para las empresas españolas en Gran Bretaña, China o India.

Se dribla a sí mismo, pero Zapatero cae en la trampa de sus propios vaivenes: le da un nuevo estatuto con más independiencia teórica al CSN, pero sin escuchar sus recomendaciones y justo cuando eliminan su papel como árbitro para prolongar la vida útil más allá de los 40 años de la LES. Enusa no se resiste a participar en las carreras del uranio que Berkeley Resources está a punto de despejar -esta misma semana- en Salamanca, aunque, a golpe de ‘timidez’ y después de un contrato de cesión, cuando lo haga, será con el 90% de la producción en manos australianas y rusas. Contraría a EEUU con sus contradicciones y su deseo de poder enriquecer uranio como Francia, auque no amplía más allá de los 40 años los mismos reactores que EE UU está prorrogando. Lo hará aunque las eléctricas calculan que cerrar las centrales antes de los 60 años le costaría a sistema entre 3.000 y 5.000 millones de euros al año. Garoña está castigada por Chaves y Salgado -que rebajan en un 30% el Reindus- y el tijeretazo de Blanco, que fagocita el 80% de los fondos del ‘Plan Garoña’, destinados a infraestructuras.

El ministro Sebastián empezará a ver cumplidos sus deseos y con ellos los planes de las energéticas españolas, pero sólo allende los Pirineos. Prometía considerar un día a la energía nuclear española -al fin y al cabo sin emisiones de CO2- “una renovable” más, decía Miguel Sebastián. Un emblema de la energía baja en carbono en la UE. Buscó, incluso, hacer valer ese argumento compartido con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para extender las costuras del parque atómico español más allá de los cuarenta años en la Ley de Economía Sostenible y la Subcomisión de Estrategia Energética del Congreso. Ha sido sin éxito. Aún a riesgo de dejar en carne viva las contradicciones atómicas de Moncloa, ni la vicepresidenta Elena Salgado, ni el titular de Industria ni el mismísimo presidente del Gobierno dudaban en sacar pecho con los 5.600 millones en 16 contratos pactados con China durante el viaje del viceprimer ministro chino, Li Keqiang (poco más de 200 millones si se descuenta el acuerdo entre Repsol y Sinopec). Ni en destacar entre ellos el de Ensa, el brazo nuclear de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, (SEPI), un contrato de suministro de dos generadores de vapor para la central de Sanmen, en la provincia de Zhejiang.

PRO-NUCLEAR, SÓLO EN LA DIPLOMACIA

Paradojas de la geografía del tejido empresarial público español, fueron precisamente Ensa y Enusa las que contribuyeron, en números negros, a aminorar unas pérdidas de la SEPI que cerraron el año 2009 en 105 millones de euros, los peores resultados obtenidos tanto por las empresas controladas por el holding público como por alguna de las compañías asociadas. Moncloa ya había activado un acuerdo intergubernamental con China en pleno debate sobre Garoña que tuvo su génesis en 2005, en un preacuerdo entre José Montilla, y el entonces titular de Ciencia y Tecnología chino, Xu Guhanhua y que contempla la colaboración en la construcción de reactores nucleares.

Desde entonces, Moncloa e Industria se han encargado de apadrinar esa sintonía energética con Pekín. Lo hacía en persona Miguel Sebastián durante sus dos giras oficiales por el gigante asiático, en julio y diciembre de 2010, con un paquete energético en el que ya no sólo busca vías de consuelo para las nucleares españolas. Enusa, Ensa (ambas bajo el paraguas de la SEPI),Tecnatom, y Ringo Válvulas mantienen desde 2008 una sociedad conjunta - Spanish Nuclear Group of China (SNGC)- para tratar de vender tecnología y conocimiento a China, el país con mayor desarrollo nuclear previsto en las próximas décadas, con 20 nuevas centrales planificadas para el próximo lustro, que se unirían a las 11 que ya hay operando. China depende mucho de la tecnología francesa, pero ha visto que España ha creado la suya propia a partir de tecnología estadounidense. Ya en 1983 el equipo de profesionales chinos que se disponía a trabajar en la primera central nuclear comercial del país fue formado en las instalaciones de Tecnatom, que ya contaba entonces con unas instalaciones que simulaban la sala de control de una central nuclear. Como recuerda desde hace meses la presidenta del Foro Nuclear, la industria nacional “ha potenciado el desarrollo de tecnología española; eso permite que ahora las empresas opten a contratos en Finlandia, Reino Unido o China y que si en el futuro se decide construir nuevas centrales en España se dependa menos de tecnología extranjera”.

Nada que las utilities españolas puedan reproducir a domicilio. La moratoria legal terminó en 1997 con la ley del sector eléctrico, aunque Moncloa haya consumado la otra ‘moratoria’, la de la confianza de los promotores eléctricos. Pero por más que las empresas se sientan preparadas para el renacer nuclear y tomaran su experiencia internacional como un aval para el final de la moratoria nuclear ‘de facto’ en España a partir de 2012, ahora las eléctricas nacionales ya saben que el camino será sólo de salida. Nada que les invite a nuevos reactores para el mercado español. Nada que impida que, entre tanto, se hagan sitio en proyectos exteriores. ENUSA Industrias Avanzadas, ENSA Equipos Nucleares o Tecnatom buscan sitio en el despertar atómico de India, China, Corea, Sudáfrica, Rumanía o Bulgaria. Moncloa sigue, en realidad, aunque sea sólo en el escaparate internacional, las líneas de la Subcomisión de Estrategia Energética a 25 años del Congreso, que exige a España “fomentar su participación en los acuerdos internacionales de cooperación necesarios para promocionar el avance de la investigación sobre la energía nuclear”, especialmente en la técnica de fusión.

Empresas españolas participan en alguna fase de la construcción de una cuarentena de centrales, casi un tercio de los futuros reactores en el exterior, la mayor parte de ellos de la tercera generación. El resurgir nuclear chino y el británico serán sólo los más intensos de esos destinos: no es la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez, la única que desde la City alertaba: “es triste ver que las empresas españolas tienen que venir aquí a invertir”. Iberdrola ha adelantado su joint venture con GDF Suez y Scottish and Southern Energy (SSE). El consorcio adquirió el pasado año a la Nuclear Decommissioning Authority (NDA) una opción de compra sobre el emplazamiento de Sellafield, en Cumbria, por valor de 70 millones de libras que podría servir para edificar hasta tres reactores y ahora está preparando un plan detallado para instalar una nueva central nuclear de 3.600 MW de potencia en ese emplazamiento.Hoy, casi 60 años después de operar el primer reactor comercial del mundo, Reino Unido anuncia formalmente un renacer atómico con el que no sólo mantener un tercio de la generación de fuentes atómicas (como viene haciendo 1956) y suplir al cierre de la mayoría de los reactores actuales antes de 30 años, sino que en 2030 tres cuartos de la electricidad sean bajos en carbono; que aproximadamente el 30% de la energía provenga de renovables en 2020 frente al 7% actual y reducir un 80% sus emisiones de CO2 -respecto a los niveles de 1990- en 2050, lo que requerirá de hasta 40.000 megavatios de proyectos de energía de baja emisión de carbono. El Gobierno estima que alrededor de 110.000 millones de libras deberán ser invertidos en 2020 para satisfacer la demanda de electricidad.

DE LA CERRAZÓN  DE GAROÑA AL ‘GOTA A GOTA’ DE LA REPOTENCIACIÓN

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya estaba preparado en agosto incluso para emitir un nuevo informe y reevaluar incluso las condiciones de una prórroga a la central de Garoña. Pero el ministro, después de más de dos meses en los que sostenía que todo era negociable con Génova, ahora sólo repite un mantra: “mirar hacia adelante”, un propósito en el que ya no tiene ojos para Garoña. Si el ministro Sebastián buscó en julio como ariete el supuesto Pacto de Estado con el PP para intentar cuestionar la cerrazón nuclear de Zapatero -aún a costa de retrasar hasta otoño la adjudicación del Almacén de residuos, ATC- y resucitar las opciones para la central burgalesa, el viaje a ninguna parte con Génova ha vuelto a convertirse en el cómplice del entierro de Garoña. Unos por otros, el Ministro y el PP le aplican el ‘mejor no meneallo’ con el que con el que Moncloa ha pretendido garantizar la inercia para el conjunto atómico español hasta que en 2020 venciera la siguiente licencia a 40 años, la de Almaraz.

No será gratis. Amén del impacto en los ratings, calificaciones y cotizaciones bursátiles de las empresas propietarias de los reactores, el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013 enterrará consigo cerca de 900 millones de euros: tendrá un impacto negativo sobre el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola y Endesa de 43 millones de euros al año entre 2014 y 2019, según Citigroup. Su impacto suma y sigue con los 750 millones de euros que Merril Lynch calcula (con la base de un 85% de la potencia y un precio de venta de 55 euros por Mwh) que las eléctricas de Nuclenor -la sociedad propietaria- habrían ganado si se hubiese ampliado la vida útil de la planta hasta 2021, como propuso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La factura, busca aún los apellidos de su paternidad (entre otras cosas porque la decisión de cierre está recurrida en los tribunales con reclamaciones de daños y perjuicios) pero el Gobierno asegura que según los cambios legislativos del Real Decreto 6/2009, las eléctricas tendrán que asumir todos los gastos, incluyendo el de desmantelamiento que hasta el año pasado se financiaba con el recibo de la luz, no menos de 200 millones de euros según las estimaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). Además, Garoña ha terminado en el ángulo muerto de Zapatero y castigada por Manuel Chaves y Salgado -que rebajan en un 30% el Reindus- y el tijeretazo de Blanco, que fagocita el 80% de los fondos del ‘Plan Garoña’, destinados a infraestructuras; no habrá desdoblamiento de la N-I, Parador, ni 370 millones para comarcas alavesas.

Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y  la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de construir nuevos reactores en el medio plazo. Sebastián los sirvió en la mesa de Castellana 160 como compensación al portazo a la central burgalesa y su ‘Plan B’ desde 2013. Luego el Ministro trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta años del parque ya operativo, a imagen y semejanza de EE UU. Finalmente, tanto Industria como el grupo socialista han asumido que ni lo uno, ni lo otro.  La industria nuclear calculaba también que para cumplir el 30% de la generación que defiende la UE España necesitaría 3 nuevos reactores desde 2020, pero les espanta la inseguridad regulatoria. Ni Endesa -que participa en siete de los ocho reactores en funcionamiento en España, y es el principal operador de la capacidad nuclear instalada, con un 47% del total- ni Iberdrola, que comparte al 50% con ella en Nuclenor, la sociedad propietaria de Santa María de Garoña, exigen nuevas centrales a corto plazo.

No hacen falta más por ahora, pero tampoco menos. Ése es al menos el veredicto de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de REE. Aunque, según los cálculos de su presidente, Luis Atienza, no sería necesario pensar en más reactores antes de la década de 2020, tampoco el mix español se puede permitir prescindir de los ya operativos. El suelo del sector nuclear apunta a los sesenta años de vida útil para sortear el coste que tendrá, si no, la ‘excepción’ del modelo de jubilación atómica de Zapatero. Nada, en realidad, que no hayan asumido las economías de todo Occidente: frente a las cifras de Moncloa, que aseguraba que en el mundo sólo hay una central nuclear en funcionamiento con más de 40 años y que sólo seis centrales tienen un escenario de prórroga para sobrepasar la edad de 4 décadas, la realidad es que en el Instituto de Energía Nuclear Estadounidense analizan su propio parque atómico y aún no entienden la decisión de Garoña: en Norteamérica la mitad de los 104 reactores operativos ya han ampliado sus licencias hasta los 60 años. Nada que vaya a cambiar el ‘lassez faire’ del mix a 25 años recién definido en el Congreso de los Diputados.

CAMBIO DE PERSPECTIVA NUCLEAR CON EL MIX DE FONDO

Si en julio de 2009 Sebastián trataba de justificar el cierre de la central burgalesa a partir del 5 de julio de 2013 por el “exceso de garantía de capacidad de suministro” eléctrico y llegaba a prever incluso que “había tiempo más que de sobra para desarrollar más energías renovables que pudieran sustituir esa capacidad que se perderia en 2013", hoy, tras dos Reales Decretos de ajuste de la retribución al Régimen Especial y un Real Decreto Ley de medidas urgentes de recorte de gastos del sistema eléctrico del 23 de diciembre, en Castellana 160 buscan grietas por las que consolidar, al menos, la misma potencia atómica del año pasado y garantizar un reemplazo al futuro olvido de Garoña. La necesita ahora que la Subcomisión ha reducido del 22,7 al 20% los objetivos renovables para España en 2020 y que Moncloa se quiere sumar al tren alemán y británico para reducir en un 30% las emisiones de CO2 en una década. Industria y Moncloa han tenido que reconocer que ni la subida de la tarifa eléctrica un 9,8% el 1 de enero impedirá que tenga que seguir su ascenso en abril de 2011, ni menos aún, que diluya el déficit de tarifa. En julio, la tarifa debería subir un 20%: con el PIN 2020 las eléctricas podrían aflorar los costes reales, pero el déficit superará 19.000 millones. Sobre todo si el Gobierno mantiene su propuesta de aumentar los pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros, como compensación a las centrales perjudicadas por el real decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono. Más aún: tras el recorte en 4.600 millones de euros adicionales a costa de eléctricas y fotovoltaicas se adivina que Sebastián da por hecho -él mismo se lo confesaba a Elena Salgado- que por ahora el tijeretazo a los costes del sistema ha llegado a su límite.

Con su claudicación recuperan vigencia los informes de Price Waterhouse Coopers y las advertencias del ex presidente de REE, Pedro Mielgo, que detallaban que España debería analizar la construcción de hasta 3 centrales nucleares de 1.500 megavatios para satisfacer el aumento de la demanda eléctrica que se generará entre 2009 y 2030. Sólo el alargamiento de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años podría ahorrar unos 7.000 millones de inversión y contribuiría a reducir las emisiones de CO2 en un marco global que pasa por la instalación para todo el sector eléctrico de entre 3. 500 y 5. 000 megavatios anuales hasta el 2030. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) “descarbonizar la energía” será un 20% más barato con la atómica, proporcionaría el 24% de la energía eléctrica en 2050 y al menos hará falta una treintena de nuevas nucleares en el mundo cada año hasta 2050. Según el estudio encargado por la Fundación Funciva a varios expertos del sector el mix que planteó en Zurbano le costaría a Miguel Sebastián y sus sucesores 100.000 millones de euros en los próximos diez años y dispararía, en caso de ser aplicado en las condiciones iniciales en que se planteó, hasta 19.500 millones anuales en 2020 el coste de las primas a las renovables. Si las primas se rebajasen de media un 30%, seguirían generando un gasto de 15.000 millones anuales.

Las alternativas de Mielgo -que considera “inviable” el objetivo de que el 40% de la electricidad generada tenga origen renovable- y los analistas consultados por Funciva pasan por elevar la potencia nuclear en entre 15.000 MW y 6.000 MW y estirar el mix en los ciclos combinados, lo que permitiría alcanzar el objetivo de un 20% menos de emisión de CO2 y, al mismo tiempo, abarataría en hasta un 30% el coste de generación y en hasta un 35% las inversiones necesarias en los próximos diez años. No era sólo el Foro Nuclear el que advertía que, con una dependencia energética del 81,4% -frente al 53,8% de la UE- España debía seguir los pasos de Cameron o de Merkel ante una energía atómica que permite un ahorro de 400 millones de toneladas de CO2 anuales. Como recordaba el presidente de Endesa, de este lado de los Pirineos, la 'cerrazón atómica' tiene y cerrar las centrales antes de los 60 años de vida útil, al sistema eléctrico le costará entre 3.000 y 5.000 millones de euros cada año, amén del mayor consumo de “combustibles caros, poco ecológicos y extranjeros”.

Las eléctricas que operan los reactores españoles no podrán encontrar la rectificación de Zapatero hacerlo como ni cuando pretendía Sebastián. Lo harán, sin embargo, por la gatera de las ventajas tecnológicas. La nuclear iba a ser la última revancha energética de Miguel Sebastián. Quiso servirla fría y en platos ajenos, a contrapié de Moncloa. En los del Pacto del PP, la reversión del cierre de Garoña; en los de la Subcomisión de Estrategia Energética de la Cámara Baja, la posibilidad de garantizar la continuidad de los ocho reactores actuales hasta 2035; en los de la Ley de Economía Sostenible (LES), la tercera vía para hacer llegar la vida útil de las centrales hasta los sesenta años.

Pero a Sebastián se le han ido afogonando, uno tras otro, los cartuchos del renacer atómico. Aunque la Ley de Economía Sostenible (LES) había abierto la puerta, ahora la cierra de nuevo, con doble llave. Su literalidad sólo habla limitar la “vida útil” de las plantas atómicas a 40 años. Nada de prórrogas, ni de opciones en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN (cuyo Estatuto por cierto, han esperado para reformar), ni siquiera de Moncloa (como en el segundo borrador de la Ley de Economía Sostenible), para promover la ampliación de la vida útil de las centrales más allá de las cuatro décadas, aunque en su articulado, hasta noviembre, determinaba dos procedimientos de renovación de la explotación, uno ordinario, antes de cumplir los 40 años de vida útil, y otro extraordinario, cuando se hubiera cumplido ese plazo, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros en función de criterios de seguridad e interés nacional. Ni rastro, tampoco, de una regulación global y específica de energía nuclear que el Secretario de Estado, Pedro Marín, llegó a anunciar en febrero, entre los ‘deberes’ energético para 2010, junto al plan del carbón para el periodo 2012-2018 y el nuevo plan de energías renovables. Industria y Ferraz han saldado el esperado “paquete regulatorio” atómico con poco más que el anteproyecto de ley de responsabilidad civil.

EL NI-NI DEL CONGRESO SÓLO EXIGE LA ‘INERCIA’ NUCLEAR

Sin embargo, una de las pocas aristas en las que la Subcomisión de Estrategia Energética del Congreso coincide con el mix planteado para 2020 por el Gobierno es el del aumento de la capacidad instalada pese al cierre de Garoña y gracias a la repotenciación de otras centrales. Incluso en su documento ‘Recopilación de consideraciones y conclusiones’ la Subcomisión le puso incluso cifras al coste de la orfandad nuclear: entre 2020 y 2035 será necesario invertir en el sistema eléctrico unos 4.500 millones de euros al año y prescindir de ella (aunque fuera progresivamente) hasta 2035 supondría un encarecimiento de la electricidad producida en régimen ordinario, entre 15 y 20 euros por megavatio hora. Moncloa tiene, para los próximos 20 años, el mandato legislativo de no rebajar el pulso de una tecnología que, con una potencia instalada de 7.796 MW, que ya fue incrementada respecto al ejercicio precedente en un 0,88 % por el aumento de potencia de la unidad I de la central nuclear de Almaraz (68 MW), ha producido el 20,21% de la electricidad (61.994 Gwh) (un aumento del 2,66 % respecto al año anterior) con tan sólo el 7,56% de potencia instalada, operando 7.946 horas; por término medio más del 90% de las horas del año, muy por encima de otras centrales de producción eléctrica”, según el balance del Foro de la Industria Nuclear, que destaca que representa “más del 41% de la electricidad libre de emisiones generada en el sistema eléctrico español”.

De hecho, en el texto de conclusiones, la Subcomisión aboga por preservar y potenciar el conocimiento y las capacidades tecnológicas y operativas de la energía atómica, dado su “alto valor estratégico y económico”, una puerta abierta a la repotenciación.
El Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) 2020 con el que España certifica sus previsiones ante la Unión Europea descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013. La nuclear aumentará más de un 5% su papel en la producción, aunque reducirá su potencia instalada en un porcentaje similar, un 5,8%, hasta los 7.256 MW (frente a 7.716 MW en 2009) dando por descontada la aportación de la central burgalesa. De hecho, el Paner 2011-2020 prevé un aumento de la generación de fuentes nucleares de hasta un 5% en el horizonte de 2020, pero no será gracias a la potencia instalada, sino a los avances tecnológicos. En el Ministerio -con o contra el silencio de Moncloa y Ferraz- han comenzado a hacer efectiva esa opción técnica con las instalaciones extremeñas de Almaraz para tranquilidad de Iberdrola, Endesa y Gas Natural, que se reparten la propiedad de la instalación (con el 53%, el 36% y el 11% de las participaciones, respectivamente). Como adelantaba Expansión el 3 de enero, el Gobierno ha tramitado dos permisos para aumentar un 8% a potencia de sus dos reactores.

Cuando el próximo 28 de enero su reactor número dos vuelva a generar energía, la Central de Almaraz será la planta nuclear con mayor capacidad de producción eléctrica de todo el país, conuna potencia instalada conjunta hasta los 2.093 megawatios, -por encima de Ascó, que suma 2.059. Las otras cuatro grandes centrales -Santa María de Garoña (Burgos), Vandellós (Tarragona), Trillo (Guadalajara) y Cofrentes (Valencia)- son monoreactor y ninguna supera los 1.087 megawatios. El paso de la Unidad I de 977 megawatios eléctricos a 1.045, ya se realizó entre diciembre del 2009 y enero de este año. La instalación consiguió el 27 de diciembre de manos del Secretario de Estado Pedro Marín -una de sus últimas firmas- el último requisito legal para poder aumentar un 8% la potencia instalada de su Unidad II hasta los 1.048, lo que se traducía en que, en un ejercicio a pleno rendimiento y sin ningún tipo de incidencias, podrá incrementar su generación en más de medio millón de megawatios/hora anualmente -energía para 150.000 hogares más-.

Como detallaba Hoy de Extremadura, la remodelación pasa por sustituir completamente el alternador, construyendo el nuevo dentro de las instalaciones de la propia central: es la segunda vez que esto se hace en la historia mundial del sector a nivel mundial (la anterior también fue en Almaraz, en 2009), porque habitualmente se montan en las fábricas de los países de origen (Alemania, Estados Unidos, Polonia) y después se transportan en barco. Zapatero, en silencio, ha empezado a pisarle las huellas a los Gobiernos populares: de los reactores de la central catalana de Ascó, que contaba con 947 megavatios en 1995, acabó 2003 con 1.032 megavatios, tras cinco procesos de repotenciación. Un guiño a la luz verde de la prórroga de la central extremeña, que recibió este mismo año licencia para diez años más y cuyo primer reactor será el primero, tras Garoña en enfrentarse a la línea roja de los ‘cuarenta’ en 2020. 

A cambio, el cerco sobre los propietarios de las centrales nucleares, para que en caso de accidente en la instalación asuman su responsabilidad civil, se estrecha. El Congreso de los Diputados no ha querido retratarse hasta al menos dentro de siete años sobre el futuro de la energía nuclear en el mix, pero está ultimando desde diciembre el contenido de la futura Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, que exigirá a las compañías eléctricas multiplicar por cuatro las cuantías que deben avalar ante el Gobierno para hacer frente a indemnizaciones en caso de accidente nuclear que afecte a las personas y bienes, así como inmuebles e infraestructuras y también al medio ambiente. En total, cada central deberá contar con una cobertura de responsabilidad civil por valor de 1.200 millones de euros. Además  -y es otra de las novedades-, la normativa recoge que el explotador deberá responder frente a los perjudicado durante un plazo de 30 años desde el accidente nuclear -frente a los 10 años fijados hasta ahora-.

CARRERA DEL URANIO, A CONTRAPIÉ Y CON LA SEPI EN UN RINCÓN

Trató de posponerla hasta encontrar su momento, de barajar después una posible ‘fiebre’ europea del uranio bajo la mesa de Rodríguez Zapatero y finalmente de dejar los plazos en manos de las Comunidades Autónomas (las únicas que pueden conceder ahora licencias de exploración y explotación) y de las multinacionales que desde hace un lustro miran con avidez renovada a España, la segunda mayor reserva mundial sobre el papel. El ministro buscaba aprovechar la ‘fiebre’ global del mineral para revalorizar las concesiones de Enusa, controlada por SEPI, aunque fuera a contrapié de Moncloa. Tenía un calendario -su primera fecha en octubre de 2010-, tres ‘caballeros blancos’ -Berkeley Resources, Areva y Mawson- y un territorio inicial de consenso en Salamanca (con acuerdo entre el PP y el PSOE). Pero hoy, ya sabe que Berkeley Resources acaba de entregar a la Empresa Nacional del Uranio, Enusa, su plan de explotación para reabrir las minas que existen en Salamanca, cerradas en el 2000 por su nula rentabilidad, pero también que a España le suben la ‘fiebre del uranio’ en tableros ajenos y a contrapié de sus planes, en el mapa irresuelto de las batallas del ATC y en pleno portazo del Congreso a un nuevo impulso nuclear antes de 2030.

La de los residuos atómicos es sólo uno más de los ‘garoñazos’ que Zapatero ha consumado en los últimos doce meses bajo la mesa para todas las aspiraciones nucleares de Sebastián. Para disgusto del Ministro, que juega su última baza en la candidatura catalana de Ascó, ni las prisas para fijar una fecha para el retorno de los 679 m3 de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre, llegarán ya a tiempo. Cada día que pasa desde 1 de enero de 2011, el coste a pagar a Areva por albergarlos es ya de 60.000 euros (20.000 sólo por sanciones): casi 22 millones de euros al año. Cuando llegue, será como pronto cinco años más tarde de la fecha inicial prevista por el Ministerio y exigida por el Congreso de los Diputados; estará copado en un 60% por residuos de las ocho centrales y tendrá que despejar antes de su puesta en marcha el plan para el Almacén Definitivo Geológico Profundo que la CE le requiere antes de 2014. Ya sabe que aunque consiga solucionar en diciembre el destino del ATC -Ascó gana opciones- , lo haría ya fuera de ‘cuentas' para el ultimátum de Areva, que no recogerá residuos españoles ni rembolsará las sanciones más allá de 2015.

Un ‘paisaje de fondo’ en el que despegan las carreras del uranio español. El descarte por ahora de los yacimientos bajo estudio en Castilla la Mancha y Extremadura (de Mawson y Berkeley) evita las guerras con los presidentes Barreda y Fernández Vara. En Castellana 160 no quieren renunciar a la carrera de explotación del mineral en latitudes españolas, por más que fuera la propia compañía pública Enusa la que clausuró Quercus y que algunos técnicos desde dentro del Ministerio y Ciemat alerten desde hace meses del riesgo de especulación sin extracción final. En julio, pocos días después de la decisión de la coreana Kepco de invertir 54,35 millones de euros en Salamanca en busca del mineral, Enusa conseguía del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una prórroga hasta el final de 2011 para desmontar -o no- la planta Quercus, en Saelices, la única planta pública de concentración de uranio en España, que cerró hace una década y tenía previsto empezar desmantelamiento el pasado 15 de julio, pero que sería necesaria para el procesamiento del mineral y su conversión en óxido de uranio, que es como se transporta hasta las fábricas de elaboración.

Pero, a golpe de timidez, Moncloa ha perdido para la SEPI las riendas y los calendarios del futuro -si lo hay- para el uranio nacional. La creciente demanda internacional, especialmente de Rusia, Corea y China, y la construcción de 59 nuevas plantas nucleares en el mundo, hacen prever que la demanda de uranio se eleve en casi un 50% durante la próxima década y el precio seguirá creciendo en los próximos años. Pero en caso de consumar su plan de extracción desde 2012 (tiene de plazo hasta el 18 de enero para presentarlo), la empresa australiana con permisos de prospecciones sobre 450.000 hectáreas, tendría la concesión de explotación durante 30 años, -prorrogables otros 90-, a cambio del pago de sólo 25 millones de euros a la sociedad española. Se haría con el 90% de la producción. Ni industria ni Enusa podrán aprovechar, como esperaban, el rebrote del uranio español para negociar con el Elíseo. El ‘divorcio’de Areva con Berkeley -rompió su alianza para exploración ibérica en abril, después de tres años como socio de referencia- acaba con la opción de acuerdos en residuos con la gala al calor de la extracción del uranio; nada de fórmulas de compensación por los residuos de Vandellós que no volverán desde este mes (ante el retraso del ATC), o de fórmulas para despejar el reciclaje de residuos que la empresa gala deseaba explorar con España.

Será, además, para temor de EE UU -como han desvelado los cables obtenidos por Wikileaks y publicados por el País-. En febrero de 2010  expresaba sus recelos ante la exigencia  de Moncloa de dejar la puerta abierta a “la participación en un consorcio nuclear o a proseguir con el enriquecimiento de uranio” y recordaba el robo de pastillas de uranio en la fábrica de Juzbado (Salamanca) en 2007. A pesar de que el trato entre el CSN y la NRC es muy frecuente, ya que nucleares españolas se construyeron con tecnología de EE UU, se les aplica la normativa de país de origen y cuentan con el visto bueno de Washington para el conjunto de la seguridad de todo el sistema nuclear. Pero en el Departamento de Estado no son entusiastas de la ‘resurrección’ de la planta de Saelices, ni de las opciones del uranio ibérico, menos aún si llegan de la mano del ascendente ruso del gigante estatal Severstal sobre la australiana Berkeley.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...