edición: 2789 , Lunes, 26 agosto 2019
09/09/2009

Zapatero mantendrá la indefinición para asegurarse los votos necesarios

Javier Ardalán
El debate de hoy en el Congreso de los Diputados ha despertado muchas expectativas sobre la subida de los impuestos anunciada por Zapatero. Sin embargo, ni en Moncloa ni en Economía esperan que hoy, el presidente del Gobierno explique en que consistirá su reforma fiscal, parcial y temporal. Se guardará las medidas definitivas hasta que tenga que presentar los Presupuestos de 2010. Mientras tanto, el ajuste fiscal sigue abierto a la espera de pactar los votos que apoyen las cuentes del Estado. En la tribuna, se espera que hoy se den más pistas sobre lo que Zapatero no piensa hacer en el ajuste impositivo, pero sobre todo hará balance de los resultados del 'Plan E' y de las otras medidas sociales que ha adoptado para combatir el desempleo. También se espera que se refiera  al recorte del 4,5% del gasto que prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado  y las medidas que piensa proponer para incentivar la actividad empresarial.

Las medidas de recorte del gasto público no destinado a la inversión de infraestructuras o de carácter social y la incentivación de la actividad empresarial es la base sobre la que se van a negociar los apoyos políticos a los Presupuestos estatales, puesto que el déficit público se ha incrementado en sólo unos meses desde el 3% hasta el 10%  y España  con la tasa de paro más alta entre los países industrializados, es uno de los países en que resulta más difícil resulta crear una empresa o contratar trabajadores, según el último informe del Banco Mundial.

Esta situación deberá generar un debate muy serio en las próximas semanas sobre cómo se debe asegurar la sostenibilidad del nivel de deuda pública, que de ser muy bajo va a pasar a situarse en la media europea en tan sólo dos años. Uno de los grandes miedos del ex vicepresidente Solbes.

Las dos grandes propuestas de Zapatero serán,  la Ley de Economía Sostenible  y reactivar el diálogo social. Con la primera medida, Zapatero pretende cambiar el modelo productivo, gracias a la reducción de las cargas administrativas de las empresas, adecuando la formación profesional a sus necesidades. Para ello, cuenta con dos fondos: uno de 20.000 millones al sector privado, y otro de 5.000 para ampliar el Fondo de Inversión Local, ‘panacea’ política para la inversión municipal en el año que viene, que se incluye en cada uno de los proyectos de lucha contra la crisis municipal.
 
El diálogo social, por su parte, tendrá un nuevo aliciente con su intervención en la negociación de la Ley de Economía sostenible, al igual que los presidentes de las comunidades autónomas, que deberán comprometer inversiones y recorte de gastos en el proyecto.

Sin embargo, la reforma tributaria es laque mayor interés despierta, no sólo entre los contribuyentes, sino entre los grupos parlamentarios que deberán votar los Presupuestos Generales del Estado.

Tanto los miembros del Gobierno como los del líderes del PSOE han realizado durante las últimas horas toda una puesta en escena para dejar claro que la reforma fiscal pretende gravar las rentas del capital pero no afectará a las del trabajo ni las que operan sobre la actividad económica, lo que puede llegar a incluir al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que era la salida natural para aumentar la recaudación, pero que para un Gobierno socialista tiene muy mala prensa al considerarse que no tendría un carácter progresivo y que afectaría, además, a la demanda y al consumo.

Por estas razones, las fuentes consultadas señalan que, finalmente, Zapatero podría decidirse por subir el IVA, a través de un nuevo tipo, únicamente para un listado de productos de consumo considerados de lujo, lo que le daría argumentos para solicitar el voto al bloque de partidos de izquierdas (Esquerra Republicana de Cataluña –ERC-, Iniciativa per Catalunya –IPC-/Izquierda Unida –IU- y el Bloque Nacionalista Galego –BNG-), que solicitan que las rentas altas paguen más.

Esta la mayoría de izquierdas, reforzada por la abstención del PNV, acabó ayer con una proposición de Ley del PP para que el Gobierno rebajase el Impuesto sobre Sociedades del 25% actual al 20% para incentivar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y promover el trabajo de los autónomos.

Los técnicos estiman que cada punto adicional de IVA aportaría unos 2.700 millones de euros, lo que vendrá a suponer 5.400 puntos frente a los 50.000 millones en que es necesario recortar el déficit público el año que viene, según los datos oficiales del mes de julio.

Con respecto a las rentas del trabajo, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), incluso el ministro de Fomento, José Blanco, ha rectificado sus demandas sobre el objetivo de una próxima subida de impuestos a quienes ganan más de 60.000 euros y decía públicamente, ante los medios de comunicación, que “los que cobran 50.000 euros, como yo, no son necesariamente ricos”.

Salgado esgrime que el impacto recaudatorio por este concepto sería mínimo, pues los contribuyentes con ingresos anuales superiores a 60.000 euros tan sólo suponen un exiguo 3% del total de contribuyentes del IRPF. Sin embargo, según las memorias de Hacienda, este grupo representa un 38% de la recaudación, pero también es el colectivo que más invierte y crea empleo, por lo que representaría un arma de doble filo para los resultados recaudatorios.

Las simulaciones realizadas por los técnicos consideran que si se aumentara el tipo medio un punto, esto daría 3.500 millones de euros.

Por el contrario, si que está asegurada la desaparición, al menos con carácter general de los 400 euros, que deberían consolidarse en 2010. Se estima que tres puntos del actual déficit público corresponden a las medidas coyunturales adoptadas para combatir los efectos de la situación económica, tales como los 400 euros por contribuyente o el cheque-bebé.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín ha reconocido que eliminar la deducción de 400 euros no supone una reforma del IRPF. Este recorte, según datos de Hacienda, podría suponer un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros
El Gobierno también se inclina por gravar los beneficios generados por los fondos de inversión bursátiles, pero también aquí existe el miedo de que subir los impuestos del capital no sea una buena idea, porque desincentivan la inversión y la creación de empresas, que son dos de los objetivos del propio Ejecutivo. Por ello, se sabe que la reforma no afectará a las rentas de trabajo ni al Impuesto sobre Sociedades.

Además, en Hacienda consideran que una subida de dos puntos sobre las rentas del capital y las plusvalías supondría un aumento de la recaudación anual de apenas 920 millones de euros. Una cifra muy pequeña que apenas tendría incidencia en la reducción del déficit público.

Zapatero también ha revelado, que aún no ha decidido si cambiará la fiscalidad de las sociedades de inversión colectiva SICAV, que es del 1%, después de que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmara que no planeaba modificarla.  Se trata de un asunto que se mantiene así para evitar la expatriación de capitales, puesto que estos fondos son excesivamente volátiles.

Las dudas se mantendrán, al menos, hasta la Presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La reforma está abierta.

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