edición: 3051 , Martes, 22 septiembre 2020
27/08/2009

Zapatero reformará la Ley de Extranjería mientras en Bruselas se debate qué hacer con los inmigrantes ilegales

La ‘irregularidad sobrevenida' afecta en España a 1.700 inmigrantes cada mes
Javier Ardalán

Zapatero se apresta a reformar la ley de Extranjería, cuyo texto, que a partir de septiembre, se tramitará en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, tanto el Gobierno como sus señorías van a tener que hacer sus deberes con varios sentidos puestos en Bruselas porque, a partir de los primeros días de octubre, la Unión Europea debatirá una nueva propuesta sobre inmigración, forzada por el Gobierno de Italia, que reclama una acción coordinada de la UE en esta materia. Esta propuesta se discutirá en la cumbre  ministros de exteriores, que se celebrará a finales de ese mismo mes.

La Comisión Europea calcula que sobre 493 millones de residentes, Europa cuenta con 20 millones de residentes extranjeros, más 8 millones de clandestinos (12 millones en Estados Unidos). Según las estadísticas oficiales, 500.000 clandestinos entrarían cada año a los países de la UE.

El ministro de Exteriores sueco, Carl Bildt, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE, ha puesto un poco de sensatez y ha advertido de que esta actuación será un primer paso, pero dejando bien claro que un problema de tal magnitud no puede ser solucionado durante una única reunión. Pero un primer paso puede ser ya el inicio de una andadura.

Italia está dispuesta a que la Comunidad dé una respuesta clara y concisa sobre cómo se debe actuar cuando un grupo de inmigrantes llega a las puertas de Europa, para que se acabe con la falta de definición actual y deje de ser un problema únicamente para los países que actúan como fronteras comunitarias. Lo que el Gobierno italiano exige a los Gobiernos de los Veintisiete es que estos refugiados sean alojados en todos los países europeos con criterios de distribución proporcional y no sólo en los países donde desembarcan, como viene sucediendo en la actualidad.

Los ministros del Interior de la Unión Europea aprobaron a finales de junio  una directiva sobre repatriación de inmigrantes irregulares, que entrará en vigor en julio de 2010, en la que se establece que los inmigrantes tienen derecho a dejar el país de forma voluntaria durante un plazo de entre siete y treinta días. Si no lo hacen en ese tiempo, los Estados miembros retendrán a los inmigrantes en centros durante seis meses, pudiendo llegar hasta los 18 en el caso de aquellos que no cooperen, esto es, si no se logra identificar la nacionalidad del afectado o su nación de origen obstaculiza el regreso.

También establece que cuando una persona en situación irregular es expulsada, no podrá entrar en territorio comunitario durante los próximos cinco años. La ley todavía no está aprobada. La fase final se celebrara el próximo 18 de junio, pero todo apunta a que dentro de poco será una realidad, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países miembros.

La Directiva era la quinta votada durante los últimos años por el Parlamento Europeo sobre la inmigración. Después de Directivas sobre la reunión familiar, las estadías de larga duración, el ingreso de estudiantes e investigadores, la Cámara se ha hecho eco de las tendencias represivas que se incrementan en Europa.

Mientras tanto, el Grupo Popular, en España, se ha sumado ya a las iniciativas propuestas por los italianos y apoyadas por los suecos para que en el Congreso se realice un seguimiento más riguroso de la actividad de la Unión Europea sobre la legislación comunitaria y sobre  la actuación del Gobierno de Zapatero en su cumplimiento. La solución que ha apuntado el PP es que se cree inmediatamente una Oficina Parlamentaria de apoyo para temas europeos.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración regularizó a un total de 110.886 extranjeros 'sin papeles' entre 2006 y marzo de 2009 a través de la vía del arraigo, una figura de carácter excepcional contemplada en el Reglamento de Extranjería que permite acceder a un permiso inicial de residencia a los inmigrantes que acrediten una serie de requisitos, como la permanencia continuada en España, un el contrato de trabajo o la existencia de vínculos familiares.

Según datos del Ministerio de Interior, las regularizaciones por la vía del arraigo se han ido incrementando de forma continuada durante los últimos cuatro años. Así, en 2006 fueron 7.244 los permisos iniciales de residencia concedidos por este supuesto, frente a los 28.193 que se reconocieron un año después.

Sin embargo, la crisis económica ha tenido un importante efecto sobre la cifra de inmigrantes que ha entrado en España de manera irregular durante los siete primeros meses de 2009 ha descendido un 40% respecto a la del año pasado en este mismo período, según el Ministerio del Interior. En estos siete meses, alcanzaron las fronteras a bordo de pateras u otras embarcaciones unas 4.457 personas, por casi 7.500 a finales de julio del año pasado. 

A pesar de esta disminución en el número de recién llegados, la cifra que más debería preocupar a las Autoridades españolas es, sin embrago, el número de extranjeros que cada mes están perdiendo su permiso de residencia tras perder su puesto de trabajo y no encontrar uno nuevo. Es lo que se ha dado en llamar la ‘irregularidad sobrevenida’, que según las cifras oficiales afecta a 1.700 inmigrantes cada mes. El año pasado ya sumaron 20.000 personas.

Ni sindicatos ni Gobierno se atreven a dar cifras precisas, pero una lectura comparada del número de los inmigrantes que dicen trabajar, en la Encuesta de Población Activa (EPA), y los que cotizan a la Seguridad Social, arroja un balance de 800.000 trabajadores incorporados a la economía sumergida. El Consejo Económico y Social estima que el porcentaje que representa la economía sumergida rondaría el 20% del PIB español. Una auténtica tragedia para el tejido empresarial español que se encuentra, de nuevo, compitiendo contra quienes desarrollan su actividad sin cumplir sus obligaciones empresariales, laborales, y tributarias, lo que supone una competencia desleal inaguantable.

Las herramientas que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha puesto en marcha hasta el momento no han conseguido parar esta sangría, sino más bien aumentar la burocracia, ya que el presidente del Gobierno sigue huyendo de afrontar reformas estructurales, que se  han puesto en práctica en la mayoría de los países de la Unión Europea.

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