Se retrasa un año la adaptación de las normas de Basilea 3 para asegurar el flujo del crédito bancario

Los mercados de capitales tienen poco pulso en Europa cuyo tejido económico depende de la banca
Carlos Schwartz
La Unión Europea (UE) seguirá la orientación de los bancos centrales, que de forma coordinada han propuesto posponer la aplicación de las normas de capital contenidas en la regulación conocida como Basilea 3. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) había evaluado en diciembre pasado que la aplicación de la nueva normativa supondría un incremento del 23,5% sobre los volúmenes de capital a junio de 2018, que es el umbral sobre el que se calculan, para los bancos de la Unión Europea (UE). La cifra cuantificada es de 123.000 millones de euros de acuerdo con la ABE. Las entidades de crédito señalaron que el esfuerzo de capital que supondría la aplicación de las normas de Basilea 3 afectaría a la concesión de créditos porque “hay un límite a los volúmenes de capital que se pueden levantar en los mercados”, de acuerdo con una fuente del sector financiero. La Comisión Europea (CE) debía iniciar en el segundo semestre de este año la adaptación de la normativa a la legislación europea para que tras su aprobación por el parlamento los países miembros la traspusieran. Este es un recorrido largo, reconocen las fuentes consultadas, y la normativa traspuesta no debía entrar en vigor hasta enero de 2022.
El año de retraso en la aplicación propuesta por los bancos centrales traslada la agenda a enero de 2023. “Sin embargo, a pesar de que el plazo es largo los bancos deberían comenzar a actuar sobre su cartera de activos en función de esta perspectiva y eso podría suponer limitaciones al crecimiento de las operaciones de crédito. Ese era el escenario antes de la epidemia Covid-19”, señaló una fuente bancaria. Europa carece de mercados de capitales fluidos en los cuales se puedan financiar rápidamente las empresas, al estilo de los mercados de dinero estadounidenses, y las empresas deben recurrir por fuerza a los canales de financiación bancarios. Otra tarea pendiente de una UE en proceso de demolición. La banca llevaba adelante un significativo ejercicio de lobby frente a Bruselas y otros centros de poder para reducir el efecto de Basilea 3, y seguramente recibirá con alborozo la postergación de la aplicación de la normativa con el añadido de que establecer hoy lo que va a suceder en el periodo poscrisis 2020 entra dentro de los parámetros de la cartomancia y no de la cartografía.

El presidente Pedro Sánchez ha salido con las manos vacías del enfrentamiento en una maratónica reunión del Consejo Europeo el jueves pasado ante la cual abogó por la mutualización de la deuda para hacer frente a la crisis por la vía de un bono emitido de forma colectiva por la UE. El fracaso era previsible y por más que se haya delimitado un bloque con 9 gobiernos favorables, la posición del Consejo Europeo no va a cambiar. La pregunta que se hacen muchos analistas es qué pierde ese bloque si decide actuar de forma colectiva y asumir la mutualización parcial de esa deuda, en lugar de afrontar cada uno de los países en solitario los riesgos y el coste de ese esfuerzo. Coste que incluye la posibilidad de una desestabilización de los mercados de deuda pública a lo largo de la presente crisis. 

El problema que se ha creado con la división en dos bloques alrededor de la mutualización es que el que representa a los países con mayor concentración de capital, encabezados por Alemania, quiere forzar a las naciones que aspiran a repartir el riesgo de la operación para financiar la crisis a que acudan a un rescate del Mecanismo de Estabilidad. Es decir, que los que digan que no pueden asumir esta crisis solos, queden bajo la intervención de hecho de la UE y la CE. Esta posición es un disparate de tal magnitud que es en si un factor de desestabilización de la UE en su conjunto. La realidad es que una salida al mercado del bloque de los 9 países a favor de la mutualización sin la presencia de naciones como Alemania, Holanda y otros del norte de Europa, crea potencialmente el riesgo de una calificación subprime, por relación al riesgo de crédito del conjunto de los 27, para un grupo de países de la UE que en otro sentido están bajo el paraguas de la propia organización. Es decir se crearía un principio de escisión, que de todas formas es obvio se ha hecho presente sin necesidad de anuncios específicos en el presente ciclo de crisis.

Las tendencias centrífugas se han hecho presentes con fuerza en el seno de una Unión que viene de sufrir la salida del Reino Unido sin tiempo aun de revisar en qué condiciones va a hacer frente en su presupuesto de largo plazo a la pérdida de los 60.000 millones de euros que ese sacrificio ha supuesto. Mientras tanto los gobiernos en Europa, y en la mayor parte del mundo, han puesto en ruta los avales del estado para hacer que el crédito fluya hacia las empresas a través del sistema bancario. Las garantías establecidas en España deberían favorecer una concesión rápida del crédito entre las pequeñas y medianas empresas. Otra cosa es que éstas decidan sostener la actividad sobre la base de deuda sin claridad sobre los plazos de recuperación de su actividad natural. Sobre todo cuando la naturaleza de la crisis está en debate.

Para algunos bancos centrales estamos ante una crisis de demanda y será suficiente para soportar el tirón la inyección excepcional de dinero primario. No todos coinciden con ese análisis, y muchos temen que la Covid-19 haya sido la desencadenante de un proceso soterrado que tarde o temprano sobrevendría, de ser esto último el período de recuperación económica será muy largo. El de la salud pública está mientras tanto en una incógnita. No ofrece mucha seguridad la teoría de que se pueda proceder a un aplanamiento de la campana de Gauss que representa el ciclo epidémico según la estrategia que describe el director de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón. Es una muy pobre alternativa a la falta de recursos sanitarios de todo tipo.