El acoso fiscal a la clase media, un argumento que cala 

El enfrentamiento político bloquea las salidas a la financiación de las pensiones

Se lucha por otros objetivos políticos, propios de la macroeconomía, se amenaza con próximas recesiones, desempleo y déficits de todo tipo cuando lo que se pretende son recortes de inversiones y gastos sociales
Juan José González
Coinciden de nuevo en campaña el tira y afloja de las pensiones, con su financiación y sostenibilidad aún a cuestas, con el controvertido asunto de la defensa de las clases medias, al parecer, y según una parte de los representantes políticos, asediadas como objetivo de los más furibundos ataques fiscales. Argumentos sensibles sobre asuntos delicados que tras comprobar cómo los responsables del Pacto de Toledo echaron por tierra la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre financiación del actual modelo, cabe plantearse hasta qué punto debe dejarse un asunto de tanta relevancia en manos de los actuales políticos. Visto que desde 1995, año de la puesta en marcha del Pacto, no se ha conseguido siquiera salvar unos objetivos mínimos, y vistas las ideas y `soluciones´ aportadas estos días por los aspirantes a gobernar el país quizá habría llegado el momento de poner tan delicado asunto de la financiación de las pensiones en un organismo modelo AIReF, agencia independiente formada por técnicos de prestigio, cuyas propuestas deberían estar alejadas en el tiempo de cualquier campaña política al uso. La clase media española, como blanco preferido tanto del fuego amigo como del enemigo de los impuestos, se convierte en las citas electorales en la clase social más atacada por unos al tiempo que la más defendida por otros. En ambos casos, se trata de un oportunismo político, coyuntural, que lleva a unos a defender que la clase media es atacada por el aumento de dos puntos en el tipo marginal del IRPF en el tramo de renta que va desde los 130.000 euros hasta los 300.000 euros, y dos puntos más sobre esta última cifra.
En realidad, si el 86% de los contribuyentes declara menos de 30.000 euros y el 95% de los declarantes en renta ingresa menos de 60.000 euros al año, difícilmente se podrá defender el ataque fiscal a la clase media. Otro asunto es que los aumentos fiscales que están proponiendo estos días los candidatos a la Moncloa se trasladen en mayor o menor medida a las clases medias. En este punto es donde se debe situar la posición de salida para ver qué rentas, si medias, altas o bajas, deben soportar una subida de la fiscalidad para financiar las pensiones.

Y en la resolución del problema no debería haber técnicos que se jueguen los votos. Porque sobre las pensiones, su financiación, sostenibilidad, modelo y demás, se escuchan idénticas o muy parecidas soluciones coincidiendo con las citas electorales (cada vez más sucesivas en el tiempo) de modo que, en la práctica, los perdedores quedan exentos de responsabilidad sobre sus promesas y tan sólo el vencedor resulta implicado y obligado en el cumplimiento. 

Aunque a la postre, el vencedor suele fracasar a la hora de solicitar el consenso y respaldo de los perdedores. Es probable que un organismo independiente como el citado, sería capaz de recoger y definir qué tipo de pensiones -dignas, por supuesto- desea la sociedad y cómo se van a financiar, pero entendiendo de ante mano que dignidad y financiación pasan, obligatoriamente, por elemental lógica presupuestaria por aumentar los ingresos de la Seguridad Social y controlando los gastos.

Debería por tanto quedar al margen de la resolución de las pensiones cualquier oportunismo político como también evitar que se impongan criterios ideológicos que califiquen una subida de impuestos a según qué clase social o tramos de renta, como un ataque de clase. Seguramente, atacantes y defensores de la clase media estén en realidad manteniendo una lucha por otros objetivos políticos, más propios de la macroeconomía que próximos al interés social común, blandiendo recesiones a la vista, desempleo y déficits de todo tipo cuando lo que se pretende, en el fondo, son recortes de inversiones y gastos sociales.