OBSERVATORIO FISCAL

Los servicios de organización de congresos y el IVA

DATADIAR

Según la redacción dada por la Ley 2/2010, se consideraban localizados en el territorio español de aplicación del IVA los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar o similares, como las ferias o exposiciones, incluyendo los servicios de organización de los mismos y los demás servicios accesorios a los anteriores, cuando se prestaban materialmente en dicho territorio, cualquiera que fuera su destinatario (redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2010).

Según la Disposición Transitoria primera de la Ley 2/2010, a partir del 1 de enero de 2011, el art. 70.Uno.3º de la Ley del IVA, tendrá otra redacción de tal manera que, se considerará localizado en el territorio de aplicación español del IVA, el acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares, como las ferias y exposiciones, y los servicios accesorios al mismo, siempre que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y dichas manifestaciones tengan lugar, efectivamente, en el citado territorio.

Lo anterior en cuanto al acceso a esos eventos.

Por otro lado, la Disposición Transitoria segunda de la Ley 2/2010, establece otra regla de localización que entró en vigor, también, en 2011. Así, a partir de este año, se entenderán localizados en territorio español de aplicación del IVA los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar o similares, como las ferias y exposiciones, incluyendo los servicios de organización de los mismos y los demás servicios accesorios a los anteriores, cuando se presten materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal. Esta regla se ubicará en el art. 70.Uno.7º.c) de la Ley IVA.

Lo anterior implica, que en el caso que los destinatarios de estos servicios de organización compleja de Ferias y Congresos, sean empresarios o profesionales a efectos del IVA, se aplicará la regla general de localización del art. 69 de la Ley del IVA.

Por lo tanto, ahora, sólo se entenderán localizados en el territorio español de IVA los servicios de organización de Ferias y Congresos, cuando el destinatario empresario o profesional, esté establecido en nuestro territorio.

Ahora, el problema será delimitar con exactitud, quien es el destinatario de esos servicios realizados por la empresa.

En los casos, de congresos realizados en territorio español, con destinatarios, ya sean o no empresarios a efectos de IVA (establecidos en España), se localizaría la operación en territorio español de IVA y se repercutiría IVA español por estos servicios.

En los casos de congresos realizados en otros Estado UE, se entenderán localizados en territorio español sólo cuando el destinatario sea empresario o profesional y esté establecido en territorio español del IVA. E igual si se realiza en países terceros. En esos casos se repercutiría IVA español.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

La donación de dinero a favor de su hijo no tiene la consideración de pérdida patrimonial a efectos de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del donante. D.G.T. C, (05/05/2011).
El consultante ha donado una cantidad de dinero a su hijo. Si la donación tiene alguna implicación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del consultante. La donación de dinero por el consultante a su hijo constituirá el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el concepto de donación, impuesto que deberá ser satisfecho por el hijo del consultante, en su condición de donatario, que es el sujeto pasivo del impuesto, según prevé el artículo 5.b) de la citada Ley 29/1987. El impuesto deberá ser declarado en la Comunidad Autónoma competente, que será la correspondiente a la residencia habitual del hijo del consultante, en este caso la Comunidad de Madrid; a este respecto, la Comunidad de Madrid tiene establecida una bonificación para este tipo de operación de padres a hijos y deberá dirigirse a la misma para que le informe por ser asunto de su competencia. Segunda: Implicación de la donación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del consultante. El artículo 33.5.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre de 2006), dispone que “5. No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes: … c) Las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades”. De acuerdo con el precepto transcrito, la pérdida patrimonial que se le producirá al consultante no tendrá tal carácter a efectos de poder deducir su importe como pérdida patrimonial en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del consultante, precepto que tiene su fundamento en que la pérdida no ha sido involuntaria, sino que se ha producido por la exclusiva voluntad del consultante al decidir realizar una transmisión lucrativa a favor de su hijo.

En el caso de una pareja de hecho que convive y que tiene hijos menores de edad, si uno de los padres tributa conjuntamente con los hijos menores de edad, dicho progenitor aplicaría íntegramente el mínimo por descendientes. D.G.T. C, (09/05/2011).
Pareja de hecho que convive con sus dos hijas en edad de escolaridad obligatoria. Aplicación del mínimo por descendientes. En el caso de una pareja de hecho que convive y que tiene hijos menores de edad, si uno de los padres tributa conjuntamente con los hijos menores de edad, dicho progenitor aplicaría íntegramente el mínimo por descendientes correspondiente a esos hijos, y el otro progenitor no tiene derecho al mínimo al presentar los hijos declaración, siempre que estos últimos tengan rentas superiores a 1.800 euros. De no cumplirse el supuesto de tener los hijos rentas superiores a 1.800 euros, el mínimo por descendiente se distribuiría entre los padres con los que convivan los descendientes por partes iguales, aún cuando uno de ellos tribute conjuntamente con los hijos.


Tribunales

Exención por reinversión: requisito cesión en uso cuando la entidad se dedica habitualmente al arrendamiento de los bienes. Tribunal Supremo. Sentencia de 25 de mayo de 2011.
Para obtener la exención por reinversión de los incrementos patrimoniales manifestados por la enajenación de activos fijos empresariales, el uso de estos últimos no debe encontrarse cedido a terceros, no opera respecto de aquellas compañías que tienen por exclusivo objeto empresarial el arrendamiento de esa clase de activos. El régimen del artículo 147.2 no era aplicable a las empresas que tenían como única tarea la de arrendar inmuebles de esa última índole. Dicho precepto, con el designio específico de impulsar la construcción de viviendas y locales para su explotación en arrendamiento, declaraba exentos los incrementos patrimoniales obtenidos por las compañías que se dedicaban a ese sector, con la intensidad que revelan los requisitos exigidos en la norma, como consecuencia de la enajenación de terrenos, estuviesen o no antes arrendados, reinvirtiendo el producto en la promoción o en la adquisición de fincas urbanas para su explotación en arrendamiento al menos durante tres años.

No resulta aceptable que dos entidades con el mismo volumen de pérdidas tengan distinto límite temporal de compensación porque una deba concluir un período impositivo en un lapso temporal inferior a doce meses. Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de mayo de 2011.
El Tribunal Supremo considera que cuando la Ley 61/1978 empleó el término «ejercicios» estaba pensando en ejercicios económicos anuales, esto es, en la regla general y no en las situaciones excepcionales en las que el ejercicio económico de la entidad es inferior a doce meses. Además, en su disposición transitoria primera, apartado Dos, dispone que la anterior exención se reducirá al sesenta y cinco por ciento para las inversiones realizadas en el  tercer año, y al cincuenta por ciento para las efectuadas en el  cuarto año, perdiéndose la exención para las realizadas en  ejercicios posteriores. Luego la interpretación gramatical, la lógica y la sistemática de los artículos 18 de la Ley 61/1978 y 156.2 del Reglamento de 1982 permite entender que cuando el precepto legal hablaba de «ejercicios» se estaba refiriendo a «años». Además, la exégesis teleológica de tales preceptos lleva al mismo desenlace. La aplicación del límite para compensar las bases imponibles negativas obtenidas por un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades no puede responder a criterios heterogéneos, salvo que el legislador así lo hubiese previsto expresamente, que no es el caso. Y a esa heterogeneidad aplicativa conduce entender que cuando el artículo 18 de la Ley 61/1978 alude a «ejercicios» se refiere a «ejercicios económicos», con independencia de su duración, y no a ejercicios anuales o, para comprender tanto la regla general como las especiales, a «años» naturales. No resulta aceptable que dos entidades con el mismo volumen de pérdidas tengan distinto límite temporal de compensación porque una deba concluir un período impositivo en un lapso temporal inferior a doce meses.


Tribunales Económico-Administrativos

La aplicación del tipo del 4% a la adquisición de vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar a personas con minusvalía o con movilidad reducida es independiente de la cualidad de persona física o jurídica del adquirente. TEAC R, (05-07-2011).
En la aplicación del tipo reducido del IVA al 4% (súper-reducido) a la adquisición de vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con minusvalía en silla de ruedas o con movilidad reducida en las condiciones que se establecen en los artículos 91.dos.1.4° Ley 37/1992 y 26.bis.dos.1°, párrafo primero RD 1624/1992 es independiente de la cualidad de persona física o jurídica del adquirente. El plazo de cuatro años que es exigido en el reglamento también lo es en todos los supuestos, y también cualquiera que sea el adquirente (persona física o jurídica). No obstante, el precepto permite que el plazo sea inferior siempre que concurran condiciones distintas a las de la adquisición anterior. Para ello, no puede tenerse en cuenta exclusivamente el hecho de la adquisición de un vehículo, puesto que este es el hecho concurrente y común en todos los casos, ni tampoco la persona adquirente, sino que se deben considerar el resto de las circunstancias que rodean la adquisición, a fin de comprobar si son análogas o no con las que concurrieron en la adquisición o adquisiciones anteriores: entre otras, la actividad o actividades a las que se destina la adquisición, las personas a las que se destina, el ámbito territorial o geográfico de la actividad. No obstante, estas circunstancias no son las únicas a tener en cuenta, puesto que se trata de un concepto jurídico indeterminado que exige apreciar en cada caso las condiciones concurrentes.

Valor del aviso de llegada de Correos depositado en el buzón, a los efectos de determinar la culpabilidad en el incumplimiento del requerimiento notificado posteriormente por comparecencia. TEAC R, (14-07-2011).
Habiendo sido notificado finalmente el requerimiento por comparecencia y quedando acreditado en el expediente que se examine en cada caso que de los intentos de notificación del requerimiento, que luego resulta desatendido, el obligado tributario fue advertido mediante aviso de llegada depositado en el buzón o casillero domiciliario del lugar que resulte ser idóneo a efectos de notificaciones, puede entenderse que tal desatención ha sido voluntaria, pudiendo concurrir pues el elemento subjetivo de la culpabilidad a efectos de la imposición de la sanción tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, y todo ello sin perjuicio de apreciar, en su caso, alguna de las circunstancias que exoneran de la responsabilidad por infracción tributaria del artículo 179 del mismo texto legal. En contra de lo que parece afirmar el TEAR, la infracción y la consecuente imposición de sanción no es producto o consecuencia de que se entienda efectuada la notificación, sino del incumplimiento voluntario del requerimiento del que se ha tenido, o al menos se ha podido tener, debida constancia o conocimiento por parte de su destinatario.