LA OREJA DE LARRAZ

El Consejo Económico y Social ve colisiones entre el futuro Código Mercantil y la legislación laboral

Javier Ardalán

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer por 46 votos a favor y dos abstenciones el dictamen relativo al anteproyecto de ley del Código Mercantil en el que se considera que determinadas figuras del ámbito subjetivo de la normativa mercantil pudiera colisionar con la legislación laboral.

A su juicio sería necesario delimitar con precisión cuándo una determinada relación profesional debe considerarse incluida dentro del ámbito de la legislación mercantil o de la laboral. Así, por ejemplo,  la necesidad de aludir a la normativa laboral en la regulación del contrato de obra por empresa, de los contratos de prestación de servicios mercantiles, del traslado internacional del domicilio social o del régimen jurídico de la fusión y a los efectos laborales en la regulación de los grupos de sociedades.

Dentro del ámbito laboral, al CES también muestra sus dudas sobre una de las figuras estrella  del futuro Código Mercantil, como es el nuevo procedimiento de extinción de la sociedad en liquidación en situación de falta de activo, que se remite a la Ley Concursal, cuando considera que debería hacerlo hacia la normativa laboral.

También, entiende que es insuficiente la aportación del futuro Código a la mejora del marco normativo en lo relativo a la calificación jurídica de las relaciones de servicios profesionales protagonizadas por los socios y por los administradores y consejeros, por lo que el CES considera que una mayor precisión legal contribuiría a garantizar la seguridad jurídica. Así se solventarían dudas sobre el tratamiento de Seguridad Social y sobre el fiscal aplicable respecto a la calificación de los rendimientos derivados de su actividad. En este mismo sentido, el dictamen solicita una mayor precisión en la nueva figura de “contrato con el consejero delegado y con el consejero con funciones ejecutivas”.

El anteproyecto modifica la regulación del Registro Mercantil para incorporar la utilización de medios electrónicos y tecnológicos nuevos y para añadir nuevas obligaciones registrales. En opinión del Consejo, estas nuevas obligaciones podrían generar problemas de doble registro para determinadas actividades, lo cual además de suponer una carga burocrática añadida a la actividad empresarial, con consecuencias negativas sobre la productividad y la competitividad, iría en contra del plan de simplificación administrativa, actualmente en plena ejecución.

El CES considera adecuado que el Código Mercantil no incorpore las normas de protección de los consumidores y usuarios, pero cree preciso en aras de una mayor seguridad jurídica, que se establezca con mayor claridad sus relaciones con la normativa que regula y protege los derechos de éstos, ya que dicho Código podría entrar en contradicción con esta normativa en determinados preceptos.

Solicita que el anteproyecto realice una definición más clara del panorama competencial para las cooperativas, en aras de una mayor seguridad jurídica. A este respecto, considera que aunque el texto establezca que el mismo es de aplicación supletoria a las sociedades mercantiles cuando exista norma con rango de ley que le sea explícitamente aplicable (extremo que incide en las cooperativas) en el caso de estas sociedades debería presentar o definir un panorama competencial más claro para garantizar una mayor seguridad jurídica.

Tampoco comparte la exclusión que el anteproyecto hace de estas sociedades como sujetos de una fusión transfronteriza y entiende que de mantenerse dicha exclusión supondrá una discriminación hacia las cooperativas.

El dictamen, en líneas generales comparte los propósitos de la futura norma, y en concreto, el objetivo principal de garantizar la unidad de mercado mediante el establecimiento para las operaciones mercantiles de unas mismas reglas contractuales que rijan en todo el territorio del país.