Sumarios a empujones

Alfonso Pajuelo
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer un plazo máximo de instrucción no es una idea nueva y no era algo que disgustara a los juristas. Pero como en todo la instrumentación es lo que marca la diferencia. Sin embargo, cabe preguntarse el porqué de tanta prisa para esto y no para el resto de programa de medidas contra la corrupción. Especialmente para la reforma del Reglamento del Congreso, una de las piezas más importantes que se eterniza desde hace años sin que ni PP ni PSOE hayan puesto, ni ponen, especial énfasis para sacarla adelante.

Establecer un límite temporal para la instrucción de sumarios puede contribuir sin duda a una mejor justicia pero debe ir acompañada de una batería de medidas que permita acometer la labor con garantías; y eso incluye dotaciones especiales a los jueces para que puedan desarrollar su trabajo con los plazos establecidos. Y esas dotaciones no deben ser arbitrarias ni sometidas a concesión, sino reguladas y con garantías para que no se puedan utilizar desde el poder político, incluso del judicial, para influir en el desarrollo de un enjuiciamiento.

Pero también cabe preguntarse si lo justo no sería que esa limitación temporal se aplicara a otros delitos y circunstancias más allá de las que pretende establecer el Gobierno en su anteproyecto. Reforma que, por cierto, puede que no se llegue a aprobar en la presente legislatura.

De lo de suprimir prebendas y canonjías (empleos de poco trabajo y bastante provecho) seguimos sin saber nada. Podían empezar por proponer la eliminación de los consejos asesores de las autonomías.