LA OREJA DE LARRAZ

A pesar de las reformas legales, el procedimiento para el cobro ‘exprés’ de deudas sigue incumpliendo el Derecho de la UE

Javier Ardalán
El proceso monitorio español, el procedimiento judicial para reclamar con rapidez el pago de deudas dinerarias de cualquier importe, no se ajusta al Derecho comunitario, porque su regulación no anula de oficio cláusula abusiva en la fase de examen, que se tramita ante el secretario judicial, y porque tampoco permite al juez encargado de la ejecución del requerimiento apreciar de oficio la ineficacia.
Así se establece en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una especie de juez de instrucción a la europea, que razona que el proceso monitorio es un procedimiento especial destinado a obtener la rápida resolución de litigios en los que no existe contradicción, concediendo lo antes posible al demandante un título ejecutivo en los juicios en los que el demandado no se opone formalmente a la demanda.

El título ejecutivo judicial que pone fin al proceso monitorio es un decreto dictado por el Secretario Judicial. En Derecho procesal español, salvo que, como se ha dicho, lo considere oportuno el Secretario Judicial o se opongan los deudores, el juez sólo llega a conocer la existencia de ese proceso en el marco de la ejecución del decreto del secretario judicial.

Por ello, concluye que dado que ese decreto es un título ejecutivo judicial que produce efectos de cosa juzgada según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la normativa española no permite al juez de ejecución revisar de oficio el decreto dictado por el Secretario Judicial, con el fin de determinar la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato sobre el que se dictó el decreto cuya ejecución se pide.

Los datos oficiales sobre los procedimientos monitorios facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registraron en 2014, último ejercicio cerrado, un total de 657.057 presentados ante los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, lo que supone un incremento del 16,7 por ciento. El porcentaje de los que acaban en pago ha sido del 11,5 por ciento, con un importante incremento del 8,9 por ciento respecto de 2013.

Los procesos resueltos supusieron el año pasado un total de 674.811, lo que representa una disminución del 0,8 por ciento sobre el ejercicio anterior. Y, finalmente, quedaban pendientes de inicio al comenzar 2015 un total de 299.268 procesos.

Tanto la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, como el principio de efectividad se oponen a una normativa nacional relativa al proceso monitorio que, sin imponer la obligación de controlar de oficio la ineficacia de una eventual cláusula abusiva en la fase de examen de una petición de proceso monitorio, que se tramita ante el secretario judicial, tampoco permite al juez encargado de la ejecución del requerimiento apreciar de oficio dicha ineficacia.

El porcentaje de monitorios que terminan en pago, el 7,3 por ciento, es igual al del año anterior. Han acabado en ejecución 252.574, transformándose en juicios verbales 44.196 y en ordinarios 12.371. Por otras causas, que incluye supuestos de inadmisión de la petición y los de falta de competencia del juzgado ante el que se solicitó, ha terminado un 46,9 por ciento.

El Abogado General recuerda que el Tribunal de Justicia ya declaró en 2010, en su sentencia del Banco Español de Crédito, que la obligación de controlar de oficio las cláusulas abusivas también se extiende al proceso monitorio, incluso antes de que el consumidor formule oposición contra el requerimiento.

De modo que la Directiva 93/13 se opone a una normativa estatal que no permita que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual si el consumidor no ha formulado oposición.
Ello se debe a que, dadas las características del proceso monitorio en el Derecho español, existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores no formulen oposición. A pesar de que la sentencia Banco Español de Crédito se refiere a la normativa española antes de su modificación, el hecho de que actualmente se haya transferido al secretario judicial la competencia para formular un requerimiento de pago no puede servir a España como excusa para eludir la obligación de garantizar el control de oficio de las cláusulas abusivas en un proceso monitorio.

El Abogado General señala que la legislación nacional deberá imponer al secretario judicial la obligación de ejercer dicho control y de dar cuenta al juez en caso de duda, máxime cuando se ha atribuido al secretario judicial la competencia de dictar decretos que producen efectos análogos a las resoluciones judiciales. Esto en cuanto a la obligación de controlar de oficio las cláusulas abusivas en la fase de examen de la petición de proceso monitorio.