La CE se propone introducir cambios en la regulación financiera para capear la crisis en los mercados

Bruselas quiere atajar el aislamiento de las infraestructuras de mercado en un momento decisivo
Carlos Schwartz
Ante el despliegue de la crisis y la decisión de emitir deuda vinculada al presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE), y por lo tanto mutualizada, para financiar un plan de recuperación europeo Bruselas se ve compelida a flexibilizar su normativa financiera. La directiva denominada MIFID 2 estableció un endurecimiento de las condiciones en las que deben operar las infraestructuras de mercado que han privado de cierta elasticidad a los intermediarios financieros, a los fondos de inversión y las propias infraestructuras que en determinadas condiciones pueden verse imposibilitadas del acceso a los sistemas de referencia en la negociación de divisas, derivados, y otras operaciones, incluidas las materias primas. No cabe la menor duda de que esta liberalización, descrita como transitoria por las fuentes consultadas, es un intento de evitar el aislamiento de los mercados europeos respecto de las operaciones centralizadas de un lado en la City de Londres y en los mercados de Nueva York y Chicago y del otro de garantizar el funcionamiento fluido de los mercados financieros. El proyecto de emisión de un gran volumen de deuda supranacional para obtener los recursos para el Plan de Reconstrucción Europea, los 700.000 millones de euros que han originado una dura disputa entre las naciones de la UE, convertirá al mercado primario de deuda pública de Europa en uno de los ejes financieros internacionales.
Esto genera la necesidad de que no haya trabas a la adopción de instrumentos financieros por denominación de divisas o restricciones de mercado. La reforma de la MIFID fue el resultado de su estreno en vísperas de la crisis financiera de 2008 y por ello acaparó mucha mala prensa en el sentido que contribuyó por su laxitud a todo tipo de abusos por parte de los intermediarios financieros y de otra parte facilitó de forma significativa al desarrollo del riesgo en los mercados financieros y en los intermediarios. El debate para pactar la sustitución de la MIFID por la MIFID 2 fue muy largo y tortuoso, y en determinados momentos se superpuso a las discusiones sobre la salida de Reino Unido de la UE. La doctrina según la cual las operaciones de derivados denominados en euros debían por fuerza hacerse en un país que tuviera como moneda el euro, y por lo tanto formara parte del sistema monetario único, con el Banco Central Europeo (BCE) como prestamista de último recurso, fue parte de este movimiento.

El argumento que se esgrime ahora para una serie de ajustes finos en materia de regulación que afectan a la MIFID 2 es que se debe acelerar la recuperación económica por la crisis desencadenada por la COVID-19. El paquete de medidas que debería anunciarse en breve incluye moderaciones en la MIFID 2, ajustes en los estándares de los prospectos de empresas, y exenciones a las cargas reguladoras cuando no sean “estrictamente necesarias” de acuerdo con el proyecto al que han tenido acceso algunos interlocutores de Bruselas. El proyecto aduce la necesidad de liberar más capital y dar más tiempo a los inversores para que puedan sortear las consecuencias del efecto en Europa de la Covid-19. 

Vale la pena recordar que el BCE también se manifestó en el sentido de liberar capital de las entidades de crédito y en ese sentido aliviar las exigencias por ejemplo respecto de las adquisiciones y fusiones destinadas a reducir el número de bancos en la UE. En su conjunto los objetivos demuestran la sensibilidad que ha despertado entre los funcionarios de Bruselas la falta de equilibrio entre la banca y las infraestructuras de mercado en la UE respecto de Reino Unido y Estados Unidos.

Tras la crisis del 2008 se acusó a los bancos y los bancos de negocios por el exceso de liberalidad en las normas impuestas por organizaciones como el Banco de Pagos Internacionales (BPI) de Basilea antes de la crisis. A resultas de ello se sucedieron las normativas restrictivas. Ahora Europa toma el camino contrario, entre otras cosas en un intento de evitar una ola de quiebras de empresas que acabe en una crisis bancaria. Para acelerar el proceso de adaptación la CE optará por la vía rápida mediante sus funciones delegadas con las cuales se puede evitar el tránsito de las reformas por el camino del Parlamento Europeo, por definición más lento. 

De acuerdo con los borradores quedarían paralizadas normas de la última reforma de 2018. Una de ellas es la separación tajante de los costes, es decir honorarios, entre servicios de inversión y análisis y estudios. Esto desglosó en la factura que los inversores pagaban a los intermediarios en los mercados organizados los costes de investigación de las comisiones por inversión, abaratando los costes de intermediación. La consecuencia de esta medida fue que los fondos de inversión dejaron de pagar por la información que no era de su interés y esto derivó en un ahorro de costes por parte de los bancos que dejaron de producir investigación sobre empresa de capitalización media menos susceptibles de atraer inversión. En línea con el proyecto de reforma, las empresas con una capitalización inferior a los 1.000 millones de euros estarán exentas de la obligación de desglosar las dos partidas que forman se suman para el cargo de los intermediarios financieros a sus clientes.

El objetivo es alentar la inversión en la acciones de las empresas en esta franja de capitalización. También se hará una exención para la investigación en deuda corporativa de renta fija. Bruselas además quiere aumentar la liquidez en los mercados de derivados de energía, modificando los límites que se pueden tomar en las posiciones, o la cantidad de transacciones que se pueden hacer sobre un solo valor. Los funcionarios involucrados en la reforma transitoria estudian la posibilidad de una exención para los inversores cuyas posiciones abiertas no superen los 300.000 lotes durante un año. También está previsto que se modifique la regulación sobre los indicadores de referencia utilizados en los mercados. Esto incluye al desprestigiado Libor y la transición hacia otro sistema de referencia. Otra área en la que Bruselas se muestra decidida a reducir la dependencia de los sistemas de referencia denominados en dólares es en los mercados de energía. La idea es alentar las referencias denominadas en euros aprovechando hechos como que el principal mercado de referencia mundial en gas está en Holanda.

De acuerdo con el Financial Times otra exención que se discute es la que permitiría utilizar en los derivados de divisas las referencias exteriores a la CE. La regulación actual establece que los contratos de swap y de futuros no entregables, que se basan en compensación de posiciones, deben ser negociados en mercados o plataformas establecidas dentro de la UE. Esto hace por ejemplo inviable utilizar el mecanismo de referencia para el cálculo del tipo de cambio de divisas conocido como WM Reuters que se administra desde Londres. Otras normas como la obligación para los gestores de activos de demostrar que han logrado los costes más bajos para sus clientes también resultarán suspendidas si este proyecto de suavizar la MIFID sigue adelante. La idea de Bruselas es evaluar las exenciones el año que viene para definir si se las incorpora en una nueva reforma, esta vez de la MIFID 2.