Más procesos y menos recursos

La crisis y la aparición de nuevas leyes merman las facultades de la justicia gratuita

Javier Ardalán

Demasiados procesos y muy pocos recursos hacen peligrar en plena crisis el derecho a la justicia gratuita. El turno de oficio, institución que tiene como fin ofrecer un servicio legal sin coste y de calidad para aquellos que no dispongan de medios económicos suficientes para contratar a un abogado privado, empieza a costar más de lo previsto a las arcas públicas a raíz del creciente número de demandas. La más grave voz de alarma de los últimos años, que ha venido en forma de huelga, la han dado los miembros del turno de Madrid. Desde el pasado 1 de junio han reducido drásticamente su grado de actividad, en señal de protesta ante la falta de pago por parte de la administración de la capital madrileña. Sin embargo, la crisis no es la única culpable del aumento de la litigiosidad. La incidencia de normas nuevas -como la Ley Integral de Violencia de Género o la reforma de la Ley de Seguridad Vial- es otro de los grandes focos de nuevos pleitos.

Sea de quien sea la culpa, lo cierto es que la situación, que se encuentra estancada hasta que la Comunidad de Madrid comience a pagar a los abogados del turno, es un nuevo ejemplo de que la justicia precisa más recursos. Las razones son varias y de distinta naturaleza, tanto demográfica como normativa, sin olvidar la incidencia de la coyuntura económica actual, que ha provocado un incremento de procesos, por ejemplo, para la reclamación de deudas –aunque los monitorios comienzan a descender este año con respecto a los anteriores ejercicios de crisis- y de situaciones de despido injustas que deben ser resueltas ante la Justicia. En concreto, el turno de oficio de Madrid afirma que sólo la jurisdicción social incrementó la necesidad de asistencia jurídica gratuita en un 38,4 por ciento entre 2007 y 2010. En conjunto, la crisis es responsable de un aumento del 29,2 por ciento de los casos presentados ante los Tribunales.
 
En cuanto al factor demográfico, en los últimos cinco años el número de potenciales demandantes de justicia gratuita se ha incrementado en más de un 9 por ciento tan sólo por el aumento del censo de población, que ha pasado de 5.821.054 habitantes a 6.369.167, según las cifras del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Un dato que ha generado propuestas polémicas. La Comunidad de Madrid habla de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento. Una medida que no acepta el turno de oficio madrileño, al considerarla una restricción al derecho a la justicia gratuita.

Pero inciden, además, las novedades legislativas. Y es que aumentar la protección de los ciudadanos dotándoles de más herramientas jurídicas con que hacer frente a las vulneraciones de sus derechos implica necesariamente un incremento de la litigiosidad y, por ende, debe acompañarse de un aumento de la dotación del turno de oficio si se quiere evitar su colapso. En concreto, existen dos recientes normas que, según los afectados, han contribuido especialmente al aumento de juicios rápidos –procesos que representan un 93 por ciento de los casos presentados-. Se trata de la mencionada Ley Integral de Violencia de Género y la reforma de la Ley de Seguridad Vial. Entre estas dos materias se absorbe un 84 por ciento de los juicios rápidos.

De todo ello se desprende que durante los años 2006 a 2010 se haya incrementado el número de procesos en un 44 por ciento en el ámbito del ICAM. Un dato que es inferior a la media de las Comunidades Autónomas, que se sitúa en el 65 por ciento durante el mismo periodo y que, denuncian, no se debe a la falta de rigor a la hora de determinar quiénes deben acogerse a este servicio gratuito. Sencillamente, hay más casos que atender.
 
PRIMERA HUELGA DE LA HISTORIA

El impago de la Comunidad de Madrid afecta a un derecho fundamental como es el derecho a una justicia gratuita. La propia Constitución afirma en su artículo 119 que ésta no tendrá coste alguno cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Ante ello, los abogados del turno de oficio madrileño se enfrentan a un retraso en el pago de sus salarios de casi un año, superándose en total los 17 millones de euros. De ahí la adopción de una medida de huelga que nunca se había adoptado antes, a pesar de las numerosas quejas que se han presentado a través de los distintos Colegios de Abogados del país desde hace años, y por distintos motivos, ante la falta de recursos.

En estos casos, tal y como recoge el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público –en la que se basan los abogados para justificar su paro- si la demora en el pago es superior a cuatro meses, el contratista puede suspender el cumplimiento del contrato, comunicándolo a la Administración con un mes de antelación. Una cautela que se ha llevado a cabo en el caso madrileño pero que, hasta ahora, no les ha valido para obtener una respuesta por parte de la Administración.
 
Se habla de degradación del servicio, de retrasos de hasta 500 días y de falta de actualización de tarifas desde 2003, mientras en el bando contrario se critica un aumento “exponencial” de la factura por este concepto, que ha pasado de seis millones de euros a más de 50 en cinco años –así lo declaró Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, en declaraciones para El País-. Mientras, se mantiene un servicio mínimo que atiende un 11 por ciento de los casos, los más urgentes, para evitar una total desprotección del ciudadano hasta que se resuelva la situación de impago. Entre las causas "salvadas" se encuentran las que afectan a presos, detenidos o las que causen perjuicio al derecho de defensa de los ciudadanos –por ejemplo, ante supuestos de violencia de género-.

En total, la huelga de los abogados ha paralizado alrededor del 50 por ciento de los procesos penales, y un 90 por ciento de los casos en materia civil. Una situación que podría dar lugar a un paro total si no se presenta en los próximos días un pago de lo adeudado, tal y como asegura el presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Santiago Luengo. De momento, y hasta que se encuentren soluciones –la Comunidad de Madrid ya ha aportado dos partidas de dinero, una por 33 millones de euros y otra por 4, aunque esa cantidad es “insuficiente”- el colapso en la capital ha provocado que la asistencia sea prácticamente nula.

Las soluciones podrían pasar por modificaciones legales que impliquen, por ejemplo, despenalizar las faltas, aumentar la dotación de jueces y sedes judiciales, o potenciar vías alternativas a la judicial –arbitraje y mediación-, tal y como ha apuntado recientemente Mariano Durán, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). También la dotación es escasa en esta zona: el presupuesto para 2011 es de unos 16,5 millones de euros para un coste real que irá de los 22 a los 24 millones.