Bruselas endurece las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y pone entre sus objetivos a los políticos

Xavier Gil Pecharromán
La Comisión Europea trata de acelerar sus progresos legislativos en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales en todo el territorio de la Unión Europea, por eso se propone reforzar con una Directiva las medidas represivas mediante la armonización de las disposiciones de Derecho penal aplicables a este delito.

El texto de la futura Directiva reduce de 15.000 a 7.500 euros el límite de los pagos en efectivo en operaciones comerciales a los que les será aplicable, ya que Bruselas considera que la cifra vigente era demasiado elevada y está siendo burlada por los delincuentes. En España este límite es de tan sólo 2.500 euros.

Se considera a los políticos objetivo prioritario. En relación con las transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político de la UE o con personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones importantes en una organización internacional, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas, además de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente.

Así, las entidades obligadas deberán tomar medidas razonables para determinar si los beneficiarios de pólizas de seguros de vida u otros seguros relacionados con inversiones y, en su caso, el titular real del beneficiario, son personas del medio político. Esas medidas se adoptarán a más tardar en el momento del desembolso o en el momento de la cesión, total o parcial, de la póliza.

El ámbito de aplicación de la Directiva incluye a los proveedores de servicios de juegos de azar En virtud de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales y de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), solo los casinos debían incluirse en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Hay datos de la UE que muestran que así se deja la puerta abierta a que los delincuentes se aprovechen de otros sectores de los juegos de azar.

La Directiva impone un enfoque basado en el riesgo es una forma eficaz de identificar y atenuar los riesgos para el sistema financiero y la estabilidad económica general en el mercado interior.
Así, los Estados miembros deberán identificar, comprender y atenuar los riesgos que afronten. Podrán complementar estas tareas con evaluaciones de riesgos realizadas a nivel supranacional (por ejemplo, por las Autoridades Europeas de Supervisión o Europol) y los resultados deberán ser compartidos con los demás Estados miembros y las entidades obligadas. Este sería el punto de partida del enfoque basado en el riesgo, y supone el reconocimiento de que una respuesta a escala de la Unión puede inspirarse en la experiencia de los Estados miembros.

Las entidades obligadas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva deberán identificar, comprender y atenuar sus riesgos, así como documentar y actualizar las evaluaciones de riesgos que emprendan. Este es un elemento clave del enfoque basado en el riesgo, que permitirá a las autoridades competentes (por ejemplo, los supervisores) de los Estados miembros analizar a fondo y comprender las decisiones adoptadas por las entidades obligadas que supervisen. En última instancia, las entidades que adopten un enfoque basado en el riesgo serán plenamente responsables de las decisiones que tomen.

 La propuesta admite que los recursos de los supervisores puedan utilizarse para concentrarse en aquellos ámbitos en los que los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo sean mayores. La aplicación de un enfoque basado en el riesgo implicará que los datos obtenidos se utilizarán para centrarse mejor en los riesgos.

Además, las entidades obligadas deberán tomar medidas reforzadas cuando los riesgos sean más importantes y podrán ser autorizadas a tomar medidas simplificadas cuando se haya demostrado que los riesgos son menores. Con respecto a la tercera Directiva sobre blanqueo de capitales, se consideró que las disposiciones en materia de diligencia debida simplificada eran demasiado laxas, al eximir totalmente de los requisitos de diligencia debida a determinadas categorías de clientes o transacciones.

Así pues, la Directiva revisada endurece las normas relativas a la diligencia debida simplificada y no autoriza situaciones en las que puedan aplicarse exenciones. En cambio, deben justificarse en función del riesgo las decisiones sobre cuándo y cómo aplicar procedimientos simplificados, mientras que se indican los requisitos mínimos en cuanto a los factores a tener en cuenta.
En uno de los supuestos en los que es obligatorio aplicar procedimientos reforzados, a saber, en el caso de las personas del medio político, la Directiva incluye también ahora a las personas del medio político que desempeñan funciones públicas importantes por encargo de un Estado miembro, así como a las que trabajan para organizaciones internacionales.

La Directiva revisada propone nuevas medidas para hacer más clara y accesible la información sobre la titularidad real. Exige a las personas jurídicas disponer de información sobre sus propios titulares reales. Esta información debe ponerse a disposición tanto de las autoridades competentes como de las entidades obligadas. En cuanto a las estructuras jurídicas, los fideicomisarios deben declarar su condición cuando se conviertan en clientes y debe ponerse igualmente a disposición de las autoridades competentes y de las entidades obligadas información sobre la titularidad real.

La Directiva revisada elimina las disposiciones relativas a la equivalencia “positiva”, habida cuenta de que el régimen de diligencia debida con respecto al cliente se basa en mayor medida en los riesgos y de que el uso de exenciones por motivo de factores puramente geográficos es menos relevante. En virtud de lo dispuesto en la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, debía adoptarse una decisión sobre si los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo existentes en terceros países eran “equivalentes” a los de la UE. Esta información se utilizaba entonces para autorizar exenciones a determinados aspectos de la diligencia debida con respecto al cliente.