Telecable y R le echan sal a la guerra entre Solbes y Sebastián

Ana Zarzuela

Quieren también un sitio en la trinchera abierta por las urgencias presupuestarias de Solbes con las palas del PNV. Se apresuran a regar, a través de Cajastur y Caixanova, la Xunta y el Principado, las 'semillas' del nuevo mapa y las concesiones regionales de la cuarta generación de banda ancha móvil, esas mismas que aún no germinan en las ‘macetas’ de Sebastián y que al Secretario de Estado Ros le gustaría arrancar de cuajo.

Son ya parte de la guerra entre Moncloa y Ferraz, Industria y las cuatro grandes operadoras móviles. Si la Kutxa y BBK celebran el bautismo de su fusión en la pila bautismal de Euskaltel, ni Caixanova -que acaba de hacerse con un 33% de R de manos de Fenosa- ni Cajastur -con las riendas de Telecable- quieren quedar fuera de la fiesta. El pulso de los operadores puede acabar, por obra y gracia de Moncloa y Sebastián, en una guerra de Cajas y territorios.

Cajastur y Caixanova se aferran a las urgencias presupuestarias de Pedro Solbes -con el que ya han chocan por la fusión de cajas- y R a la bandera de la `patria chica’ de José Blanco. El vicepresidente no ha dudado en canjear la fumata blanca para sus presupuestos a cambio de los territorios de la banda ancha en el País Vasco y la corona del PNV, que –confiesa Iñigo UZkullu- ya había hecho de Euskaltel su elegida para la gloria de la banda móvil de cuarta generación, incluso antes de cerrar un acuerdo con la Moncloa y Ferraz. Aunque sea a a costa de un futuro sacrificio de Orange, Telefónica, Vodafone y Ono -las cuatro con red propia-, en los altares de la operadora vasca.

Ardanza se resguarda en el silencio de la presidencia de Euskaltel. En su despacho, la mesa está ya puesta, pero el banquete de la banda móvil de cuarta generación sólo se servirá si Redtel y los hombres de Miguel Sebastián no se lo ponen más crudo a los planes de la operadora vasca. Aviso para navegantes, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros jura que aún no se ha dicho la última palabra sobre las concesiones regionales. Y -a lo peor para Euskaltel-, ésta la sigue teniendo el Ministerio. Por ahora, tendrá, al menos, que atender la queja de Redtel. El pulso está servido. A Euskaltel le queda pasar más de un examen antes de convertirse en un regalo de la fusión de sus padres accionariales y de bautismo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del País Vasco (que tendrá un 56% de la operadora).

El ministro Sebastián ya dejó claro con su rechazo al traslado de la CNE a Bilbao, que por su parte, concesiones al PNV, las justas. De R y Telecable, si fuera por Industria, por ahora, ni hablar. Sus pretensiones complican aún más la ecuación y el duelo final entre los intereses de Solbes, las urgencias pactistas de Ferraz y la bandera ‘jacobina’ de Miguel Sebastián, poco partidario de cualquier opción que suponga fracturas del mercado nacional. Tanto que pueden condicionar las pretensiones de Euskaltel, si, a golpe de presiones, Moncloa busca la tercera vía -control del espectro por el Estado y de la licencia por el Gobierno vasco-, o acepta la propuesta que R y Telecable venden ya en los despachos de la Xunta y el Principado y que Ardanza podría estar dispuesto a avalar como mal menor: auditar el espectro en busca de huecos vacíos en la banda 800-900 MGz y dar opción a otro operador que se trocearía. Así se mantendrían las tres de Vodafone, Movistar y Orange y se colaría en el hueco la propuesta por los operadores de cable.

La solvencia con la que le adquirió a FENOSA el 35,4% por 150 millones de euros no sólo habla de la soltura económica de  Caixanova, tambien de que las pretensiones de Julio Fernández Gayoso pasan por mimar su apuesta estratégica en el tejido industrial y el 66,5% en la operadora, que tiene mucho que ver con el beneficio neto de 115 millones de euros (un 39,6% más) desde enero. Tanto R como Telecable mantienen su cuota de cable, a pesar de sus piruetas en la guerra de precios. Por eso se miran en el espejo del adsl británico -el primero en la diferencia territorial- y se aferran a la fragmentación regional del espectro de la telefonía prometida por el pacto PNV-PSOE. No sólo sería la puerta a una rebaja de alquiler de redes; les permitiría tocar un mercado hasta ahora inalcanzable, coquetear con la convergencia, ganarse los galones de operadores integrados (capaces de dar teléfono fijo y móvil, acceso a Internet y televisión en un sólo paquete) Y hacerlo en exclusiva, sin pasar por el peaje de ninguna de las cuatro operadoras móviles nacionales. Serían mucho más competitivos, sobre todo en el mercado empresarial, donde sus precios móviles compiten difícilmente con las ofertas de Movistar, Vodafone y Orange. Y les abriría la puerta -gracias a la llave de su accionariado y su ascendente político- a una mejor cobertura rural, a mayor gloria de  la Xunta de Galicia y el Gobieno del Principado de Asturias. A nadie le amarga un dulce. Menos ahora que Telecable se ha lanzado a la piscina de las OMV.

LA BATALLA DE TODOS CONTRA TODOS

La CMT le quita hierro al pacto político que Euskaltel busca encarnar. En otros sectores -recuerda Reinaldo Rodríguez- como el de la televisión o el cable las licencias ya se adjudican a nivel territorial “y no ha ido tan mal”, pero la Comisión marca las líneas rojas a las que el equipo de Sebastián se aferra: las telecomunicaciones cuentan con un marco normativo de ámbito nacional, por más que los pactos de Solbes y Blanco lo obvien. En otros países ya ha pasado, pero todas las regiones se licitaron al mismo tiempo y se dieron las mismas oportunidades de participación a las operadoras que querían dar servicios en un segmento del espectro.

La operadora que preside Ardanza ha conseguido ya el más difícil todavía: unir en una causa común -aunque sea en su contra- a Telefónica, Orange, Vodafone y Ono. A través de Redtel, las cuatro operadoras con red propia del territorio español buscan en el Tribunal Constitucional  y el Ministerio de Industria el divorcio a un matrimonio sellado en los altares de Moncloa y el Palacio de Ajuria Enea. Un acuerdo que -a su juicio-  romperá la unidad de mercado, dará lugar a la imposición de nuevas tasas arbitrarias, y la creación de reguladores regionales que acentuarán la brecha digital entre territorios,  supondría una amenaza para el desarrollo de nuevos servicios en mercados inferiores al nacional -más cerca del modelo fallido del mercado fragmentado estadounidense que del entorno europeo-,  pondría en riesgo la inversión si queda en manos de operadores con “mercados geográficos reducidos”, dificultará y encarecerá la gestión del espectro radioeléctrico. Y puede dejar a uno de los cuatro grandes sin frecuencias en todas España para desplegar la cuarta generación.

Eso será si el Consejo de Ministros accede a la modificación del vigente Reglamento del Espectro Radioeléctrico, así como de la Ley General de Telecomunicaciones, ya que ambos establecen que las competencias sobre las frecuencias son estatales.