Observatorio Jurídico

Ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante

DATADIAR
Las lagunas de la Mata-Torrevieja, se encuentran en la comarca de la Vega Baja del Segura, ocupando parte de los términos municipales de Guardamar del Segura, Torrevieja, los Montesinos y Rojales, todos ellos en el sur de la provincia de Alicante. Dichas lagunas conforman junto con El Fondo y las Salinas de Santa Pola un triángulo de humedales de relevancia internacional en el sur de Alicante. Fue declarado de importancia internacional en 1989 por la Convención Ramsar, e incluido dentro de las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) según la directiva Aves de la Unión Europea.

Los humedales del sur de Alicante se concibieron por Decreto 60/2003, de 13 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba la ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante (Salinas de Santa Pola, Lagunas de la Mata y Torrevieja y el Fondó)".  Esas franjas de protección, llamadas ahora de amortiguación de impactos, se crearon con el objetivo de evitar actuaciones negativas sobre estos espacios y como instrumento de ordenación de usos y actividades en los tres humedales con la finalidad de compatibilizar esos usos con los objetivos de protección.

El Supremo mediante la sentencia del TS de 30 de junio de 2009, anula el Decreto del Consell, por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico, estimando un recurso de casación interpuesto por una mercantil y un particular que litigaban contra este decreto desde 2003. Dicha sentencia supone que se liberan de las restricciones de uso millones de metros cuadrados situados en el entorno de los tres espacios naturales, que ahora dependerán del planeamiento urbanístico de cada municipio. La mayoría del suelo está declarado como no urbanizable y tiene un uso agrícola, pero también afecta a zonas urbanizables que no se habían podido desarrollar por entrar en conflicto con el decreto de 2003, como parte de “El Raso” en Guardamar del Segura.

1. Infracción del artículo 18 y de la D. A. 5ª de la Ley 4/89 (LCEN) y del artículo 149.1.23 de la Constitución Española.

El artículo 18 CE establece dos mandatos vinculantes para el legislador autonómico:

1º) Que la zona periférica de protección se puede establecer exclusivamente en los Espacios Naturales Protegidos creados por ley, y que el espacio natural protegido en cuestión se ha creado por Decreto 237/96 de la Generalitat Valenciana; en consecuencia, no habiendo sido creado por ley, no cabe establecer zonas periféricas de protección como la que pretende desarrollar el Decreto impugnado.

2º) Que deberá ser la propia ley de creación de Espacios Naturales de Protección la que, en su caso, establezca las limitaciones necesarias. De forma que, en este caso, se incumplen dos exigencias: la exigencia de reserva formal de ley; al tratarse de un Decreto, éste es nulo. Y la exigencia de reserva material de ser la propia ley de creación de Espacios Naturales de Protección la que, en su caso, establezca las limitaciones necesarias, pues en el presente caso la norma de creación de Espacio Protegido no ha sido el Decreto impugnado.

En este sentido, la sentencia recoge que el artículo 29.2 de la Ley 11/94, de  la Generalitat Valenciana al permitir la creación de espacios de protección por medio de instrumentos de ordenación del espacio protegido, al margen de la ley que lo cree, infringe los preceptos citados.

2. Infracción de STS (Sala 3ª) de 16 de junio de 2003 (recurso nº 2609/98):

Dicha sentencia confirmaba la nulidad anteriormente declarada por sentencia de 5 de enero de 1998 del TSJ de la Comunidad Valenciana respecto del artículo 3º del Decreto 49/95 (por el que se aprobaba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana de las Lagunas de La Mata y Torrevieja) estableciendo dicho artículo la franja o perímetro de protección de 500 metros, y que fue declarado nulo por exigirse que sea la ley de creación de Espacio Protegido la que establezca la zona de protección; así como infracción de los efectos "ex tunc" de dicha declaración de nulidad pues la sentencia del Tribunal Supremo infringida es posterior en el tiempo al Decreto impugnado.

El Supremo interpretando el mandato del art. 18 LCNE declaró en esta misma sentencia que el criterio establecido es que las denominadas zonas periféricas de protección de los Espacios Naturales Protegidos, solo y exclusivamente pueden ser declarados por ley; y, en consecuencia, en el supuesto excepcional, de que existiera algún Espacio Natural no creado por ley, el mismo no podrá establecer zonas de protección.

Conclusión del TS:

El Decreto impugnado no puede ser considerado como un "instrumento de ordenación de usos y actividades en el ámbito de la zona periférica de protección", por cuanto tal misión (artículo 15 de la LCEN) está encomendada a los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, que deben ser aprobado con anterioridad al PRUG, como dispone, además del precepto de citada Ley estatal, el mismo artículo 31.1 de la ley autonómica valenciana 11/1994. El supuesto excepcional de declaración de parques y reservas naturales  (sin previa aprobación de un PORN), que se contempla en el artículo 15.2 de la LCEN, tampoco resulta de recibo en el supuesto de autos por evidentes razones temporales (un año) y materiales, esto es, por que no es un PORN, sino un PRUG, y, todo ello, además, por no haberse justificado, de forma expresa, las razones que exigían su creación.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.  BOE nº 227 de 18 de septiembre de 2010.
El Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, amplía la contribución de la participación pública respecto de regulaciones anteriores; en particular recoge y determina la participación de los Consejos del Agua de la demarcación en la elaboración de determinados documentos del proceso de planificación hidrológica, siendo éste, de entre los órganos de Gobierno, el órgano de participación y planificación, previsto por el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El artículo 35 del texto refundido de la Ley de Aguas encomienda al Consejo del Agua de la demarcación las funciones de fomentar la información, la consulta pública y la participación activa en la planificación hidrológica en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. El artículo 36 dispone que la composición del Consejo del Agua se establezca mediante real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, y señala los criterios a los que dicha composición deberá ajustarse. Sin embargo, la complejidad de la articulación competencial en materia de aguas no ha permitido que se constituyan aún los Consejos del Agua de la demarcación, siendo previsible que esta constitución sufra retrasos adicionales a causa de dicha complejidad. Por otra parte, la necesidad de evitar demoras adicionales en el proceso de planificación en curso y la superación de los apercibimientos recibidos oficialmente desde la Comisión Europea, aconsejan encontrar una solución transitoria sin que sufra menoscabo alguno el proceso de participación pública en el proceso de planificación hidrológica. Finalmente, en el procedimiento de elaboración de esta norma se ha consultado al Consejo Nacional del Agua, en el que están representadas las Comunidades Autónomas.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida. Determinación de la pena. Imposición de la pena en los delitos patrimoniales continuados. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de junio de 2010.
En el hecho probado nada se dice sobre la resultancia económica de cada acto delictivo unificado en la continuidad delictiva. Se califican los hechos como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida agravada en atención a la cuantía. El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. La naturaleza continuada del hecho, cuando se trata de delitos patrimoniales, no debe suponer que no se aplique la previsión general de agravación de la consecuencia jurídica, esto es la regla primera, la imposición de la pena correspondiente al delito más grave en su mitad superior, pues no concurre causa alguna que justifique un mejor tratamiento penológico de los delitos continuados patrimoniales respecto a los no patrimoniales. Supuestos diversos: Esta determinación del párrafo primero se excepciona, cuando teniendo en cuenta el resultado, el perjuicio total causado, su consideración implique una alteración de la subsunción. Por ejemplo, cuando varias estafas o apropiaciones indebidas con resultados cada una de ellas inferior a 400 euros, pero en su consideración total supera esa cantidad, que es límite entre el delito o la falta. También cuando varios hechos cada uno de ellos constitutivos de un delito de estafa y en los que la consideración del resultado en su conjunto determina la agravación del art. 250.1.6 CP. En estos supuestos la determinación de la pena se realiza teniendo en cuenta el perjuicio total causado, esto es delito continuado de estafa con la consecuencia prevista en el tipo básico, en el supuesto de pluralidad de estafas cada una de ellas constitutivas de falta pero en su conjunto de delito al superar los 400 euros, del tipo agravado, en el segundo supuesto relacionado, pues la consideración total del perjuicio causado es lo que ha permitido considerar delictivo las varias acciones, en principio, constitutivas de faltas de estafa o con la penalidad agravada en el segundo supuesto. Por ello, no es posible considerar doblemente el perjuicio en la determinación de la pena, uno para considerar delito lo que aisladamente eran faltas, y otro para imponer la pena es su mitad superior.

Mercantil

Las  denominaciones de las marcas en conflicto son suficientemente distintivas a efectos de que el público consumidor no pueda incurrir en el error de confundir la procedencia de los productos. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de junio de 2010.
Cuando examina el ámbito aplicativo de los signos enfrentados procede declarar que los servicios amparados por ambas marcas no coinciden. Esta  valoración que no resulta irracional a la vista de la redacción con la que han sido reivindicados los servicios protegidos por las marcas. Además las marcas en conflicto son suficientemente distintivas a efectos de que el público consumidor no pueda incurrir en el error de confundir la procedencia de los productos que resulta un razonamiento inequívoco acerca de su compatibilidad. Para el mismo ámbito, el titular de la marca oponente ya es titular de otras marcas también denominadas «tr corporacion», que implícitamente permite deducir que de haber existido algún riesgo de colisión como intenta argumentar la recurrente, no se produciría ahora, con la recurrida, que añade un elemento más de diferenciación respecto de las oponentes, con las que ya han convivido las anteriormente registradas. Por ello se ha realizado una  comparación que se ajusta a los parámetros que se consideran  como adecuados para realizar el examen comparativo de los signos.

Contrato de Agencia. Calificación e interpretación de cláusulas contractuales. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de junio de 2010.
La cuestión jurídica planteada en el recurso de casación queda delimitada, por la naturaleza jurídica del contrato controvertido y la interpretación de las cláusulas del mismo, aspectos sobre los que se hace necesario precisar que la interpretación y la calificación de los contratos es una función encomendada a la Sala de instancia y no puede ser revisado en casación salvo que resulte ilógico, erróneo o irracional, lo cual no resulta en el presente caso. Es la misma calificación que la parte actora hizo en su demanda, en coherencia con el nombre que otorgaron las partes al contrato litigioso en su encabezamiento. Y es evidente que además de lo que las partes expresaron al suscribirlo, aquella calificación es la misma que resulta de los datos fácticos, según la valoración que de todos ellos hizo la sentencia recurrida, ninguno de los cuales ha sido desvirtuado por la recurrente.

Civil

Para determinar la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985, el arrendatario habrá de justificar haber abonado la cuota del I.A.E. para el año 1994. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de junio de 2010.
Para los arrendamientos de personas jurídicas se configuran plazos de resolución tasados, entre cinco y veinte años, en función de la naturaleza y del volumen de la actividad desarrollada en el local arrendado, configurándose un plazo de duración breve para aquellos arrendamientos en los que se desarrollan actividades con un potencial económico tal que coloquen a los titulares de estos contratos en posiciones de equilibrio respecto de los arrendadores a la hora de negociar nuevas condiciones arrendaticias. Ello supone  que la ley se inclina por un criterio puramente económico, identificado por la cuota del I. A.E, en función de la cual establece una duración mayor o menor del contrato, que cede en el supuesto de que no se acredite la cuota que corresponde a la actividad desarrollada en el local arrendado para limitar su duración al plazo mínimo de cinco años. Nada dice la norma sobre las consecuencias que derivan de aquellos arrendamientos respecto de los cuales el arrendatario no este dado de alta en actividad alguna ni abone por tanto cuota del I.A.E, situación que, sin duda, ha propiciado soluciones tan diversas como las apuntadas, y que debe resolverse en favor de la segunda postura, coincidente con la de la sentencia recurrida en casación, desde la idea de que el equilibrio que la Ley tiene en cuenta para fijar la duración de estos contratos no es meramente nominal sino real y que lo decisivo disfrutar de los derechos que la norma concede a los arrendatarios es que estén al tanto, de una manera efectiva, de sus obligaciones tributarias, para en su vista decidir el número de años de prorroga del contrato, en unos momentos en que se pretende acomodar ambas realidades jurídicas, civil y administrativa, para impedir que se pueda seguir manteniendo la irrelevancia civil de la infracción de normas administrativas, aplicando las pertinentes consecuencias ; consecuencias que, en este caso, se traducen en una limitación del plazo de duración de la relación arrendaticia, que no podrá ser superior a los cinco años pues, en definitiva, el arrendatario no ha cumplimentado sus deberes tributarios, y, como consecuencia, no ha podido justificar el abono de la cuota a su cargo por más que la actividad desarrollada en el local le hubiera permitido disfrutar de un plazo superior conforme a la tarifa del I.A.E.

La finca litigiosa no fue vendida dos veces sino adjudicada voluntariamente en pago por convenio entre comprador y vendedor. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de junio de 2010.
 El artículo 1473 del Código Civil regula la prioridad de títulos si una misma cosa se hubiese vendido por el mismo vendedor a diferentes compradores, pero, pese a las semejanzas entre la ejecución judicial y la compraventa, derivadas de que ambos medios son idoneos para que la titularidad de un bien sea transmitida a un tercero, existen profundas diferencias entre ambas instituciones, como lo evidencia que mientras la primera constituye un acto de imperio por la que el Estado asigna la titularidad de un bien a un determinado sujeto, con independencia y normalmente contra la expresa voluntad de quien sea su propietario, la segunda es por definición fruto del consentimiento de los intervinientes, que impiden la aplicación mimética del régimen de la compraventa a la subasta judicial. En este caso, por razón de las obligaciones pecuniarias que directamente afectaban a la finca por razón de la normativa en materia de propiedad horizontal, se trabó un embargo regular sobre la finca en un proceso de ejecución regular.  El propietario de la finca embargada conocía cabalmente tanto el embargo como la razón de haberse trabado. Al no ser satisfechas las obligaciones determinantes del embargo, la traba fue seguida de la correspondiente ejecución, igualmente regular.  La finca, en consecuencia, no fue vendida dos veces como pretende la recurrente, sino adjudicada voluntariamente en pago por convenio entre el ayuntamiento vendedor y la compradora , y adjudicada por el Juez a otra entidad.

Laboral

Trabajadoras en situación de baja maternal. Jornada reducida por guarda legal de menor. Falta de fundamentación jurídica. Contratos de relevo, trabajadores fijos y eventuales, a los que se les extingue la relación laboral. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de junio de 2010.
Se formula recurso de casación, con dos motivos: El primero se articula en relación con las trabajadoras en situación de baja maternal y con los titulares de jornada reducida por guarda legal de un menor, y el segundo se centra en los contratos de relevo y trabajadores, fijos y eventuales, a los que se les extingue la relación laboral. En la primera de las denuncias, el recurso se limita a reproducir íntegramente los numerosos preceptos cuya vulneración señala, a los que añade -respecto de la situación de baja por maternidad- la consideración de que la situación de IT por tal causa no es similar a la IT derivada de enfermedad común o accidente, como lo prueba su regulación diferenciada en la LGSS y que su espíritu y finalidad no es similar al resto de las contingencias, por lo que «ha de tener un tratamiento diferenciado» en la Bolsa Colectiva de Horas. Esta parte del primer bloque de denuncias debe ser desestimada por un defecto formal, cual es que no contiene adecuada fundamentación jurídica. Por lo que se refiere a la segunda parte del mismo bloque de denuncias contenidas en el primer motivo, la cita y reproducción de preceptos se complementa con el simple añadido argumental de que como por definición la jornada de tales trabajadores es reducida, «cuando la empresa ordena descansar en día previsto inicialmente como de trabajo, el descuento de la Bolsa de Horas Colectiva de estos trabajadores ha de ser equivalente al número de horas de su jornada reducida, no al de una jornada completa». El apartado -reducción de jornada- merece el  mismo reproche que previamente hemos hecho para la baja por maternidad [defecto de fundamentación], puesto que no hay conexión alguna -razonada- entre la plural normativa que se denuncia y el argumento utilizado. En cuanto al último motivo, tratándose de trabajadores jubilados a tiempo parcial, si en el momento de acceder a ella presentan un saldo negativo en la BHC, parece absolutamente razonable que ese saldo sea adecuadamente recuperado tras la renovación del contrato; de lo contrario, se comprometería la finalidad y cumplimiento de la propia BHC.

El actor declarado incapaz permanente total como consecuencia de un accidente de trabajo, tiene derecho a percibir la indemnización prevista en RD 1006/85 cuando dicha incapacidad opera como causa de extinción del contrato. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de junio de 2010.
La cuestión que se plantea consiste en determinar si el actor, deportista profesional que fue declarado incapaz permanente total como consecuencia de un accidente de trabajo sufrido durante la vigencia de su relación laboral especial, tiene o no derecho a percibir la indemnización prevista en el art.13 d) del RD 1006/85, de 26 de junio, que regula la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales, cuando dicha incapacidad opera como causa de extinción de la relación laboral. Siguiendo doctrina de esta Sala, lo decisivo es que el contrato esté vigente a la fecha del accidente y no en el momento de la declaración de incapacidad, cuando a la fecha de extinción de la relación laboral el demandante se encontraba de hecho incapacitado para la práctica del deporte, siendo ese daño el que se indemniza en aplicación del citado  art.  13.d) del R.D. 1006/85, a cuyo tenor:  «Cuando el contrato se extinga por muerte o lesión que produzca en el deportista la incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez, el deportista o sus beneficiarios tendrían derecho a percibir una indemnización, cuando menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión tuviera su causa en el ejercicio del deporte, condiciones todas ellas que se cumplen en este supuesto, dado que al demandante se le declaró afecto de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de deportista  profesional, a consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 21 de octubre de 1998, que la invalidez que padece trae causa de tal contingencia y que el actor no se incorporó al trabajo después de aquel episodio, así es que se manifestó una causa que por sí sola podría determinar la extinción de la relación laboral, con independencia del efecto que llegara desplegar a su vez el vencimiento del plazo del contrato; en definitiva, desde el accidente de trabajo y el inicio de la incapacidad temporal, el contrato quedó suspendido en sus efectos y dicha contingencia era por sí sola causa legal para extinguir el contrato, con independencia de la duración prevista para el mismo».

Administrativo

Interpretación de los requisitos procesales excesivamente contraria al principio pro accione, lesionando de esta forma su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción. Tribunal Constitucional.  Sentencia 19 de julio de 2010.
La indiscutible competencia de los arquitectos para intervenir en la elaboración de los instrumentos de planteamiento urbanístico objeto de la convocatoria, es evidente, como el Ministerio Fiscal pone de manifiesto en su escrito de alegaciones, que la pretensión ejercitada por el colegio profesional en el recurso contencioso-administrativo, esto es, que se procediese a la publicación de la convocatoria del concurso en los medios oficiales legalmente establecidos, puede subsumirse tanto en el ámbito de la representación y defensa del interés general o colectivo de la profesión misma, como en el ámbito de la defensa de los intereses de los profesionales colegiados. La conclusión alcanzada no puede resultar desvirtuada desde la perspectiva del derecho fundamental al acceso a la jurisdicción por el hecho de que no sólo los arquitectos pudiesen participar en el concurso convocado, pues la participación de otras personas no priva ni limita la facultad de la que es titular el colegio para la defensa de la profesión y de los intereses de sus colegiados, ni por el argumento de que se trata en este caso de defender los intereses de los arquitectos que no se presentaron al concurso frente a los que se presentaron, ya que en ningún momento resulta acreditado que el colegio recurrente tuviera conocimiento de que algún arquitecto hubieran participado en el concurso, ni siquiera que tal circunstancia se hubiera en realidad producido, lo que además no puede impedir, la defensa por el colegio de los intereses colectivos de la profesión y de sus colegiados. En definitiva, las Sentencias recurridas, al haber negado al colegio demandante de amparo legitimación procesal, han llevado a cabo una interpretación de los requisitos procesales y, en particular, del relativo a la existencia de interés legítimo, excesivamente rigorista y desproporcionada, contraria, por lo tanto, al principio pro accione, lesionando de esta forma su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción.
 
Exigencia de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas. Limitación del ejercicio de un derecho de que los grupos parlamentarios puedan formular proposiciones no de ley. Tribunal Constitucional. Sentencia 26 de julio de 2010.
En el caso que nos ocupa resulta que, la resolución de inadmisión se limita a indicar como fundamento de la decisión que "el contenido no es propio de una proposición no de ley". Y al resolver el recurso de reposición contra esta resolución la Mesa se limitó a citar los arts. 161 y 163 RCV y a reiterar que el contenido no era propio de una proposición no de ley, por lo que en caso de que prosperara no sería posible articular el control de su cumplimiento conforme al art. 151.4 RCV. Pues bien, ni la cita del art. 161 RCV, que regula el trámite de admisión de las proposiciones no de ley que pueden presentar por escrito a la Mesa de las Cortes Valencianas "los grupos parlamentarios o un diputado o diputada con la firma de otros cuatro" (art. 160 RCV), ni la del art. 163 RCV, permiten conocer las razones que llevaron a la Mesa de las Cortes Valencianas a entender que el contenido de la proposición no de ley no era propio de este instrumento normativo, por lo que ha de concluirse que la inadmisión, en los términos en los que se ha producido, carece de motivación suficiente conforme a las exigencias de nuestra doctrina, sin que esta deficiencia haya sido subsanada con ocasión de resolver el recurso de reposición presentado contra la decisión de inadmisión. Con esta forma de actuación la Mesa de las Cortes Valencianas no ha satisfecho, por tanto, la exigencia de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación que ha efectuado en este caso de las normas con las que ha contrastado la iniciativa, que se ha traducido en una limitación del ejercicio de un derecho de que los grupos parlamentarios puedan formular proposiciones no de ley.