El Gobierno aprueba y defiende posturas para hacer más seguro el mercado a los inversores

Los fondos de garantía de depósitos realizarán pruebas de esfuerzo de las entidades
Xavier Gil Pecharromán

La crisis económica ha obligado a muchos estafadores a agudizar el ingenio por lo que tanto la Unión Europea como el Gobierno español han tenido que aumentar las medidas para evitar que éstos puedan campar a sus anchas, frustrando las expectativas de beneficios de los inversores y poniendo en peligro los mercados. Por eso ha introducido nuevas reformas en el control y transparencia de las entidades financieras para evitar que la falta de información permita escándalos como los que han llevado, en buena parte, al inicio de la actual crisis económica. Así, acaba de entrar en vigor una reforma de los fondos de garantía de depósitos que mejora la seguridad de los inversores y, además, el Consejo de Ministros aprobaba ayer un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), que tiene dos objetivos prioritarios: solucionar los problemas generados por la crisis financiera sobre los activos de las IIC e introducir mejoras puntuales que permitan más flexibilidad en su actuación sin que el inversor pierda protección.

Con el Real Decreto 628/2010, publicado el pasado jueves en el BOE, se trata de mejorar los sistemas de indemnización de los inversores y, con ello, infundir confianza en el sistema financiero en un contexto como es el la crisis financiera a nivel mundial sin distorsionar la competencia en el Mercado Único.

La Directiva 2009/14/CE introduce una serie de reformas esenciales en la regulación de los sistemas de garantía de depósitos europeos, como el fomento de la cooperación entre sistemas europeos y el incremento de las obligaciones de información de las entidades de crédito a los depositantes sobre la cobertura de sus depósitos por sistemas extranjeros o nacionales.

La norma reduce los plazos previstos hasta ahora, con el fin de agilizar el procedimiento administrativo de puesta a disposición de los titulares de las cantidades garantizadas. Así, se reduce el plazo del que el Banco de España dispone para declarar que una entidad no está en disposición de realizar el pago de sus depósitos.

Se establece, de esta forma, que en lugar de los 21 días actuales, un plazo de sólo 5 días para efectuar la declaración administrativa que constata la incapacidad por parte de una entidad de hacer frente a sus obligaciones.

También, se reduce el plazo con el que cuentan los fondos de garantía de depósitos para realizar el pago de los mismos. Así, se ha fijado un plazo de 20 días ampliables a diez más para la puesta a disposición efectiva del depositante de las cantidades cubiertas en caso de que los fondos hayan de intervenir, frente a los tres meses ampliables tres veces más por períodos similares de la normativa vigente.

Se introduce, de la misma forma, la obligación, para los fondos de garantía de depósitos, de realizar pruebas de esfuerzo y para el Banco de España, de informar a éstos de la existencia de problemas en una entidad de crédito, siendo ambas obligaciones establecidas por la Directiva comunitaria transpuesta.

En los casos en que no se haya declarado la situación de inclusión en un procedimiento de concurso de una entidad, pero se produjese un impago de los depósitos vencidos y exigibles, el Banco de España podrá determinar que, en su opinión y por razones directamente derivadas de la situación financiera de la entidad, ésta se encuentra en imposibilitada para restituirlos y que no parecen existir perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato.

En estos casos, el Banco de España deberá resolver antes de un período de 5 días hábiles desde el momento en que tuvo constancia del descubrimiento de la falta de pago o de la imposibilidad de llevarlo a cabo, tras haber dado audiencia a la entidad, sin que ésta reunión pueda interrumpir el plazo señalado.

Finalmente, se atiende en esta transposición al aumento del nivel de cobertura de los depósitos, la reducción del plazo para declarar por la autoridad competente la incapacidad de realizar el pago y para hacerlo efectivo por el sistema de garantía de depósito y, por último, la obligatoriedad de los fondos de garantía de llevar a cabo pruebas de esfuerzo para evaluar su capacidad para hacer frente a una posible crisis de una entidad.

Con respecto a la nueva normativa sobre las instituciones de inversión colectiva, destaca la regulación de las ICC de ‘propósito especial`, que a partir de ahora sólo se podrán crear para llevar a cabo la liquidación ordenada de los activos y siempre en interés de los partícipes o accionistas, ya que éstos,  no sólo lo serán de la institución original, sino también de la de propósito especial, pasa a ser también partícipe de la IIC de propósito especial. Esta medida está pensada para acabar con muchas de las estafas, que a través de quiebras de las instituciones se venían dando en los últimos tiempos.

La reforma permite que se vayan liquidando parcialmente los fondos de inversión, repartiéndose el patrimonio resultante entre los partícipes sin necesidad de esperar a que se venda todo el activo.

Además, se crean los ETF con forma de SICAV. Se trata fondos de inversión que replican la evolución de un índice de renta fija o variable continuamente. Frente a los fondos índice tradicionales, que permiten entrar o salir del fondo solo una vez al día, coincidiendo con el cálculo del valor liquidativo, los ETF replican el índice constantemente, pudiendo el inversor entrar y salir continuamente de él. Además, como se hace para las citadas Socimi (sociedades de inversión inmobiliaria), se ha de eliminar la prohibición de incluir en dicho objeto la inversión en otras IIC inmobiliarias.

Evidentemente, esta modificación va acompañada de la tradicional cláusula ya existente para las IIC financieras que impide que existan cascadas de IIC.

Finalmente, se reduce el coeficiente de inversión obligatorio en inmuebles de las sociedades de inversión inmobiliaria del 90% al 80% de su activo para equipararlo al de las Socimi.