OBSERVATORIO JURIDICO

Prescripción de las acciones de reclamación del pago de comisiones del contrato de agencia

DATADIAR

Plazo trianual: aplicación del artículo 4 LCA en relación con el artículo 1967.1 del Código Civil. Por la parte actora se dedujo demanda de juicio ordinario en la cual solicitaba la condena a la parte demandada a pagarle una serie de comisiones debidas en virtud del contrato de agencia que vinculó a ambas partes. La demandada planteó como primer motivo de oposición la prescripción de la acción ejercitada por la actora. El Juzgado de Primera Instancia rechazó íntegramente la demanda. Consideró que la acción ejercitada por la actora, derivada de un contrato de agencia, estaba sometida a un plazo de prescripción de 3 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 1967.1 Código Civil, plazo que habría transcurrido en exceso en el caso examinado.

Apelada la sentencia de primera instancia, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia, desestimando el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmando íntegramente la misma por sus propios fundamentos, con imposición de las costas de a la parte apelante. Ratificó los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia al indicar que para determinar la prescripción de la acción ejercitada se debía partir del hecho consistente en que actor y demandado estaban vinculados por un contrato de agencia, de donde resultaba de aplicación el artículo 943 del Código de Comercio, que en relación con el artículo 1967.1 del Código Civil, permitía concluir que el plazo de prescripción de la acción ejercitada era de 3 años.

Interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, por la parte demandante, conoce del mismo la Sala Primera del Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de junio de 2011.

La recurrente señala que el contrato de agencia suscrito entre las partes, se celebró bajo la vigencia de la Ley del Contrato de Agencia 12/1992, cuyo artículo 4 señala que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia, salvo que la Ley dispusiere otra cosa, se regiría por las normas fijadas en el Código de Comercio. De este modo, considera el recurrente de aplicación el artículo 943 del Código de Comercio, que remite a su vez al Código Civil, pero no considera de aplicación el artículo 1967.1ª de este texto legal, sino el artículo 1964, que fija la prescripción de estas acciones en 15 años, motivo por el que no puede rechazarse la pretensión de la actora con fundamento en dicha prescripción.

Recuerda el TS que la Ley del Contrato de Agencia 12/1992, establece en su artículo 4 «Salvo disposición en contrato de la presente ley, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia se regirá por las reglas establecidas en el Código de Comercio», lo que supone que el régimen de prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia, con la excepción de las previstas en el artículo 31 (la acción para reclamar la indemnización por clientela y la acción de indemnización de daños y perjuicios, que prescribirán al año desde la extinción del contrato), se contiene, en las reglas del Código de Comercio y, en aplicación del artículo 943 del mismo, en las del Código Civil, tal y como lo considera también el recurrente. Ahora bien, a la hora de determinar cuál es el precepto aplicable en el contrato de agencia, de los que en el Código Civil regulan la prescripción, esta misma Sala ya declaró que caracteriza al agente, frente al mero comisionista, según se concreta en la Exposición de Motivos de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, "la colaboración estable y duradera (...) merced a la cual promueve o promueve y concluye éste en nombre y por cuenta del principal contratos de la más variada naturaleza". Ahora bien, tal nota característica no puede servir de fundamento para rechazar la aplicación del plazo prescriptivo especial de tres años a tales profesionales regulados por la Ley 12/1992.

Señala igualmente el Tribunal que ha de entenderse que se ha confirmado la inclusión en la expresión genérica del artículo 1967.1º ("agente") a todos los que tienen por oficio gestionar negocios ajenos, con independencia por tanto, ha de entenderse, de si se desempeña tal función con carácter esporádico o de forma estable. En definitiva, tal y como ya señalaron varias sentencia de esta Sala, como la de 7 de octubre de 2010 y de 15 de octubre de 2009, las acciones de reclamación de las retribuciones debidas al agente, como efecto del contrato de agencia, prescriben en el plazo de tres años que establece el artículo 1.967 del Código Civil, por ser aplicable su regla 1ª. Es por lo anterior por cuanto el Tribunal Supremo señala que el recurso de casación debe ser desestimado.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. BOE nº 184 de 2 de agosto de 2011.
La presente Ley tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada. En segundo lugar, la presente Ley pretende la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Desde la primera perspectiva puede calificarse de ley de reforma parcial, mientras que desde la segunda pertenece a la categoría de las leyes de incorporación.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad documental. Delitos societarios. Derecho a la presunción de inocencia. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de abril de 2011
Delito de falsedad documental. Delitos societarios. Sentencia absolutoria dictada en instancia que es confirmada en casación. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. El pronunciamiento absolutorio respecto de un acusado no puede calificarse como infracción del derecho a la presunción de inocencia de quien, en relación con esa infracción, actuaba como acusador. . Error en la apreciación de la prueba: para la estimación del motivo se exige que el recurrente designe documento literosuficiente de entre los obrantes en las actuaciones, no contradicho por otros elementos de prueba, que evidencien un error fáctico grave y relevante para modificar el fallo. Caso de autos. Se desestima: los documentos señalados por el recurrente carecen del carácter de literosuficiencia no entran en colisión con el contenido del relato fáctico de la Sentencia cuestionada.


Mercantil

Contrato de abanderamiento, en modalidad de reventa, con cláusula de garantía de precios competitivos. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de marzo de 2011
La jurisprudencia de esta Sala viene considerando válidas en los contratos de abanderamiento unas cláusulas de fijación del precio similares a las del contrato litigioso, pues la obligación que contrae el proveedor, en contratos de larga duración sobre productos cuyos precios experimentan oscilaciones significativas, es que los precios sean competitivos, cualidad que en cada suministro puede exigir la otra parte contratante con base en el contrato, por lo que no hay indeterminación del precio sino determinación sucesiva durante la vigencia del contrato (SSTS 11-12-02 en rec. 1559/97 , 20-12-07 en rec. 4626/00  y 18-2-11 en rec. 1044/07). Y si bien es cierto que la sentencia de 17 de octubre de 2005 (rec. 3794/98), citada por la parte recurrente en su favor, cuestionó una cláusula similar, lo hizo no para declarar el incumplimiento del contrato por el proveedor sino la nulidad de dicha cláusula, no por tanto la de todo el contrato.

Intereses de demora. Inexistencia de causa justificada: no lo es la iliquidez inicial de la indemnización, ni la discusión sobre la relevancia causal de la conducta de la víctima. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de abril de 2011
La Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al asegurado o perjudicado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura, en cuanto hechos determinantes del nacimiento de su obligación, si bien la jurisprudencia más reciente es incluso aún más restrictiva y niega que la discusión judicial en torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada del incumplimiento de la aseguradora (SSTS de 7 de enero de 2010, RC n.º 1188/2005  y de 8 de abril de 2010, RC n.º 545/2006). En todo caso y a pesar de la casuística existente al respecto, viene siendo criterio constante en la jurisprudencia no considerar causa justificada para no pagar el hecho de acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente o por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia causal de conductas culposas (STS 12 de julio de 2010, RC n.º 694/2006  y STS de, RC n.º 2307/2006), del mismo modo que no merece tampoco para la doctrina la consideración de causa justificada la discrepancia en torno a la cuantía de la indemnización, cuando se ha visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido.


Civil

Al no llevarse a cabo el contrato previsto en la hoja de encargo suscrita entre las partes no se pueden fijar los honorarios según el porcentaje pactado. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de abril de 2011
El contenido del encargo de 11 de septiembre de 2003 era para la realización de todos los trabajos profesionales necesarios para proceder a la venta de 100 hectáreas de terreno, habiendo efectuado la actora varias gestiones, entre las que se incluía un contrato de compraventa que no llegó a formalizarse. Los servicios prestados por la actora desde el año 2001, consistentes en gestiones ante la Agencia Tributaria referentes a la posible ejecución de un embargo sobre bienes de la parte demandada, se incluyen dentro del encargo de septiembre de 2003. Por ello existe un derecho al cobro de honorarios al haber prestado unos servicios que deben ser retribuidos, si bien no puede consistir en el 20% del precio de venta de 1000 hectáreas que constaba en la hoja de encargo, pues finalmente no se hizo un contrato de compraventa, sino de permuta mixta, de aprovechamiento urbanístico y edificabilidad futura, con sometimiento a condición, y que tenía por objeto unas 900 hectáreas, acudiendose para fijar el importe de los honorarios, al informe emitido por el Colegio de Abogados teniendo en cuenta que al no llevarse a cabo el contrato previsto en la hoja de encargo suscrita entre las partes en fecha 11-9-03, no se pueden fijar los honorarios según el porcentaje pactado.

No vale como forma de donación un escrito otorgado para dar apariencia a una compraventa. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de abril de 2011
Es cierto que el precio constituye elemento objetivo esencial de la compraventa y que su ausencia querida elimina, además, la onerosidad de la causa de la transmisión. Pero también lo es que el Tribunal de apelación declaró expresamente que nos hallamos ante «una simulación relativa, en la que tras el contrato simulado de compraventa se esconde el contrato disimulado de donación de las participaciones sociales, cuyo contrato será válido si concurren los requisitos de validez que para él se exigen». Las demás alegaciones del recurrente se dirigen a negar la donación, su ánimo de donar, la exteriorización de la voluntad de hacerlo él y la del supuesto donatario de recibir gratuitamente. Pero, con ellas, incurre en una petición de principio, pues afirma lo contrario a lo que declaró como cierto el Tribunal de la segunda instancia, y, al fin, en el sofisma de extraer consecuencias de lo que procesalmente no es más que una falsa premisa, cuya certeza debería haber quedado demostrada previamente a utilizarla en la formación del silogismo. Las dos formas que, alternativamente, exige el artículo 632 del Código Civil para la donación de bienes muebles tienen un carácter solemne, pues ha de hacerse necesariamente por escrito, aunque sea privado, y constar en la misma forma la aceptación o, si la donación fuera verbal, realizarse con la «entrega simultánea de la cosa donada». De no cumplirse alguna de esas dos formas, la escrita o la real, la donación no producirá efectos. Por otro lado, la forma escrita ha de ser la de una donación, de donde se sigue que no vale como forma de donación un escrito otorgado para dar apariencia a una compraventa.


Laboral

Los salarios de tramitación sólo se adeudan hasta el día en que el contrato temporal debió extinguirse por causa legal o convencional. Aplicación a los fijos discontinuos. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 4 de abril de 2011
La cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar cómo debe calcularse el importe de los salarios de tramitación en un despido improcedente, cuando se trata de un trabajador fijo discontinuo. El Tribunal Supremo, cuando se trata de la extinción de contratos temporales, tiene declarado que los salarios de tramitación sólo se adeudan hasta el día en que el contrato temporal debió extinguirse por causa legal o convencional que produzca su correcta extinción. Esa solución es aplicable, también, por analogía al presente caso, ya que los contratos fijos-discontinuos, contemplados en el art. 15.8 del Estatuto de los Trabajadores, aunque son indefinidos tienen una duración periódico-temporal que conlleva su finalización cuando termina la temporada, la actividad cíclica o discontinua que los motiva, sin perjuicio de que el trabajador deba ser llamado y contratado cuando se reinicie esa actividad cíclica.

Criterios jurisprudenciales para la aplicación de la «doctrina del paréntesis». Prestaciones por desempleo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 4 de abril de 2011
La cuestión debatida se ciñe a determinar si es aplicable la doctrina del paréntesis, a efectos de determinar el periodo de ocupación cotizada para lucrar prestaciones por desempleo, al periodo de tiempo en el que la trabajadora permaneció en situación de excedencia voluntaria. Tras resumir la doctrina existente respecto a la doctrina del paréntesis, el Tribunal considera que en el supuesto examinado no es posible la aplicación de la doctrina del paréntesis ya que, a la vista de la vida laboral de la trabajadora, no se aprecia continuidad de voluntad de permanencia en el mercado del trabajo. En efecto, la vida laboral de la actora se inició el 17 de octubre de 1983, fecha en la que comenzó a prestar servicios para la mercantil, hasta el 16 de junio de 2003, fecha en la que se fue concedida la excedencia voluntaria solicitada, finalizando dicha situación el 3 de julio de 2008, habiendo solicitado el reingreso el 6 de mayo de 2008, no procediendo la empresa a su readmisión, manifestando que no tenía vacante en sus mismas condiciones. Todo ello revela la ausencia de una voluntad continuada de permanecer vinculada al mercado de trabajo, pues la situación de excedencia obedeció a la voluntad exclusiva de la trabajadora que, tras el primer periodo de excedencia concedido, hasta el 3 de julio de 2006, solicitó una prórroga que le fue concedida hasta el 3 de julio de 2008. Por lo tanto, al no aplicar a dicho periodo la «doctrina del paréntesis» no procede retrotraer el periodo computable de ocupación cotizada a los seis años anteriores al inicio de la situación de excedencia voluntaria, sino que tal periodo será el inmediatamente anterior al inicio de la situación de desempleo, es decir, desde el 3 de julio de 2002 al 3 de julio de 2008.


Administrativo

Nivel probatorio exigible en materia de asilo. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de abril de 2011.
Los recurrentes citan la doctrina jurisprudencial relativa al nivel probatorio exigible en materia de asilo, enfatizando la inexigibilidad de prueba plena en estos casos; pero la Sala de instancia no desconoce ni infringe esa doctrina jurisprudencial, al contrario, la asume expresamente desestima ndo el recurso ante todo por entender que el relato no es válido a los efectos pretendidos, al no expresarse a través del mismo una verdadera persecución protegible y por su propia inverosimilitud, y además por considerar que dicho relato carece de un respaldo probatorio suficiente, tan siquiera a nivel indiciario. En el presente recurso de casación no han sido eficazmente rebatidas esas razones que condujeron primero a la denegación del asilo y luego a la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En el único motivo casacional desarrollado en el escrito de interposición los recurrentes se limitan a reiterar su versión expuesta al pedir asilo y manifestar brevemente su discrepancia frente a la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia; pero no aportan ningún argumento útil para despejar o clarificar las incoherencias y contradicciones que se pusieron de manifiesto en aquel informe de la instrucción al que la sentencia de instancia se remite.

Responsabilidad Patrimonial derivada del anormal funcionamiento de la Administración Sanitaria. Valoración de la prueba. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de marzo de 2011.
El enjuiciamiento por este Tribunal de casación de la valoración que de la prueba haya hecho la Sala de instancia, queda ceñido o se limita a constatar, si así fuera, su carencia de lógica, su insuficiente motivación o la arbitrariedad en que haya podido incurrir; sin que a través de aquél pueda este Tribunal llegar a sustituir por la suya propia, incluso aunque la considere más verosímil que la de la Sala, una valoración, la de ésta, también posible y no incursa en esos concretos vicios. Así, el estudio del conjunto de los elementos de prueba aportados a las actuaciones, en aquellos particulares o extremos que desde nuestro escaso conocimiento de la ciencia médica nos llaman la atención o nos parecen relevantes, no nos permite desautorizar la conclusión que de un modo muy escueto, es cierto, pero con claridad y sin causar por ello indefensión, expuso la Sala de instancia, por lo que no cabe afirmar es que la conclusión a la que llega aquélla sea producto de una valoración de la prueba arbitraria, ilógica o irracional.