Bouygues y Numericable compiten por la compra de SFR en el proceso de concentración de la telefonía francesa

La compañía del grupo Vivendi tácticamente no ha renunciado a sacar el capital de la operadora a bolsa
Carlos Schwartz

El proceso de concentración en la telefonía móvil europea ha roto la resistencia inercial y comienza a acelerarse. La operadora telefónica del conglomerado francés Bouygues se ha sumado a la puja por el capital de Société Française de Radiotéléphone (SFR) propiedad del grupo Vivendi. La oferta fue retenida hasta último momento y anunciada al acabar una reunión de consejo. De acuerdo con fuentes del mercado consultadas por ICNreport el paquete, que no se ha hecho público, propone tomar la mayoría del capital, con un pago en dinero del orden de los 6.000 millones de euros valorando la empresa en una cifra superior a los 15.000 millones de euros. Una fusión de las operadoras dejaría en manos de Bouygues el 50% del capital de la sociedad resultante, los socios de SFR tendrían el 40% y en manos del socio minoritario Decaux que actualmente tiene el 10% del grupo de telecomunicaciones de la constructora, el saldo restante.

Numericable, la operadora de telefonía, Internet y servicios de valor añadido por cable ya había hecho una oferta de 15.000 millones de euros tomando un 32% del capital de la sociedad en el conglomerado resultante. Pero la diferencia sustancial es que una fusión de Bouygues con SFR crearía un operador con 32 millones de clientes según los datos más recientes, comparado con una base de clientes del hasta ahora primer operador y antes monopolio, Orange, de 27 millones. En el mercado francés de telefonía móvil se viene librando una de las batallas de precios más cruentas de Europa desde la entrada de Free, un operador que dependía de las redes de Orange, la otrora France Telecom, para operar.

La empresa, propiedad de Illiad, del magnate Xabier Niel, tiene en marcha un proceso de inversión en redes móviles en especial 4G y aspiraciones de crecimiento acelerado. Sus tarifas con descuentos que han presionado al conjunto del mercado francés se han basado en las ventajas competitivas de no tener que atender hasta ahora al mantenimiento de grandes redes que recién comienzan a adquirir masa crítica. Free tiene 7 millones de clientes logrados en dos años de operación a expensas de su política agresiva.

La dimensión que adquiriría Bouygues en una fusión con SFR va a levantar una verdadera tormenta reguladora en la medida que la Comisaría de la Competencia de la Comisión Europea (CE) al mando de Joaquín Almunia va a entrar sin dudas al patio de esta operación para dictar sus condiciones. El Gobierno francés a través de su ministro de Industria hasta ahora no ha puesto reparos a la puja convocada de forma restringida pero pública, pero si condiciones. La primera, que se mantenga el empleo, la segunda que haya inversión real en infraestructuras y la tercera que se mejore el servicio al cliente. El ministro Armand Montebourg en realidad se ha mostrado en el mes de octubre preocupado por la atomización del mercado de la telefonía móvil y dijo que era necesario tener operadores con dimensiones representativas del nivel de inversión necesario.

La propuesta de Bouygues, más que la de Numericable, se mueve en este horizonte. Pero eso tiene un precio. Las fuentes del mercado consultadas señalan que los asesores del conglomerado de construcción y telecomunicaciones son conscientes de que deberán renunciar a parte del espectro que tendría la combinación de ambas empresas, por ejemplo. Pero habrá que ver si estas concesiones son suficientes para la sed del justiciero Almunia. El hecho es que la fusión se quedaría con el 46% del mercado de móviles en Francia y se reduciría el número de operadores de cuatro a tres, cifra fatídica para los pitagóricos de la CE.

Desde el punto de vista de su efecto sobre el mercado seguramente sería más digerible para Competencia de la CE una combinación entre SFR y Numericable, cuyo grupo de cabecera es Altice, controlada por el magnate Patrick Drahi. Este hecho hará que seguramente haya batalla por el trofeo. Vivendi había puesto como fecha límite este miércoles para la presentación de las ofertas y Bouygues apuró los plazos al límite pero presentó los avales bancarios de su propuesta que se financiará con crédito y sin ampliación de capital.

El mercado de telefonía móvil europeo asiste a un proceso de consolidaciones que es en el fondo una lucha por la supervivencia. Hay otros dos procesos en marcha. La compra por Telefónica de e-Plus, filial en Alemania de la holandesa KPN, y la venta por Telefónica de su filial irlandesa O2 adquirida por Hutchinson Whampoa. Ambas consolidaciones están bajo la lupa de Almunia. Hutchinson pasó examen ayer ante Competencia a quien ofreció la cesión de espectro, entre otras cosas, como prenda de paz.

Pero la cuestión de fondo sigue sobrevolando el ambiente. La tendencia a la concentración de capitales en la actividad económica no es un proceso en el que se pueda intervenir desde fuera de forma permanente sin que ello genere conflictos, contradicciones, y consecuencias. De momento  la introducción de operadores virtuales y operadores que puedan comenzar de cero sin pagar el peaje de crear redes propias de telecomunicaciones ha socavado los márgenes de los grandes propietarios de redes que cargan con su mantenimiento y desarrollo para adecuarlas a los avances tecnológicos.

Finalmente, se trata de un mercado regulado en el cual los grandes operadores han heredado las redes desarrolladas por la gestión de las administraciones públicas. Esto desde luego les obliga respecto de sus responsabilidades en el mantenimiento de las redes, pero hasta el límite en el cual esa responsabilidad choca contra la supervivencia de su actividad. Han sido las administraciones europeas las que han decidido que el servicio público de las telecomunicaciones estaría mejor servido por las empresas privadas y sin monopolio.

Le toca por tanto a esas administraciones encontrar el punto de equilibrio que libre al consumidor del expolio y preserve a las empresas de las pérdidas para que puedan mantener y mejorar las infraestructuras. Sobre ese proceso cabalga la superestructura administrativa de Bruselas. Ésta, en aras de un supuesto interés supranacional, dicta normas y arbitra sobre diversas áreas de negocio -en especial aquellas que implican servicios públicos- de forma tal que muchas veces chocan con los intereses nacionales y favorecen intereses extra europeos. Las telecomunicaciones no son una excepción.