edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
01/09/2009

Zapatero le endosa a Sebastián todos los ‘muertos’ nucleares

Le exigió un debate energético general a cambio de ser el ‘camarero’ del cerrojazo a Garoña y Zapatero se lo ha tomado a pecho. Pero con su propia letra. El presidente primero disparó, con la promesa de un plan energético hasta 2020 y una reforma de la legislación nuclear. Y ahora trata de apuntar, pero con Sebastián como ‘escudo antibalas’. Le devuelve su cartera y lo viste de ‘ventrílocuo’ de una bitácora que sólo el propio presidente jura tener ya en la cabeza. Todo con tal de hacerle tragar cada una de sus protestas atómicas: tendrá que liderar la negociación parlamentaria de un nuevo sudoku energético, hacer de muro de contención al enfado del CSN y la CNE, ponerle la cara a las denuncias que Nuclenor está a punto de anunciar, ser el escudero del galope antinuclear de ZP durante la presidencia de la UE y engendrar un nuevo marco atómico en que Sebastián -ya ha confesado- ni ve ni cree. No lo tendrá tan fácil: ERC, IU e ICV, hasta ahora sus aliados en el Congreso, no apoyarán sus planes renovables. Menos aún el PP. Hasta su ‘revancha’ -la luz verde al Almacén Centralizado de Residuos de Alta Peligrosidad (ATC) que Moncloa paraliza desde hace dos años- se le emponzoña a Sebastián. Industria se ha comprometido a consensuar con los municipios candidatos y, a la vista de los avisos de la AMAT, los municipios de Castilla La Mancha y la comarca de Garoña, el ‘sudoku’ de los residuos nucleares será su siguiente rompecabezas imposible. ‘Salomónico’, que diría el presidente.

Rodríguez Zapatero prometió cocinar, en persona, la reforma de la legislación nuclear, la definición de la vida útil de una central y nuevos modelos de renovación al calor del otoño. Iba a ser en septiembre, pero al presidente se le ha llenado el escritorio, de reformas pendientes y de enfados. El cierre de la central burgalesa se ha convertido para el Ejecutivo en una bandera, pero una  ‘tóxica’ que nadie quiere enarbolar ya más. Moncloa repite de espaldas al CSN y a Europa su himno -“nucleares no”-, pero se piensa dos veces la escenografía doméstica. Y deja mientras tanto de ‘maestro’ de todas sus ceremonias atómicas pendientes al ministro de Industria, aunque Sebastián aún no ha digerido el disgusto por el texto final de la orden ministerial, a años luz del primer borrador que había editado él mismo cuando anunció el cierre de Garoña. Se le ‘escapó’ que necesita cuatro años para cuajar un plan industrial para Garoña y confesó que en Industria no conocían el contenido de la legislación nuclear, ni rastro del nuevo concepto de ‘vida útil’ de las instalaciones atómicas que anuncia el presidente desde hace dos meses.

Por si las dudas, el CSN le respondía por anticipado a la ‘confusión’ de Zapatero en la ‘pizarra’ del BOE: las instrucciones sobre los requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales nucleares están más que claras, no necesitan una nueva ley que los defina. Hace mucho que el propio Consejo se encargó de delimitarlos. Pero Zapatero ha atrincherado en las lanzas más políticas y Moncloa buscará, de ahora en adelante, el respaldo parlamentario para impulsar una ley que ampare su ‘cabalgadura’. Lo hará con Sebastián como escudero y parachoques hasta con el propio regulador. Moncloa le mueve el suelo al Consejo de Seguridad Nuclear, ha puesto en cuestión hasta el código básico de las decisiones del regulador. ZP tratará de nuevo de utilizar los calendarios del CSN y darle la vuelta al ‘calcetín’ de sus argumentos. El Consejo tragó dos veces para -con consulta previa a la Abogacía del Estado- atender las urgencias de Miguel Sebastián –arañar aunque fuera dos años de prórroga al cierre- y la coreografía de Rodríguez Zapatero. Sólo por eso emitieron los tres informes sobre las condiciones de un cierre de Garoña a dos, cuatro y seis años en menos de tres días, el 24 de junio, cuando la primera evaluación requirió más de seis meses de análisis y debate. Moncloa dejó en el congelador el ACT que el Consejo exigía desde hace dos años y  ahora trata, de nuevo, de utilizar al CSN -que deberá hacer un informe preliminar- como ariete y garante para que Nuclenor garantice -y si puede pague- el desmantelamiento de Garoña. Una cosa será el silencio, hasta ahora las filas de Martínez Ten la habían mantenido. Otra, la sintonía y ésa ya no rezuma del CSN. Será Miguel Sebastián el encargado de escucharlo en persona.

Se ha convertido en el único ‘oficiante’ de una ceremonia hermética, cuya hoja de ruta despista tanto como disgusta, antes de nadie a la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros. Entona una partitura a una sola voz inspirada en la Fundación Ideas. Una a la que hasta ahora ya sólo la vicepresidenta Fernández de la Vega y el Secretario de Política Medioambiental del PSOE, Hugo Morán, estaban autorizados para ponerle la voz y que, a golpe de improvisación, lo aleja cada vez más del resto de la UE y de la realidad del perfil energético español. El titular de Industria ha encajado la llamada a filas de la vicepresidenta y más de un tirón de orejas de Rodríguez Zapatero. Mira a los lados y sólo ve el silencio de José Blanco -después del desliz que lo llevó a confesar que sólo puede ser prorrogada si el país sufre déficit de producción eléctrica -y el de Elena Salgado- después de haber calculado en público que no se puede "prescindir" de la energía nuclear-. Lo justo para que el ministro de Industria proclame para la galería que “acatará la disciplina de la decisión del Gobierno”. Sebastián calla ante las alertas de la comunidad científica, que pide un pacto de estado para combinar la nuclear y las renovables. Bruselas le recuerda lo mismo que hasta el CNE y el CIEMAT se atreven a remarcarle ahora: España apenas tiene hoy resuello para llegar al 12% de renovables en una década y necesita al menos un tercio de su electricidad de origen atómico. Con una dependencia exterior del 82% de la energía -frente a un 52% de media europea-, un aumento de sus emisiones contaminantes que la aleja del objetivo de Kioto, sólo un 18% de su producción eléctrica de origen nuclear -frente al tercio de media comunitaria, conexiones de la red limitadas, un déficit de tarifa de más de 14.000 millones y la imposibilidad de llegar más allá del 12% en renovables en 2020 que le recuerda el último informe de la Comisión Europea, para España cerrar Garoña y comenzar a programar el ‘entierro’ progresivo de las demás centrales es “incomprensible” en lo económico, “contradictorio” en lo tecnológico y muy costoso en lo político. Hasta Sebastián le ha dicho que los números de Caldera no salen. Moncloa intenta repartir todas esas facturas a la industria nuclear: las demoras de Enresa con Zorita obligan a Nuclenor a destinar a Garoña más de 40 millones de euros para seguir los dictados del CSN hasta 2013. Al presidente le sabe a poco: quiere cobrarles la gestión de los residuos, y las facturas del desmantelamiento.

Moncloa amasa aún más la calma, pero ni la solución a los residuos de Garoña ni el retorno de los de Vandellós y Zorita -si no quiere pagar 60.000 euros al mes a Francia- le dejan mucho margen de espera. Industria avisa, pero con la boca pequeña y para oídos ajenos. Ni el ‘caramelo’ de una inversión de más de 700 millones y 12 millones al año en ayudas anima a las ‘peleas’ por el ATC que Sebastián se prometía. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habrá Almacén Centralizado en 2012, como muy pronto, 2014.

El ministro encripta sus pataletas. Pero sólo lo justo para que, al leerlas entre líneas, sus mensajes lo salven del juicio de la historia. Y del veredicto del CSN, el CNE y la Unión Europea.  El último consuelo del Ministro será, -ahora que todos en Moncloa olvidaron sus promesas de junio de prolongar la vida útil de las demás centrales hasta los cuarenta años- que no le salpiquen otra vez los siguientes dossieres: Almaraz. Vandellós y Ascó, antes de 2010. Pero donde Sebastián dijo adelante, Zapatero dice reforma legal. Prometieron barra libre -al menos hasta los 40 años de vida- para las que centrales que aguardan detrás de Garoña. Era paz por silencio. Pero eso fue en la hora de los anuncios y por la boca de Sebastián. La sentencia sobre Garoña condena, aunque sea a 12 años vista, a Almaraz. Moncloa les destapa el horizonte de la frustración con la reforma de la Legislación en materia nuclear. La central cacereña pone sus barbas a remojar: el Grupo I cumplirá los 40 años en 2021 y el II en 2023. Su producción cuadruplica a la de Garoña, su riesgo de cierre, a la vista del antecedente, también. Lo sabe el gobierno de Extremadura, que trata de arañarle promesas a media voz a Moncloa y trata de sacar el pecho de las diferencias con la central burgalesa.

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