edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
11/01/2010

Zapatero trata de cerrar el ‘affaire’ Garoña con el nuevo Almacén Centralizado de residuos nucleares

Las ventajas fiscales del Plan Garoña y su centro de investigación y la aceptación del PP ante un Almacén centralizado en la central burgalesa se lo ponen más fácil a las Merindades
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares busca al menos el cumplimiento de la reforma de los planes de emergencia nuclear que ya debía estar aprobada
Javier Aldecoa

Respira por el oxígeno de la demoras. Moncloa ha sacado la licitación de Almacén Nuclear Centralizado de la ‘nevera’ en la que se la congeló a Industria, a Enresa y a las exigencias de la AMAC desde 2004. Prometió carreras. “Tortas y codazos” entre los municipios candidatos a albergar el primer ‘cementerio’ atómico de largo plazo diseñado para todas las centrales, decía Miguel Sebastián. Y aunque sean incentivadas desde el gobierno con una convocatoria a medida de los consistorios con experiencia nuclear, Zapatero baraja una decena de nombres bajo la mesa: quiere tener la competencia a la vista y garantizarle un sitio en ella a la opción de las Merindades, en Garoña. Le ha puesto a mano ventajas fiscales, la reforma del reparto de fondos por Enresa recién gestada y el centro de investigación previsto ya en el Plan de industrialización. Albergar los residuos del ATC implicará construir un parque industrial y la central burgalesa lo tiene ya pautado. El presidente quiere ‘enterrar’ desde hace meses junto a Garoña los residuos y su debate. El ATC no sólo era la ‘ofrenda de paz’ con el ministro Sebastián para aplacarle sus calendarios atómicos y hacer de él el ‘camarero’ del cerrojazo al reactor burgalés. Se había convertido, como recuerda ahora el PSOE, en el salvoconducto -junto con el Plan de Industrialización de la zona- para la renovación por cuatro años más de la licencia de la central, hasta 2013.

Moncloa trata de hacer del tabú de los residuos nucleares la carta blanca de la  paz con los ayuntamientos y con la industria, a cambio del cumplimiento del VI Plan de Residuos. Pero Industria se ha comprometido a consensuar con los consistorios  y, a la vista de los avisos de AMAT y de los recelos de los presidentes de Castilla La Mancha y Extremadura, a la 'ecuación' de los residuos nucleares de Rodríguez Zapatero aún le faltan variables. Los municipios calibran su interés en silencio. Sebastián calla y Manuel Chaves se hace a un lado. Moncloa deja que pase de largo el ruido de sables. A pesar de su esfuerzo por quitarse las manchas ‘antinucleares’ ante la UE, no cambiará su postura sobre Garoña. Se guarda la última palabra. Aunque es la Comisión Interministerial la encargada de filtrar los emplazamientos, será el Consejo de Ministros, bajo su batuta el que designe al ‘elegido’ para ponerle apellidos al ATC.

Le pone la música de sus urgencias. Hace ondear los 7,8 millones de euros anuales que recibirá el municipio que construya el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta radioactividad durante al menos 80 años, las inversiones adicionales por 500 millones de euros -que se suman a los 21,7 millones que reciben actualmente los municipios nucleares - y los 1.500 puestos de trabajo (cerca del 60% procedente del entorno local) que descuenta que generará entre su construcción y mantenimiento.

El baile ha comenzado, pero en salones privados y en silencio. Siguen su prudencia los que, según Moncloa podían estar llamados a la nueva mesa del ATC sus supuestos ‘beneficiarios’: Ascó, Vandellòs y Tivissa en Tarragona, Yebra (Guadalajara) y Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), todos ellos próximos a centrales. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) no presentará aspirantes al ATC entre alguno de sus 68 municipios (17 en Tarragona) si el Gobierno no atiende antes las contrapartidas que demanda: la financiación de los planes de emergencia y alguna alternativa de desarrollo económico en las zonas con centrales nucleares. La "reforma global" de la energía nuclear que el Ejecutivo anunció en el penúltimo Consejo de Ministros del año (23 de diciembre) incluye un anteproyecto de Ley de Responsabilidad Civil de las instalaciones nucleares que elevaría de 150 millones a 1.200 millones de euros. Pero hasta ahora, las modificaciones que se han hecho en los Planes de Emergencia de las centrales nucleares españolas “son mínimas”, poco más que mejorar los sistemas de megafonía y aumentar el parque móvil, a pesar de que era una de las condiciones prometidas por Industria.

Zapatero mira a Cataluña, lo hace desde mucho antes de que el ‘affaire’ Garoña le estallara en la mesa de Sebastián. Al fin y al cabo, la CCAA que más nucleares concentra. Ni en Moncloa ni en los despachos cercanos a Artur Mas niegan que Ascó (Ribera d’Ebre) y Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) - ambas están gobernadas por CiU, -están junto a Tvissa en todas las quinielas que, de espaldas a la prudencia de la AMAC y de Enresa, Moncloa trata de incentivar desde el mes de agosto. La provincia concentra ya 17 de las instalaciones de la AMAC y estaría abocada a albergar tres ATI (almacenes individuales, uno por central) si no se construye el ATC. Ponerle sus apellidos al cementerio atómico sería para Montilla el ‘cierre’ a un proceso que él mismo comenzó como Ministro de industria.

Pero tanto en Ascó como en Vandellòs no existe el “consenso” que pide el Gobierno para poder adjudicar el ATC. No, al menos, de forma oficial. Ya hace meses que el delegado de del Govern en Tarragona, Xavier Sabaté (PSC) le ha puesto líneas rojas a su voluntad: acoger en principio sólo residuos de las centrales de Cataluña. La Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña (Canc) y los ecologistas tratan de ‘desenterrar’ ahora que 61 ayuntamientos de la zona del Ebro y Tarragona --lugar que acoge tres de los ocho reactores españoles en Ascó I, Ascó II y Vandellòs II--, y que representan el 67% de la población en la región- han aprobado mociones oficiales contra la instalación de un cementerio nuclear. Y siete de los diez consejos comarcales de la demarcación de Tarragona, así como el Parlament en una resolución de marzo de 2008 rechazaron ya la construcción de una instalación de este tipo. E ICV - socio del PSC en la Generalitat- amenaza con romper el tripartito si el ATC va a Tarragona, a menos de un año para las elecciones catalanas. Además, la construcción del ATC no frenaría que Enresa tenga que habilitar un almacén individual en Ascó, cuya piscina está a punto de saturarse, como las que ya tienen Trillo y la desmantelada Zorita, en Guadalajara.

BAILE DE SILENCIOS

El alcalde alcarreño Juan Pedro Sánchez no enseña sus intenciones, pero el ‘silencio’ habla por los poros de su interés. José María Barreda no está por la labor de ubicar el ATC en Guadalajara, según el presidente su comunidad “ya ha cumplido” con dos centrales y sus respectivos almacenes individuales. El PSOE por Guadalajara se aferra a la promesa de Zapatero de no ubicar los residuos donde exista rechazo, promete “poner piedras en el camino” del cementerio nuclear. El PP, después de semanas de silencio, le pone también líneas rojas. Aviso para navegantes: nada de un almacén nuclear en Guadalajara. No respaldarán al alcalde de Yebra si se lanza a la carrera del ATC. Otra cosa serán las sanciones.

Sus ‘compañeros’ de Guadalajara ya le han hecho saber que si finalmente Sánchez se postula el partido sopesaría si eso constituye una falta disciplinaria de los estatutos y, "seguramente", se iniciaría un expediente disciplinario contra él, que podría acabar en expulsión. Además, Yebra  se encuentra en el radio de acción de los 10 kilómetros en torno a la clausurada central de Zorita, que cuenta con  un Almacén Temporal Individual (ATI), pero no tiene una estación de ferrocarril cercana, otro de los requisitos que el Gobierno valorará, así como la proximidad a la red de carreteras, y que el terreno no esté sometido a ninguna figura de protección de su espacio natural.   

La central burgalesa volverá a ser la pieza de toque: si le otorga otro almacén local nuevo el ATC perderá posibilidades. ‘Excusatio non petita’, era el propio Ministro de Industria el que advertía en su momento que el cese de Garoña no implica el emplazamiento en Burgos de una posible construcción del Almacén Temporal Centralizado de Residuos (ATC). Pero también -lo reconocía en su momento la vicepresidenta- que está en el ‘olimpo’ de sus favoritos. Y que puede ser la última variable que falta en la ‘ecuación’ nuclear de Zapatero. En Merindad de Cuesta-Urria, el alcalde del PP gobierna con amplia mayoría y el gobierno autonómico le apoya. El ayuntamiento burgalés es el único que no ha rechazado de entrada el almacén nuclear, aunque la Junta de Castilla y León apostó por la continuidad de la central y pidió nuevos reactores. El 17 de mayo de 2006, el director general de Industria, Manuel Ordóñez, señaló que la comunidad estaba “interesada en plantear o establecer conversaciones” sobre el ATC. Y el plan de un parque empresarial y un vivero de empresas estaría ya adelantado por la sintonía con la línea de préstamos del Plan Garoña, entre los que destaca una superficie comercial, con una inversión de casi doce millones de euros. El problema es que está a pocos kilómetros del País Vasco y el PNV se opone.

APELLIDOS ‘CANTADOS’

Los apellidos están casi escogidos. Al menos hace todo lo posible para que coincidan con su bitácora: ya la orden prioriza formalmente a los municipios que están cerca de las centrales, a pesar de que los indicios de Industria apuntaban a una convocatoria más abierta. No es que los otros no puedan presentar sus candidaturas, pero con sólo un mes para afinarlas, llueve sobre mojado en sus desventajas: en la práctica  casi descarta a los municipios que no estuvieran previamente avisados,  ya que para ser aspirante hay que presentar un informe geotécnico sobre el suelo que se ofrece,  que debe tener un mínimo de 25 hectáreas. El  cementerio nuclear debe estar en un área geográfica familiarizada con la energía nuclear. La moción tendrá que  ser aprobada por el pleno municipal antes de 29 de enero.  Y cuando la Comisión Interministerial ejecute la primera criba, valorará los “antecedentes del entorno en actividades relacionadas con el ámbito nuclear”.

José Alejandro Pina, el  presidente de ENRESA, aderezó ya la decisión de Zapatero sobre Garoña en julio con dos advertencias previas: que la central burgalesa no se podía desmantelar al mismo tiempo que Zorita -que acumula un retraso de meses y no acabará hasta 2015- y que, antes de nada, había que construir en Garoña un almacén centralizado para el almacenamiento de residuos nucleares. Justo los dos balones de oxígeno que Enresa necesitaba y que suman y siguen con el intento -por primera vez en la historia- por hacer que las eléctricas paguen al 100% el desmantelamiento y el tratamiento de los residuos. La opción burgalesa -almacén centralizado a cambio de Plan Industrial- era la última esperanza de la empresa Nacional de Residuos. Esa misma a la que ahora De la Vega y Moncloa le hacen ‘ojitos’. Ya desde julio, el plan para la industria burgalesa era una condición para el cierre de la central nuclear y la nueva regulación atómica iba a ser el eje transversal que arropara todo el proceso. Intentaba que las ayudas a Garoña estuvieran vinculadas al futuro del almacén de residuos nucleares. Y que la nueva fiscalidad -que coló por la puerta lateral de la regulación de las Socimi- neutralizara las denuncias de Nuclenor, los accionistas minoritarios y las promesas de reversibilidad del cierre por parte del PP.

Moncloa le ha tendido la ‘alfombra roja’ de las condiciones y las de la ‘fiscalidad’ nuclear y la financiación a Garoña. Industria ha abierto el trámite de audiencia pública. Los municipios con derecho a asignación son los situados dentro de una distancia determinada (superficie municipal a menos de 10 km o núcleo poblacional a menos de 20 km) a una instalación nuclear (ya sea una central nuclear o una instalación de almacenamiento).El borrador de Orden Ministerial para modificar la normativa que establece los criterios de reparto de fondos por Enresa a los municipios situados en el entorno de instalaciones nucleares que almacenan combustible gastado o residuos radiactivos estipula para el emplazamiento del ATC una cantidad de 6 millones de euros, pero podrá ascender a un máximo de 7,8 millones de euros anuales, teniendo en cuenta la parte fija y la cofinanciación de proyectos. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Garoña, la partida de cofinanciación de reparto de Enresa para quienes almacenen residuos se incrementa desde el 25% o el 30% previsto hasta el 50%, para aquellas instalaciones cuya fecha de cese de la actividad haya sido determinada. Este incremento regirá durante los cuatro años anteriores a la fecha de cese definitivo de la actividad. En resumen, el incremento de los fondos destinados a los municipios nucleares a través del mecanismo de cofinanciación respecto a la situación actual ascendería en conjunto a un máximo de 7,55 millones de euros al año (de los cuales 1,05 millones corresponderían al mecanismo específico diseñado para Garoña). Esta cantidad se suma a los 21,7 millones que reciben actualmente los municipios nucleares.

Varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y algún que otro de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre de Garoña y no digieren la letra pequeña del futuro para la zona. Garoña le amargó las elecciones europeas a Moncloa y promete repetir con la Ley de Economía Sostenible. Dos de las medidas ‘estrella’ del Plan Garoña -el desdoblamiento de la N-I y la construcción de un Parador en la zona- no aparecen consignados en el Presupuesto de 2010; el 90% de los más de 1.000 millones y las 26 actuaciones del Plan corresponden a infraestructuras ya programadas en otras partidas (sólo para la autopistas son 650 millones). Y si la Junta pide una fiscalidad temporal similar a la del País Vasco, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado veinte enmiendas para que se incremente en 90 millones de euros la cantidad que recoge el documento. Ni las 26 medidas del Plan Garoña ni las inversiones prometidas de 3.250 millones de euros -sólo 950 en inversiones directas- han calmado los recelos de los municipios de la zona, el PP y desde ahora el PNV y el ejecutivo de Patxi López. El Gobierno Vasco ha solicitado a la administración del Estado la creación de un grupo específico de trabajo para estudiar las necesidades de los municipios vascos afectados por el cierre de la central. El ATC para Garoña sería una ‘píldora’ de calma para sus recelos.

Moncloa descuenta el interés, por si acaso, entre las medidas del Plan que el vicepresidente Manuel Chaves intenta ‘consumar’, han incluido un centro piloto de investigación para la mejora de las prácticas de desmantelamiento de nueva creación. Uno que- reconocía hasta el ministro-aunque no es nada similar a un cementerio nuclear, sería el complemento perfecto para él y para el y para el centro de investigación para el tratamiento de los residuos nucleares que incluye la convocatoria. Si el Almacén se ubica en Garoña, serviría para despejar además, el futuro de la central burgalesa y evitar además de su cierre, un nuevo ATC antes de tiempo. Hoy el almacén de residuos de baja y media intensidad se encuentra al 43,4% de su capacidad, pero el de alta actividad, en el que se almacena el combustible gastado, tiene 1.972 sobre una capacidad de 2.609.

CARRERAS PARA LLEGAR TARDE

A Zapatero ya le queman los residuos. No sólo porque el desmantelamiento de Garoña implicará la construcción de otro nuevo depósito individual si no hay uno centralizado y porque la próxima saturación de la piscina de combustible de Ascó obligan a darle una salida. Zapatero no tendrá que esperar a ese momento. Hasta Enresa le ha recordado que se le agolpan sus cronómetros: en enero comenzará, "casi seguramente", el licenciamiento del Almacén Temporal Individualizado (ATI) en Ascó (Tarragona), cuando el Plan de Residuos habla de un ATC. Obligará al Gobierno a autorizar una actividad de almacenamiento de residuos contradictoria con el Plan General de Residuos Radiactivos. En Enresa saben además que si se opta por almacenes individuales como los de Zorita y Trillo, cerrarán las puertas del almacén temporal de residuos nucleares centralizado. En 2011 deben volver los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de media actividad de Vandellòs I enviados a Francia en 1989. El ATC no llegará nunca antes de 2013 y, si esperaba buscar acomodo casero a los residuos de Vandellòs I cuando vuelvan de Francia en 2010, ya sabe que no podrá. Se lo acaba de confirmar la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, no recibirá en Vandellòs II esos residuos de alta y media intensidad.

Pero ni las prisas para licitar ahora el ATC y poder fijar una fecha para el retorno de los 679 metros cúbicos de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2010 llegarán ya a tiempo. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habrá Almacén Centralizado en 2012, como muy pronto, 2014, aunque se adjudique en abril -la fecha más optimista de Industria. Sebastián sabe que tendrá que sentarse más pronto que tarde a negociar con Sarkozy la modificación de las condiciones de alquiler más allá del 31 de diciembre, si no quiere pagar 65.000 euros diarios de penalización. Los de Francia son residuos ya guardados en seco y traerlos antes obligaría a construir un almacén individualizado. El Elíseo ha pedido garantías de que España se hará cargo de estos desechos. Además, los propietarios de Ascó (I y II) y Vandellòs II (las eléctricas Endesa e Iberdrola) ya anunciaron mediante el presidente de la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), José María Grávalos, que estas centrales no guardarían provisionalmente los residuos de Vandellòs I. Y el ministro prefiere negociar con un nuevo Almacén Centralizado a la vista, o al menos ‘perseguido’ por más de un municipio.

Además, Zapatero, Sebastián y Garmendia se empeñan en hacer del combustible nuclear usado un “residuo” y no material reciclable, como hace el mercado galo -donde el 80% de la electricidad es de origen nuclear- con el 96% del combustible que llega a sus manos y un ahorro del 25% de uranio natural. El regreso de una parte de los residuos atómicos de alta actividad (los más peligrosos) que se custodian desde hace décadas en Sellafield (Reino Unido) y que proceden del reprocesamiento del combustible que utilizó la central nuclear de Santa María de Garoña en los años setenta debían haber vuelto ya a España, según el contrato firmado por Nuclenor y British Nuclear Fuels (BNFL), compañía que los custodia también una pequeña cantidad de Vandellós. Pero, al calor de la inercia de Moncloa la parte española ha logrado un aplazamiento de ese regreso y el Ministerio de Industria negocia que Inglaterra se quede de forma definitiva el uranio. Un material que en tierras británicas sí se recicla.  Mantenerlo en Reino Unido cuesta de 200.000 a 300.000 euros al año, una cantidad que abonan los usuarios través de un porcentaje de la tarifa de la luz.

EL NUEVO ‘BARNIZ NUCLEAR’ NO LE LLEGA A GAROÑA

El pacto con el PP sobre la energía –y con él las promesas de planificación conjunta a diez años- ha quedado relegado a un segundo plano entre las prioridades del Gobierno, que no piensa dar marcha atrás en la senda de sus planes nucleares.  Pero el debate de la energía atómica  no está cerrado en el PSOE.  Menos aún en las expectativas del ministerio de Industria. En la Subcomisión de la estrategia energética española para los próximos 25 años creada en el Congreso no son los populares y los directivos de las principales empresas del sector los que cuestionan su cerrazón nuclear y comienzan a ver como un horizonte factible la ampliación a 60 años la vida de las nucleares o construir nuevas, como sugirió el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan. Las voces han chirriado de nuevo entre las grandes espadas de la energía española. Zapatero ya no quiere ser la ‘bestia negra’ de la nuclear europea y el sector tratará de aprovechar su paso por la presidencia de la UE para doblegar su rechazo. Pero en la mesa de Moncloa la letra pequeña de la nueva legislación atómica hace que el ‘affaire Garoña’ sea irreversible.

Y es que ahora que ha desplegado el ‘laissez faire’ de la Ley de Economía Sostenible y con ella la prórroga a la reforma de sus calendarios energéticos, Zapatero se resguarda en la indefinición: no ha transpuesto la directiva europea de seguridad nuclear, aunque ha incluido en la nueva regulación la titularidad única de los responsables de las centrales y la fiscalidad llegó por la puerta de atrás de la regulación de las Socimi. No habrá debate ni regulación específica: apenas gana tiempo con el nuevo techo de cristal para las centrales -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Pero nada, también que no vaya a quedar por primera vez en manos del Gobierno, de espaldas a las decisiones del CSN.  Moncloa intentaba repartir las facturas de sus retrasos a la industria nuclear: las demoras de Enresa con Zorita obligan a Nuclenor a destinar a Garoña más de 40 millones de euros para seguir los dictados del CSN hasta 2013. Al presidente le sabe a poco: quería cobrarles la gestión de los residuos, y las facturas del desmantelamiento. Pretende que Endesa e Iberdrola se hagan cargo -también y por primera vez en la historia- del coste económico del desmontaje de una central, que hasta ahora se financiaba con el recibo de la luz bajo el paraguas de Enresa y dejar así en sus manos la llave de la ‘irreversibilidad’ del cierre que su Real Decreto y la LES no han sellado para Garoña.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el mundo ya ha habido casos incluso de centrales nucleares paradas un tiempo que luego se han vuelto a poner en marcha. Pero aunque -contradicciones del guión- se le permite a Nuclenor la recarga de combustible de Garoña en 2011,  Moncloa calcula que, incluso si un supuesto gobierno a partir de 2012 pudiera revertir el Decreto del Cierre o modificar -con mucho más tiempo- la legislación nuclear, será Nuclenor la que niegue la marcha atrás: la propia empresa la primera que no puede sostener, a la luz de la rentabilidad, un baile de ida y vuelta hacia el desmantelamiento.

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