Elecciones generales del 28-A

Los diagnósticos económicos de los partidos descartan una crisis en 2020

La tónica general de los discursos políticos supera el listón de convocatorias electorales pasadas y confirman que el populismo fiscal se consolida como un valor seguro en los idearios y estrategias políticas
Juan José González
Transcurre el debate político afectado por la diversidad de ideologías y diagnósticos sobre el estado de la economía española que muestran una posición de desacuerdo general. Lo que llevaría a sospechar que en función del triunfo de una u otra formación política que resulte de las urnas del próximo 28 de abril estaríamos ante modelos económicos diferentes. No se sabe si los partidos políticos se mueven estos días de campaña más en el terreno de las realidades y deseos futuros que en abstracciones teóricas e ideológicas. Sea como fuere, los debates políticos de los aspectos económicos parecen estar eludiendo los temas capitales de fondo, escabrosos y comprometidos, para centrarse en asuntos más polémicos, de mejor y más fácil venta. Aquí se situarían los dos temas estrellas del momento electoral: los impuestos y las pensiones. Y nada nuevo al respecto, soluciones conocidas, algunas subidas y muchas bajadas de tasas y retoques de tablas junto a algún que otro intento de garantía perpetua de pensiones. Se sabía que las fuerzas políticas en liza no se pondrían de acuerdo en nada. Y en fiscalidad y pensiones se daba por hecho. Sin embargo, llama la atención la gran diferencia existente -distancia ideológica- en el diagnóstico sobre la economía, un análisis coyuntural que se alinea en función, no de la realidad de los problemas y las cifras, sino de lo que mejor convenga para el voto -razonable- y cuya ejecución no suponga grandes esfuerzos o sea factible su ejecución. Y ninguno ve crisis económica el próximo año.
Se mezclan conceptos de finanzas y gestión de patrimonios en la defensa de tipos reducidos, bajada de máximos y reducción por las bravas de impuestos a discreción. Se mantienen y defienden posiciones tozudas en asuntos como supresión de sucesiones y patrimonio, rebaja del IRPF y sociedades, todo lo cual, según los cálculos más o menos interesados, podría oscilar entre los 15.000 y los 18.000 millones de euros que, curiosamente, para algunas formaciones no conlleva sacrificio ni coste alguno en la creencia de que tal paquete de indulgencia fiscal sería compensado por un repunte de la actividad que superaría con creces cualquier caída de ingresos, entre ellas la del citado paquete de la indulgencia fiscal. 

No se ponen de acuerdo los partidos políticos -tampoco se esperaba- en la fase económica en la que se encuentra el país; la etapa es de expansión, de freno, de recuperación de la crisis pero en período de ralentización... Según las opiniones -divergentes- las soluciones y medidas a aplicar son, o serían, también diferentes. Llama la atención en este punto el grado de radicalización que algunas formaciones políticas estarían dispuestas a asumir en función de la mayor o menor gravedad del diagnóstico.

Aquí salen a relucir los planteamientos más ideológicos, los que apuntan a uno u otro tamaño del Estado, a la menor o menor participación de la iniciativa privada, en definitiva, al papel del Estado en la resolución de los problemas y en la participación de la actividad económica. En pensiones queda al descubierto la tendencia mayoritaria hacia la protección como garantía del Estado, si bien, otras posiciones apuntan a fórmulas mixtas, a la chilena o privatizando buena parte de las prestaciones sociales. Otras propuestas, reflejo del ideario político individual, no descartan, llegado el caso, en la limitación de la emisión de moneda que sería compensado por el regreso al patrón oro, olvidando que el escenario tan irreal no sería posible en el ámbito de la Unión Europea ni en ninguna economía desarrollada. 

Tampoco hay coincidencia entre las formaciones conservadoras en aspectos relativos a las reformas estructurales, que en cambio sí encuentran una lógica desavenencia entre formaciones de diferente ideología, caso de socialistas y conservadores en temas laborales, partidarios los primeros de una contrarreforma, frente a los segundos, proclives a mayores reformas del mercado laboral. En líneas generales, respecto al diagnóstico de la economía se advierten también posturas intermedias entre los dos extremos, curiosamente, representada por una formación populista considerada en medios políticos como radical.

Se trataría de reconocer que la realidad económica española se encuentra actualmente en una fase de desaceleración -en línea con la opinión de varias instituciones públicas financieras- lejos de la más alarmista opinión de los partidos conservadores (economía en preocupante ralentización) y alejada también de la más complaciente del partido en el Gobierno. Pero sucede que las propuestas más populistas -y radicales- del arco político español se inclinan hacia la aplicación de programas de expansión del gasto que estarían financiados por el Estado y por el sector privado.