El reconocimiento presupuestario validaría su estatus legal

Hacienda corteja la figura del confidente al estilo del delator de la CNMV

La propuesta de los inspectores puede tener éxito en la medida en que exista contrapartida, esto es, que el fraude descubierto (y cobrado) compense la cuenta del gasto
Juan José González
Por la vía de solicitar dotaciones presupuestarias, los inspectores de Hacienda demandan habilitar una vía, un capítulo o partida al objeto de gratificar la colaboración de confidentes por facilitar información fiscal relevante al organismo público, lo que facilitaría las labores inspectores contra el fraude. Obviamente, la partida económica estaría reconocida como tal en los Presupuestos Generales del Estado, movimiento que convertiría en legal una práctica que en el ordenamiento jurídico español es muy discutida aunque todo indica que poco a poco vaya abriéndose camino. El objetivo último, la batalla contra el fraude, parece justo y razonable y a los promotores que luchan por el fomento de la iniciativa no les cabe la menor duda que, una vez aceptada -y se diría que ya consolidada práctica del chivato de la CNMV- el siguiente escalón, no podía ser otro más que el relativo a la remuneración del confidente. Y en esta fase debe encontrarse el asunto puesto que ni Hacienda ni la primera responsable del departamento ministerial, María Jesús Montero, parecen haberse alterado con la iniciativa de los profesionales de la inspección. Claro que, en tiempos de escasez y ajustes presupuestarios solicitar un aumento de gastos sólo se justificaría en la medida en que la contrapartida, es decir, el fraude descubierto (y cobrado) compense la cuenta del gasto, algo que está por demostrar.
No deben andar muy lejos los inspectores de Hacienda, amén de otros colectivos interesados en la batalla, de hacer realidad un sueño que en la práctica se está demostrando muy eficaz en otros sistemas fiscales, en países donde la figura del confidente goza de un reconocimiento oficial, de la Administración del Estado. Una práctica que ha sido vigilada por especialistas hacendistas que nunca han visto reparos a su importación al sistema español en tanto que práctica demostradamente eficaz. Pero el legislador siempre se ha mostrado reticente a `legalizar´ una práctica, una figura legal en definitiva, que no termina de ver con claridad.

Que un grupo de inspectores de Hacienda se haya puesto manos a la obra en el reconocimiento presupuestario de la lucha contra el fraude, no debe suponer que estén solicitando abiertamente el reconocimiento de una nueva figura, el confidente, pero de forma indirecta la referencia no puede ser más clara. Se supone que la idea inicial del amplio grupo de inspectores de Hacienda que plantea el asunto parte de la base de una protección del confidente al estilo del testigo protegido policial, del confidente de la Policía. Y en este sentido, la figura ya cuenta con una base de experiencia vital que facilitaría la demanda que ahora se dirige a la ministra Montero.

La iniciativa tuvo éxito en la CNMV, cuando tras un farragoso proceso de propuesta y elaboración de condiciones que debería reunir un confidente, una persona informada de un asunto que podría reunir las características de un ilícito penal, o ante una actuación de inversores que pudiera suponer un abuso de mercado, de información privilegiada, etc. se decidió validar la actividad procedente de denuncias anónimas, los chivatazos y los avisos de delatores. La práctica del delator se reconoció, se institucionalizó de facto al ser atendidas por el supervisor del mercado, la CNMV, más de 16 "comunicaciones anónimas de interés" en el buzón habilitado al efecto, en el "buzón de comunicaciones anónimas" dispuesto en la web de la Comisión.

La experiencia de la CNMV parece satisfacer a sus responsables en tanto que cauce de información, o input externo, válido para seguir pistas y hacer comprobaciones. Pero en el organismo público no se plantean en modo alguno compensar económicamente (o de otra forma) a los confidentes, chivatos o delatores. En el mercado financiero se han perfeccionado los sistemas de protección de la información hasta extremos que parecerían ridículos y exagerados. Pero dada la sensibilidad e importancia de la información, las limitaciones acaban siendo justificadas. En Reino Unido, mercado activo en operaciones financieras, el organismo que vigila la información de las Opas ha señalado que en el 40% de estas operaciones se registran siempre indicios de actuaciones y movimientos sospechosos de información privilegiada.

Y no cabe duda que la figura del chivato, el delator, el bocazas o, correctamente, el confidente, si bien cuenta con un recorrido limitado en su reconocimiento legal, sí parece estar escalando puestos entre los legisladores para encontrar una, por el momento, limitada verificación. Es probable que la iniciativa de los inspectores de Hacienda consiga llegar a buen puerto a nada que estos consigan demostrar con cifras a sus superiores jerárquicos la eficacia que comporta la figura del confidente. La bolsa de fraude fiscal, como las prácticas fraudulentas en el ámbito general de la Administración Central, estarían provocando que la iniciativa en cuestión pudiera ser ampliada al Estado central. En este caso, las cifras de los posibles beneficios harían posible el visto bueno presupuestario.