edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
15/07/2010
Faltó energía en el debate sobre el Estado de la Nación

Zapatero y Rajoy se arriesgan a hacer de la ‘moneda de cambio’ de la energía un viaje suicida a ninguna parte

Con un déficit de tarifa acumulado de 16.000 millones de euros, 3.900 este año y el compromiso de liquidarlo antes de 2013, tendrá que haber subidas
Sebastián volverá a analizar la tarifa en otoño, pero Moody´s advierte de una posible rebaja de rating a las eléctricas y los analistas, del riesgo de la titulización de septiembre
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
Javier Aldecoa

Siguen la letra de un guión improvisado cada día a cuatro manos por Sebastián y Montoro; uno que hasta ahora sólo comparte oficialmente la sintonía para congelar la subida del recibo de la luz prevista para el 1 de julio. En Castellana 160 hacen suya la herencia embalsamada de los precios de la electricidad, la que selló el Gobierno del PP del que Cristóbal Montoro formaba parte. El Pacto de Energía -después del fracaso de los flecos energéticos de la Ley de Economía Sostenible y de Zurbano- ha sido para el ministro Sebastián, la llave para resguardarse en decisiones e indecisiones en el PP y ganar tiempo en el diseño del mix; para Génova, la credencial para anotarle a su política de Estado algún tanto. Ni el PP quiere desenterrar sus fantasmas, ni el PSOE asumir a solas una reforma energética para la que, después de un semestre de pruebas, a Sebastián no le salen las ecuaciones. Con un déficit tarifario acumulado de 16.000 millones y el compromiso de Moncloa para acabar con él en 2013, ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse al menos el 5%. Menos aún si, como asegura Sebastián, no incluye tasas nucleares ni hidroeléctricas y si la rebaja de primas renovables que quiere sellar con Montoro sólo ahorra unos 1.300 millones en tres años. La CNE y el sector le advierten de que el déficit llegaría a 22.000 millones en tres años y sólo una subida de tarifas del 20% lo contendría. Industria aún negocia con borradores tentativos en los pasillos del Congreso, aún a riesgo de dejar en fuera de juego seis meses de trabajo de la Subcomisión de Industria del Congreso a cambio de un Pacto de Estado que, hasta ahora, sólo ha parido un pacto eólico y la termosolar que ya estaba cocinado.

Aviso para navegantes, tras la revisión de los costes a cuatro manos con la oposición vendrá -promete ahora Zapatero- la de los ingresos, para superar “el divorcio entre los costes de producción y lo que se paga por la electricidad”. Si reconoce que la revisión es imprescindible, Sebastián habrá ‘parido un ratón’, pero uno muy caro para el sector eléctrico. Para ese momento, el sector tendrá sobre la mesa meses de retraso y las luces rojas sobre la titulización del déficit prevista para septiembre. Si no lo hace, si Sebastián cumple el tiempo muerto hasta enero acordado con Montoro el 24 de junio, en el sector seguirán pagando sus facturas, las de las dudas, las de la incertidumbre que le cobran los mercados y las agencias de calificación.

Sebastián y Montoro dan vueltas a una mesa en la que ninguno se quiere retratar -ni Génova ni Ferraz acaban de definirse en la rebaja de retribución solar, la definición de cifras concretas del mix energético, el asunto nuclear o el Real Decreto de incentivos al consumo del carbón- pero de la que ninguno quiere ser el primero que se levante.  Se blindan, por ahora, en el ni sí, ni no, sino todo lo contrario. “En julio”, según Miguel Sebastián, o “lo más pronto posible”, según Cristóbal Montoro, se remitiría un acuerdo energético a la subcomisión del Congreso. Pero, tres semanas después de sorprender a los técnicos del Ministerio de Industria y a los diputados de la propia subcomisión con el anuncio oficial de un pacto de energía, Rodríguez Zapatero sólo lo citaba de pasada durante su discurso en el Congreso en el Debate sobre el Estado de la Nación. No es ninguna novedad que Zapatero considera “clave” al sector energético y quiere “llegar al mayor consenso posible en cuestiones vitales para la economía”, como “las infraestructuras e interconexiones, la liberalización de los mercados energéticos, los costes del sistema eléctrico, las políticas de ahorro y eficiencia energética y la gestión de los residuos nucleares”. No es nada, tampoco, que no ofreciera ya a Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación de mayo de 2009, como preludio a un consenso que nunca llegó con la Ley de Economía Sostenible y el contenido energético del Pacto de Zurbano.

Sebastián improvisaba a finales de junio un nuevo modelo energético para calmar al mercado internacional. Una ecuación de urgencia con la que encajar el varapalo de Zapatero, las advertencias de Bruselas y, de paso, abrir la puerta a un Pacto de Estado de Energía y hacer de la foto con Montoro -todo un Pacto de Toledo en energía, aseguraban a dos voces en Moncloa y Génova- un bálsamo para los mercados internacionales, que habían cuestionado la seguridad jurídica de España ante el anuncio de revisión retroactiva a las primas de las renovables, entre otras. Por sorpresa pretendía ganarse la atalaya de un acuerdo con el PP que acabara con la incertidumbre y el castigo de los mercados, con las zozobras de las eléctricas, con las contradicciones que nutren el déficit de tarifa, con las contrariedades ante la CNE y con las dudas y los tirones de orejas de los bancos, los inversores internacionales y el mismísimo vicepresidente norteamericano, Joe Biden.

OTRO ‘PUNTO DE FUGA’ DEL DEBATE

Sebastián miró a la subasta Cesur, la que determina la tarifa de último recurso (TUR) con la que los 22 millones de consumidores domésticos pagan el coste de la energía y le asustó subida del 4,2% de la puja -que suponía una subida de la luz del 7%-y la sombra del IVA. Pero sabe que, al no aplicarse en julio, Industria deberá sumar (y con intereses) a la que resulte en enero. El aplazamiento de la subida no sólo vulnera el principio de suficiencia tarifaria, sino que tiene difícil arreglo de cara al futuro. La prórroga tendrá que trasladarse en algún momento: si se hace crónica la barra libre al déficit de tarifa, el Gobierno incumplirá la ley. Fue el propio Ejecutivo el que aprobó el real decreto ley 6/2009, en el que se comprometía a acabar con el déficit tarifario en 2013 y para ello, Industria fijó que el déficit no podría superar los 3.500 millones en 2009 (lo ha superado), los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.

La patronal eléctrica UNESA le ha encendido todas las luces rojas, por igual al pacto de quietud de populares y socialistas: si el futuro acuerdo energético pasa por la congelación de la tarifa, el déficit puede dispararse por encima de los 4.600 millones al cierre de 2010, muy lejos del techo que en principio estaba previsto para este año en 3.130 millones. Y el sector descuenta que, tras la decisión del Ejecutivo de suspender la subida de la luz prevista para julio y teniendo en cuenta el histórico, a finales de año el déficit de tarifa acumulado podría superar los 20.000 millones de euros, una deuda que deben cobrar las eléctricas y que estaba previsto titulizar en septiembre con el aval del Estado. Aunque el acuerdo aún oficialmente etéreo con el Partido Popular consiguiera abaratar los costes de acceso como se propone, ninguna revisión evitaría que la tarifa tenga que encarecerse ahora menos del 5% o el 6%: tiene que sufragar un déficit acumulado muy cercano a los 16.000 millones.

Con cada día de tiempo ganado por la indefinición de Montoro y Sebastián, lo pierden el sector, las eléctricas, los reguladores y la resolución del déficit de tarifa que antes o después, por la puerta de las facturas, la de los presupuestos, o la de las cargas fiscales tendrá que recaer sobre los consumidores. Pero en Ferraz se preguntan, además qué será no sólo de los más de seis meses de trabajo de la Subcomisión de Industria del Congreso para fijar un mix energético a 25 años, sino de la comisión parlamentaria que, sólo un día antes de anunciarse la negociación, el 23 de junio, aprobaba el Congreso de los Diputados aprobó hoy, con la abstención del PP, para el “estudiar la tarifa eléctrica, la idoneidad del actual sistema retributivo y evaluar los cambios y mejoras necesarios para hacerlo "más eficiente, comprensible, justo y realista". Son las mismas dudas que le recordaba Josep Antoni Duran i Lleida en sede parlamentaria: le reclama “que no vuelva a improvisar con el PP" en esta materia” y que haya un acuerdo en base los trabajos de la subcomisión de política energética del Congreso entre todos los grupos.

Rodríguez Zapatero asegura ahora que está “abierto a revisar el papel de la energía en el mix energético” para pactar con PP y CiU. Lo hacía, ante los silencios de Sebastián, las negativas del Secretario de Estado, Pedro Marín y el choque de lanzas entre los barones del PSOE y la vieja guardia de Ferraz. Era, claro, la réplica -sin entrar en detalles ni atreverse ni a nombrar Garoña- al portavoz parlamentario de CiU durante el Debate sobre el estado de la Nación. Gobierno y oposición no han dejado de deshojar la margarita sobre si Garoña está o no en la mesa de la negociación. Mariano Rajoy había pedido una señal de buena voluntad para avanzar en el Pacto Energético, con la ‘línea roja’ de Garoña. “Condiciones radicales”, en palabras de De la Vega. El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, aseguraba que el cierre de la central burgalesa es definitivo, cosas del pasado que, a la vista del 30% de exceso de capacidad sobre demanda punta, no quería ni tocar. En Ferraz se preguntan a cambio de qué habrá merecido la pena el tiempo muerto. Hasta ahora, sólo ha conseguido atrasar la decisión del Almacén Centralizado de Residuos Nucleares que Industria planeó haber resuelto en julio y echar más sal en las heridas energéticas de los barones socialistas, sobre todo en las de Griñán, Fernández Vara y José María Barreda, ya sangrantes desde hace meses.

El Presidente asegura que el Gobierno adoptará las “medidas necesarias” para “cerrar” el divorcio entre “ingresos y costes energéticos” en cuanto concluya el proceso de revisión de gastos del sector. La misma promesa, en realidad que desgranaba por última vez el 16 de junio, apenas ocho días antes de que Miguel Sebastián paralizara la revisión tarifaria como condición para el pacto con el PP. Pero aún hoy, nadie sabe en Castellana 160 en qué consistirán estas medidas, nadie se atreve a mencionar en el Ministerio aún nuevas revisiones al alza de la tarifa de la luz que mejoren los ingresos, aunque desde hace días Industria no descarta ahora trasladar a la factura eléctrica de los hogares el resultado de las subastas de electricidad que realizará el operador en septiembre, nada de esperar hasta enero como se dijo en un primer momento.

Un discurso que Moody's acogía con la advertencia de que la revisión del sector energético y sus costes puede tener “posibles implicaciones negativas” y afectar a rating de las eléctricas; “incrementará probablemente su incertidumbre regulatoria”, asegura el servicio de inversión de la agencia de calificación en un informe en el que recuerda que la congelación de la revisión de tarifas en julio “sorprendió al mercado”, que esperaba un incremento del 4% en estos precios regulados. Paradojas de los vaivenes energéticos de Moncloa, desde el 24 de junio el anuncio de un Pacto de Estado para desarrollar en común una política energética de país, ha conseguido introducir nuevas incertidumbres en el sector y dejar a las eléctricas en la diana de las advertencias de todas las firmas de análisis.

Según UBS, la congelación de la tarifa contraviene el objetivo de eliminar el déficit para 2013 y mete presión a esa deuda, que tiene que titulizarse en el mercado con aval del Estado para poder adelantar ese dinero. Moody's ya ha rebajado, la semana pasada, de estable a negativa la perspectiva sobre el 'rating' a largo plazo tanto de Iberdrola como de su filial escocesa Scottish Power, situado en ambos casos en A3 (tercera nota dentro de la calidad buena),  tras el acuerdo entre PSOE y PP para congelar la tarifa de la luz e impedir la subida del 4% en el precio regulado. El rating a corto plazo, de 'Prime 2' (calidad buena), queda reafirmado, al tiempo que Iberdrola USA y sus filiales no sufren ninguna merma en sus respectivas calificaciones. Y aunque Moody's y Standard & Poor's han mantenido la calificación crediticia de Red Eléctrica de España (REE)  (A2 y AA respectivamente), ambas agencias  agencias han decidido rebajar a negativa la perspectiva de la compañía a raíz de los cambios en el sector eléctrico que han anunciado los dos principales partidos políticos españoles. No son ajenas a la intención de Industria -filtrada de nuevo entre rumores- de preparar un recorte de la retribución que cobra Red Eléctrica- también incluyendo recortes para redes extra peninsulares- con tal de conseguir un pellizco de la reducción del déficit tarifario, por más que Atienza haya advertido que "los costes del transporte apenas afectan al 4 por ciento de la tarifa" y "son un elemento marginal en este proceso y están en la banda más baja de los equiparables europeos.

Aunque el mercado es receptivo al posible entendimiento entre las fuerzas políticas y al avance de un Pacto de Estado que no se esperaba hasta octubre como pronto, no cierra los ojos a la nueva etapa de incertidumbre inaugurada por Montoro y Sebastián el 24 de junio y menos aún al efecto de las dudas sobre la titulización de los derechos de cobro del déficit acumulado por las eléctricas, que estaba prevista para septiembre -después de meses de demoras por parte de Industria- . Como advierte Nomura, el camino natural sería que el Ejecutivo incidiera en su compromiso de acabar con el déficit en 2013, para que los inversores volvieran a confiar en el mercado, recortar costes primero y aumentar tarifas después para despejarle el camino a la titulización. Menos aún, han podido despejar las eléctricas el horizonte de las inversiones que las propias banderas del ministro de industria -coche eléctrico, smart grids, o interconexiones entre otras- exigen. Sólo para redes inteligentes, se precisan 25.000 millones de euros, sin calcular la red de alta, media y baja tensión, (aunque eso es parcialmente ajeno a las compañías) y las hidroeléctricas de bombeo.

LAS ELÉCTRICAS NO ESPERAN DE BRAZOS CRUZADOS

Zapatero y Sebastián han conseguido unir a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, las cinco grandes eléctricas, -con una capitalización conjunta de más de 60.000 millones de euros- en un comunicado conjunto para exigir a PP y PSOE que cierren “con urgencia” el pacto de Estado en energía que anunciaron en junio por segunda vez en nueve meses y que se ponga fin “a la incertidumbre regulatoria”, que amenaza la estabilidad financiera del sector.  Un paso adelante y dos atrás, Miguel Sebastián salta todas las chispas con las eléctricas: en el aire están no sólo los desencuentros del déficit de tarifa y la titulización de la deuda, sino los contadores (que el ministro quiere impedir en alquiler), el coche eléctrico y la inversión en nuevas redes. Y es que el laissez faire, el tiempo muerto pactado por PP y PSOE y sus esfuerzos para no destapar las raíces del mix energético les están pasando a las eléctricas todas las facturas de los mercados, de los analistas y del peso del propio déficit.

Lejos de las entelequias, el déficit de tarifa (diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos que se obtienen mediante el recibo de la luz) pesa sobre sus balances y sobre sus expectativas. Le ponía cifras hace menos de un mes, en la Junta de Accionistas, el presidente de Endesa, Borja Prado: sólo su compañía tiene 7.423 millones de euros pendientes de cobrar y cada mes de retraso en el pago de esta deuda por los rezagos de la administración se incrementa en 155 millones de euros. Las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EON y HC- que cuentan con más de 24,5 millones de hogares acogidos aún a precios regulados, no esperarán de brazos cruzados. Las compañías denuncian que sólo el 50% de la cantidad que paga el usuario en el recibo de la luz llega a sus cuentas. El resto tiene destinos tan variados como los impuestos, el reintegro del déficit acumulado, la compensación extrapeninsular o la financiación de organismos.

El tiempo no corre gratis para ninguno de los subgrupos del sector. Pero, desde ahora, tampoco lo hace para el ministerio de Industria: el Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa dos recursos contencioso-administrativos de la patronal UNESA y de Iberdrola contra la congelación de las tarifas eléctricas acordada por Moncloa y Génova por la orden ministerial de tarifas de acceso que entró en vigor el 1 de julio.  Industria rebajaba los peajes un 3%, cuando el borrador remitido en junio por Sebastián y Marín a la CNE proponía una subida del 10% para los domésticos y un 5% para la industria en horas punta. Esta parte de la tarifa, que tiene un peso cercano al 40% en la metodología final de cálculo, recoge los costes regulados del sistema. El 3% de recorte de la tarifa de acceso, unida a una subida del 4,2% del coste de la energía (TUR), ha dado como resultado una tarifa final cero e implica una reducción de los ingresos cobrados.

Como detalla el recurso de Iberdrola -que debe financiar el 35% del déficit-, la Orden Ministerial que sirvió para plasmar dicha decisión incumple la Ley del Sector Eléctrico, ya que no recoge el exceso del déficit tarifario generado en 2009 (más de 1.100 millones sobre los 3.500 millones previstos, según cálculos de la CNE). Lo justo para que los de Sánchez Galán pidan al Supremo la adopción de una medida cautelar que implique la modificación de la Orden para que recoja tanto la desviación del déficit como los intereses derivados de su financiación. Las eléctricas no sólo aluden al daño patrimonial que les genera la congelación tarifaria, sino a incumplimientos legales y errores de forma: la decisión finalmente adoptada en el BOE del 30 de junio no ha sido consultada con el regulador energético. Les asiste otro argumento legal: aunque no es obligatorio revisar la tarifa semestralmente, si se decide hacer así, debe ser aditiva y  recoger los costes. Uno de los que consideran que debía haberse incluido es el déficit de tarifa que se excedió del límite fijado por ley: en 2009, sólo permitía en 3.500 millones y se pasó en unos 400 millones.

NI A SEBASTIÁN NI A MONTORO LES SALEN LAS CUENTAS

Zapatero y la herencia del modelo energético del PP han conseguido el más difícil todavía: como recapitulaba Libertad Digital, el coste de la electricidad para los hogares se ha disparado un 36,8% entre 1998 y 2009, hasta situarse un 4,7% por encima de la media de la UE-27. Y, en su auge, como reconoce el documento de Propuesta Energética al Congreso de Industria, tienen mucho que ver las renovables: "explican más de un 120% la variación de la factura eléctrica". Al fin y al cabo, Desde 2004 a 2010 el importe de las primas renovables se ha multiplicado por cinco, e Industria prevé que en 2010 su cuantía ascienda a 6.300 millones de euros (antes de la revisión de costes), de ellos 2.600 millones para la fotovoltaica y en 2010 se calculan en 7.000 millones. Y de mantenerse el actual sistema de subvenciones, el sector renovable percibirá en los próximos 25 años más de 126.000 millones de euros. Pero el precio de la luz en España sigue muy por debajo de su valor de mercado. La diferencia entre los costes reconocidos de la generación de energía y los ingresos regulados de las eléctricas (déficit de tarifa) superó los 4.600 millones de euros en 2009, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y, según el sector, el déficit tarifario total ascenderá a unos 22.000 millones de euros en 2013, si Moncloa no cortocircuita ya su crecimiento.

Sebastián baraja de nuevo. Si sigue las insinuaciones públicas e Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación, desde ahora lo puede hacer casi sin líneas rojas, siempre que sea para cocinarlo a cuatro manos con el PP. Pero los analistas, la CNE y la patronal eléctrica le advierten que todos sus caminos conducen a la revisión de la tarifa eléctrica. Ha jugado con las tijeras con las que aplicar la "revisión en profundidad de los costes del sistema eléctrico", recortes en la retribución de las renovables, de la nuclear, de la hidráulica y también de los sectores regulados. Ha medio los costes de transición a la competencia, los famosos CTC y otras ineficiencias y sobrecostes que según las patronales renovables supondrían un ahorro de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. No coinciden con sus cuentas. Aunque valoraba utilizarla como canje a cambio de la extensión de la vida útil de los reactores atómicos más allá de los 40 años, Industria asegura ahora que ya no estudia una tasa a las hidráulicas y centrales nucleares, como proponían las patronales fotovoltaicas para reducir costes en el sistema eléctrico, (con la tesis de que son activos ampliamente amortizados y con costes variables bajos y favorecidos por los precios del pool), una medida a la que incluso los analistas le habían puesto cifras: 15 euros por megavatio. No en vano, un 41,8% de la electricidad que produce en España es a partir de las instalaciones hidroeléctricas y un 45,2% de la energía nuclear. Ya hay precedentes cuando, con la introducción de los derechos de emisión de dióxido de carbono, los precios mayoristas de la electricidad subieron y se impuso una tasa a hidroeléctricas y nucleares que se retiró en 2009.

El ministro asustó al ruido con las renovables, planteó fue la aplicación de medidas retroactivas para las plantas existentes o la práctica paralización de las que se encuentran en el prerregistro para acabar ‘pariendo un ratón’, el del acuerdo con la eólica y la termosolar que ya estaba ultimado antes de publicitar el Pacto con el PP. Después de semanas de incertidumbres, el pacto alcanzado por el Ministerio de Industria y la industria eólica y termosolar el  2 de julio,  no contiene casi ninguna de las  penalizaciones que se habían ido filtrando de las conversaciones entre el Gobierno y los sectores afectados. Sólo las instalaciones que entraron en funcionamiento con posterioridad a 2008 sufrirán la rebaja de la prima en un 35% y  el tope fijado para las horas con derecho a una retribución por encima del precio de mercado, tanto en eólicas como en termosolares, es muy alto.

El acuerdo entre populares y socialistas sólo recortaría en el mejor de los casos las primas a las renovables en 1.300 millones de aquí al 2013. La rebaja del 35% a las eólicas tan sólo afecta al 16% de la potencia instalada, con lo que las propias eléctricas cifran el recorte de las primas entre apenas 2,4 millones de euros al año y 50 millones frente a un total de 500 millones previstos inicialmente, según adelantaba Cinco Días. Como advierten los analistas, si la reducción del peso de las primas de las renovables en el conjunto de los costes que soportan la tarifa no ha sido el previsto hace sólo pocas semanas, el tijeretazo vendrá por las foltovoltaicas o por las eléctricas integradas. O de lo contrario -si no se ataca por el lado de los costes- habría que aumentar significativamente las tarifas, si es que no quiere elevar hasta casi los 20.000 millones de euros el déficit tarifario acumulado. El precio tendría que subir entre un 20% y un 30% adicional para compensar el déficit, según el propio sector y la CNE.

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