Más de 200.000 millones en doce años

Grandes fondos de inversión reclaman al Gobierno concreción para invertir en España

Dudan sobre los impuestos a las tecnológicas, a la banca, a grandes patrimonios y a las grandes empresas ante la necesidad de ingresos, recursos limitados y la obligada corrección del déficit público y de la deuda, dudas que el Ejecutivo no consigue despejar
Juan José González
Los grandes inversores norteamericanos quieren concreción, compromisos y certidumbre sobre los planes del futuro Gobierno que salga de las urnas en España el próximo 10N. Y lo quieren por escrito, en el programa electoral que vaya a presentar el candidato y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Así se lo han mostrado los 13 fondos de inversión más grandes del mercado norteamericano, inversores potenciales y siempre interesados en mover ingentes cantidades de dinero. El Ejecutivo en funciones español ofrece a cambio estabilidad económica, en una situación privilegiada frente a otros socios europeos, que está mostrando más resistencia a la desaceleración que otros países y mayor competitividad, basada según Sánchez, en la mejora de sueldos y salario mínimo interprofesional. Ofrece también seguridad jurídica que, sin embargo, representa una de las principales dudas que albergan los inversores extranjeros. Y son razonables las dudas porque en la normativa, se supone que nueva, estarán concretadas las reformas en general, de impuestos, laborales y económicas en general, que son las que afectarán directa e indirectamente a la actividad empresarial y a su rendimiento, precisamente el objetivo de los grandes inversores. Pendientes de la confianza que sean capaces de transmitir las autoridades españolas están inversiones por más de 200.000 millones de euros que el Gobierno español para los próximos doce años y de los que se pretende que el 80% sean privadas.
De la reciente reunión del presidente en funciones Pedro Sánchez con los 14 representantes de los más grandes fondos de inversión norteamericanos han trascendido escasas informaciones, sesgadas y se diría que contradictorias. Por un lado, la versión oficial de la Moncloa tiende a magnificar la reunión destacando los mejores resultados posibles de la cita celebrada en Nueva York en la reciente visita del Ejecutivo español. Por otro, los inversores, en este caso, los primeros espadas de la inversión de Wall Street, mantienen sus dudas sobre el proceso político en España. Incertidumbre que se centra en los Presupuestos Generales del Estado y la situación de Cataluña y su contagio a la economía nacional.

Pero el de finales de septiembre fue un encuentro diferente al celebrado un año antes: mientras el de septiembre de 2018 congregó a unos inversores más motivados por la curiosidad personal de conocer a un nuevo actor político, en la segunda los asistentes, algunos de colmillo retorcido (Soros entre ellos) fueron directamente al grano y preguntaron al español sobre los impuestos a las tecnológicas, a la banca y acerca de los rumores de un reforma fiscal que puede afectar a los grandes patrimonios y a los conglomerados empresariales. Del contraste de ambas opiniones no parece desprenderse ningún resultado que invite a pensar que el presidente en funciones español logró su objetivo: transmitir confianza en la economía española.

Sobre el papel, y según se desprende del relato oficial allí contado a los inversores, la economía española podrá hacer frente a los efectos de la guerra comercial entre China y EE UU, así como también a la salida de Reino Unido de la UE, todo lo cual situaría a la economía española en un buen lugar, seguro, atractivo y estable para la inversión. En el fondo, los grandes inversores son los primeros receptores de la oferta que Sánchez viene realizando desde unos meses, por la que el Gobierno español habría adelantado uno de los planes más ambiciosos de su Gobierno, como es la de allegar inversiones por más de 200.000 millones de euros que contempla un gran plan de transición ecológica, y que será presentado por partes a lo largo de los próximos meses.

El plan de transición ecológica para el que Sánchez reclama la atención de los grandes inversores pretende atraer la mayor inversión económica de la historia española a lo largo de los doce años que durará el desarrollo del plan y en el que el capital privado será el principal actor y del que se prevé, según asignan los planes, aporte alrededor del 80% de los recursos. Es uno de los planes de reformas estructurales que prepara el presidente en funciones destinados a convertirse en las estrellas de los programas de los próximos años.

La iniciativa trasladada a los grandes inversores entra en la lógica de la limitación de los gastos e inversiones al que puede verse obligado el Estado español por su situación de desequilibrios fiscales, deuda pública y déficit, sobre los que la Unión Europea mantendrá una estricta vigilancia. Los inversores extranjeros, a los que tanto quiere cuidar el Gobierno, se encuentran sin embargo, con las dudas sin despejar por el Ejecutivo sobre los impuestos a las tecnológicas y a la banca que siguen coreando sus líderes en los mítines. Dudas sobre una reforma fiscal que afectará a los grandes patrimonios y a las grandes empresas y, finalmente, dudas sobre la capacidad el nuevo Gobierno para garantizar la gobernabilidad del Estado frente a la amenaza constante de Cataluña. Un escenario que la mayoría de los grandes fondos reunidos por Sánchez contempla como más propicio para una explosión que como oportunidad de negocio. Habrá que esperar a que pase el 10N y demás acontecimientos políticos para ver entrar por la puerta a alguno de aquellos inversores de Wall Street.