edición: 2658 , Lunes, 18 febrero 2019
19/05/2009

Zapatero vuelve a improvisar, ahora con los portátiles

Espera que TIC y CC AA le hagan los deberes
José Luís Rodríguez Zapatero
Ana Zarzuela

Primero dispara, ahora calcula. Viste sus planes tecnológicos de gran pacto para la enseñanza, los arropa en el Plan Escuela 2.0 y le busca destinatarios -los 450.000 alumnos de quinto de primaria- y embajadores forzosos en el Ministerio de Educación. Se tiró a la piscina del Congreso con la promesa de sus ordenadores portátiles y ahora trata de que le hagan las olas, antes de septiembre, las Comunidades Autónomas y el sector de las Tecnologías de la Información. Ni la bitácora ni la financiación están claras, al menos no a la vista. Se lo advierte la industria a pesar de saborear un caramelo que podría suponer entre un 7 y un 8% de las ventas anuales de PC en España: si no acelera la convocatoria del concurso, no llegará a tiempo, salvo que les baile las concesiones. Moncloa enfada a los padres, ningunea a los profesores, dribla a los editores de contenidos educativos, disgusta al gurú del software libre y lanza a los fabricantes, a los operadores y a los distribuidores de software a la carrera de los portátiles sin tiempo y sin espacio para coger velocidad.

Y busca subirse al lomo -de la experiencia y la financiación- de las autonomías que ya se han estrenado. Aragón, Extremadura y Castilla la Mancha tiemblan. Las TIC se organizan, se alían en torno a la experiencia, le ponen planes y sugerencias sobre la mesa. Las CCAA le hacen saber, al calor de la Conferencia Sectorial de Educación, que no pasarán de ser convidados de piedra a patrocinadores forzosos de sus planes, al menos no a cambio de nada. No, todos. No, con batutas ajenas.

Levanta las sospechas del sector, las iras del profesorado y las dudas de los fabricantes. El desencuentro de las ayudas al automóvil puede ser gemelo del mapa desigual de los portátiles escolares de Zapatero. Mira y copia a las CCAA que se le adelantaron, Extremadura, Castilla la Mancha, Aragón -promovida por la actual secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia -y Cataluña. Con el otro, a Lisboa: al proyecto Magallanes, por el que se va a dotar de ordenadores Intel a 600.000 estudiantes, con la financiación mixta del Estado (unos 80 millones de euros) y las familias. Y echa mano de las Autonomías. Aprovecha su experiencia y la transferencia de las competencias de educación para tratar de cargarles a los gobiernos regionales el 50% de la factura, la gestión final del proyecto y su mantenimiento. Lo intenta ya por boca de de Ángel Gabilondo, pero ni siquiera el ministro de Educación está seguro de su éxito: lo más que se atreve a decir es que es “un compromiso del presidente• y que “trabajará por él”.

Zapatero y Gabilondo señalan a Castilla la Mancha, pero les bizquean las comparaciones: los 28.500 portátiles que planeó distribuir el año pasado estaban destinados sólo al profesorado. Se lo recuerda incluso la mano tendida del presidente Barreda. El abono total de unos 84 millones, que pagarán a medias entre el Gobierno central y las regiones -a razón de 42 millones cada parte- se multiplica por 5 cursos, hasta un total de 210 millones de las arcas regionales sólo para financiar ordenadores. Suma y sigue con la promesa de Moncloa de asegurar el cumplimiento del Plan de Reducción del Abandono Escolar temprano, que cuenta con un presupuesto de 121 millones de euros en 2009 en colaboración con las comunidades autónomas, o lo que es lo mismo: otros 60,5 millones cada ejercicio. Una gota de más de 200 millones en un mar de ausencias si no se integra en aulas informatizadas, con equipos y formación tecnológica para los docentes.

Al coste de los portátiles y las pizarras electrónicas hay que añadir el de su software (si se les instalan programas de pago), la conexión a la red de la escuela y de cada portátil (para que los niños puedan usarlo en sus casas), además del soporte técnico de todo ello y la formación para alumnos y profesores. Un esfuerzo que, en el caso de una clase de 30 niños requeriría entre 1.500 y 2.000 euros por aula, sólo para instalar la tecnología necesaria para la conexión a Internet, entre antenas, cableado, sistemas de radiofrecuencia, sin contar con la conexión satélite. A Castilla-La Mancha le costó 20 millones de euros una medida similar aunque mucho menos ambiciosa, que consistía en dotar de un PC a 30.000 profesores (sale a 660 euros por equipo, incluyendo asistencia 24 horas y reemplazo en el caso de avería).

Jura Moncloa que hace meses cocina el plan, que ya había invitado a la mesa a unas 20 empresas de software, hardware y operadoras, pero ha lanzado el paquete de sus portátiles de espaldas a la sorpresa de la patronal de las TIC y ha dejado a dos velas a Dell, Acer o Asus: se enteraron por televisión, en vivo y en directo con el Debate sobre el Estado de la Nación. Ahora, consulta consulta al sector sobre sus antecedentes en otros países, precios, modelos, disponibilidad y estrategias tecnológicas. Si quieren acceso al ‘caramelo’ de tendrán que amasarlo de paciencia, planes y precios. Moncloa lo promete. Habla por planes ajenos y facturas prestadas. Habrá que empezar por programas pilotos, o aferrarse a lo ya hecho. HP, Toshiba y Microsoft hacen valer su experiencia educativa tanto en España como en el extranjero. Y como desvela Expansión, Microsoft, Intel, HP, Telefónica, Informática El Corte Inglés, Vodafone, la portuguesa JP Sá Couto y Banesto han constituido una alianza -coordinada por el banco- para afrontar el proyecto, al menos para acompañar las dudas del Escuela 2.0 e iluminar las sombras de Moncloa.

Estaba llamado a ser un ‘caramelo’ a largo plazo para endulzar a empresas informáticas operadoras de internet, empresas de software, de servicios TIC y de contenidos educativos, ahora que su facturación ha decrecido un 17,5% en el primer trimestre de 2009. Pero la patronal viste de prudencia  la carrera que están seguros de poder correr las principales empresas del sector. No saben nada de planes, Zapatero se lanzó a la piscina del Congreso sin tantearlos. Y tanto la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), como  la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC),  aguardan por la letra pequeña de los planes del Gobierno. Como le han recordado a Moncloa, "el problema no es tener más medios, sino saber utilizarlos bien". Aún no está definido si el alumno tendrá que financiar parte de la adquisición junto a las administraciones, como en el modelo portugués, donde la aportación familiar es de 0, 25 o 50 euros en función de su poder adquisitivo, mientras que el resto de la financiación es subvencionado por el Estado. Menos aún, cómo será el mantenimiento de esta flota de equipos tecnológicos, por el que pelean ya sus sables muchas empresas regionales. Moncloa sólo sabe -gracias a Ángel Gabilondo- que los estudiantes serán los propietarios, no el centro.

El Ministerio de Educación mira a septiembre, no tiene ojos para más meses en el calendario, aunque la Aetic y Asimelec le encienden las líneas rojas a su cronómetro. Y el tiempo pone en manos de las alianzas  -o al menos la cooperación- la posibilidad de que el suministro venga de empresas nacionales. Para la adquisición de ese parque informático es necesario un concurso público, un proceso largo, con las vacaciones por medio. Hispalinux ya ha anunciado a soitu.es que si encuentra razones para impugnarlo, "probablemente actuaría jurídicamente" contra él.

LA CONFUSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Trató de hacer de  los 450.000 portátiles una ofrenda en el altar del software libre que los socialistas prometieron en campaña, pero a Zapatero le ha leído la cartilla Richard M. Stallman, el padre GNU/Linux. Moncloa había pergeñado un pacto entre otros con Microsoft, Galicia ha heredado el contrato de millones de Touriño, pero Rodríguez Zapatero sigue teniendo ‘partido’ el corazón del sistema operativo de sus 450.000 portátiles. Su lado ‘pro software libre’ habla por boca de Leire Pajín, la secretaria de organización del PSOE, que se comprometió a un código abierto para los portátiles escolares. Su lado consensual, por boca del ministro Gabilondo, que pretende dejar en manos de cada  CCAA el software que se instale -en muchas ya hay una red educativa en marcha y varias poseen su propia distribución de Linux- y exigir sólo que se posibilite el arranque dual, aún a costa de obligar al gasto en la tecnología de una marca en concreto, algo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público; de arriesgarse a chocar contra la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que garantiza a todos los españoles el derecho a elegir el software en su relación con la administración. Y de dibujar otro mapa de la geografía de la desigualdad: mientras Extremadura ha apostado por el software de código abierto durante los últimos años,  Aragón ha preferido las aplicaciones de Microsoft para los tablet PC de los alumnos.

Y, por ahora, a Rodríguez Zapatero se le habían olvidado los contenidos digitales. La Junta de Extremadura advierte que es necesario dotar de materiales interactivos al profesorado para que pueda trabajar las distintas materias con el ordenador y las pizarras digitales. Gabilondo y su ministerio se han lanzado a buscarle las intenciones a la ANELE, pero no hay nada parecido a un acuerdo, ni sitio para el sector de los editores en una comisión conjunta con los operadores de Internet y los fabricantes de electrónica. Todo lo contrario: las advertencias de la Asociación de que los editores ya ofertan contenidos digitales para el sistema español, "pero como complemento a los libros de texto y al material educativo” y de que "no existe ningún país en el mundo" que haya sustituido la totalidad del soporte de papel por el digital le marcan las líneas rojas a  Moncloa.

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