Urgido por la necesidad de los PGE el PP compra apoyos y espera acallar la protesta de los pensionistas

El Gobierno pretende financiar el aumento de las pensiones con una tasa aun sin aprobar
Carlos Schwartz
El resultado de la reunión informal de ministros de Economía de la Unión Europea (UE), Ecofin, del pasado sábado ha sido adverso para los planes del Gobierno anunciados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Román Escolano, hace una semana: que el incremento de las pensiones en el 1,6% en 2018 y 2019 se financiará con la tasa digital preconizada por la Comisión Europea y apoyada por un grupo de países. Es sorprendente que además el ministro de Economía haya asumido el riesgo de apuntar que espera que la tasa digital ya entre en funcionamiento este mismo año cuando no es más que un borrador cuestionado. Que el viento no sopla a favor de la tasa ha quedado al desnudo en la reunión del Ecofin el sábado en Sofía durante la cual un grupo de países se manifestó directamente opuesto al recurso fiscal, otros no se pronunciaron, como Alemania, y algunos dijeron que la propuesta requiere más elaboración. No se puede pensar que Montoro y Escolano hayan pecado de ingenuos porque deberían estar al tanto del clima dentro de la UE respecto de la tasa. 
Pero esgrimirla fue un intento de desviar la atención sobre las tensiones presupuestarias que supone asumir el compromiso de pagar 1.500 millones este año y 1.800 el próximo para hacer bueno el compromiso. El Gobierno sufrió una andanada de críticas por haber borrado con el codo lo que venía escribiendo con la mano... ya se sabe esto de que es demagogia prometer lo que no se puede pagar que le gustaba decir respecto de las pensiones al prestidigitador de La Moncloa, Mariano Rajoy. 

Es de anotar que los más críticos han sido los economistas vinculados a diversos lobbies empresariales. Esto por una sencilla razón, se ven venir un ajuste de la fiscalidad que puede quitarles prerrogativas que conducen a una fiscalidad real del 7% sobre los resultados contables cuando el impuesto de sociedades está en el 25% sobre la base fiscal para las consolidadas y del 14% para las individuales. Mientras tanto, la realidad es que el Gobierno al tiempo que aceptaba las condiciones del Partido Nacionalista Vasco (PNV) confiaba en acallar la protesta de los pensionistas cuya Coordinadora Estatal ha denunciado que el aumento no restaña la pérdida de poder adquisitivo desde 2011 y mantiene su plan de lucha cuya próxima acción es la movilización a escala nacional el sábado próximo para exigir no sólo la recuperación del poder adquisitivo perdido sino la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

En la reunión de Sofía, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca manifestaron su oposición a la tasa digital. Finlandia, Luxemburgo, Suecia y Malta también expresaron su reticencia a poner en circulación la tasa. España abogó por ella pero la nación europea que apareció como abanderada de esta medida es Francia cuyo ministro de Economía Bruno Le Maire hizo un alegato afirmando que Europa se debe levantar en apoyo de sus intereses.

La realidad es que una parte de las naciones que se oponen a la tasa lo hacen porque temen la reacción de Estados Unidos en medio de las amenazas proferidas por Washington de una guerra comercial que de momento para sus aliados se mantiene en el limbo.  La CE defiende su propuesta fiscal para el sector digital afirmando que la sociedad contemporánea registra un cambio muy sustancial en la forma de hacer negocios y señala que la posibilidad de hacer ventas de productos y de servicios, la publicidad incluida, de forma remota ha cambiado algunos conceptos en torno a la fiscalidad de las empresas que operan en el sector digital que pueden vender en muchos países sin tener necesariamente en ellos un establecimiento permanente. 

La tasa digital que se propone sería del 3% sobre las ventas y se pagaría en cada país donde se realiza cada venta. La tasa se aplicaría a las empresas con ventas globales a partir de los 750 millones de euros y ventas en la Unión Europea de 50 millones de euros o más. De acuerdo con fuentes de la Comisión se podrían recaudar unos 5.000 millones de euros del grupo de tecnológicas estadounidenses.

Además de Francia, que es el verdadero promotor del impuesto, España, Portugal y Polonia apoyan la medida. Pero el golpe más duro a los esfuerzos de Francia lo ha asestado el ministro de Economía de Alemania Olaf Scholz que no intervino para defender el proyecto detallado por la CE en marzo pasado cuando tanto Alemania como Reino Unido dijeron estar de acuerdo. Es probable que Alemania haya sido sensible a la crítica a la tasa digital de la CE que ha hecho el consejero delegado de la alemana Bertelsmann, Thomas Rabe, porque puede afectar a las propias multinacionales europeas. 

El conglomerado propietario de la cadena de televisión RTL y la editorial Penguin Random House está cerca de lograr su objetivo de derivar del sector digital la mitad de sus ingresos anuales. Rabe señaló que su empresa, al igual que otras europeas del sector, ya pagan sustanciales impuestos en los países en los que están establecidas al igual que en su sede principal y que la introducción de una tasa sobre las ventas supondría una doble imposición. Scholz dijo en Sofía que era necesario que Alemania debatiera de qué forma las grandes tecnológicas pagarán su justa parte de impuestos afirmando que “necesario mantener este debate y encontrar una solución”. Pero fuentes del gobierno de Angela Merkel señalan que la tasa puede ser incompatible con la fiscalidad alemana en una abierta referencia a la posibilidad de una doble imposición para las empresas europeas.

Mientras tanto el Gobierno mantiene una política de deducciones y reducciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social que minan los ingresos necesarios para hacer frente a su déficit. Al mismo tiempo su incapacidad por promover un política salarial acorde con las necesidades del consumo interno también repercuten en los ingresos de la Seguridad Social por la baja participación de los aportes laborales.

Bruselas ha empujado la reforma de las pensiones del Gobierno en 2013 y ha reaccionado con disgusto a las concesiones del PP al PNV algo que ya se ocupará el ejecutivo de la UE en hacer ver a la Moncloa. El retroceso del Gobierno es una expresión de su extrema debilidad mientras se hunde en el lodazal de la corrupción. La movilización de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas también ha puesto la mira de su protesta en las políticas liberales de la CE, incluida la promoción de los planes privados de pensiones y su presión a favor de los recortes previsionales. 

El clima de creciente inquietud social y los reveses sistemáticos del Gobierno sumados a su extrema debilidad han llevado a las filas de una parte del PP a percibir que el ciclo político de su partido ha finalizado y las maniobras de supervivencia pueden no dar ya resultado alguno. En este clima social hay que anotar el creciente malestar entre las mujeres cuyas plataformas de protesta han dado cuenta de su profunda capacidad de movilización. Pensar que esto no se va a expresar en el voto es estar ciego.