La política de cohesión europea pone el acento en la consecución de objetivos ambientales

Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente analiza la eficacia de los Fondos Estructurales y de Cohesión en España, Italia y Austria
El tratamiento de aguas residuales y el respeto a la biodiversidad acaparan buena parte de la financiación europea
Beatriz Lorenzo

Soplan vientos de cambio para la política regional europea. Desde la quinta ampliación de la UE, en 2004, las crecientes desigualdades entre los estados miembros y las restricciones presupuestarias a la política de cohesión han entonado una constante melodía de fondo. La Estrategia Territorial Europea (ETE) aboga más por un desarrollo policéntrico que por incentivar inversiones en el seno de las-en la jerga comunitaria-“regiones desfavorecidas”. Europa aboga ahora por reducir la brecha interregional, y el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales son los principales cauces para ello. En su nuevo informe dado a conocer este mes, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) evalúa la eficacia de estos fondos en la consecución de los objetivos ambientales, centrándote en las inversiones en tratamiento de aguas residuales, en la biodiversidad y la eficiencia energética y las energías renovables en tres países: Austria, Italia y España.

La eficacia ha de ser un concepto clave para optimizar el funcionamiento de estos fondos. Los gastos de cohesión serán más efectivos cuanto más fuerte sea la política ambiental. Se trata de estudiar a fondo la situación general de cada zona para evitar problemas como los que han tenido algunas regiones para lograr gastar todos los recursos que les habían sido asignados, en particular los destinados a proyectos de desarrollo del medio rural o protección de la biodiversidad. Por ello el informe recomienda el desarrollo de directrices sobre contratación pública ecológica que garanticen que los gastos de cohesión no se desvían de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA

El buen uso y gestión del agua, ese bien cada día más escaso, es una de las piedras angulares de la cohesión europea. En el año 2000 fue adoptada la Directiva Marco del Agua, la más ambiciosa a nivel europeo en legislación de aguas que establece un objetivo según el cual toda el agua europea alcance un “buen estado” antes del año 2015 e instaura medidas tales como el desarrollo de programas de vigilancia de las cuencas fluviales. El informe de la AEMA se centra en la situación de las aguas residuales de España e Italia una vez aplicada la financiación otorgada por los Fondos.

La situación del agua en Italia viene determinada por una ley nacional de 1994 que dividió la gestión del agua según su tipo: potable, suministro, alcantarillado y residuales. En términos de resultados, en Italia no se dispone de datos actualizados sobre la población que, gracias a los fondos estructurales en adecuación con la legislación, ha conseguido acceder al tratamiento de aguas residuales.

En el caso de España, si bien el tratamiento de aguas residuales es responsabilidad municipal, es el Gobierno quien desarrolla las políticas adecuadas a este ámbito. El Plan Nacional de Aguas Residuales, entre 1995 y 2005 ocasionó grandes mejoras en la recogida de aguas residuales y su tratamiento. Se han previsto también varios Planes Regionales- por ejemplo, el Plan Galicia para el periodo 2000-2015- buena parte de ellos financiados por los Fondos Estructurales y de Cohesión. Entre los años 2000 y 2004 España ha recibido más de 2 millones de euros de los Fondos de Cohesión para la optimización de las plantas de aguas residuales. Estos fondos se comparten entre el gobierno nacional (41%), el autonómico (35%) y el regional (22%). Por otra parte, las cuencas del Segura, el Guadalquivir, el Duero y el Tajo recibieron importantes inyecciones de los Fondos de Cohesión y Estructurales para proyectos de saneamiento. Según el informe de Sostenibilidad en España de 2007, la calidad del agua ha experimentado una radical mejora entre el periodo comprendido entre 1998 y 2005, además de haberse logrado una disminución en la demanda biológica de oxígeno.

EL RESPETO A LAS ZONAS PROTEGIDAS

La biodiversidad es otra de las áreas a las que la UE ha prestado especial atención. La legislación se concentra en la Directiva de Aves (79/409/CEE) y la Directiva sobre Hábitats (92/43/CEE). La primera establece un régimen de protección para todas las aves silvestres de la UE y la segunda hace hincapié en la conservación de sus hábitats naturales. Para canalizar ambas directivas han surgido las Zonas de Especial Protección (ZEPA) y, sobre todo, la Red Natura 2000 sobre Espacios Protegidos, merecedora de mucha atención por parte de los Fondos.

En Italia, buena parte de la financiación derivada de los Fondos Estructurales se orienta a la instauración de planes de gestión adecuados a todas las áreas protegidas, incluidas las zonas Natura 2000, según establece la legislación nacional. También se destinan parte de los recursos a garantizar que la gestión escogida no dañe en modo alguno del patrimonio natural.

En España, el número de zonas protegidas ha aumentado desde que en 2007 el Tribunal de Luxemburgo condenase a España por no tener designadas zonas suficientes de Protección Especial. Desde entonces, varias comunidades han aumentado el número de hectáreas. Tras la condena, Galicia propuso 66 nuevos lugares incluyendo nuevas áreas protegidas en los paisajes de las provincias de Ourense y A Coruña,  la creación de un nuevo parque natural en Lugo, y la extensión de 9 000 hectáreas del Parque Natural de Limia-Serra do Xurés. Galicia en concreto acoge el mayor porcentaje de financiación por parte de los Fondos Estructurales orientada a la protección de la diversidad. Según el Informe de Sostenibilidad, la inversión por hectárea ha sido en los últimos años de 40 euros.

En Austria, los indicadores medioambientales (FEDER) se refieren a cuatro dimensiones diferentes del medio ambiente: contaminación, consumo de recursos, residuos y diversidad biológica. Los indicadores se miden de acuerdo a una escala de tres puntos: “de conformidad con la ley”, “impacto positivo” e “impacto muy positivo”. En este país los proyectos relacionados con las vías de transporte constituyen la mayor área de financiación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, debido al impacto que la red de carreteras y vías tiene sobre el medio ambiente.

A través del estudio de estas variables, el informe pretende servir de ejemplo al resto de la UE en lo referente al modo de optimizar la financiación derivada de los Fondos Estructurales y de Cohesión en el área medioambiental.