Por las bravas, al BOE

Las empresas de gas y electricidad españolas verán recortadas las remuneraciones por las funciones de transporte y distribución... “lo que se comunica para su conocimiento y efectos, y entrada en vigor”, dice la retórica jurídica, a partir de enero próximo. Así lo decreta y sentencia e impone, por las bravas y porque la reguladora y supervisora Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo vale. Es el inicio, no cabe la menor duda, de una batalla que alumbrará días de gloria en el sector energético de este país, contienda en la que por el momento sólo se distingue como parte perjudicada, las empresas del sector que, en consecuencia deben frenar, remodelar y planificar de nuevo sus planes de inversión.

Al igual que cuando sucede un recorte o una nueva normativa que afecta a, por ejemplo, al sector bancario -léase el IAJD a cargo y coste de la banca- en el energético sucede algo similar: los recortes dictados por el supervisor energético supondrán unos 5.700 millones de euros en el período que durará su aplicación, unos cinco o siete años. En esta ocasión, la primera en la frente, ha sido la pérdida de valoración en los mercados bursátiles, es decir, las empresas energéticas valen, como consecuencia de la medida, algo o bastante menos, según la compañía y según los mercados.

Pero llama la atención los efectos que la misma va a provocar sobre la ciudadanía, los consumidores, pues aunque sobre el papel se dice, se rumorea e intuye que la actuación del regulador energético va a favorecer -se entiende que abaratar- el precio de la energía para el consumidor final, lo cierto es que nada se sabe al respecto. Luego, parece que estamos ante un caso de flagrante falta de transparencia lo cual, tratándose de una norma de interés general no puede ser más que rechazada la vía para su comunicación y también la de su publicación en el BOE.

A más y a más se puede afirmar que el camino elegido por el regulador energético no sólo ha sido el menos adecuado de cara al público sino el peor de todos, habida cuenta que las siete disposiciones legales en las que se articula la medida no han sido en ningún momento materia de negociación con el sector energético dejando en evidencia la falta de diálogo del supervisor con el sector, algo que llama aún más la atención si se tiene en cuenta que una de sus empresas es la propietaria de la distribución eléctrica, compañía pública con la que se desconoce si ha mediado palabra, negociación o, simplemente, ha sido ignorada.