OBSERVATORIO FISCAL

A vueltas con el recurso cameral

DATADIAR

El recurso cameral que han venido exigiendo las Cámaras de Comercio para sufragar sus presupuestos ha sido a lo largo de su historia, fuente de conflictos jurídicos. Recientemente, la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto-Ley  13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.(B.O.E. 3-12-2010), ha pretendido acabar con este recurso económico para las cámaras de manera obligatoria, siendo exigible sólo para aquellas empresas o empresarios que quieran permanecer voluntariamente adscritos. Según esa disposición, a partir del 1 de enero de 2011 sólo serán electores de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación quienes hayan manifestado previamente su voluntad de serlo, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente. El censo electoral al que hace referencia el artículo 8.1 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación deberá actualizarse en consecuencia.

Las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley13/2010 cuyo devengo se haya producido o vaya a producirse durante 2010 no serán ya exigibles. No obstante lo anterior, cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros, en el ejercicio inmediatamente anterior, las exacciones que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la normativa hasta ahora en vigor siempre que su devengo se haya producido o vaya a producirse en 2010. En ningún caso originarán derecho a la devolución las exacciones devengadas, exigibles e ingresadas en 2010.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, las Cámaras y su Consejo Superior adaptarán a lo en él dispuesto el contenido sus actuales Reglamentos de Régimen Interior, que deberán ser aprobados por la respectiva Administración tutelante.

De la lectura del párrafo segundo de esta Disposición, se podría llegar a una conclusión a primera vista. Que en 2010 el recurso solo deben pagarlo los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades  con una cifra de negocio igual o superior a 10.000.000 de euros.

Ahora bien, si acudimos al art. 13 de la Ley 3/1993, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (B.O.E. 23-3-1993), en su redacción anterior a la reforma del Real Decreto-Ley 13/20010, vemos que el recurso cameral tendrá el mismo devengo que el del Impuesto sobre Sociedades al que se refiere, por lo tanto, con carácter general el 31 de diciembre (salvo periodos partidos).

Y aquí, entramos en el terreno de la interpretación.

Ese artículo 13 literalmente establecía que el devengo de las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente, así como la interrupción de la prescripción, coincidirán con los de los impuestos a los que, respectivamente, se refieren.

Las Cámaras están considerando que el recargo referido al Impuesto sobre Sociedades del 2009 sí será exigible en 2011 y obligatorio su pago. Por ser su devengo en el 31 de diciembre de 2009.

Sin embargo, la Disposición Transitoria, además de introducir el criterio de devengo, que debe entenderse al Impuesto y ejercicio (en este caso 31 de diciembre de 2009) añade el criterio de exigibilidad, que en nuestra opinión, viene dado por la remisión o emisión del recibo de la respectiva Cámara.

Como los recibos que tienen como referencia el Impuesto sobre Sociedades del 2009 aún no se han girado o emitido, entendemos defendible, que las empresas cuya cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros, no estarían obligadas a su pago. Intuimos que esta redacción de la Disposición Transitoria 1ª del RDLey 13/2010, va dar lugar a controversia.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Aplicación de la reducción por trabajador discapacitado. D.G.T. C, (02/12/2010).
La consultante padece un grado de minusvalía del 35%. Percibe una pensión por invalidez total y otra en concepto de viudedad. Por otra parte, tiene una participación de un 20% en una comunidad de bienes, por la que presenta pagos a cuenta (mod. 130) y resumen anual (mod. 189). Para dicha comunidad trabaja asimismo en régimen de autónomos. Aplicación de la reducción por trabajador discapacitado a que se refiere el artículo 20.3 de la Ley del Impuesto. Si la actividad se desarrolla en el caso consultado por la comunidad de bienes, los rendimientos que el comunero pueda percibir por su trabajo en la comunidad de bienes no se integran en el IRPF como rendimientos del trabajo, sino que su integración se realiza por la vía del régimen de atribución de rentas, constituyendo para el comunero una parte de su rendimiento de la actividad económica, ya que se trata de una mayor participación de ese comunero en el rendimiento de la entidad, lo cual conlleva la inaplicación de la minoración prevista en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley, previsto exclusivamente para los perceptores de rendimientos del trabajo.

En los supuestos de expropiación forzosa la alteración patrimonial debe considerarse producida cuando fijado y pagado el justiprecio se proceda a la consecuente ocupación del bien expropiado. D.G.T. C, (02/12/2010).
La entidad consultante se constituyó en el año 2001 por tres personas físicas en igual participación para la fabricación de artículos de cerámica, actividad que ha venido desarrollando en una nave arrendada en esa misma fecha, en la que ha ido realizando las adecuaciones necesarias y adquiriendo la maquinaria pertinente para la actividad. En el año 2005 se comenzó a ejecutar un proyecto de construcción de un vial, procediendo la Comunidad Autónoma a la expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, levantándose acta de ocupación el 14 de noviembre de 2006, en la que se reconoce la indemnización por perjuicios por la rápida ocupación, complementaria de la que, por el mismo concepto, había sido reconocida y abonada en el año 2005. En el año 2010 les ha sido abonado el resto del justiprecio, que incluye diferentes conceptos indemnizables. Calificación tributaria de las cantidades percibidas. El artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo) establece que los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros. No obstante, en el caso de que el consultante hubiese optado por el criterio de cobros y pagos previsto en el artículo 7.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), la imputación se realizará en el período impositivo en que se produzca el cobro.

Tribunales

Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. Audiencia Nacional. Sentencia de 17 de enero de 2011.
Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. Se computarán como incrementos de patrimonio los que se pongan de manifiesto por simple anotación contable. En ningún caso se computarán como disminuciones de patrimonio los que pongan de manifiesto por simple anotación contable, salvo las que correspondan a disminuciones de valor consecuencia de pérdidas por depreciación que no se hayan computado como amortización, producidas durante el período impositivo. Se incluye en el concepto de renta el incremento de patrimonio derivado del contenido reflejado en un asiento contable o apunte contable, es decir, de una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de contabilidad, y que se realizan en la contabilidad con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una sociedad o persona física, o, desde la perspectiva fiscal, una variación en el valor del patrimonio del sujeto pasivo, y en consecuencia, sujeto, en principio, a tributación, es decir, se desprende que, el incremento de patrimonio se predica de un elemento del activo del sujeto pasivo, y cuya alteración del valor patrimonial se pone de manifiesto por simple anotación contable; de forma que este mecanismo contable se asienta sobre un elemento fáctico patrimonial concreto.

El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien deberá permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del período contractual. Audiencia Nacional. Sentencia de 17 de enero de 2011.
Según sentencias anteriores, existe una correlación entre la deducción de la parte de las cuotas periódicas del arrendamiento financiero que corresponde a la recuperación del coste del bien y la deducción que el propietario de dicho bien podría practicarse en concepto de amortización, de tal forma que se excluye la posible deducción de la parte de las cuotas del arrendamiento correspondientes a la recuperación del coste del bien cuando el contrato tenga por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables; especificándose, en esa línea, que cuando el objeto del contrato consista parcialmente en terrenos, solares o activos no amortizables, como ocurre en el supuesto que se enjuicia, el arrendatario podrá únicamente deducirse por la parte de las cuotas periódicas del arrendamiento financiero que corresponda a la recuperación del coste del bien, la proporción que corresponda a los elementos susceptibles de amortización, que deberá ser expresada separadamente en el contrato.

Tribunales Económico-Administrativos

Consecuencias de no atender un requerimiento para subsanar la falta de acreditación de la representación con que se actúa al formular la solicitud. TEAC  R, (08-02-2011).
El no atender a un requerimiento para subsanar la falta de acreditación de la representación con que se actúa al formular la solicitud en procedimientos que se inician a solicitud del interesado, implica que hay un requisito incumplido (la falta de acreditación de la representación), pero ese incumplimiento no afecta a la solicitud en sí misma, en la que se identifica al representante que firma. Lo que se incumple es la obligación de acreditar dicha representación. Por tanto no es un supuesto de desistimiento presunto a que se refiere el artículo 70.1 LRJPAC. Tampoco es un supuesto de caducidad, como forma de terminación de un procedimiento por su paralización por más de tres meses imputable al solicitante, pues el procedimiento no se ha llegado a iniciar, no se ha constituido la relación jurídico procesal entre las partes. La consecuencia prevista tanto en la LGT como en la LRJPAC, en cuanto a los procedimientos iniciados a instancia de parte, es que la solicitud que inicia el procedimiento se tiene por no presentada.

En la permuta inmobiliaria de terrenos por edificación futura, la entrega inicial del terreno supone el devengo del IVA correspondiente a dicha entrega en el momento en que se pone a disposición del adquirente el terreno. TEAC  R, (08-02-2011).
La entrega de arras con ocasión de la formalización de un compromiso de compraventa futura es una operación sujeta y no exenta al IVA. La entrega de las arras, en su condición de pago a cuenta del precio de la operación, constituye un pago anticipado, y el impuesto correspondiente al mismo resulta exigible cuando se abona. En caso de posterior incumplimiento por cualquiera de las partes de su compromiso, las arras responden a la finalidad de indemnizar a la otra parte del perjuicio causado y no constituyen retribución de una prestación ni forman parte de la base imponible. Sentencia del TJCE de 18 de julio de 2007, asunto- C-277/05, Société thermale: El TJCE únicamente considera posible calificar las arras de contraprestación sujeta al IVA, cuando exista un vínculo directo entre un servicio distinto del compromiso futuro y la contraprestación recibida, no apreciando dicho vínculo en el caso que analiza, pues el pago de arras por el cliente y la obligación del empresario de no contratar con un tercero no pueden considerarse prestaciones recíprocas, pues la obligación de respetar el compromiso que se asume no deriva de otro acuerdo especialmente realizado para este fin, ni del establecimiento de arras, sino que emana directamente del propio compromiso. Por tanto, en caso de incumplimiento, las arras sirven para indemnizar a la otra parte, indemnización que no constituye la retribución de una prestación y no forma parte de la base imponible del IVA. La entrega de las edificaciones es un hecho imponible que se producirá en el futuro, esto es, cuando las edificaciones o parte de las mismas se pongan a disposición del destinatario (quien efectuó previamente la entrega de los terrenos).