En los registros policiales de despachos de abogados, procuradores y notarios estará presente un observador de su colegio profesional

Javier Ardalán

En los registros realizados por las fuerzas del orden público en los despachos de abogados, procuradores o notarios se permitirá la asistencia de un observador designado por el decano de su respectivo colegio profesional, según establece el Anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal y Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que complementa al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). La futura Ley Orgánica servirá para delimitar la aplicación de la LECr regula sobre los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española, tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas limitativas de la libertad, los relacionados con la integridad física o la intimidad de las personas. Este Anteproyecto contempla la legislación de protección de datos personales y eleva a rango orgánico aspectos vinculados con el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional.

La importancia de este Anteproyecto será fundamental, puesto que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y esta iniciativa de cambio del proceso penal es la primera que se formaliza desde la entrada en vigor de la Constitución. El sistema penal se homologa al existente en otras democracias avanzadas. Y, para valorar su trascendencia es preciso  en cuenta que el Orden Penal acumula en torno al 70% de la litigiosidad en España.

También se eleva al rango de Ley Orgánica que sólo el juez o el tribunal competente para conocer del proceso puedan acordar la exclusión del abogado, después de oír a todos los afectados, a través de resolución motivada y.  Si el interesado no ejerce su derecho a designar abogado se le nombrará uno de oficio. No se permitirá, además, que los abogados y procuradores declaren como testigos respecto de sus actuaciones amparadas por el secreto profesional.

Se garantiza el derecho de defensa en todas las fases del procedimiento penal y hasta la extinción de la pena.  El derecho de defensa comprende la libre designación de un abogado. No obstante, el letrado designado podrá ser apartado de su función cuando existan indicios de la comisión de un delito directamente relacionado con el hecho investigado, incurra en un delito de obstrucción a la justicia o utilice las comunicaciones con el defendido para una finalidad contraria a lo dispuesto en la ley.

Se introduce un mayor control judicial. Frente al modelo actual, constituido por el juez instructor que investiga y el juez o tribunal que juzga, el nuevo modelo dispone la existencia de un juez de garantías (que controla la investigación del fiscal), un juez de la audiencia preliminar (que determina si existen elementos suficientes para sostener la acusación) y el juez o tribunal que finalmente juzgará la causa.


Se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal, se pone fin a la investigación
constitucionales tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas que limitan la libertad, la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro o el derecho a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos. 

También, se establece por primera vez el estatuto de las víctimas en el proceso penal y se elevan a rango orgánico aspectos vinculados al ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional.

El condenado tendrá derecho a recurrir en apelación para obtener de un tribunal superior la revisión de todas las cuestiones de hecho y de derecho resueltas en la sentencia de primera instancia que le sean perjudiciales.

No podrá pedirse la revisión cuando la sentencia haya sido dictada tras la conformidad del acusado ni cuando haya sido juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo o cuando haya sido declarado culpable y condenado al resolverse un recurso contra su absolución.

En los supuestos de conformidad y mediación la legislación procesal penal podrá autorizar la imposición de la pena inferior en grado a la mínima prevista para la infracción en la ley penal sustantiva.