edición: 3006 , Jueves, 9 julio 2020
28/10/2010
Retrasar tres años lo inevitable, el cierre definitivo, una costosa factura injustificable

Zapatero se queda más solo, en fuera de juego y sin bazas para su última ‘prórroga’ del carbón

La CNE advierte: tras 600 millones de euros de incentivos, sólo podrá reducir un 10% hasta 2012 el stock acumulado y se encontrará con la misma situación
La CNE y Almunia recuerdan que los proyectos de ‘carbón limpio’ no llegarán hasta al menos seis años y no garantizan la competitividad de un mineral más ineficiente y caro
Sebastián acepta negociar ante la UE una prórroga al Reglamento, pero a cambio de compensaciones para las térmicas de carbón importado: hay seis en peligro inminente
Zapatero en Rodiezmo, en 2007, sacando pecho ante los mineros.
Javier Aldecoa

Colecciona ‘tiritas’, tan costosas como limitadas, para la enfermedad ya crónica del carbón español. El presidente del Gobierno tenía todo listo para llevar hasta la última consecuencia el ‘credo de Rodiezmo’ y darle cuerda, otra vez, a los artificios del consumo del mineral nacional. Quería hacer coincidir la puesta de largo del Real Decreto de incentivos -en vigor desde la próxima semana- con la prórroga desde Bruselas del reglamento comunitario a las ayudas estatales al carbón que vence el 31 de diciembre. Pero Bruselas, la CNE y el Ministro de Industria dan un paso atrás y aterrizan las expectativas del presidente. Hasta la directiva del proyecto de oxicombustión de Ciuden desvincula su futuro del mineral nacional: no dejará de ser más caro y más contaminante y el modelo de captura y almacén de CO2 no llegará antes de 2020 a ser efectivo a niveles industriales. Almunia ya condicionó el Real Decreto al cierre de las explotaciones no rentables en 2014 y le advierte de que será casi imposible prorrogar un Reglamento de ayudas más allá. Moncloa sólo hace trinchera de las prórrogas al carbón nacional que hace ocho años España había prometido ya dejar de subvencionar ahora. Una cadena de artificios con la que ahora obligará a las centrales a consumir mineral autóctono, a un coste medio del Mwh de 60 euros (frente a los 46 de precio de mercado), con una factura que el regulador cifra en 600 millones de euros en dos años y a pesar de que ya hay 16 millones de toneladas de carbón en stock, suficientes para año y medio de consumo incentivado. Un viaje a ninguna parte que, además, sólo reducirá en un 1,9 millones de tn anuales el embotellamiento almacenado ya. A este país le ha salido carísimo el envite electoralista de Zapatero en León, a 600 millones por año sólo en subvenciones, únicamente para retrasar hasta después de las próximas elecciones lo inevitable, el final de la actividad de la minería del carbón autóctono, mucho más caro, ineficiente y contaminante que el de importación.

Moncloa busca mantener con respiración asistida un sector que, sin el paraguas de las subvenciones, es expulsado del mercado de generación eléctrica, pero no va más. Si quería ‘oxígeno’, Zapatero se ha encontrado con fecha de caducidad para su ‘limbo minero’. El carbón ‘mancha’ todo el mix energético, sus ‘remedios’ le salen caros y se le quedan cortos. Otra vez, todas sus bazas se juegan sólo en la mesa de Bruselas, en la prórroga  del Reglamento comunitario hasta al menos 2018 -sin ayudas públicas aunque sea ‘limpio’ el mineral autóctono no será rentable- y a una sucesión de tapones compensatorios. A domicilio, ahora que le explota también en las manos el contencioso de los fondos estructurales -que las comarcas mineras verán pasar de largo-, Zapatero sólo calla ante las exigencias de Aragón, Castilla y León y Asturias, que, con la vista puesta en el día después de su limbo del carbón, piden más planes alternativos de reindustrialización en las cuencas mineras.

Ha sido el Comisario Joaquín Almunia el primero en ponerle sus apellidos al ultimátum. “España -ha llegado a decir el Comisario la semana pasada en su viaje oficial a Castilla y León- ya ha agotado sus tiempos extra. “Juega ya en la prórroga” del carbón, “en el minuto 92 del partido”, en palabras del vicepresidente de la CE. Es mucho más que un aviso para navegantes a Rodríguez Zapatero y sus calendarios. Almunia quemó entre abril y septiembre ya sus propias naves con los Veintisiete para lograr un visto bueno al Real Decreto de incentivo a la quema del mineral español en las centrales eléctricas: el Comisario tuvo que encarar no sólo las reticencias -lógicas- de Comisario de Medio Ambiente, e incluso el de Energía, Günther Oettinger, a pesar de ser alemán. Ni en París, ni en Londres ven con buenos ojos la posibilidad de prorrogar más allá de 2014 el Plan de Ayudas para tres estados miembros de la UE que no han llegado a 2010 con los deberes hechos” y han incumplido los plazos establecidos hace ocho años: Alemania, España y Rumanía, así como alguna otra actividad marginal en Polonia y Centroeuropa.

ZAPATERO BUSCA A SOLAS PUNTOS DE FUGA

Oettinger se ha tomado como algo personal el futuro del mercado germano, que junto con el español se repartía la mayor parte de los 2.700 millones de euros de ayudas anuales públicas al sector carbonero de la Unión.  Pero Alemania tiene ya aprobado un Plan nacional vigente hasta 2018. Y las explotaciones polacas tienen posibilidades de sobrevivir, ya que al ser grandes minas a cielo abierto están al límite de la rentabilidad. Ya con el Real Decreto de incentivo al consumo de mineral autóctono de 29 de septiembre, Joaquín Almunia tuvo que comprometer, (para que Bruselas concluyera que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas), el peaje -de manos del Gobierno español- de que, con cualquier escenario en la UE, España pondría punto final a esas ayudas públicas en 2014. Y esta vez el futuro del Reglamento comunitario ya no dependerá de él, ni siquiera de la Comisión Europea. “En la Unión nadie defiende las subvenciones a la extracción de carbón”, advierte Almunia: en el sector de la energía “lo caduco es subvencionar de forma permanente una actividad económica. El futuro pasa por actividades que generen empleo, no aquéllas con más pasado que futuro”.

Moncloa busca puntos de fuga en Castellana 160. Le ha dado de nuevo ‘carbón’ a Miguel Sebastián. Pero esta vez será de ida y vuelta. Después de un semestre de presidencia de la UE en el que la consigna era ‘mejor no meneallo’ y el ministro dejó al Secretario de Estado Pedro Marín y hasta a los barones autonómicos socialistas -con Areces y Marcelino Iglesias en cabeza- el trabajo de lobby en Bruselas para negociar la prórroga al Reglamento comunitario, ahora sebastián ha aceptado encabezar formalmente una delegación española para buscar consenso con Alemania y Polonia y tratar de forzar una prórroga a las ayudas estatales más allá del horizonte de 2014 por la que abogan la Comisión y la mayoría de los miembros del Consejo Europeo. Promete proponer a la Unión Europea ampliar hasta en ocho años el cierre de las minas de carbón deficitarias. La Delegación socialista en el Parlamento Europeo ha ido mucho más lejos que la propuesta de los diputados alemanes (ampliación sólo hasta 2018) y ha presentado  ya enmiendas a través de un informe que se votará en el Europarlamento en noviembre para defender la continuidad del sector de la minería del carbón más allá del año 2.020 y la vinculación de las ayudas a la competitividad de las minas y no al cierre de la actividad en el nuevo reglamento que se cerrará a finales de este año. Buscan ahora la sintonía con el Grupo Parlamentario Popular en Bruselas: un puñado de diputados se ha ofrecido a hacer causa común con los de Jáuregui, a pesar de la enmienda formal de Alejo Vidal- Quadras, solicitando el final de las subvenciones al carbón español. Pero, ni en Ferraz ni en Moncloa olvidan que la opinión de la Eurocámara sólo es consultiva y que la última palabra, en manos del Consejo, sólo podrá impedir que se apruebe un reglamento con ayudas vinculadas al cierre en 2014 si hay un voto en contra por unanimidad de los Veintisiete Estados miembros.

Su nuevo ‘impetu europeo’ llega, en el tablero energético de Sebastián, a cambio de abrirle una puerta lateral a las reclamaciones de las eléctricas y la compensación a la generación en sus centrales térmicas. Sebastián rebela desde el primer momento los compromisos de Rodiezmo, más aún ahora que busca la cuadratura del déficit de tarifa que rebasa los 16.000 millones de euros y recortes a las primas del Régimen Especial. Ya ha probado las aguas del rechazo de los liberales a su paso por Bruselas. Y no sólo la OCDE -por boca de la mismísima Cristina Narbona-  el vicepresidente de la Fundación Ideas del PSOE, Jesús Caldera, la Agencia Internacional de la Energía y Washington le han sacado los colores a la promoción de carbón en un mix que presume de renovable. Se lo ha dicho alto y claro Fatih Birol -el economista jefe de la AIE- a la cara de la Secretaria de Estado del Cambio Climático: dar ayudas al carbón en un país de la OCDE puede llevar a distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2 al menos en 25 millones de toneladas más.

Sebastián no comulga con un mapa que ha costado hasta ahora y costará hasta el final del Plan Nacional -después de seis años- un promedio de 200.000 euros por cada uno de los 8.000 mineros aún en activo y al que Moncloa siempre le ha dado cuerda desde que en 1998 el primer plan del carbón envió 514 millones de euros sólo en ayudas directas a la actividad minera. Por eso ahora a contrapié de la voluntad de Moncloa y en sintonía con el Partido Socialista de Galicia (PsG), que subleva armas ante el Ejecutivo central (Pachi González lo acusa de solventar la situación del carbón español “a costa de Galicia”) el titular de Industria aceptaba a mediados de octubre -justo tras la interposición de la denuncia de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Endesa ante el TUE de Luxemburgo- constituir una Comisión conjunta en la que están representados ayuntamientos (ya están Cerceda y As Pontes), empresas y sindicatos afectados para evaluar los efectos colaterales de los incentivos forzados al mineral nacional. A pesar de que Zapatero la anunciaba ayer en el Congreso de los Diputados, lleva ya dos semanas de contactos. Y, como adelantaba Cinco Días, la Comisión ha comenzado a tantear opciones tangibles: Industria prepara una compensación -en concepto de pago por disponibilidad- para las centrales de importación que serán desplazadas por las de mineral nacional desde noviembre. Será, si Sebastián consigue sacar adelante su criterio, a cambio de la exigencia a las eléctricas de retirar su recurso en el TUE.

El Ministerio de Industria ha dado ya un plazo de tres días a las empresas mineras para que rubriquen con las diez centrales térmicas del país los contratos que regulan el suministro de carbón nacional, lo que les permitirá estar ya a pleno rendimiento el 6 de noviembre. Será cuestión de días, sólo falta por publicarse en el BOE los procedimientos de operación, para que Red Eléctrica Española establezca cómo se va a disponer de la energía producida por las centrales de carbón nacional, y la orden de cálculo de los derechos de CO2. Pero justo ahora Moncloa empieza a avizorar que el horizonte minero dista aún mucho de estar despejado. En su informe de mejoras técnicas al real Decreto que ha trasladado al Ministerio de Industria, el organismo presidido por María Teresa Costa cree necesario detectar “las posibles inconsistencias con el funcionamiento de mercado” y, como ya hizo en sus informes de noviembre del año pasado y de abril de 2010, avisa que el mecanismo de restricciones por garantía de suministro “afectaría de forma importante al proceso de formación del precio del mercado diario, y por tanto al MIBEL”.

Son las propias cifras de la evaluación del regulador las que le acaban de dimensionar al Gobierno las facturas más próximas de su empeño con el carbón: según el supervisor, una vez el Real Decreto entre en vigor, el coste medio del megavatio hora alcanzaría los 60,26 euros, frente a los 46 euros a los que se establecería el precio del mercado. Para 2011, ese coste medio del megavatio hora se elevará a los 66,62, mientras que el precio del mercado estará en 45 euros. Pero además de cifrar en 592 millones ese coste de incentivar el carbón nacional (89 millones este año si se aplica desde noviembre como prevé Industria y 503 millones en 2011) desplazará a las centrales de consumo importado. Según su resolución, la energía programable en las 10 centrales de carbón nacional beneficiadas asciende a 26.000 GWh, (cantidad inferior a toda la producción con carbón registrada en 2009, que alcanzó los 34.000 GWh), por lo que la producción con mineral importado “se reduciría de forma importante”.

Otra cosa serán las térmicas. La obligación de que las comercializadoras compren la producción de las centrales que generan electricidad con mineral autóctono a un precio regulado va a expulsar del mercado prácticamente a toda la producción con carbón importado. El Consejo Consultivo de la Comisión -en el que sí tienen voz las CCAA- alerta -literalmente- del riesgo de "cierre" de plantas. Según el esquema propuesto, la producción de las centrales de carbón importado será casi nula, salvo un funcionamiento esporádico por restricciones técnicas de la red, al menos hasta el fin del año 2014. Si los cálculos de UBS se cumplen, salvo intervención directa de Industria, Endesa, Iberdrola y E.ON tendrían que acabar echando el cierre a seis centrales eléctricas con una capacidad instalada total de 4.500 Mw: las gallegas de As Pontes y Meraima, las andaluzas de Litoral de Almería y Los Barrios, la vasca de Pasajes y la asturiana de Lada (un extremo que ya ha negado Ángel Itxaso, responsable de Iberdrola en Asturias y director de la central de Langreo). Ya antes de promulgarse el decreto de carbón -como recordaba Vázquez- la central de Meirama estaba al 20% de su producción y la de As Pontes al 50%. La caída de la demanda energética por falta de competitividad y el incremento del parque de generación con renovables, eólica y solar en un 16% provocó el pasado año el ‘colapso’ de las centrales térmicas leonesas y asturianas, incapaces de quemar carbón hasta llegar a acumular millones de toneladas en sus parques de almacenaje.

‘GOTERAS’ EN LOS MODELOS DE RECONVERSIÓN

Se lo recordaba Ignacio Sánchez Galán antes de viaje de Miguel Sebastián a EE UU el año pasado: si el modelo astur-leonés no se hubiera dedicado a subvencionar una producción ineficiente y cara, sino a I+D+i, Asturias sería ahora una ‘Silicon Valley’ española. Pero Zapatero no se ha resistido a ponerle muletas a un sector aquejado de sobreproducción por el hundimiento de la demanda eléctrica, el aumento de las renovables y el alto precio del CO2. Como denuncian desde las filas socialistas gallegas y los populares fuera de Castilla León y Asturias, Asturias no ha consumido los 15 millones de euros que le corresponden en el fondo tecnológico de 3.000 millones para España, tiene 600 millones de fondos mineros sin ejecutar  y con el nuevo modelo que Bruselas ha comenzado a gestar casi dejaría de recibir fondos estructurales, desde los 700 millones actuales. Según sus cálculos, al ritmo actual como mínimo se perderían tres anualidades antes de 2014, en torno a 500 ó 600 millones de euros. Nada que no responda a la ineficiencia de la gestión de los ayuntamientos mineros y el sector, según el ministro de Industria.

Pero en los cuatro primeros años del Plan de la Minería actual 2006-2012 sólo se han destinado 467,6 millones de euros, un promedio de 120 millones por año, cuando en el primer plan era de 160 millones por ejercicio. Sebastián y Hernández miran al horizonte de 2015. Zapatero tendrá que poner la cara a un modelo que sólo ‘cronifica’ los lastres de la eficiencia regional. Se lo han empezado a recordar ya IU y hasta los socialistas en el Parlamento Europeo: su mapa energético se quedará en fuera de juego, para empezar con el Fondo Europeo Tecnológico. Asturias perderá unos cien millones de euros cada año en ayudas de política de cohesión territorial de la Unión Europea entre los ejercicios 2014 y 2020, si el Principado y el Gobierno no cambian radicalmente los proyectos e iniciativas financiables.

Moncloa contaba con que no le estallara en las manos el contencioso de los fondos estructurales que Bruselas ‘calentaba’ desde 2007. Pero lo ha hecho también: con los criterios que se aplican ahora, y que castigan a España por el llamado efecto estadístico generado por las últimas incorporaciones a la Unión Europea, Asturias pasaría a recibir unos 250 millones de euros, frente a los 700 actuales. Si se aprueba la línea dura de reestructuración del gasto que la CE baraja ya y que defienden entre otros Alemania, Gran Bretaña y Francia -además, claro de los países del este- Asturias casi dejaría de recibir fondos. En la defensa de regiones como Asturias, España sólo encontraría a países como Irlanda, Portugal y Grecia. Hasta ahora el bosque del carbón no le han dejado ver los árboles del desarrollo tecnológico y el I+D +i.

ATRAPADO EN EL LABERINTO DE LAS SUBVENCIONES

Cuando en 2012 -o 2014 si estira el Real Decreto, que tiene carácter transitorio, hasta el final del paraguas comunitario- acabe el ‘limbo’ del consumo artificioso del mineral nacional que inaugura este mes, a Zapatero le quemará de nuevo el carbón español en las manos. Aunque consiga driblar la denuncia de las eléctricas ante Luxemburgo, compensar a las centrales térmicas y volver a darle salida al mineral español, sólo habrá prorrogado dos años de vida  del sector y digerido Más aún: como le recuerda de nuevo el dictamen del regulador de la semana pasada, el Real Decreto de Incentivo de consumo del carbón autóctono, ni siquiera le despeja ‘el pasado’ de sus ‘embudos’ del carbón. Y es que, salvo que -como pide ahora la patronal minera- se establezca un cupo mayor para dar salida al mineral apilado en cuatro o cinco años, después de más de nueve meses de demanda a la baja y competencia de cara para el carbón nacional, con los precios en descenso del mercado internacional, ni la inyección a HUNOSA como gestor del Almacén Estratégico Temporal de Carbón Autóctono (AETC) (que está comprando desde julio de 2009 la producción de las minas con una inyección de más de 215 millones de euros) ni la entrada en vigor del Real Decreto podrán, al menos en el corto plazo, absorber mucho más que 1,91 millones de toneladas al año, un 10% del stock de carbón que acumulan las centrales térmicas y las empresas mineras, que en la actualidad supera los 16 millones de toneladas.

Eso, además, siempre que cumpla con el volumen máximo de producción de electricidad de 26.300 GWh hasta 2014 y un consumo de carbón nacional hasta 2012 -al amparo del Real Decreto y del compromiso del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012- de unos 10,1 millones de toneladas anuales (a cambio, sobre el papel, de bajar de 8.310 a 5.310 el número de trabajadores en las minas de carbón). La propia CNE cuantificaba en su informe que había 10 millones de toneladas hasta marzo entre HUNOSA, que acumula 3,5 millones, y las térmicas, que tienen en sus parques de carbón alrededor de 6,5 millones de mineral autóctono. A estas cifras hay que añadir los otros 6,5 millones de toneladas que hasta ahora han ido acumulando las empresas desde el mes de marzo cuando dejaron de vender su producción. Todo esto arroja una cifra global de casi 16,5 millones de toneladas de carbón nacional en stock, equivalente a producción de los últimos 20 meses.

El organismo supervisor establece la adquisición de unos 2,7 millones de toneladas desde el 1 de noviembre, hasta el 31 de diciembre de este año, que suponen 1,4 millones de toneladas menos respecto a la cifra anunciada por el Ministerio, 4,1 millones de toneladas. Las productoras cerrarán este ejercicio con siete millones y medio de toneladas de carbón nacional apilado en sus instalaciones, equivalentes a la producción de los últimos nueve meses del año, desde abril, y sólo podrán entregar esos 2,7 millones de toneladas, con lo que quedará un remanente de unos cinco millones de toneladas, respectivo a las compañías productoras, y de diez millones más, correspondiente a las eléctricas y a Hunosa. El mineral amontonado, si sigue ese ritmo de producción y de consumo en dos años será de 12 millones de toneladas, que deberán ‘digerirse’ hasta la extinción de los incentivos por la utilización del carbón nacional, programada para el 2014. En ese momento, o de nuevo se deja de producir y sólo se quema al mismo ritmo -unos 9,5 millones de tn anuales- o seguirá creciendo el ‘embotellamiento’.

CIUDEN LE ATERRIZA A ZAPATERO ‘LA LAVADORA DEL CARBÓN’

Ahora que la central térmica de Elcogás, en Puertollano se ha convertido en la primera del mundo en capturar una tonelada de dióxido de carbono a escala industrial, Moncloa busca ‘acelerar’ sus ‘lavadoras’ del carbón. No es casualidad que, apenas un día después de que Bruselas diera luz verde al Real Decreto del 29 de septiembre, el Congreso aprobara y remitiera al Senado, por fin, el proyecto de Ley  de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, que transpone las directrices de la UE sobre esta actividad. Según el Gobierno, con la aplicación de esta tecnología se podrían llegar a evitar para el 2030 emisiones que representan aproximadamente el 15% de las reducciones exigidas en el ámbito de la UE. Aunque Zapatero en persona prometía  impulsar quince proyectos de captura y almacenamiento en 2015, aún sólo hay luz verde para la planta de oxicombustión de Compostilla (León), capitaneada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). La planta de almacenamiento de La Pereda (Mieres), en pruebas, no comenzará a funcionar como pronto hasta 2020, aunque según el Instituto del Carbón (Incar), su tecnología estará lista en 2015.

Ciuden es, desde que comenzó a gestarse en 2011, mucho más que una de las ‘niñas de los ojos’ de Rodríguez Zapatero, mucho más que el proyecto leonés, -entre la media docena de sus planes estrella de Rodiezmo- que más apoyo institucional y más financiación ha recibido desde Moncloa. La más reciente, 76,6 millones de euros que el propio Presidente del Gobierno anunciaba, en persona, durante su viaje el 17 de octubre a Ponferrada: la creación del Museo Nacional de la Energía con 44,7 millones de euros, y 26,5 millones para la plataforma experimental de captura de CO2. En cabeza, muy de lejos, de la llegada del AVE a León, la autovía Ponferrada- Ourense, o el despliegue de la línea Sama-Velilla. La puesta en marcha de todos los proyectos de Ciuden contará con una inversión de unos 200 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), -de los que ya ha recibido 160 millones- y a los programas de I+D nacionales y europeos, de los que ha obtenido 52 millones. Además, en 2011 se van a recibir 38 millones más procedentes de los PGE.

Es verdad que Ciuden es ya la planta de demostración más grande y potente del mundo,  con 30 megavatios de la caldera de lecho fluido circulante, LFC, y 20 megavatios adicionales de la caldera de carbón pulverizado. Y que acaba de pasar con nota la primera evaluación de la CE al periodo de julio de 2009 a julio de 2010, que ve en el Proyecto Compostilla -con una financiación de 180 millones de la Unión Europea- el más avanzado de los seis planes europeos similares de captura de CO2, con un 60% de los fondos comunitarios concedidos ya invertidos o comprometidos. El informe final de Bruselas recoge que el trabajo realizado hasta ahora desde la Ciuden, Endesa y Foster Wheeler en la planta de oxicombustión es “excelente” y también que el proyecto avanza “exactamente conforme al programa previsto”. Pero su puesta de largo en ‘sociedad’, a manos de la presidenta de la CNE, Maite Costa y del propio Comisario Almunia, durante septiembre y octubre, han sido un jarro de agua fría para los planes de Zapatero, empeñado en dejar la llave del futuro del carbón en manos de la que no se cansa de apellidar como la “mayor inversión pública en la historia leonesa”.

La planta en Cubillos del Sil puede convertirse en referente mundial para lograr que el carbón y otros combustibles fósiles puedan seguir utilizándose como fuente de energía, gracias a la eliminación de sus emisiones contaminantes y de los gases de efecto invernadero. Pero hasta su propio  director general, José Ángel Azuara, busca desvincular su futuro del del carbón autóctono. Ciuden -advierte- y el conjunto del proyecto de investigación en el Bierzo tienen futuro “al margen del mineral nacional” en una partida que “se juega a nivel internacional”. Tanto que Maite Costa no descarta la paradoja de que, sobre todo, los proyectos de oxicombustión sirvan para ‘limpiar’ carbón importado. En sus propias palabras, el futuro del sector minero en España -“con fecha de caducidad en el 2014” si nada cambia- no tiene una relación causal con la investigación en el Bierzo y cuyos resultados -por cierto- no tendrán una aplicación práctica con dimensión comercial antes de 2020. Cubillos es muy compleja y su puesta en funcionamiento no puede hacerse de golpe, sus unidades comenzarán a funcionar progresivamente: la caldera de carbón pulverizado, en torno a enero de 2011, y  unos pocos meses después ya se podrán realizar los primeros experimentos de captura de CO2. Serán el preludio de otra planta de almacenamiento geológico de CO2 en Hontomín (Burgos), de la puesta en marcha en Ponferrada del Museo Nacional de la Energía y hasta de un posible proyecto de captura para el sector cementero, con el que diversificar la utilidad de la tecnología.

Zapatero busca ‘pintar de verde’ el carbón con la vista puesta en Bruselas. La clave -asegura ahora el ministro Sebastián en sus discursos oficiales- ya no es la competitividad del mineral autóctono con otras fuentes de generación, o ‘las manchas’ en su modelo energético verde, sino “la seguridad del suministro”, aunque en realidad hasta ahora ya sólo ya un 10% de la energía eléctrica que se consume en España y apenas un 5 % de la energía primaria. Un nuevo prisma que, -intentan justificar desde Castellana 160- “hará del carbón el mejor aliado de las energías renovables en España”. Será “imposible” seguir quemando carbón hasta el 2020 si contar con plantas de captura de CO2, la Directiva Comunitaria no lo permitirá. Ahora, las compañías eléctricas sólo obtienen el 80% de los derechos de emisión que necesitan (el resto deben comprarlos en el mercado), pero a partir del 2013 se reducirán todavía más cada año; y ya no serán gratuitos, habrá que ir a comprarlos en una subasta europea. Pero era el propio Comisario Almunia el primero en aclarar que las plantas de captura de CO2 en España no implican “que continúe la extracción de carbón”. La generación de electricidad con carbón limpio será más cara, entre otras razones, porque entre el 20% y el 30% de la electricidad generada en una moderna central de este tipo se necesita para mover las unidades de combustión limpia del carbón. Como advierten los propios técnicos de los proyectos de captura, aunque las ‘lavadoras del carbón’ llegaran a ser múltiples y  operativas en España y por muchos avances tecnológicos que haya, el carbón asturiano y leonés necesitan incentivos públicos para ser competitivos; sin ellos, si se le dejan al mercado, será imposible “salvarlos”. El precio del carbón español, que no fluctúa apenas al estar tasado, se sitúa puntualmente en 91 euros por tonelada, pero es, además, menos efectivo y más contaminante.

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