El borrador del Reglamento de Extranjería implica a los ayuntamientos

Xavier Gil Pecharromán
El borrador de Reglamento Extranjería, que actualmente elabora el Gobierno, se encuentra en fase de consulta pública, busca el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, al tiempo que proporciona rigor, transparencia y objetividad a los procedimientos vinculados a la extranjería.

Sin embargo, diversos municipios catalanes han presionado al Gobierno para que incluya en el Reglamento la posibilidad de que las solicitudes iniciales de residencia, las renovaciones y las reagrupaciones, sean filtrados por los Ayuntamientos previa emisión de un informe que acredite el cumplimiento por parte del solicitante de las normativas sobre civismo.

El futuro Reglamento desarrolla la nueva Ley de Extranjería de 2009 y trata de dar respuesta a los nuevos retos planteados por el cambio de ciclo migratorio. La vinculación entre inmigración y mercado de trabajo explica que, en estos dos últimos años, haya habido un importante descenso de los flujos de entrada de inmigrantes. Por ello, el Reglamento perfecciona los mecanismos de gestión previstos y pone el mayor énfasis en la integración y el fortalecimiento de la cohesión social.

La circunstancia que abrirá o cerrará la puerta para la llegada de trabajadores inmigrantes es la situación nacional de empleo, que se evalúa de manera objetiva con catálogos de ocupaciones de difícil cobertura que tendrán un ámbito provincial. Cuando se demuestre que la ocupación demandada por un empresario es de difícil cobertura se permitirá la contratación de un extranjero. Estos catálogos se publican de forma trimestral por los servicios regionales de empleo, y en su edición de enero de 2011 sólo cubren un 25% de las provincias del Estado español.

El Contingente de trabajadores extranjeros, el instrumento que permitirá la contratación programada de trabajadores, permitirá actuaciones como la selección y la formación en origen. Será más ágil y flexible y se podrán revisar las previsiones iniciales a lo largo del año cuantas veces sea necesario.

Los visados de búsqueda de empleo permitirán, en el número limitado que se determine en cada Contingente, la llegada de algunos trabajadores extranjeros para que busquen empleo en una provincia y en un sector donde, por la configuración del sector, el contacto directo entre empresario y trabajador sea un elemento básico para la decisión de contratar.

El borrador del Reglamento otorga la residencia a los inmigrantes con hijos que poseen nacionalidad española. Esta medida recoge la doctrina jurisprudencial española, que durante los últimos años ha sido unánime y que considera que es una situación excepcional que debe desembocar en una autorización de residencia para el progenitor.

No obstante, las circunstancias del arraigo familiar son excepcionales porque el Derecho hace poco probables los casos en que un menor tenga la nacionalidad española no teniéndola su padre o su madre. Desde 2004 se ha concedido por vía judicial la residencia a 78 progenitores.

Para comprender esta situación, resulta preciso recordar que el Código Civil español, que regula la atribución de la nacionalidad española, establece diferentes medios de adquisición para las personas nacidas en España, cuyo fundamento último es el artículo 39 de la Constitución española.

El Reglamento, que consta de 264 artículos y 24 disposiciones adicionales, parte, en primer lugar, del sistema del que establece la legislación española, que afirma que los hijos, como regla general, tendrán la nacionalidad de sus padres. Este es el sistema seguido en la mayoría de países del mundo. Ahora bien, como consecuencia de la existencia en determinados países en los que el nacimiento del menor en otro país que no sea el de la nacionalidad de sus progenitores, no atribuye ninguna nacionalidad, y cuya regulación se contempla en el artículo 17 del Código Civil español.

Dentro de los supuestos de residencia por circunstancias excepcionales, se da cabida a también a las situaciones como el arraigo laboral, el arraigo social o motivos humanitarios en aquellos casos en los que se ha demostrado la imposibilidad de repatriación del extranjero que se halla en una situación irregular.

El borrador introduce el polémico informe de integración como requisito para renovar la residencia para aquellas personas que no hayan cotizado el mínimo de 9 meses por año y regula que el solicitante deberá acreditar su “participación activa en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma en la que resida”.

Actualmente, el Reglamento se encuentra en fase de consultas.  Hasta finales de hasta finales de mes. Se pueden realizar sus alegaciones sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, que será estudiado por el Consejo de Estado y, posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros.

Antes de su aprobación, será objeto de trabajo en la Mesa de Diálogo Social, y será analizado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Conferencia Sectorial de Inmigración y la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración entre otros.