No atiende a la CNC, ni a la CMT, ni espera a la resolución de Bruselas con las telecos

De la Vega acelera las facturas a las telecos y las tv para intentar salvar de la asfixia a RTVE

Tras un año de demora del Reglamento, lo pone en marcha para cobrar en efectivo desde octubre el 0,9% de las operadoras: no quiere que lo depositen en avales mientras dura la batalla legal
Con la rebaja del 7% que Salgado busca y el descenso de las tasas radioeléctricas le faltan más de 150 millones de euros aunque paguen las telecos y las privadas
ICNr

Será la ‘bolsa’ o la ‘vida’ de RTVE. La nueva consigna de Moncloa, con la publicación en el BOE del Reglamento de su Financiación, pasa por cobrar primero las tasas a las operadoras de telefonía, las televisiones privadas y los canales de pago, de las que TVE busca recibir casi un tercio de los 1.200 millones que prevé el presupuesto anual de RTVE para sostenerse; luego vendrán los dictámenes, Bruselas ha dado la luz verde sobre los 580 millones a cargo de los PGE, pero debe pronunciarse en otoño sobre el 0,9% de los ingresos de las telecos, que Kroes mantiene en cuarentena desde marzo. La vicepresidenta y el ministro de Industria han esperado. Más de un año con la Ley de Financiación de RTVE en vigor, 11 meses desde que en septiembre, el ente público de la Radio Televisión Española decía adiós a los ingresos publicitarios, aunque sin ultimar los detalles del Reglamento llamado a determinar su aplicación real. Pero ni en Moncloa ni en los despachos de Fernández De la Vega han aguardado ya más esta vez. Hay urgencia de dinero fresco. No les sale una ecuación que ha presupuestado 1.200 millones de euros este ejercicio y tiene menos de 600 garantizados. A la vista de la rebaja de caja por la tasa radioeléctrica -70 millones menos de los 320 previstos- del esfuerzo de Hacienda por recortar hasta un 7% de los 580 millones subvencionados y del ajuste de la tasa a las privadas, a Oliart le fallan todos los bolsillos de RTVE. Se aferra a los entre 160 y 200 millones de euros que esperaba cobrar de las operadoras. La letra pequeña del Reglamento les permitirá acelerar los pagos desde octubre y obligar a que haya autoliquidación en efectivo: nada de depositar avales por las tasas que recurren y que Bruselas aún no ha despejado: RTVE quiere cobrar primero, aunque tenga que devolverlo después.

A De la Vega -la ‘madrina intelectual’ del modelo- y Alberto Oliart, el presidente de la Corporación, les queman en las manos las cuentas de RTVE. Se aferran al visto bueno del Comisario de Competencia, Joaquín Almunia al modelo de financiación de RTVE. Poco ha importado en Presidencia y en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la SEPI que el ‘aprobado’ de Bruselas sea sólo parcial: acepta las subvenciones “no excesivas” del nuevo modelo de financiación para la televisión pública española, su “ajuste a la política de pluralidad de los medios defendida por la UE”, pero sigue estudiando las tasas especiales impuestas a los operadores de telecomunicaciones y su compatibilidad con el libre mercado de las telecomunicaciones. No son ni las zozobras del modelo galo -que ha empeorado las finanzas de la televisión pública sin mejorar la publicidad de las cadenas privadas- ni las amenazas y las denuncias de Redtel y los reclamos de Uteca lo único que le amarga la puesta de largo de su nuevo modelo. Ni son los minutos ausentes por los 400.000 anuncios que emitió el año pasado lo único que busca reemplazo: Ya lo suspiraba Oliart: “ojalá pudiésemos ser la BBC, pero tiene 4.200 millones de euros de presupuesto y la francesa 3.750 millones”.

El nuevo modelo de financiación del ente español, en su primer año sin publicidad, no parece ser capaz de resolver los problemas económicos de la corporación. Ni siquiera aunque tiente por adelantado los bolsillos de las operadoras de telefonía. En conjunto, aparte de los 580 millones correspondientes a la subvención del Estado, RTVE esperaba obtener este año 320 millones de la tasa radioeléctrica (que irá en un 80% a sus arcas, con un máximo de 330 millones de euros), al menos 160 de los operadores de telecomunicaciones y 100 de las televisiones privadas. Ninguno de ellos son ya seguros. Por una parte, como adelantaba El País, Hacienda busca rebajar hasta un 7% la subvención pública.; por otra, parte, los ingresos de la tasa radioeléctrica son más bajos de lo esperado y RTVE recibirá por ella en torno a 250 millones, 70 menos de los previstos. Y la tasa que tendrán que pagar las cadenas privadas para financiar a RTVE no se aplicará sobre los ingresos que perciban por negocios distintos del de la televisión. Así, la cantidad obtenida por otras vías, como el cine o el 'merchandising', no computará a la hora de financiar a la televisión pública.

Por eso, el Gobierno ha intentado neutralizar con el Reglamento recién publicado en el BOE la posibilidad de que las operadoras congelen sus aportaciones mientras duran los contenciosos legales y dejen a mano de RTVE sólo avales. Moncloa quiere tener que cargar un tercio más de los gastos anuales del ente público, al menos mientras tanto, a cargo de los Presupuestos del Estado, si las operadoras se resisten a desembolsar de inmediato sus  millones de euros. No podría hacerlo. Aún resuenan en su memoria los ecos de las demás guerras de las tasas con las operadoras de telefonía: por ejemplo, su batalla legal con la tasa municipal del 1,5% por el espectro radioeléctrico: les había permitido, en tanto llegaban las sentencias judiciales no pagar durante tres años, sólo consignar esos ingresos en los juzgados a través de avales bancarios. Como adelantaba El Economista desde julio de 2009, se planteaban dejar también fuera de la mano de RTVE, en la nevera de los recursos ante los tribunales nacionales y europeos no sólo las tasas del primer trimestre, sino todas las sucesivas. Ésa es la opción que el Reglamento busca neutralizar:

Según el sistema aprobado por el Gobierno, RTVE se nutre de tasas del 3% sobre los ingresos de retransmisión en abierto de las televisiones comerciales, el 1,5% para las televisiones de pago, el 0,9% sobre los ingresos brutos anuales para los operadores de telecomunicaciones y el 80% del canon sobre el uso del espacio radioeléctrico. Moncloa intenta blindar los casi 400 millones de las tasas de RTVE en sus tres vertientes, cobrar con carácter de urgencia las que deben abonar las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones. El Real Decreto prevé que el desembolso de las aportaciones correspondientes a 2009 y las de los primeros meses de 2010 tenga que llegar veinte días después del período transitorio de sesenta días, en octubre. Y como adelantaba desde el 26 de julio Expansión, apuesta -mediante una disposición transitoria a medida- por intentar asegurarse que se cobrará la tasa “a los grupos de empresas” afectados, sin que haya margen para la segregación de actividades audiovisuales de las compañías para eludir el pago. Más aún: el Reglamento ha escogido un modelo de autoliquidación, que asegura el cobro en efectivo de las tasas, que no pueden avalarse hasta la resolución de las impugnaciones que tienen previsto presentar a la tasa, sino que deben pagar en efectivo y reclamar luego, si llega el caso, la devolución de las cantidades. Y para agilizar al máximo el cobro, se añade una disposición según la cual Industria aprobará por Orden Ministerial los modelos de ingresos previstos a partir de su entrada en vigor y, en todo caso, antes del 10 de septiembre.

Las cadenas privadas no ponen objeciones a la tasa, que se negoció como una compensación por la salida de TVE del mercado de la publicidad y la mayoría de las cadenas ya tienen provisionado el pago. Según un estudio de UBS, la retirada de la publicidad de TVE se traducirá este ejercicio en las cuentas de resultados de Telecinco y Antena 3 en unos ingresos netos de 116 y 68 millones de euros, respectivamente. Pero Uteca, la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca), exige “valorar” los pagos correspondientes a 2009, teniendo en cuenta que TVE sí tuvo ingresos por publicidad en ese periodo. Con las telecos el horizonte de RTVE será muy diferente.  Las telecos confían en que Bruselas tumbe la tasa del 0,9%. Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, agrupadas en Redtel, mantendrán sus recursos en Bruselas y recurrirán el reglamento ante los tribunales españoles al considerar la tasa “injusta” e “ilegal”. Lo recuerda ya Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Aetic considera que no tiene sentido recaudar dinero en un sector (el de las telecomunicaciones) para invertirlo en otro (el audiovisual).

Una postura que sintoniza en realidad con el informe no vinculante de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) del 16 de junio, que considera que el sistema impositivo asociado al modelo de financiación de RTVE (el famoso 0,9%) podría crear "asimetrías" en los distintos mercados afectados y es "un importante elemento de distorsión a la competencia".. Competencia considera que "tampoco se aprecia justificación" en la diferencia de trato entre operadores de televisión de ámbito superior a una Comunidad Autónoma y operadores de ámbito no superior -a los primeros se les impone una obligación de contribución y a los segundos no-, “puesto que todos compiten en el mismo mercado”. Además, las compañías españolas plantearán la tasa como una ayuda de Estado ilegal a RTVE, ya que las tasas se pagan al Estado, pero no a empresas, aunque sean públicas. Las empresas calculan que, con la Ley sobre la financiación de RTVE, las compañías audiovisuales (entre tv y telecos) financiarían casi un 60% del ente público, -entre 190 y 230 millones de ellos las operadoras- aunque Redtel recuerda que todos los ingresos audiovisuales de los operadores de telecomunicaciones no llegan a los 500 millones de euros.

BRUSELAS MANTIENE EN STAND BY SU CONDENA

La Comisión Europea se lo ha dejado más fácil. Esta vez, Bruselas ha ido un poco más lejos de lo que llegó al inicio de la década con el pago por el uso de espectro. Entonces sólo hubo unas declaraciones críticas, sobre todo porque Europa entera estaba inmersa en la locura de la subasta de las licencias de UMTS. Ahora, en cambio, la Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre el nuevo sistema de financiación por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telecomunicaciones podrían incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas, lo que evita a las operadoras tener que denunciar en solitario, ofrece a los terceros interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, supone el principio de un camino que no puede terminar con la callada por respuesta y le deja claro a Redtel que: la parte que más le preocupa a Bruselas es justamente la que concierne a las operadoras.

La Comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, tiene -lo reconoce- “más que dudas” (las tiene de hecho desde que era la titular de la cartera comunitaria de la Competencia) y ya ha pedido en dos ocasiones más explicaciones al Gobierno español. En su apertura del expediente español en marzo por no respetar la legislación comunitaria sobre comunicaciones electrónicas, Kroes ya dejó poco margen de negociación. “A la Comisión le preocupa que este nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la UE. Esta aportación parece afectar indebidamente a estos operadores, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando, en definitiva, a sus clientes”, advertía ya entonces.

Por si las dudas, era el propio portavoz de Telecomunicaciones, Jonathan Todd, el que aclaraba a Moncloa que la decisión del despacho de Almunia del 21 de julio no influye en el otro expediente en curso, que podría suspender también el esquema de financiación. Bajo la actual legislación comunitaria, “sólo se pueden imponer cargas a las compañías de telecomunicaciones que estén relacionadas directamente con el coste derivado de la supervisión reglamentaria”, según explicó ayer el portavoz de la comisaria de Agenda Digital, Jonathan Todd. Un supuesto que no incluiría financiar a RTVE. Como adelantaba Expansión, Noeliee Kroes decidirá después del verano si sigue adelante con su proceso contra España. Si es así, enviaría una opinión motivada al Gobierno, un emplazamiento a que cambie el sistema o dé más explicaciones en dos meses. Si la Comisaria aún así no está satisfecha, podría llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE, -lo que supondría años de espera hasta conocer el resultado final- la vía considerada más probable por las críticas de la Comisión y su tratamiento del modelo francés de financiación de la televisión pública en el que se ha inspirado España. La holandesa sigue su expediente contra el Gobierno Sarkozy con los mismos argumentos que le aplica al modelo ibérico.

REGULADORES Y TELECOS, OTRA VEZ EN ARMAS CON INDUSTRIA

De la Vega ha vuelto a chocar espadas ‘audiovisuales’ con Industria, ahora que el ministro Sebastián buscaba la ‘paz’ de las nuevas redes y las frecuencias móviles con las telecos para poner de largo el estreno como Secretario de Estado de Lorenzo.  Ha sido Industria, con las competencias sobre la Setsi y el sector audiovisual la encargada de ultimar el Decreto con el Reglamento. Y con él, todos los ‘atajos’ con los que Moncloa intenta blindar el cobro del 50% de la financiación de RTVE que depende de tasas. Las lanzas de Moncloa con el sector de las telecomunicaciones están de nuevo en alto, como en los momentos de mayor desencuentro, a finales de 2009 y justo antes de la presidencia española de la UE. En cualquier caso, hay unos límites a esas contribuciones: el 80 % de la tasa por la utilización del espacio radioeléctrico nunca será superior a los 330 millones; los operadores de telecomunicaciones no pagarán más del 25% del presupuesto de RTVE, que para este año asciende a 1.200 millones de euros; las aportaciones de la televisiones comerciales en abierto no supondrán más del 15 % y las de las operadoras de televisión de pago no superarán el 20%.

La decisión de la SETSI de matizar finalmente la obligación de las televisiones con la financiación de RTVE -sólo pagarán sobre la facturación bruta derivada de su actividad como operadoras- acentúa la batalla de las operadoras de telefonía por el 0,9% de su facturación que deben aportar a la financiación del ente público. La guerra de las tasas de dominio público llueve sobre mojado. Las heridas de la brecha digital aún sangran tanto como los retrasos de Moncloa para definir un marco de inversión pública en nuevas redes y un calendario definitivo que saque a concurso el servicio universal de banda ancha, la reordenación de las frecuencias móviles pendientes (sobre todo 900 Mhz y 2,6 mhz) y el dividendo digital que libera la transición a la tdt. Sebastián intentó neutralizar el enfado de las operadoras, pero sus dos grandes vías de paz hasta ahora -la defensa de una ‘tasa Google o cobros Premium que ayudaran a financiar las inversiones en redes e infraestructuras y su plan ‘estrella’ del servicio universal de banda ancha- han pinchado en el hueso de los socios europeos, el primero, y del pragmatismo de su ejecución, el segundo.

Fueron las valoraciones del regulador las que echaron atrás algunas de las líneas rojas de los primeros borradores de la Ley de Financiación de RTVE: vicepresidencia había sugerido pasar por adelantado la ‘gorra’ a las telecos, obligarlas cada mes de julio a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación del ente público, buscaba que la liquidación de la tasa la pudiera efectuar la propia CMT y pretendía dejar en manos del regulador incluso la opción del corte administrativo del servicio en caso de impago. Con su informe crítico al proyecto de ley para la financiación de RTVE, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le tocó a Moncloa las dos ‘teclas’ más flojas de su guerra con el sector con la misma mano: no sólo el decreto era ‘incoherente’, sino que forzó la retirada del castigo de la suspensión administrativa a las operadoras que no paguen su 0,9%.

Ahora, en Moncloa no se ve con buenos ojos la llave de la “proporcionalidad” que la CMT tiene aún en su mano, la que le podría dejar la puerta abierta a aplazamientos y pagos fraccionados “teniendo en cuenta los niveles de ingresos y la capacidad financiera” de las compañías "para garantizar que se cause la menor distorsión posible a la competencia". La CMT no esperará a octubre de brazos cruzados. Ha vuelto a recordarle a Moncloa que no encaja en su mapa regulatorio la tasa a las operadoras para financiar RTVE y propone -a través de su consejero Ángel García Castillejo, que sean los ciudadanos los que “asuman el pago del canon para el mantenimiento de la TV pública”, un modelo que ya propuso en su momento el consejo independiente, el comité de sabios que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE aunque sólo el ejemplo británico es un éxito. Los televidentes tienen que pagar por poder recibir la señal de la televisión pública. Según datos de 2009, las cantidades eran de 142,50 libras esterlinas para un aparato en color y de 48 para uno en blanco y negro.