La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil acelerará la respuesta de la Justicia a las pequeñas deudas impagadas

Se eleva en el juicio verbal la cuantía para la que no es precisa la intervención de abogado y de procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros
Xavier Gil Pecharromán

Los procesos monitorio y de cobro de pequeñas cantidades, empleados mayoritariamente en España para que las comunidades de vecinos obtengan rápidamente el cobro de las mensualidades adeudadas por los vecinos morosos sin grandes costes, se parecerán más al proceso vigente en la Unión Europea, una vez que se apruebe la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha aprobado el Gobierno en su último Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010. Estos procesos tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos. Sin embargo, sí se ha pretendido equiparar cualquier reclamación de índole similar al margen de que se trate de un litigio nacional o transfronterizo, situando al mismo nivel a cualquier acreedor que reclame su deuda en España, tanto si reside en España, como si lo hace en otro país de la Unión Europea. Se trata de dos tipos de procesos civiles simplificados para demandas de pequeñas cantidades, que abaratan los costes y acortan los plazos, sin necesidad de abogados, desplazamientos o costas de los tribunales.

Ambos procesos comprenden únicamente reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, con inclusión del contrato de trabajo dentro del ámbito del proceso monitorio europeo, que en el derecho español no se incluye dentro del Derecho Civil o Mercantil.

En este sentido, se destaca que se ha elevado en el juicio verbal la cuantía para la que no es precisa la intervención de abogado y de procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cantidad del proceso europeo de escasa cuantía.

Aunque las peticiones realizadas por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sobre el juicio monitorio, realizadas a finales del año pasado, han dado sus frutos en lo que respecta a revisión del límite cuantitativo del juicio monitorio, que se ha elevado hasta esos 2.000 euros, sin embargo, muy lejos ha quedado su demanda de que la tramitación la realicen los notarios, para quienes reclamaban el acceso a los registros públicos de averiguación de domicilio.

En España, los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Primer trimestre 2010, señalan que en el que los procesos monitorios en de los juzgados de primera instancia alcanzaron los 255.000 casos, con un crecimiento del 23%, sobre el mismo periodo de año 2009.

Ahora bien, las estadísticas revelan con crudeza que sólo el 8,7% de los procesos monitorios concluyeron con un pago. Por ello, las ejecuciones derivadas de procesos monitorios han aumentado un 23,5% en el primer trimestre de 2010. Este incremento implica una importante carga de trabajo en los juzgados, pues representan ya el 42,4% del total de ejecuciones civiles, y acumulan cientos de casos sin resolución: La cifra de procedimientos no resueltos en 2009 supone más del 66,8% del número de procedimientos ingresados.

Mientras, las deudas siguen aumentando y cada vez más comunidades de vecinos, por ejemplo, no pueden hacer frente a obras y reparaciones como consecuencia de la falta de liquidez. En algunos casos, incluso, contraen deudas con proveedores o se enfrentan a la necesidad de que el resto de vecinos aumente su aportación para poder ejecutar trabajos obligatorios (como las reformas impuestas tras las Inspecciones Técnicas de Edificios).

Servirán para exigir, por ejemplo, deudas de las comunidades de vecinos a ciudadanos de otros países que se resisten a pagar sus cuotas sin necesidad de abrir costosos procesos judiciales. Estas figuras jurídicas se enmarcan dentro del proceso de cooperación internacional para avanzar en el espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad de la Unión Europea, así como de crear procesos judiciales nuevos para los ámbitos civiles y mercantiles comunes a todos los países de la UE que establezca normas uniformes para acreedores y deudores.

Esta reforma busca, asimismo, agilizar Administraciones de Justicia, excesivamente sobresaturadas cuando no colapsadas, que son un excelente caldo de cultivo para que una buena parte de las denuncias acabe convirtiéndose en dilaciones indebidas o en medidas ineficaces por el excesivo tiempo transcurrido desde su inicio.

Con ellas se pretende obtener el reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales y estandarizar procedimientos que permitan la exigencia del cobro de deudas, tanto públicas como privadas. En el caso de las primeras es necesario citar el proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones Pecuniarias (que acaba de ser devuelto al Congreso de los Diputados desde el Senado para su aprobación definitiva).

También se pretende plantear medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, útiles para los pequeños y medianos empresarios, así como para todos los profesionales. Tanto el proceso monitorio europeo como el proceso de cobros de pequeña cuantía constituyen medios complementarios, ya que no sustituyen a los procesos existentes en cada uno de los países comunitarios, si no que los complementan.

Su existencia no presupone que el demandante, pierda su plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el derecho nacional correspondiente de cada Estado, si así lo prefiere.

Los procesos monitorios son conocidos en buena parte de los países de la UE, tal y como ocurre en España, donde se encuentra regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y permiten que pequeñas deudas de dinero que no resulten controvertidas se puedan reclamar y cobrar de una forma ágil, sencilla y eficaz.