edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
23/12/2009

Zapatero liderará en enero la lucha de la UE contra el blanqueo sin transponer en España las directivas

Javier Ardalán
No da tiempo. Uno de los grandes objetivos de Zapatero durante la presidencia española de turno es la potenciación de la lucha contra el blanqueo de capitales, fundamentalmente para combatir el crimen organizado y el terrorismo, pero en el seno de la Unión Europea crecen estos días las críticas hacia el Gobierno español, que aún no ha transpuesto en su territorio las directivas comunitarias sobre la materia y que al inicio de esta presidencia no van a estar aún listas.

Hoy concluye el plazo para la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, cuyo plazo de transposición se ha demorado más de dos años, lo que ha provocado que Bruselas haya abierto contra España diversos expedientes de infracción y que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea haya emitido ya una primera sanción y haya amenazado con imponer otra, aún más grande. Sin embargo, el Ejecutivo de Zapatero no envió al Congreso el proyecto de ley hasta el pasado 27 de noviembre.

Las reformas no entrarán en vigor, por lo tanto hasta bien entrada la presidencia comunitaria o, si el ritmo decae, hasta después de que haya terminado, y la Comisión Europea considera que en la legislación española no hay sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas en contra de lo que reclama el Reglamento de la UE que, desde 2006, exige que las transferencias de fondos vayan acompañadas por la identidad y dirección de quien las ordena.

Esta situación empaña los buenos resultados de la lucha contra el blanqueo dirigidos por las fuerzas policiales, la Agencia Tributaria, el Banco de España y la Fiscalía Anticorrupción. Así, por ejemplo, los últimos datos de la Policía Nacional señalan que el número de personas detenidas por delitos relacionados con la corrupción se multiplicó por 25 en sólo 5 años, al pasar de diez en 2004 a 252 personas desde el inicio de 2009. Además, este año se han intervenido bienes por valor de más de 3.000 millones de euros.

Los esfuerzos en España para acabar con esta lacra y evitar que las tramas criminales y las organizaciones terroristas campen por su territorio gracias a su potencial económico han tenido también un importante apoyo en colectivos como el de notarios que han colaborado con notable éxito en la detección preventiva de las operaciones de blanqueo. Así, la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo General del Notariado suscribían el mes pasado un importante convenio para automatizar los requerimientos de información que reciben los notarios en operaciones sospechosas de blanqueo de capitales para agilizar sus respuestas

En otros colectivos, como la banca o la asesoría fiscal, los resultados de esta colaboración no están siendo tan contundentes. A las críticas del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y del director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, se han sumado ahora las críticas del director de la Inspección de Hacienda, Carlos Cervantes, quien ha advertido que cuando se descubra a algún asesor fiscal que esté fuertemente implicado en alguna irregularidad de sus clientes será declarado colaborador necesario en el delito penal.

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo trata de acabar con las teorías que niegan que el Delito Fiscal deba ser considerado como un paso más en la cadena del blanqueo de capitales, lo que puede llevar a que la Fiscalía acabe imputando por ambos delitos a los imputados. El Poder Judicial dice que el Derecho español no plantea ninguna objeción.

El artículo 1 del Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales describe el objeto y el ámbito de aplicación de esta norma con una importante novedad. Ésta, viene a zanjar los que hasta ahora era el centro de una ardua polémica entre Hacienda y la Fiscalía, de una parte, y de buena parte de los estudiosos del Derecho Tributario y de la asesoría fiscal de otra. Se trata de la inclusión de la cuota defraudada en el delito de blanqueo de dinero en los casos de delitos contra la Hacienda Pública.

Esta inclusión, constituye una toma de postura expresa por parte del Gobierno español en relación con la mencionada controversia jurídica sobre si corresponde que el delito fiscal pueda ser considerado como delito precedente del blanqueo de capitales.

Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria han venido sosteniendo que el dinero correspondiente a la cuota defraudada en el delito contra la Hacienda Pública resulta susceptible de ulterior blanqueo por parte del autor de fraude fiscal previo.

Por el contrario, la doctrina científica venía negando tal posibilidad, defendiendo que el dinero dejado de ingresar por la defraudación tributaria no puede ser objeto de blanqueo por no haber accedido nunca a circuitos ilícitos, puesto que no sale de patrimonio del autor del delito fiscal.

La jurisprudencia sobre esta cuestión no está establecida aún, puesto que se trata de una controversia muy reciente.

Por otra parte, el Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento de tramitación del Proyecto de Ley de Ejecución de Resoluciones de Decomiso en la Unión Europea (UE), que constituirá un instrumento fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada y facilitará el trabajo de los jueces de lo Penal ante unas tramas cada vez más internacionalizadas.

La ejecución de la resolución se regirá por el Derecho español y se llevará a cabo del mismo modo que si el decomiso se hubiera impuesto por un tribunal del país.

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