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El Tribunal de Cuentas atribuye la alta morosidad (83%) de la línea ICO Directo a la mala evaluación

La recuperación de los fallidos la gestionan las entidades de crédito que canalizaron las operaciones
Carlos Schwartz
El Tribunal de Cuentas ha hecho público el informe sobre la fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 2016. Esta fiscalización sigue a la publicada el 26 de septiembre de 2017 sobre la actividad crediticia de 2008. Es decir que el periodo comprendido es de 8 años. Uno de los elementos destacables del último informe es que la denominada Línea ICO Directo que fue aprobada en el Consejo de Ministros del 9 de abril de 2010 y se extinguió el 19 de abril de 2012 también por una resolución del Consejo de Ministros, ya bajo el gobierno del Partido Popular, ha sufrido una morosidad muy por encima de la media de la banca en general. De acuerdo con los datos del informe la misma ha sido del 83%. “Aproximadamente dos tercios (5.072) de las operaciones vivas (8.012) a final del ejercicio fiscalizado estaban en una situación de mora (1.301) o en suspenso (3.771). Cuando la evolución de estas situaciones llega a la declaración de fallido, contablemente pasan a figurar exclusivamente en cuentas de orden y se inician las vías legales en convenio con las entidades financieras para su recuperación”, señala el informe. 
El TCU señala al respecto que en los menos de dos años de concesión de esta línea se padeció en España una agudización de la crisis financiera como repercusión de la crisis internacional. Respecto de ello añade “...pero, aun cuando no estamos hablando de colectivos estrictamente semejantes, la comparación con ratios de morosidad del sistema financiero es desfavorable, lo que evidencia una mayor laxitud en la política de riesgos asumida y la falta de especialidad en la banca minorista por parte del ICO que hacían imposible el axioma de 'conoce a tu cliente' “, señala el informe. 

De acuerdo con el análisis de los expedientes de concesión hecho por el TCU hubo una “escasa interacción entre el analista y el cliente, limitándose a un mero análisis de cumplimiento de unos ratios aun cuando fuese el segundo, tercero o incluso cuarto crédito concedido.” De acuerdo con el informe “esta situación mejoraría si parte del riesgo se hubiera asumido por la entidad financiera colaboradora”. El documento señala la existencia de clientes con múltiples operaciones con uno solo de los bancos que canalizaron estas operaciones, o con ambos de forma simultánea.

El informe señala la existencia de refinanciaciones, que alargaron los plazos de las operaciones de quienes lo solicitaron a condición de la inclusión de un aval. La fiscalización del TCU no entra en el detalle de las recuperaciones a excepción hecha de las grandes magnitudes. Por lo tanto omite señalar que la política del ICO para las recuperaciones ha sido la de rechazar en la negociación cualquier minoración de las cuantías en materia de intereses o mediante quitas de principal, de acuerdo con su departamento de recuperación minorista, con el argumento de que tratándose de una entidad oficial no puede hacer diferencias entre prestatarios en tanto que cada quita tiene sus características específicas, algo que la banca privada maneja a su arbitrio teniendo en cuenta las posibilidades reales de recuperación en función de la solvencia del prestatario. 

Sin embargo, una vez provisionados al 100% los fallidos cualquier ingreso en el balance por concepto de recuperación supone una minoración del quebranto y aunque el ICO es definido por el TCU como Sector Público Empresarial Estatal al intervenir en operaciones de mercado de forma directa oficia en los hechos como una entidad que trata con el público, aunque sea por mediación de terceros y por tanto debería ajustarse en este sentido a las condiciones de mercado. 

De lo contrario se da la paradoja de que el quebranto del ICO se convierte en el beneficio de las “entidades A y B” como define el instituto de fiscalización a los dos bancos que intervinieron en la canalización de la Línea ICO Directo. El TCU no especifica quién es cada cual, simplemente advierte que el mecanismo de optar por dos entidades colaboradores no se ajustó a lo preceptivo en materia de adjudicación, ya que en sentido estricto la disposición ministerial establecía la elección de una sola red bancaria. Pero cualquiera que sea el caso respecto de repartir el negocio entre dos de los grandes bancos del mercado español sigue en pie el hecho que el seguimiento de las operaciones y el trámite de las recuperaciones ha recaído en estas entidades colaboradoras.

Es de suponer que esta actividad de los dos bancos está remunerada y en los hechos las mismas han adjudicado a otras empresas la labor de recuperación y el litigio. En el caso concreto del Banco de Santander el ICO celebró dos contratos. Uno “para la prestación de los servicios de formalización, gestión, administración, seguimiento y difusión de operaciones de financiación directa de PYMES y autónomos” según consta en documentación del ICO. 

“Posteriormente y tras la tramitación del correspondiente procedimiento simplificado de contratación” el ICO y el Santander suscribieron el 28 de marzo de 2011 un contrato para la prestación de los servicios de “recuperación contenciosa de operaciones de financiación directa ICO a PYMES y autónomos que están siendo gestionadas por Banco Santander al amparo de lo dispuesto” en el contrato señalado en primer lugar. Lo cual sugiere que igual trato habrá recibido el BBVA, el otro colaborador del ICO en esta línea. La cuestión de cuál es la remuneración de los bancos y de las entidades de recobro involucradas no es pública. Quizá el TCU haría bien en estudiar dichos contratos por lo señalado. Los quebrantos del ICO suponen ingresos para los bancos colaboradores, y desde luego para las empresas de recobro involucradas. En el caso del Santander se trata de Esco Expansión, quien por ejemplo designa los abogados en las ejecuciones de los contratos.

Mientras que el ICO aduce que no puede hacer quitas que facilitarían el recobro, se hacen “quitas” a sí mismo por la vía de la cesión de una remuneración de la recuperación a sus colaboradores sin medir antes el potencial de recuperación. Lo cual quiere decir que se entra en un gasto sin una valoración de lo que podría obtener a cambio. Aquí si opera como una entidad de mercado, solo que ineficiente. De hecho cede el uso de la deuda de la que es el acreedor para la obtención de un beneficio por parte de un tercero. En aras de la transparencia de la gestión pública sería más que oportuno que el ICO diera estado público a sus contratos con ambos bancos, en particular los que amparan la recuperación contenciosa, y que el TCU los fiscalizara.