Ha tragado dos veces cada bocado de sus divergencias. Al ministro, Moncloa le ha puesto sordina. La ‘fiscalidad verde', la Ley de Economía Sostenible, la reforma nuclear, el futuro de los residuos atómicos y hasta la financiación del Plan 2000E para los ayuntamientos y la wifi municipal escinden al Gobierno y al PSOE y enfrentan a Zapatero y Sebastián entre sí y con Bruselas. Le peleó los sables de la fiscalidad verde a Salgado, pero después de la subida a la gasolina en junio no se ha atrevido a subirle la voz –ni siquiera de las sugerencias o la tasa del CO2- a Zapatero. El titular de Industria ha encajado la llamada a filas de la vicepresidenta y ha callado, hasta ahora, al menos sus diferencias. Se ha abrazado al posibilismo y ha jugueteado con sus planes más personales: las bombillas, el Movele, el Avanza y el 'Made in Spain'. Poco más por lo que haya querido dar la cara. Pero el ‘escapismo’ dejando las polémicas en brazos de sus secretarios de Estado le sabe a poco, ha comenzado a encajarle a Moncloa sus ‘pequeñas revanchas’. Las del carbón para empezar.

Al ministro le duelen las promesas del ‘credo’ minero de Zapatero, que saca la bandera de los socialistas asturianos para calmar las aguas del carbón de su ‘patria chica’ y le vuelve a cantar al oído de Sebastián las consignas de Rodiezmo. El ministro discute el Plan del Carbón hasta 2012 y le da la espalda al Real Decreto de activación del consumo para centrales térmicas que Moncloa negocia con las eléctricas. Como poco, le vuelve la cara del silencio. Se lo ha dejado claro con la lista de actuaciones de España para la UE en el primer semestre de 2010: nada de sitio para las promesas personales de Zapatero de impulsar las subvenciones comunitarias que caducan en menos de un año. Sebastián no se sentará a ninguna mesa con el sector y le saca los colores a la gestión local de las ayudas al sector minero para explicar los 800 millones de euros sin ejecutar. No sigue las instrucciones de Moncloa, menos aún las de Ferraz y Caldera. Con cada paso atrás, deja en fuera de juego a las promesas de Zapatero y levanta las lanzas del socialismo leonés contra él. Pero no permitirá que el carbón y el CO2 le sigan echando ‘manchones’ a sus ‘energías verdes’ a los ojos de la UE, la OCDE, la AIE y hasta Obama.

Fue en esa fiesta minera astur-leonesa de Rodiezmo el 6 de septiembre donde ZP desplegó todo el ‘credo’ de Moncloa para el carbón autóctono y el sector de la minería. Fue allí, también donde Miguel Sebastián empezó a negar todos sus ‘actos de fe’ hacia la bitácora del presidente. Ahora, no son sólo los sindicatos y el sector los que le exigen a Industria una postura “más firme” en la defensa del carbón. Las lanzas de Sebastián han roto ya en los muros de los socialistas asturianos, tanto como para dejar al ministro en fuera de juego a las puertas de Moncloa. Ya en julio, el líder de los socialistas de Castilla y León, Óscar López, se atrevió a marcarle la bitácora que Zapatero estaba dispuesto a articular, a colación de la central térmica de Endesa en Cubillos del Sil (León) y que pasaba por “un incremento del consumo nacional del carbón autóctono”.

A Marín y al director general Hernández (a pesar de su inexperiencia confesa), Sebastián los ha dejado a solas en el Congreso con el nuevo plan energético para 25 años a cuestas y con la ‘ecuación’ que Zapatero se ha empeñado en despejar para el sector del carbón, aún a costa de saltarse las pautas del ministro y de caminar por el filo de las sospechas de Bruselas. Sólo el silencio lo blinda. Ni siquiera la presencia de los presidentes de las cinco grandes eléctricas ha impedido que el ministro les dé plantón tras plantón a las eléctricas al calor del carbón. El ‘ministro sin sombra’ no ha querido ‘mancharse’. Nada que no hubiera hecho antes con Santero en Figueruelas o con el turismo para Joan Mesquida.

Sebastián ha rechazado en varias ocasiones acudir, ni tan siquiera protocolariamente, a las reuniones a la mesa de comisión de seguimiento del Plan del Carbón, pese a habérselo solicitado en varias ocasiones. Y no está por la labor de reservarse ningún sitio en la Comisión de Seguimiento al Plan y al Decreto que le pide el sector. Ya durante su larga comparecencia ante la Comisión, el Ministro había señalado que el objetivo del Gobierno era “cumplir el plan del carbón 2006-2012 y promover que las centrales térmicas sustituyan en lo posible su consumo de carbón de importación por el autóctono”, pero nada de más subvenciones al carbón ni más subvenciones a las empresas eléctricas o a las compañías mineras. Nada que pudiera suponer una subida de la tarifa eléctrica.

Ha tenido que transigir, aunque de lejos. No se ha sentado en ningún momento a la mesa. Son el secretario y los subsecretarios de Estado los que ultiman la ecuación del Real Decreto con el que Industria pretende ponerle fin al colapso del carbón nacional, compensar la caída de la demanda y obligar a las eléctricas a gastar 20 millones de toneladas de carbón hasta 2012 a 45 euros por MWh a través del mercado de restricciones como “garantía de suministro”. Llevará los apellidos de Miguel Sebastián, pero no sus intenciones. El ministro ha conseguido al menos para las eléctricas que, en el borrador de ese Decreto, el ‘empujón’ al carbón español impulsando el consumo de las termoeléctricas de un 130% de la producción anual de carbón autóctono permita la fijación de precios en el mercado diario e intradiario, sin "romper" el mercado mayorista de la electricidad (pool). Como adelanta Cinco Días, el carbón se vendería en el mercado de restricciones como garantía de suministro, lo que permite dar salida al producto hasta un máximo del 15% de la generación. Pero la medida podría hacer caer el precio del 'pool' en ocho euros por MWh, que se compensarían a las centrales mediante un pago por capacidad cuando el precio regulado sea inferior al coste de generación con carbón.

Dado lo imbricado del sistema eléctrico (a través del mercado mayorista o pool), el precio de las centrales de carbón afecta a todas las demás formas de generación, especialmente las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas. El ministro se ha negado ante Moncloa y sus ‘números dos’ a convertir a las grandes eléctricas (principales clientes de las empresas mineras), en el salvavidas del carbón nacional. La caída del consumo eléctrico por la crisis económica, unida a la falta de competitividad del carbón nacional, forzó a las eléctricas a parar sus centrales térmicas y a dejar de comprar el mineral nacional.

Al ministro le parece suficiente el guión ya pautado en el Plan Nacional del Carbón y la medida de de convertir  Hunosa en almacén temporal y estratégico del stock de carbón. Más ahora que el horizonte de Industria a medio plazo pasa por reducir las primas a las renovables. Más aún cuando el sector del carbón a través de los borradores del Real Decreto que ultima con Industria ha dejado caer “la incertidumbre y la variabilidad” de la producción con energías limpias como argumento para reimpulsar la generación con carbón, a pesar de que no casaba en las subastas del pool desde hacía cinco o seis meses por la caída de los precios del gas y el derrumbe de la demanda. El ministro se ha negado a compensar la diferencia entre el coste de generar con carbón y el precio regulado, con los llamados pagos por capacidad, una vieja subvención que Industria eliminó hace dos años -sólo se mantuvo una ayuda por inversión- y que ahora Moncloa se disponía a recuperar. El pago por capacidad, bajo el argumento de la seguridad energética, es jurídicamente viable, pero no si se obliga a quemar mineral nacional. Esto sería considerado por Bruselas como ayudas económicas al carbón que atentan contra el libre mercado.

‘MANCHAS’ AL MIX ENERGÉTICO

Si es por el ministro, España no sólo no puede, sino que no debe aprovechar su presidencia  europea para asegurar la continuidad de las ayudas. Ya se encargará él. Para empezar, en los documentos oficiales de las prioridades para el semestre español no hay ni rastro de la elaboración de un nuevo reglamento (el actual expira en menos de un año) que garantice las ayudas públicas comunitarias al carbón autóctono a partir del 1 de enero del 2011 y dé estabilidad al sector en el medio plazo, las dos promesas que Rodríguez Zapatero en persona repitió más de tres veces durante los últimos tres meses.

Ninguno de los seis «ejes» de actuación que Sebastián ha elaborado personalmente recoge la prórroga de las subvenciones al sector, pese a la promesa del presidente del Gobierno en Rodiezmo La misma promesa que la Secretaría de Estado de Energía repitió después en cada reunión del plan 2006-2012. Zapatero sólo ha tenido ojos hasta ahora para el sondeo realizado en su día por la Dirección General de Transportes y Energía de la UE, en el que la mayoría de los países no se opone a que continuaran las ayudas y varios de ellos, como Inglaterra, Alemania y muchos de los antiguos países del Este, se mostraron a favor de la continuidad del reglamento.

Las explotaciones polacas tienen posibilidades de sobrevivir, ya que al ser grandes minas a cielo abierto están al límite de la rentabilidad. En la República checa, se han privatizado todas las minas. De los otros dos países que tienen explotaciones abiertas, Alemania ya ha anunciado el fin de todas sus minas en el horizonte de 2017. Pero España es el único que sigue dando ayudas a sus minas no rentables. Y si Bruselas no aprueba nuevas normas, a partir de esa fecha todas las ayudas de Estado al sector del carbón estarán totalmente prohibidas.

Cada palada de las promesas del carbón de Zapatero no ha hecho más que escocer en las heridas del compromiso de la reducción de emisiones de dióxido de carbono del ministro, que sólo tiene ojos para un modelo galo que hace tiempo dejó de subvencionar la producción eléctrica con carbón. Nada de lo que haya podido convencer a Moncloa hasta ahora. A Miguel Sebastián le duele el ‘mix energético’ de Zapatero. Está de acuerdo con Unesa y Sánchez Galán cuando puntualizan que el carbón nacional no es la tecnología más eficiente desde el punto de vista económico y, además, en muchos casos es la que produce más emisiones de gases de efecto invernadero. Ha sido el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, el único que ha tenido que entonar el mantra del ‘carbón’ ante las críticas a España por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Su Director Ejecutivo, Nobuo Tanaka, no ha dudado en denunciar a domicilio, ante los principales responsables del Ministerio -y en ausencia del ministro, claro- que las subvenciones al carbón, su peso en el mix de generación y los cerca de 400 millones de euros destinados a impulsar el sector desde el Estado son una de las manchas más visibles desde los organismos internacionales en el mapa energético español.

Sebastián aguarda los desagravios de la Ley de Economía Sostenible pero digiere aún a duras penas los números de la política energética: mientras el Gobierno dotará con 967 millones a la partida de 2010 del Plan de la Minería del Carbón entre 2006 y 2012,  se mantendrá una reserva estratégica de carbón nacional que garantice la continuidad del sector y se sigue ahondando en el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, sólo se reservarán 50,98 millones para la seguridad nuclear y se destinarán, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), otros 67,09 millones al Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2010.

El equipo asesor de Zapatero para asuntos energéticos reconoce que es necesario mejorar en la “compleja” gestión de los fondos mineros que involucra a todas las administraciones y, como los técnicos de Industria, recuerdan a los ayuntamientos de la cuenca minera asturiana y leonesa que su implicación en la gestión de obras con cargo a fondos mineros podría agilizar la ejecución de los algunos proyectos. Pero Sebastián es el único que no se ha resistido a responder a la petición del pleno de la Junta General del Principado, que achaca a los problemas de liquidez del Estado la reclama al Gobierno el inmediato traspaso del dinero presupuestado para 2007 y 2008 con cargo a los fondos mineros para corregir los «continuos retrasos» que se producen en la ejecución de los proyectos de infraestructuras con cargo a los Fondos Mineros. Según sus cálculos, al ritmo actual como mínimo se perderían tres anualidades antes de 2014, en torno a 500 ó 600 millones de euros. Nada que no responda a la ineficiencia de la gestión de los ayuntamientos mineros y el sector, según el ministro.