OBSERVATORIO JURIDICO

El pago por medio de "documentos mercantiles" y la prescripción de la acción cambiaria imputable al acreedor/tenedor

DATADIAR
Los socios únicos de una sociedad regular colectiva suscribieron un documento por el que uno de los miembros de la sociedad, se separaba de la misma y para liquidar el valor de la cuota parte que le correspondía, le fueron entregadas tres letras de cambio libradas por la Sociedad Colectiva, y aceptadas por otra Sociedad. El socio que se separó de la sociedad, interpuso demanda sobre reclamación de cantidad contra la Sociedad Colectiva interesando se declarara la obligación de los demandados de cumplir el documento firmado. Los demandados se opusieron a la demanda, solicitando la desestimación de la misma. La sentencia de la primera instancia desestimó la demanda sin hacer imposición de las costas. Por su parte, la sentencia de apelación, en síntesis, desestimó el recurso interpuesto por el demandante.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial el socio separado interpuso recurso de casación, habiéndose admitido los dos motivos que han sido objeto de estudio por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 17 de noviembre de 2010.

El primero de los motivos del recurso de casación interpuesto, se basa en la vulneración del artículo 1170, párrafo 2º, del Código Civil  y de la jurisprudencia que lo interpreta, citando al efecto, las sentencias de esta Sala de 3 julio 2006, 2 de marzo de 2004, y 24 de junio de 2002. El párrafo segundo del artículo 1170 CC señala que “La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado”.

Frente a la acción causal del acreedor, el deudor aparentemente y con independencia de la posición que ocupe en la circulación del título valor, puede oponer sin limitaciones la excepción de extinción no satisfactoria de la acción cambiaria de los documentos mercantiles entregados para el pago de la deuda, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1) Que exista una relación obligatoria de la cual emane una deuda.
2) Que para el pago de la deuda se entregue un título valor.
3) Que la entrega tenga carácter instrumental.
4) Que el título se perjudique por culpa del acreedor.

Ahora bien, según señala el TS, la jurisprudencia ha matizado el alcance de la norma en atención a la función que cumple la entrega de los documentos, en el marco del concreto contrato en que ésta se verifica, afirmando la sentencia número 912/2008, de 29 septiembre lo siguiente: “La jurisprudencia ha venido matizando la obligación del descontante en función de que haya obtenido una resolución judicial (en cuyo momento los efectos, sin los cuales no hubiese sido posible dictarla, pueden ser devueltos sin perjuicio para el acreedor), o de que le hayan sido abonados los efectos. (…) Es claro que esta solución predomina en la jurisprudencia: el Banco descontante es responsable del perjuicio de las letras de cambio cuando el descontatario ha hecho efectiva su obligación y las letras no le han sido entregadas (SSTS 21 de marzo de 1997, 10 de marzo de 2000, 24 de junio de 2002, 25 de noviembre de 2004, etc.), pero no en caso contrario. (…) La STS de 10 de diciembre de 2007  decía que la obligación de restitución de los efectos descontados ha sido perfilada por la jurisprudencia en el sentido de que en virtud del contrato de descuento el Banco descontante tiene la obligación de devolver al descontatario los títulos descontados, cuando no pudo hacer efectivo el crédito incorporado a los mismos, con la misma eficacia jurídica que tenían en el momento en que se cedieron, siempre que el descontatario haya efectuado el reingreso o se haya producido el reintegro, supuestos en los que sólo una mala práctica bancaria impide que se lleve a efecto la restitución (STS 5 de octubre de 2006 y las que allí se citan).”

Señala el TS, que en el caso de autos no estamos en el caso anterior y ello por cuanto en el de autos, entre el acreedor-tenedor y el deudor que entregó las letras libradas por un tercero y aceptadas por otro, no media contrato de descuento alguno, de tal forma que, al reclamar el pago del crédito por no "haber sido realizadas", el acreedor pretende desplazar sobre el deudor, no ya las consecuencias negativas de la caducidad de la acción cambiaria tanto directa como en vía de regreso, sino las derivadas de la pérdida de la acción cambiaria por prescripción, con infracción del principio de que nadie puede pedir la retroacción de una situación cuando no puede devolver aquello que percibió, máxime cuando la dilación es de tal envergadura que ha dado lugar incluso a la prescripción de las acciones causales que pudieran asistir al deudor frente al aceptante.

En apoyo del segundo motivo del recurso de casación se cita como infringida la doctrina contenida en la sentencia número 460/1999, de 25 de mayo, según la cual el artículo 1170 del Código Civil deviene exclusivamente en los casos en los que el deudor libra un pagaré o un cheque o acepta una letra de cambio, no aquellos supuestos que el deudor entrega letras de cambio libradas contra terceros.

Respecto a este segundo motivo señala nuestro más alto Tribunal que con independencia de que una sola sentencia por sí misma no constituye jurisprudencia, pues el criterio que contiene no se ha demostrado que es reiterado, además, la doctrina contenida en la sentencia citada es inaplicable al presente supuesto con el que no guardan ninguna analogía, dado que en la referida sentencia se aborda un supuesto de "dación en pago" o "datio in solutum", por la que las partes acreedora y deudora acordaron el cumplimiento de la obligación mediante una prestación distinta de la que era objeto de la misma, por lo que deben inaplicable el artículo 1170 del Código Civil.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. (BOE., Núm. 316, 29 de diciembre de 2010).
El Derecho contable ha sido objeto de una importante modificación a través de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, fruto de la decisión del legislador de seguir aplicando en las cuentas anuales individuales la normativa contable española, convenientemente reformada para lograr la adecuada homogeneidad y comparabilidad de la información financiera en el marco de las nuevas exigencias contables europeas para las cuentas consolidadas. La disposición final primera de la Ley otorga al Gobierno la competencia para aprobar mediante real decreto el Plan General de Contabilidad (PGC) con el objetivo de configurar el correspondiente marco reglamentario, a día de hoy materializado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-PYMES) y los criterios contables específicos para microempresas. La disposición final segunda del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge la habilitación al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y mediante orden ministerial, para la aprobación de adaptaciones del Plan General de Contabilidad por razón del sujeto contable.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de insolvencia punible. Quebrantamiento de forma. Error en la apreciación de la prueba. Escrituras públicas. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de septiembre de 2010.
Las escrituras públicas son documento en orden a la fecha del contrato e intervinientes y en lo referente a la realidad contractual que se documenta y la certificación registral da fé de la realidad que obra en el Registro al que se refiere, pero esos documentos no acreditan las motivaciones de los contratos o la realidad de deudas preexistentes al acto que se documenta. Se desestima: Por mas que el fedatario público recoja en la documentación lo que los intervinientes le han manifestado, ello no quiere decir que lo que los sujetos del contrato manifiestan, como origen y causa del contrato, sea efectivamente cierto, aunque si lo es que así lo expresaron ante el fedatario público. Las declaraciones testificales no son documentos a efectos casacionales. Delito de insolvencia punible: artículo 260 CP. Las conductas que se declaran probadas supusieron una insolvencia del deudor en perjuicio de los acreedores, realizada por el recurrente para impedir el legítimo derecho de los acreedores a hacerse cobro con los bienes del deudor. Las deudas que motivaron los desplazamientos patrimoniales no eran reales. Atenuante analógica: artículo 21.6 CP. Dilaciones indebidas: El solo dato de haber transcurrido diez años, sin mayor argumento sobre la existencia o no de paralizaciones indebidas, no permite la estimación del motivo. Si bien el tiempo final fue excesivo, sin embargo ese retraso no es causal de unas dilaciones en el enjuiciamiento e instrucción ni fueron indebidos pues obedecen a los continuos recursos opuestos por las partes.

Mercantil

Es el momento del accidente el que determina el régimen legal aplicable y la cuantificación de la indemnización debe atenerse al valor del punto en el momento del alta definitiva. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de octubre de 2010.
En este caso  aunque la decisión de la AP de calcular la indemnización con arreglo a las cuantías vigentes a fecha de la demanda conculca el sentido de lo expuesto, no hay razón jurídica para revocar en este punto el pronunciamiento de la sentencia de apelación, en primer lugar, porque lo que manda dicha doctrina es cuantificar los distintos conceptos indemnizatorios señalados definitivamente en la sentencia recurrida (incapacidad temporal, secuelas, factor corrector por incapacidad permanente total), con arreglo a la actualización vigente durante todo el año en que se consolidaron las lesiones y secuelas, (alta definitiva), y no, como pretende la parte recurrente, con arreglo a la fecha del siniestro, y en segundo lugar, porque la aplicación de la referida solución jurisprudencial supondría una reforma peyorativa proscrita absolutamente por la Jurisprudencia, al ser un hecho acreditado (en virtud de la conformidad de las partes sobre las conclusiones del informe pericial judicial), que el alta se produjo 120 días después de la fecha en que tuvo lugar la intervención de cadera -fechada el día 16 de marzo de 2004-, y por tanto, durante el año 2004, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda  lo que llevaría a aplicar las cuantías publicadas por Resolución de la DGS de fecha 22 de marzo de 2004, (BOE 6 de abril de 2004), en claro perjuicio de la entidad recurrente, que vería así como el resultado, -efecto jurídico-, obtenido con su recurso sería más perjudicial -o menos favorable- que el obtenido en la sentencia recurrida.

El prestatario no puede exigir responsabilidad al prestamista derivada del hecho de haber puesto a su disposición los fondos objeto del préstamo sin cumplir con las exigencias establecidas en el contrato. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de octubre de 2010.
Cuando, al concertar el préstamo, se sujeta la disponibilidad por parte del prestatario al cumplimiento de determinadas condiciones, ello constituye una facultad a favor del prestamista como garantía del cumplimiento del contrato por la otra parte y, como tal facultad, podrá o no el prestamista hacer uso de ella. En concreto si se trata de un préstamo hipotecario para financiar una construcción  es lógico que tal disponibilidad de un mayor importe del préstamo quedara condicionada al avance de ejecución de la obra que, precisamente, era objeto de la hipoteca ya que a mayor obra ejecutada mayor garantía real existía para el préstamo. Pero lo que no cabe admitir, incluso desde la perspectiva de la buena fe negocial (artículo 7 del Código Civil  ) es que el prestatario que se ha visto favorecido con la disposición del préstamo concedido, pretenda ahora imputar a la entidad que se lo concedió una responsabilidad derivada de tal entrega de fondos de los que en realidad dispuso aunque fuera mediante el curioso expediente de la financiación de favor a la empresa constructora, pues ello equivale a afirmar ahora que no debió emitir y firmar dichos pagarés contra la cuenta en que se abonaba el importe del préstamo ni la entidad prestamista debió atenderlos pese a que así se lo había interesado.

Civil

La fianza se extingue por el pago hecho por el deudor al acreedor entendiendo como tal la dación en pago hecha en convenio de expediente de quiebra. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de septiembre de 2010.
La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones y la dación en pago es una forma de extinguir la obligación, el convenio aprobado judicialmente refleja una «datio in solutum», con renuncia al resto no cubierto por los bienes adjudicados «in valorem» o «in genere» -como sucede en este caso en que los acreedores dan «por saldados y finiquitados sus créditos«- lo que supone pago del crédito con exoneración de responsabilidades accesorias, aunque sean solidarias, de los fiadores.

La mención de las cargas o gravámenes sobre la cosa vendida lo que hace es delimitar el objeto del contrato fijando su contenido y las obligaciones que en cuanto a la entrega de la cosa vendida asume el vendedor. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de septiembre de 2010.
La circunstancia de hacerse constar en los contratos de compraventa de fincas la existencia o no de cargas o gravámenes no aparentes que pesan sobre ella, fundada en el carácter conmutativo de este contrato del que, a su vez, se deriva la necesidad de la equivalencia entre las recíprocas prestaciones, tiene como finalidad la de eludir las consecuencias rescisorias e indemnizatorias que nacen de la omisión en el contrato de su constancia, al amparo del art. 1.483 del Código Civil.  Pues bien, para fijar el contenido de la expresión convencional de que la vendedora asegura que la finca vendida está libre de cargas, gravámenes, así como de arrendatarios, hay que partir del texto del art. 1.483 del Código Civil  , según el cual si la finca estuviese gravada, sin mencionarla en la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente., texto que ha sido interpretado por la doctrina científica en el sentido de que tales gravámenes han de ser constitutivos de derechos reales, limitativos de los derechos de goce o disposición del propietario, en tanto que la carga impone al propietario la obligación de satisfacer una prestación, generalmente periódica, a favor del titular del derecho; por el contrario no se incluyen dentro de las cargas y gravámenes a que se refiere el precepto las limitaciones legales del dominio que tiene carácter institucional y configuran el contenido normal del dominio por lo que no pueden ser desconocidas por el comprador, como sucede en este caso, en el que lo que se califica de carga no son más que de gastos de mantenimiento de un elemento común a las viviendas que integran la Comunidad demandante.

Laboral

Despido objetivo en que la empresa invoca en la comunicación escrita la situación económica negativa para no poner a disposición del trabajador la indemnización procedente. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de octubre de 2010
Se aborda la cuestión relativa a un despido objetivo económico en que la empresa invocaba en la comunicación escrita la situación económica negativa para no poner a disposición del trabajador la indemnización procedente. La sentencia que ahora se recurre estima que la empresa no ha acreditado la falta de liquidez para liberarse de la obligación de poner a disposición de la trabajadora la indemnización debida. El recurso carece de contenido casacional, lo que justifica su desestimación. Es cierto que el recurso alega la infracción de lo dispuesto en el art.53.1.b) ET, pero, realmente, el recurso no discrepa de la interpretación que hace la sentencia de esos  preceptos, sino de la valoración que realiza de la prueba practicada y de determinados documentos. La discrepancia radica en el valor probatorio que se ha dado a determinados documentos, en si se ha probado o no la falta de liquidez con ellos, cuestión que carece de contenido casacional en un recurso de casación para unificación de doctrina, recurso extraordinario que la Ley instrumenta para unificar doctrinas contradictorias y no para revisar la valoración de la prueba que hayan efectuado los Tribunales inferiores con base en las diferentes circunstancias concurrente.Tribunal Supremo. Sentencia 5 de octubre de 2010.

Despido nulo. Existencia de cesión ilegal y vulneración de la garantía de indemnidad. Los recursos interpuestos se desestiman al no reunir los requisitos de viabilidad del RCUD. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de octubre de 2010
La sentencia que ahora se recurre por las partes codemandadas declara nulo el despido sobre la base de apreciar la existencia de cesión ilegal y vulneración de la garantía de indemnidad. Se rechaza el recurso planteado por «Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo» por falta de contenido casacional, cuando el escrito de interposición no precisa ni fundamenta la infracción legal cometida por la sentencia impugnada. Pero además tampoco se cumple el requisito de la contradicción en ninguno de los motivos. En el primero de ellos, porque la invocada sentencia no resulta idónea a tal fin, puesto que no goza de firmeza. En el segundo no existe discrepancia doctrinal alguna que necesite ser unificada, en tanto que ambas resoluciones aplican la abundante jurisprudencia constitucional sobre la necesidad en caso de que se alegue lesión de derechos fundamentales, de aportar indicios razonables de que la vulneración se ha producido para que proceda la inversión de la carga. Tampoco puede admitirse el primer motivo del recurso interpuesto por la USC y en el que suscita cuestión relativa al Convenio aplicable y determinante del salario a computar a los efectos indemnizatorios y de trámite. No se admite, en primer lugar porque se trata de una cuestión nueva. Y en segundo término, por falta de contradicción, puesto que la sentencia de contraste no se plantea el problema de determinar el convenio aplicable. Contradicción que tampoco concurre respecto del segundo motivo, en la decisión referencial se consideró que no integraba indicio suficiente de vulneración de la garantía de indemnidad el que la trabajadora hubiere formulado reclamación previa solicitando el reconocimiento del carácter indefinido de su relación laboral unos días antes de que se notificase la extinción del último de los contratos temporales suscritos; en tanto que en la recurrida concurren indicios y circunstancias distintas, como por ejemplo el hecho de que -contrariamente a la actora- se le hubiese renovado el contrato a otro trabajador que se encontraba en la misma situación de irregularidad contractual que la demandante, pero que no había reclamado.

Administrativo

Expropiación. Reversión de finca expropiada. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de septiembre de 2010.
Con relación a la transformación de los antiguos aeródromos militares de Logroño y Jerez de la Frontera en aeropuertos civiles, el mero hecho de cambio del uso militar al civil, suponía una desaparición del fin que en su día había justificado la expropiación, fin que no podía ser otro que atender a las necesidades de la defensa nacional y, como consecuencia de ello, en dichas sentencias se reconoció el derecho de reversión. Por otro lado, la mera continuación del destino de las fincas en relación con finalidades aeroportuarias, en contra del criterio de la sentencia recurrida, no justifica por sí sólo la denegación de la reversión que, insistimos, en el presente caso procede al no haberse realizado la obra que motivo la expropiación y no haberse producido, con simultaneidad a la desafectación del fin que justificó la expropiación, una nueva afectación a otro fin declarado de utilidad pública o interés social, por lo que, evidentemente, en nada afecta a la procedencia del reconocimiento de dicho derecho el que las fincas hayan sido incluidas en la modificación del sistema aeroportuario del Plan General Metropolitano y ordenación del territorio inmediato como subsistema de protección aeroportuaria, ya que ello se produce después de la solicitud de reversión, formulada el 4 de octubre del año 2000.
 
Educación. Enseñanza en castellano junto con el catalán. Educación infantil. Lengua vehicular del alumno. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de diciembre de 2010.
No pueda aceptarse la exclusividad en estos momentos del catalán como lengua única vehicular en la enseñanza. Esta es la realidad presente y que muestra el Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria y que derogó los Decretos por los que se establecía la ordenación general de las enseñanzas de la educación infantil, de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria en Cataluña. En este Decreto el Art. 4 define a la lengua catalana, (como el) eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe y declara que: "El catalán, como lengua propia de Cataluña, será utilizado normalmente como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje y en las actividades internas y externas de la comunidad educativa: actividades orales y escritas del alumnado y del profesorado, exposiciones del profesorado, libros de texto y material didáctico, actividades de aprendizaje y de evaluación, y comunicaciones con las familias". Y añade que "todos los centros tienen que elaborar, como parte del proyecto educativo, un proyecto lingüístico propio, que tiene que ser autorizado por el Departamento de Educación, en el que se adaptarán los principios generales y la normativa a la realidad sociolingüística del entorno" y, seguidamente, y en ese mismo precepto dispone que "el proyecto lingüístico establecerá pautas de uso de la lengua catalana para todas las personas miembros de la comunidad educativa y garantizará que las comunicaciones del centro sean en esta lengua".