Casi uno de cada cuatro ayuntamientos no ha presentado sus cuentas correspondientes a los tres últimos ejercicios

Javier Ardalán
En  España hay un total de 8.114 ayuntamientos, de los cuales en torno a 5.000 no han presentado las  cuentas generales correspondientes al ejercicio 2011 al Tribunal de Cuentas, a lo que les obliga la Ley de Haciendas Locales. El plazo para presentar las del ejercicio anterior venció el pasado 15 de octubre.

Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta por escrito, formulada en el Congreso de los Diputados por UPyD, que reconoce también, que aún un 20% de los municipios no han presentado las de 2010 ni las de 2009, e incluso los hay que no han cumplido con sus obligaciones de control desde hace seis o siete ejercicios.
 
En noviembre de 2004, se aprobó la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), que introdujo la obligación de divulgar, en la memoria de las cuentas anuales, un conjunto de indicadores relativos a la situación económico-financiera y presupuestaria de la entidad y a la gestión de los servicios públicos locales.
 
Hay muchos municipios -los de menos de 1.000 habitantes, fundamentalmente- que ante la falta de presupuesto no tienen ni siquiera interventores, con lo que difícilmente pueden aprobar y mucho menos presentar después sus cuentas ante el organismo fiscalizador.
 
Ante los incumplimientos detectados por el Tribunal de Cuentas, UPyD pide al Gobierno una "mejora en el control de las cuentas de las entidades locales", a lo que el Ejecutivo responde recordando que las "consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de información" están recogidas en la orden que desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que actualmente se está tramitando el proyecto de ley de Transparencia, que también hará referencia a este asunto.
 
En Castilla y León, se prepara un anteproyecto, con el beneplácito del Tribunal de Cuentas local que regula que los responsables políticos o los técnicos y funcionarios que no hayan presentado a tiempo la liquidación de los presupuestos de las entidades locales podrían enfrentarse a multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.
 
Mucho más allá irá la reforma municipal que prepara el Gobierno y en la que los ayuntamientos ya no tendrán que solicitar a su comunidad autónoma la dispensa de prestar los servicios mínimos cuando el desarrollo de éstos (alumbrado, recogida de residuos y su tratamiento, pavimentación, etc.) sea imposible. Ahora serán las diputaciones provinciales las encargadas de desarrollar estos servicios cuando los municipios no sean eficientes y no cumplan los estándares de calidad establecidos mediante un real decreto.
 
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las Entidades Locales no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste, tampoco podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación.
 
Aquellas entidades que, a la entrada en vigor de esta futura Ley, desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de la Ley reguladora de bases de régimen local o de sus organismos autónomos, y se encuentren en una situación deficitaria, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para aprobar, previo informe del órgano interventor del municipio, un plan de saneamiento individualizado con el objetivo de corregir la situación de déficit.
 
En el caso de que esta corrección se incumpla a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo de los siete meses siguientes, tendrá que disolver cada una de las entidades que continúe en situación deficitaria. Si agotado el plazo la entidad local no ha disuelto dichas entidades, quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.
 
Esta situación deficitaria se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación mediante las pautas de este sistema, mientras que para los entes no considerados Administración Pública se entenderá como la situación de desequilibrio financiero.
 
Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevas unidades, con independencia de su clasificación sectorial.
 
Además, cualquiera de estos entes, que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran controlados por unidades adscritas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las entidades locales de Ley reguladora de bases de régimen local; o de sus organismos autónomos, deberán ser disueltas en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación en tres meses a contar desde la fecha de disolución.