LA OREJA DE LARRAZ

La percepción de los españoles sobre el sistema judicial es hoy peor que hace tan sólo un año

Javier Ardalán
España obtuvo una nota sobre percepción de la independencia judicial por parte de los ciudadanos en los ejercicios 2013 y 2014 frente al obtenido en el periodo 2012 y 2013, lo que sitúa a este país en el tercer puesto, junto a Croacia, que acaba de llegar a la Unión Europea y por detrás de Eslovaquia y Bulgaria.
Estos son los principales datos referidos a España del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE correspondiente a 2015. Se trata de una herramienta informativa dirigida a ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficiencia de la justicia facilitando datos objetivos, fidedignos y comparables sobre sus sistemas judiciales en materia civil, mercantil y administrativa.

El cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuye al proceso del Semestre Europeo al ayudar a determinar las cuestiones relacionadas con la justicia que merecen especial atención.
Si bien el cuadro de indicadores no presenta una clasificación única, ofrece una visión general del funcionamiento de los sistemas judiciales sobre la base de diversos indicadores que son de interés común para todos los Estados miembros.

En España se resuelven menos casos al año de los que abren, con un ratio del 88 %, pues a partir del 100 % se entiende que se cierran más casos de los que se abren. Por otra parte, un caso administrativo, civil o comercial necesita de media 473 días en un tribunal español para ser resuelto, lo que coloca a España entre los cinco países que más tiempo lleva, por detrás de Portugal, Malta, Grecia y Chipre. Según los datos ofrecidos por España del año 2010, ya que no proporciona cifras de los últimos años que sí constan de la mayoría de Estados miembros.

La comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova, explicó ayer que no entendía muy bien la caída en la percepción española sobre el sistema judicial español, sobre todo, del informe desprende que existe una mejora de la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. No obstante, como se comprueba con España, la situación varía considerablemente según los Estados miembros y los indicadores.

En la mayoría de los Estados miembros, más del 20 % de los jueces ha participado en actividades de formación permanente en Derecho de la UE o sobre el Derecho de otros Estados miembros. Este porcentaje supera en mucho el objetivo anual del 5 % de los profesionales del Derecho que necesitan recibir formación a fin de alcanzar, de aquí a 2020, el objetivo del 50 %.

La mayoría permite el acceso gratuito en línea a las sentencias en materia civil y mercantil para el público en general. Y, además, cuanto más alto sea el órgano jurisdiccional, menor es el porcentaje de juezas.

Aunque el porcentaje de juezas profesionales de primera y segunda instancia indica una tendencia positiva, a los tribunales supremos de la mayoría de los Estados miembros les queda mucho camino por recorrer para alcanzar una proporción entre mujeres y hombres del 40% y 60% respectivamente.
En la línea marcada por el actual ministro de Justicia español, Rafael Catalá, se puede observar que se han mantenido los esfuerzos por fomentar la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los sistemas judiciales.

Sin embargo, los indicadores indican carencias en varios Estados miembros, tanto en lo que respecta a las herramientas TIC disponibles para la administración y gestión de los órganos jurisdiccionales como a las comunicaciones electrónicas entre los órganos jurisdiccionales y las partes.

Los resultados del cuadro de indicadores se tendrán en cuenta en los actuales análisis específicos por país del Semestre Europeo y también se tienen en cuenta a la hora de decidir las prioridades de financiación al amparo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (fondos EIE) en lo que respecta a las reformas de la justicia.

Un dato importante, en plena maratón legislativa del Gobierno con la meta puesta en las elecciones generales, el Gobierno acaba de remitir a las Cortes el Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior acaba de ser remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo la adopción de Reglamentos que regulen la estructura, funcionamiento, ámbito de actuación y las competencias de Eurojust, por lo que esta ley se limita a establecer las normas necesarias para implementar la Decisión 2009/426/JAI, de 16 de diciembre de 2008 por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia e incorporar su contenido al ordenamiento jurídico español. Esta normativa dará una mejor imagen de la Justicia española en la UE y evitará muchas tensiones y malos entendidos en procedimientos judiciales transfronterizos,