LA OREJA DE LARRAZ

Los tribunales podrán consultar al Supremo antes de sentenciar y desaparecerán audiencias provinciales y juzgados unipersonales

Javier Ardalán

Ruiz-Gallardón ha anunciado que para las situaciones en que se considere que la jurisprudencia aplicable produce una injusticia manifiesta o contradice la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales, se prevé que en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, ha explicado un procedimiento prejudicial sumario y preferente conforme al cual el órgano inferior podrá plantear al Tribunal Supremo una cuestión jurisdiccional previa. 

Justicia pretende la introducción de medidas para reforzar todo lo posible la seguridad jurídica con el fin de reducir la incertidumbre que generan pronunciamientos contradictorios o distintos ante situaciones semejantes.

En su intervención, en la Fundación FAES, el ministro adelantaba algunas de las propuestas que el Gobierno presentará en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para agilizar la Administración de Justicia y mejorarla.  Los cambios que esta Ley implica son de gran alcance, no en lo sustantivo, que seguirá siendo que los jueces juzguen y hagan cumplir lo juzgado, pero sí en las circunstancias que han de permitir que ese y no otro sea su principal cometido. 

Un aspecto muy importante es que la norma respetará el carácter único para toda España del Poder Judicial y la vinculación de su titularidad con todos y cada uno de los Tribunales regulados en la propia Ley. No habrá, pues, traspasos a las comunidades autónomas, que sí tienen transferidos a los funcionarios.

La mayor polémica, sin embargo, vendrá con la introducción de los juzgados provinciales de instancia, que asumirán tanto las competencias de los juzgados como las de las audiencias provinciales cuando actúen como primera instancia. En consecuencia, tanto los juzgados, tal como son ahora, como las audiencias provinciales, están llamados a desaparecer.

Al ser de ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona), estos nuevos tribunales no coincidirán con los actuales partidos judiciales, diseñados en el siglo XIX conforme a las oblaciones, transportes y comunicaciones existentes en ese momento.

Asimismo, ha aludido al tribunal provincial de instancia, que “constará de cuatro salas, una por orden jurisdiccional, que a su vez se organizarán en unidades judiciales y secciones”. Finalmente ha añadido como novedad extender a los doce meses del año el periodo de actividad de los Tribunales, considerando agosto como un mes hábil.

Habrá quien actúe como juez de instrucción, juez de vigilancia penitenciaria, juez de menores y juez de lo penal. El objetivo es que los tribunales de instancia asuman todas las competencias que hoy día corresponden a los Juzgados y, en primera instancia, las audiencias provinciales.

 La futura reforma implicará la creación de un único tribunal provincial constituido por todos los jueces y magistrados de la capital y el resto del territorio de la provincia, lo que se traducirá en la supresión de órganos unipersonales, es decir, de los juzgados de primera instancia e instrucción. Se integrarían, los juzgados de lo de penal, que quedarán inmerso en las funciones de los jueces que únicamente decidirían sobre los procedimientos de este tipo.

En ese nuevo órgano provincial también se inscribirían los magistrados o jueces de primera instancia, es decir, con competencia para resolver asuntos civiles. Por el contrario, sí que se mantendrían los dos juzgados de lo social y el del contencioso.

Para garantizar la inamovilidad judicial y el principio del juez predeterminado por la ley, serán obligadas una serie de garantías, como que se identifique la plaza ocupada por cada juez y que los asuntos se turnen con criterios predeterminados y objetivos.

Los cambios en el reparto de asuntos sólo se permitirán por enfermedad prolongada, licencia de larga duración, existencia de vacantes y refuerzos previamente establecidos y, en todo caso, se comunicará a las partes.

Para garantizar la inamovilidad judicial y el principio del juez predeterminado por la ley, serán obligadas una serie de garantías, como que se identifique la plaza ocupada por cada juez y que los asuntos se turnen con criterios predeterminados y objetivos.

Los cambios en el reparto de asuntos sólo se permitirán por enfermedad prolongada, licencia de larga duración, existencia de vacantes y refuerzos previamente establecidos y, en todo caso, se comunicará a las partes.

Finalmente, anunciaba que la Audiencia Nacional se reforzará con nuevas competencias en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Así,  la Audiencia Nacional se fortalece con una nueva sala de lo civil. Además tanto el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia podrán tener Salas de Asuntos Generales.