La banca seguirá esperando a la Justicia para ver si paga algunas cláusulas suelo

ICNR
Las entidades pueden negarse a compensar a los clientes dado que las cláusulas son una condición legal y amparada por la legislación.
La memoria del servicio de reclamaciones del Banco de España señala ya en el año 2008 que “a consecuencia de la evolución bajista de los tipos de interés” habían comenzado a incrementarse con fuerza las consultas y reclamaciones dirigidas al supervisor especialmente sobre lo que solo un año después ya definía como “la controvertida cláusula suelo”, aquella que limita la rebaja de cuota de la que puede beneficiarse el firmante de una hipoteca a tipo variable pese a la caída del euríbor.

Fue el inicio de una creciente oleada de protestas contra los abusos bancarios y la falta de transparencia que ha ido creciendo exponencialmente tanto ante las entidades como el supervisor financiero o las distintas instancias de la justicia española hasta llegar al dictamen del tribunal europeo del pasado diciembre, y a la que se ha tardado nueve años en tratar de dar una solución oficial como la que aprobó el Consejo de Ministros.

Las reclamaciones recibidas por el Banco de España pasaron de rondar las 6.000 en 2007 a dispararse hasta las 18.400 en 2013 ante el auge de las denuncias sobre cláusulas suelo opacas, que han llegado a suponer más de la mitad de todas las reclamaciones presentadas al año al supervisor. 

Aunque este ha exigido transparencia a la banca y ha recordado que la mera lectura de la hipoteca ante notario no basta para garantizar la comprensión total por parte del cliente, desde que recibió las primeras quejas en 2008 sostuvo que “corresponde a los jueces” decidir si las cláusulas del contrato son abusivas y nulas.

Sin embargo, el mecanismo extrajudicial de negociación que se impulsa por decreto solo obliga a la banca a informar a los clientes con cláusulas suelo y a abrir una negociación con ellos, si así lo piden, que concluya en tres meses. Pero las entidades pueden negarse a compensar a los clientes dado que, como reconocen desde el Banco de España hasta el Tribunal Supremo, las cláusulas suelo son una condición legal y amparada por la legislación.

El problema se da cuando su falta de transparencia o su ubicación entre otra maraña de condiciones, convierte algunas en nulas por abusivas. Y ahí, cada entidad podrá valorar la validez de las suyas a la hora de ofrecer una respuesta a los clientes que lo reclamen.

A partir de ahí, algunas entidades defienden la legitimidad general de sus cláusulas, como en el caso de Sabadell, que previsiblemente se niegue a compensar al grueso de los clientes al menos hasta que el Tribunal Supremo aborde su caso concreto, lo que puede llevar aún meses puesto que la macrodemanda que declaró nulas las cláusulas suelo de toda la banca aún debe pasar por la Audiencia Provincial de Madrid y luego sería recurrible a la instancia superior.

También está pendiente que el Supremo se pronuncie sobre Unicaja, por poner otro ejemplo, que acaba de recibir el espaldarazo de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha declarado una de sus cláusulas “licita y no abusiva”. Si el Supremo tarda más de cuatro meses en decidir sobre estas entidades (la banca tiene un mes desde hoy para articular el mecanismo y tres para negociar), los clientes no conformes tendrían que acudir a la vía judicial.

Las cláusulas de CaixaBank o Bankia tampoco han sido vistas aún por el Supremo, pero las entidades retiraron todas sus cláusulas, lo que podría hacerlas más proclives a atajar ya la polémica a través del mecanismo extrajudicial.

Caso diametralmente opuesto es el de las entidades cuyas cláusulas ya fueron declaradas nulas por el Supremo, como ocurrió en 2013 con BBVA, Novagalicia (hoy Abanca) y Cajamar, que esperan a su vez a que el Alto Tribunal matice aquel fallo a la vista del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE que le enmendó la plana al exigir una devolución totalmente retroactiva.